Ma del Rosario Valle Maldonado

Expediente 1299/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1299/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
16/05/2023

Partes del expediente

  • Ma del Rosario Valle Maldonado
  • Ma del Rosario Valle Maldonado y Otros.
  • Juez Décimo Cuarto de Distrito en materia administrativa, civil y de trabajo en el Estado de Jalisco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Se recibe oficio. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el oficio signado por el Actuario del Juzgados Décimo Cuarto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, a través del cual, devuelve a este órgano jurisdiccional el legajo de copias certificadas que le fueron remitidas con el oficio 12342/2023, derivado del proveído de veintiocho de abril del año en curso, ya que indica que los quejosos y el expediente no corresponden al índice de ese órgano jurisdiccional. Atento a ello, mediante oficio que al efecto se libre, comuníquese a la autoridad responsable, que el presente juicio de amparo fue promovido por Ma. del Rosario Valle Maldonado y Venancio León Monzalvo, contra actos del Juez y Actuario del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, contra actos derivados del juicio ejecutivo mercantil ********************, de su índice; sin soslayar que los quejosos son parte demandada en el citado juicio. Asimismo, que mediante oficio 55969/2022, de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, signado por la licenciada ********************, Actuaria de Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, rindió informe justificado al que adjuntó copia certificada del juicio ejecutivo mercantil ********************, como complemento de su informe justificado. Constancias que le fueron devueltas mediante oficio 12342/2023, derivado del proveído de veintiocho de abril del año en curso, al resultar innecesario conservarlas pues como su expuso con antelación, la sentencia dictada en el juicio causó ejecutoria y respecto de las cuales erróneamente refiere que no corresponde a su índice devolviéndolas a este órgano jurisdiccional. En consecuencia, remítanse nuevamente las constancias del juicio ejecutivo mercantil de que se trata a la autoridad responsable, como se ordenó en proveído de veintiocho de abril pasado, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. 1. Estado procesal. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de donde se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia que decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma causó ejecutoria. 1.1. Precisión. Sin que en el caso sea necesario realizar el cómputo relativo a la presentación del recurso por lo que ve al tercero interesado y autoridades responsables, pues en lo que corresponde al primero, al haberse decretado el sobreseimiento en el juicio, no le depara perjuicio alguno y las autoridades responsables no se encuentran legitimadas para recurrir la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. 2. Orden de archivo y se reserva envío físico del expediente al archivo. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que se integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y las que forman parte de expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veintiocho de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. 3. Devolución de constancias. En atención a que resulta innecesario conservar el tomo de pruebas, que remitió la autoridad responsable, como complemento de su informe, se ordena su devolución; en el entendido de que servirá como acuse del mismo, la constancia que al efecto genere este juzgado. 4. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.

  3. Principal

    SENTENCIA VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1299/2022, promovido por ******************** por alegada violación de los artículos 14 y 16, de la Constitución Federal, atribuida al juez y actuario del Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO Lo anterior al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que el quejoso reclama: I. Al juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. La orden de sacar a remate el inmueble de su propiedad consistente en una fracción del predio rústico denominado Santa Cruz, ubicado en el municipio de San Lucas, distrito de Huetamo, Michoacán, con superficie de setecientos noventa y siete meros cuadrados, en virtud de que no fueron llamados al juicio ejecutivo mercantil ********************, iniciado por Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, organismo de la administración pública federal frente a los quejosos Ma. del Rosario Valle Maldonado y Venancio León Monzalvo. II. A la actuaria del Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Su ejecución. