Ma. del Rosario Vázquez Salazar
Expediente 923/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 923/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Ma. del Rosario Vázquez Salazar
Actuaciones
- Principal
En veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, el suscrito Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, certifico: que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del trece al veintisiete de noviembre del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra el proveído de siete del mes y año que transcurre, dentro del juicio de amparo 923/2017. DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta con el estado de autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el proveído dictado por este Juzgado el siete de noviembre de dos mil diecisiete, en el cual se decretó sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO; por lo que en su oportunidad de conformidad con el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el juicio de amparo en que se actúa ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de haberse decretado el sobreseimiento, toda vez que éste Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Por tanto, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado, que actúa con Juan García Trejo, secretario que autoriza y da fe. *Amci
- Principal
El siete de noviembre de dos mil diecisiete, se da cuenta con la comparecencia que antecede de seis del presente mes y año.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a siete de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la comparecencia de seis de noviembre del presente mes y año de la que se advierte que Ma. del Rosario Vázquez Baltazar, ratificó el contenido y firma de su escrito de desistimiento presentado ante la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, el veinte de octubre del año en curso, es importante señalar que si bien es cierto que en la demanda de derechos se asentó como Ma. del Rosario Vázquez Salazar, sin embargo, la quejosa firmó como Ma. del Rosario Vázquez Baltazar, por tanto, es un hecho notorio que el nombre de la quejosa lo es Ma. del Rosario Vázquez Baltazar; por tanto, virtud a la ratificación mencionada, debe sobreseerse en esta instancia constitucional, en conformidad con la fracción I del artículo 63 de la Ley de Amparo. En efecto, la disposición normativa citada señala: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio. No obstante, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, no procede el desistimiento del juicio o de los recursos, o el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que lo acuerde expresamente la Asamblea General, pero uno y otro sí podrán decretarse en su beneficio." El precepto anterior contempla el sobreseimiento del juicio de amparo como consecuencia del desistimiento de la demanda realizado por la parte quejosa. Por tanto, al constituir el desistimiento en el juicio de amparo el abandono de un derecho, esto es, el apartamiento de la acción y demanda; para que el juzgador tenga una mayor certeza y seguridad de la intención del promovente, resulta indispensable que dicho desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial, o ante un funcionario con fe pública, lo cual tiene como finalidad el cercioramiento de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. Tiene aplicación por identidad jurídica la tesis de Jurisprudencia 2ª./J. 119/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 295, del Tomo XXIV, Agosto de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que textualmente dice: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tenga una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando se tenga por desistido al agraviado en términos de ley para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio." La causa de sobreseimiento anterior puede manifestarse en cualquier instancia del juicio mientras no se haya dictado sentencia ejecutoriada. Tiene aplicación la tesis de Jurisprudencia 2ª./J. 33/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede verse en la página 147, del Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." Luego, el desistimiento del juicio de amparo, una vez que ha sido ratificado, conduce al sobreseimiento en cualquier etapa del procedimiento, siempre y cuando no se haya dictado sentencia ejecutoria. Mediante escrito presentado el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, la quejosa manifestó que era su deseo desistirse del presente juicio constitucional (foja 23). En proveído de veintisiete siguiente, se requirió la ratificación del escrito anterior (foja 24). El seis de noviembre de dos mil diecisiete, compareció la quejosa Ma. del Rosario Vázquez Baltazar a este órgano jurisdiccional, donde ratificó el escrito de desistimiento de la acción constitucional. Entonces, si la quejosa emitió manifestación expresa de abandonar el ejercicio de la acción de amparo, como se advierte del escrito de desistimiento referido, el cual fue ratificado ante la presencia de un funcionario que cuenta con fe pública, y aún no se dicta sentencia ejecutoria en el juicio; por tanto, se acredita plenamente la invocada causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción I de la Ley de Amparo. Sin que en el caso se actualice el supuesto de excepción contemplado en el segundo párrafo del mencionado precepto legal, pues el presente juicio de amparo no versa sobre la privación de la propiedad o posesión de los bienes de ejidos o núcleos de población, sino sobre actos de omisión. Por lo anterior y con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, se le tiene por desistido de este juicio; por ende SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO del mismo. En consecuencia, resulta procedente dejar sin efecto la fecha señalada para la audiencia constitucional que se encontraba fijada para las nueve horas con diez minutos del dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese; personalmente a las partes. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza.- DOY FE. ABL 20138, 20139, 20140, 20141, 20142, 20143 y 20144
- Principal
El veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, el Secretario Juan García Trejo, doy cuenta al Juez con un escrito con registro 14408.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintisiete de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por la quejosa Ma. Del Rosario Vázquez Baltazar, por el que manifiesta que se desiste de la acción de amparo que motivó el presente juicio; al respecto, requiérase a la ocursante para que dentro del término de tres días siguientes a la legal notificación de este auto, comparezca ante este Juzgado de Distrito con documento idóneo que permita su identificación, a fin de que ratifique el contenido y firma de su libelo; en el entendido de que de no comparecer, se tendrá por no presentada su promoción, continuándose con el trámite legal de este expediente. Es aplicable al respecto la Jurisprudencia número 2a./J. 119/2006, Novena Época, Materia Común, tomo XXIV, Agosto de 2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 295, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio.". NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA QUEJOSA. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza.- DOY FE. ABL
- Principal
CUENTA. El veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, la Secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra da cuenta al Juez con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por María del Rosario Vázquez Salazar, registrada con el folio 14125, con seis copias anexos que se adjuntan. Con la circunstancia de que el licenciado José Santos Rivas Juárez, cuenta con cédula profesional 1711617 registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintitrés de octubre de dos mil diecisiete. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Ma. del Rosario Vázquez Salazar, contra actos del Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad; por considerar que transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1 y 17 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 923/2017 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. ADMISIÓN. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 5, 35, 37, 107, 108, 112, 116 y relativos de la Ley de Amparo; se ADMITE a trámite la demanda de que se trata. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para llevar a cabo la audiencia constitucional de este juicio. Cabe precisar que la asignación de dicha data, está supeditada a las cargas laborales del juzgado. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. No se tramita por no solicitarlo así la parte quejosa. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable, el cual deberá rendirlo por escrito dentro del término de quince días hábiles, plazo que se computará a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de ese proveído, en el entendido que en dicho informe deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinente para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, en la inteligencia que de no hacerlo o no acompañar copia debidamente autorizada de las constancias que avale la existencia del acto reclamado y que soporte su emisión, completas, legibles, foliadas y ordenadas en forma secuencial, con fundamento en el artículo 260, fracción II, y 238 de la actual Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a la ahora denominada unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Con apoyo en los numerales 9, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse por delegados a las personas que, en su caso, nombre la autoridad responsable y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señale. Sin que haya lugar a tener como autorizados para consultar expedientes y recibir documentos a las personas que mencione la responsable, toda vez que esa facultad está reservada para la parte quejosa y los terceros interesados; lo anterior, con excepción de los particulares señalados como autoridades responsables. PUNTUALIZACIÓN RESPECTO DE LA DENOMINACIÓN ERRÓNEA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a la autoridad responsable (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del numeral 79, del ordenamiento invocado), se apercibe a la parte quejosa respecto de que si la autoridad responsable no existe con la denominación que indica en su demanda, se le tendrá por inexistente, suspendiéndose toda comunicación con ésta y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en su denominación, tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y al principio de celeridad procesal. REQUERIMIENTO POR CONSTANCIAS SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 64, de la ley de la materia, se requiere tanto a la autoridad señalada como responsable, como a la parte quejosa, para que comuniquen de inmediato a este juzgado si durante la secuela de este juicio se actualiza alguna causa de sobreseimiento. FORMA DE REALIZAR LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la autoridad responsable y a la que tenga el carácter de tercera interesada a través de oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones. CUESTIÓN RELATIVA A EMPLAZAMIENTO DE TERCERO INTERESADO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tienen como terceros interesados en el presente juicio al Ayuntamiento, Presidente Municipal, Coordinador Operativo y Director de Seguridad Pública, todos con sede en Valparaíso, Zacatecas, por tanto, con fundamento en el diverso numeral 26, fracción II, inciso b), de la citada ley, con transcripción del presente auto empláceseles mediante oficio, remitiéndoles copia de la demanda de garantías. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace del conocimiento de las partes que se les permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como autorizado con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado José Santos Rivas Juárez, toda vez que tiene registrada sus cédula profesional números 1711617, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y como domicilio para tal efecto el ubicado en calle Ventura Salazar número 325-5, zona centro de esta ciudad. Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. INTERVENCIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Con base en lo que establece el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la agente del Ministerio Público Federal adscrita, la intervención que le confiere la ley corriéndole traslado con la copia de la demanda. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe.
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