Ma. del Rosario Perales Aguilar

Expediente 109/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 15 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
109/2018
Año
2018
Actuaciones
15
Última actuación
11/12/2018

Partes del expediente

  • Ma. del Rosario Perales Aguilar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    El once de diciembre de dos mil dieciocho, la secretaria CERTIFICA: El término de quince días que prevé el artículo 202 de la Ley de Amparo, transcurrió: para la parte quejosa del dieciséis de noviembre al diez de diciembre del año en curso, sin que hubiera interpuesto recurso de inconformidad en contra la resolución que declaró el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Se realizó una búsqueda en el libro de promociones recibidas por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta Ciudad, así como en la Oficialía de Partes de este Juzgado, ya sea física o electrónicamente a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin que se haya localizado alguna por medio de la cual se interponga el recurso correspondiente. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, once de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución que declaró el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2 de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO; por lo que en su oportunidad, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito de demanda y de la sentencia emitida en autos, por lo que una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Ana Cecilia Castañeda Abundis, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. María del Carmen*

  2. Principal

    CERTIFICACIÓN. El trece de noviembre dos mil dieciocho, la secretaria CERTIFICA: Que el término de tres días que señala el artículo 196 de la Ley de Amparo, transcurrió del treinta y uno de octubre al seis de noviembre del año en curso. Doy fe. CUENTA. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, trece de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que transcurrió el término que señala el artículo 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se analizará si dicha resolución se encuentra cumplida. En primer término es necesario precisar que por ejecutoria de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 323 a 350), este juzgado, concedió el amparo solicitado, para los efectos siguientes: "a) Los artículos 78 a 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que prevén el impuesto adicional para infraestructura, sean desincorporados de la esfera jurídica de la parte quejosa, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas devuelva las contribuciones erogadas por la parte quejosa por el Impuesto adicional para la Infraestructura, con fundamento en las disposiciones anteriores en el recibo fiscal exhibido por la solicitante del amparo, lo que debe incluir la actualización fiscal e intereses correspondientes a ese primer acto de aplicación; y, de existir subsecuentes actos de aplicación que en su caso hubieren realizado, demostrados ante este órgano jurisdiccional, la devolución de tales pagos, así como de las actualizaciones de estos últimos.". Se advierte, entonces, que el quejoso erogó respecto del recibo V 234310 (12 D) por concepto del impuesto adicional para infraestructura la cantidad de $423.00 (cuatrocientos veintitrés pesos 00/100 moneda nacional). Virtud a ello, el secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas exhibió copia certificada del cheque 0000980 de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, con firma de recibo por Rodolfo Martínez López, por la cantidad de $478.77 (cuatrocientos setenta y ocho pesos 77/100 moneda nacional) [foja 388]. Con tal cantidad, la autoridad responsable afirmó que cubrió los pagos por concepto del impuesto adicional para infraestructura así como la actualización e intereses correspondientes. De igual forma, comunicó que se abstendría de aplicar a la promovente del amparo, los preceptos legales tildados de inconstitucionales en el fallo protector emitido en autos. Con lo anterior, mediante proveído de veintiséis de octubre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa sin que hiciera manifestación alguna. En ese sentido, se desprende que se devolvió lo erogado y actualización e intereses correspondientes. Luego, se han acatado en su totalidad los efectos del fallo protector. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE. Así lo acordó y firmó el licenciado Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, asistido de Ana Cecilia Castañeda Abundis, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. María del Carmen*

  3. Principal

    El veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, se da cuenta con la promoción con folio 21766 y anexos que se adjuntan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por el secretario de finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, por medio del cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo y remite las constancias para acreditarlo; por tanto, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días manifieste lo que en su derecho corresponda, apercibida que de no hacer manifestación alguna, de oficio, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el referido cumplimiento, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese. Así lo acordó y firma Álvaro Augusto Álvarez Rendón, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por licencia del titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Ana Cecilia Castañeda Abundis, Secretaria que autoriza y da fe. María del Carmen*

  4. Principal

    4EEl nueve de octubre de dos mil dieciocho, el suscrito Juan García Trejo, secretario de juzgado CERTIFICO que: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que sí existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo transcurrió para las autoridades responsables del veinte de septiembre al tres de octubre de dos mil dieciocho, sin que hayan interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el dieciocho de septiembre del año en curso, dentro del juicio de amparo 109/2018. Dicho término transcurrió para la parte quejosa del veintiuno de septiembre al cuatro de octubre de dos mil dieciocho. Que dentro de dicho juicio no se tramitó incidente de suspensión. No existen pruebas por devolver a las autoridades responsables. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a nueve de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede de los que se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio el dieciocho de septiembre del año en curso, en la que se negó y se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Sin que en el presente caso sea necesario requerir a las autoridades responsables Congreso del estado y Gobernador, ambos con sede en esta ciudad, que participaron en el proceso legislativo del acto reclamado en cuanto a su creación se refiere; lo anterior, en términos del artículo 192, de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que este juzgado determina no requerirlas para el cumplimiento de la ejecutoria. Es aplicable al respecto la tesis de clave siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo." En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 la Ley de Amparo, requiérase únicamente a la autoridad responsable secretario de Finanzas del Gobierno del estado de Zacatecas, residente en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, den cabal cumplimiento a la sentencia protectora de garantías en los siguientes términos: "a) Los artículos 78 a 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que prevén el impuesto adicional para la infraestructura, sea desincorporados de la esfera jurídica de la parte quejosa, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas devuelva las contribuciones erogadas por la parte quejosa por el Impuesto adicional para la infraestructura, con fundamento en las disposiciones anteriores en el recibo fiscal exhibido por la solicitante del amparo, lo que debe incluir la actualización fiscal e intereses correspondientes a ese primer acto de aplicación; y, de existir subsecuentes actos de aplicación que en su caso hubieren realizado, demostrados ante este órgano jurisdiccional, la devolución de tales pagos, así como de las actualizaciones de estos últimos." Asimismo, remita las constancias que así lo acrediten, con el apercibimiento que de no hacerlo en dicho término o sin causa justificada, se le impondrá una multa que en su momento se determinará y además se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, para seguir el trámite de inejecución. Finalmente, en virtud de que dentro del presente sumario obra un documento original exhibido por la parte quejosa, se comisiona al actuario judicial adscrito a este Juzgado, a fin de que se constituya en el domicilio que tiene señalado en autos y REQUIERA a Ma. del Rosario Perales Aguilar, con fundamento en el último párrafo, del punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, a fin de que con identificación oficial vigente, en horario de labores, acuda ante este Juzgado a recoger el documento de mérito, el cual se pone a su disposición por el término de noventa días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, apercibido que de no hacerlo dentro de dicho término, será destruido, al realizarse la depuración de constancias que integran el juicio en que se actúa. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de Juzgado, que autoriza y da fe. Olivia

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