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que el inmueble del cual se reclama su remate se encuentra ubicado en San Lucas, Michoacán, circunscripción territorial en que éste órgano ejerce jurisdicción. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. El juez y actuario del Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, al rendir su informe con justificación de forma conjunta, aceptaron la certeza de los actos reclamados. Al respecto, el juez de origen expresó que mediante acuerdo pronunciado el veinticinco de octubre de dos mil dieciocho decidió sacar a remate el inmueble embargado consistente en una fracción del predio rústico denominado Santa Cruz, ubicado en el municipio de San Lucas, distrito de Huetamo, Michoacán, lo que se corrobora con la copia certificada del juicio ejecutivo mercantil ********************, de donde se advierte dicho auto. Constancias que las autoridades responsables acompañaron a su informe justificado, las cuales adquieren valor probatorio pleno al ser emitidas por funcionario oficial en ejercicio de sus atribuciones, por tanto, tienen la calidad de documento público de acuerdo a los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la Ley de Amparo, acorde a su numeral 2o. CUARTO. Causales de improcedencia. De conformidad con el estudio oficioso que exige realizar el artículo 62 de la Ley de Amparo, se advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del numeral 61, en relación con el diverso 107, fracción VI de la Ley de Amparo. El primer precepto contempla la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las en él contenidas. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis. Por tanto, las causales de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas, por el contrario, tienen carácter enunciativo, al poder derivar la improcedencia del juicio de cualquier otra disposición normativa de la Ley de Amparo que así lo establezca. Por su parte, la fracción IV, del numeral 107 de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo procede contra actos fuera o dentro del juicio que afecten a personas terceras extrañas. Ahora, por persona extraña a juicio debe entenderse aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en el sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, la persona que no fue o fue indebidamente emplazada al juicio o al procedimiento. Así, la persona que no fue llamada o fue indebidamente emplazada a juicio se denomina tercero extraño por equiparación, que de acuerdo con la jurisprudencia, es aquel sujeto que es parte en el juicio natural por ser el demandado y que no es llamado correctamente en virtud de un ilegal emplazamiento, lo que le impidió apersonarse a fin de desplegar su defensa; por tanto, resulta evidente que será extraño a todo lo actuado en el pleito. Sirve de fundamento la jurisprudencia P./J. 7/98, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Enero de 1998, página 56, registro digital 196932, de contenido siguiente: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. En esa tesitura, el tercero extraño por equiparación es quien formando parte de la controversia (demandado) no se apersonó al juicio y tampoco conoció de su existencia porque -debiendo serlo- no fue emplazado o fue citado en forma distinta a la prevista por la ley; sin embargo, el hecho de que ese demandado se haya hecho sabedor del proceso seguido en su contra, es razón suficiente para desvirtuar su carácter de persona extraña al procedimiento en términos del precepto citado. La particularidad para equiparar al demandado con una persona extraña al procedimiento, parte de que la falta de emplazamiento a él o que la citación en forma distinta a la prevista por la ley, le haya ocasionado el desconocimiento total del juicio, por tanto, aun cuando el quejoso se ostente como tercero extraño por equiparación, serán las constancias del procedimiento natural y no la forma de su autodenominación las que se deberán tomar en cuenta para determinar si realmente tiene tal carácter. Por ello, lo trascendente para la procedencia del juicio de amparo indirecto en estos casos, es la defensa al derecho de audiencia contemplado en el artículo 14 de la Constitución Federal, lo cual se actualiza cuando hay un desconocimiento total del juicio de origen, pues ello ocasiona la vulnerabilidad del citado derecho fundamental. Robustece lo anterior la tesis VII.3o.P.T.32 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 3341, registro digital 162966, de literalidad siguiente: TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN. CUANDO EN AMPARO DIRECTO SE IMPUGNA EL EMPLAZAMIENTO, TAL CARÁCTER DEBE ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS DEL PROCEDIMIENTO NATURAL Y NO DE SU AUTODENOMINACIÓN (INTERPRETACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS P./J. 40/2001 Y P./J. 39/2001). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias P./J. 40/2001 y P./J. 39/2001, de rubros: "EMPLAZAMIENTO. LA FALTA O ILEGALIDAD DEL MISMO SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN, NO OBSTANTE QUE TENGA CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN DEFINITIVA DURANTE EL TRANSCURSO DEL TÉRMINO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 21 Y 22 DE LA LEY DE AMPARO." y "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", dejó sentado como premisa, el concepto de "persona extraña" a que se refiere la fracción V del artículo 114 de la Ley de Amparo, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio que la afecten, así como la parte material en el proceso (demandado) que se equipara a esa figura. Así, puede advertirse en estricto sentido, que un extraño a juicio es aquella persona física o moral distinta de los sujetos porque no figura en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro de él o en ejecución de la resolución que ahí se dicte, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Asimismo, existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, y es quien formando parte de la controversia (demandado) no se apersonó al juicio y tampoco conoció de su existencia porque -debiendo serlo- no fue emplazado o fue citado en forma distinta a la prevista por la ley (tercero extraño por equiparación). En cambio, cuando ese demandado haya comparecido al juicio (entendiéndose que no necesariamente a través del emplazamiento, sino que se haya integrado por cualquier medio a esa relación jurídico procesal) y, por tanto, sabedor del proceso seguido en su contra, es razón suficiente para desvirtuar su carácter de persona extraña al juicio en términos del precepto citado. Es decir, el rasgo distintivo para equiparar al demandado con una persona extraña al procedimiento, debe partir desde la perspectiva que la falta de emplazamiento a él o que la citación en forma distinta a la prevista por la ley, le haya ocasionado "el desconocimiento total del juicio". Esta distinción es fundamental, pues del conocimiento de su participación o no en el proceso depende en qué momento y en qué términos puede esa persona intentar el amparo (directo o indirecto) contra la resolución que irrogue perjuicio a su esfera jurídica. Así, si el gobernado que conoce del juicio porque compareció a él, opta por la vía indirecta, el Juez de Distrito debe sobreseer, fundamentalmente porque ya no es persona extraña al juicio, en virtud de que puede (o pudo, si ese juicio ya hubiese concluido) defenderse dentro del procedimiento ordinario y, en su oportunidad, si fuese el caso, acudir al amparo directo; es evidente que en este supuesto, el promovente equivocó la vía. En cambio, cuando el gobernado que por alguna causa se integró a la relación jurídico procesal en la que ya se dictó la resolución definitiva respectiva (sentencia o laudo); que conoce del procedimiento que la originó y, por ende, a sabiendas de su participación en el mismo opta por promover amparo directo, impugnando en sus conceptos de violación ese acto procesal del emplazamiento, eligió la vía correcta. En efecto, aun cuando el quejoso se ostentare como "tercero extraño por equiparación", serán las constancias del procedimiento natural y no la forma de su autodenominación las que se deberán tomar en cuenta para determinar si realmente tiene tal carácter y fincarle competencia al Juez de Distrito, pues para hacer esa declaratoria (cuya hipótesis es la única que le daría competencia), el Tribunal Colegiado de Circuito deberá atender a lo que arrojen las constancias de autos y no al hecho de advertir que se impugna el emplazamiento, incluso como acto reclamado destacado (cuando sabemos que se trata de un concepto de violación), pues si el promovente fue parte integrante de la relación jurídico procesal y, por ende, no es tercero extraño, no resultaría jurídicamente válido declinar competencia por razón de vía y enviarla a una que -se sabe- no resultaría procedente, por la sencilla razón que de las constancias se advierte que no se ubica en esos supuestos de competencia. En estos casos, al ser correcta la vía directa intentada, el tema del emplazamiento tendrá que analizarse a la luz de los conceptos de violación que contra tal acto procesal se invoquen, sin desconocer el principio de definitividad que rija en el procedimiento de que se trate, cuya observancia o no definirá la viabilidad de su estudio. En el caso, los quejosos ******************** señalaron como acto reclamado la orden de sacar a remate el inmueble de su propiedad consistente en una fracción del predio rústico denominado Santa Cruz, ubicado en el municipio de San Lucas, distrito de Huetamo, Michoacán, con superficie de setecientos noventa y siete meros cuadrados. Al respecto, importa precisar que mediante escrito aclaratorio de demanda presentado el nueve de diciembre de dos mil veintidós, Ma. del Rosario Valle Maldonado y Venancio León Monzalvo expresaron bajo protesta de decir verdad que el diecinueve de julio de dos mil doce, contrajeron una deuda por $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional) con Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. Que el diecinueve de noviembre de dos mil veintidós, les hicieron llegar un documento, por lo que asistieron al Registro Público de la Propiedad a solicitar antecedentes de dicho inmueble, donde se enteraron que presentaba un embargo registrado el veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, no obstante, nunca fueron emplazados a juicio, tampoco les fue requerido el pago del adeudo. Empero, de las constancias del juicio ejecutivo mercantil ********************, aportadas por la autoridad responsable, se advierte que: I. En proveído de veintisiete de agosto de dos mil quince, se admitió a trámite la demanda instada por los apoderados generales de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero frente a ******************** se ordenó su emplazamiento, así como requerimiento de pago del adeudo, para lo cual se ordenó el exhorto respectivo. II. Mediante escrito presentado el siete de diciembre de dos mil quince, ******************** en calidad de apoderados jurídicos de ******************** acudieron a dar contestación a los hechos de la demanda, hicieron valer excepciones y defensas, asimismo, ofertaron medios de prueba. En auto de ocho de diciembre de dos mil quince, se les reconoció el carácter de apoderados jurídicos de la parte demandada, al tenor del poder general pasado ante la fe del notario público número ochenta y siete, con ejercicio y residencia en Huetamo, Michoacán y se dispuso reservar lo relativo a la contestación de demanda. En acuerdo de treinta de diciembre de dos mil quince, se tuvo a la parte demandada señalando nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. III. En diligencia de dos de diciembre de dos mil quince, el ministro notificador del Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Huetamo, Michoacán, en auxilio del órgano de origen, requirió el pago del adeudo reclamado a ******************** actuación que fue entendida de forma personal con los demandados, quienes dijeron reconocer el adeudo, pero no tener la cantidad para cubrirlo. Para garantizar el pago, los insolventes señalaron el inmueble consistente en una fracción del predio rústico denominado Santa Cruz, ubicado en el municipio de San Lucas, distrito de Huetamo, Michoacán, con superficie de setecientos noventa y siete meros cuadrados, registrado en favor de la demandada de apellidos Valle Maldonado, mismo que previamente fue dejado en garantía al momento de suscribirse la deuda. Finalmente, fueron emplazados a juicio. IV. En auto de uno de marzo de dos mil dieciséis, se levantó la reserva y se tuvo a los demandados dando contestación al ocurso inicial, oponiendo excepciones y defensas, entre ellas, la improcedencia de la vía, anunciando pruebas y objetando los documentos exhibidos por la parte actora. V. En resolución de veinticinco de abril de dos mil dieciséis, se resolvió infundada la excepción de improcedencia de la vía, planteada por la parte demandada. VI. El treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, se dictó sentencia definitiva, en la que se calificó procedente la acción cambiaria directa, se condenó a los demandados al pago de la suerte principal, intereses ordinarios y moratorios, así como gastos y costas. VII. Inconformes con ello, el veinticuatro de junio de dos mil dieciséis los apoderados jurídicos de los quejosos presentaron demanda de amparo directo, la cual fue turnada al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, donde fue registrada con el número 498/2016 y en sesión de veinte de octubre de dos mil dieciséis, sus magistrados integrantes determinaron negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. VIII. En auto de seis de diciembre de dos mil dieciséis, se determinó que la sentencia causó ejecutoria por ministerio de ley y se ordenó requerir el cumplimiento voluntario a la parte de demandada. IX. Mediante escrito presentado el once de abril de dos mil diecisiete, el representante de la parte demandada dio respuesta a la vista dada en relación con el incidente de liquidación de sentencia promovido por la parte actora. X. Mediante proveído de veintisiete de abril de dos mil diecisiete, se ordenó realizar la inscripción del embargo del inmueble secuestrado. XI. En acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, se ordenó el remate del inmueble embargado. XII. Mediante escrito presentado el tres de julio de dos mil diecinueve, el apoderado jurídico de la parte demandada, promovió incidente sobre actualización de certificado de gravamen y de avalúo, el cual fue desestimado en auto de cuatro de julio de dos mil diecinueve. Hasta aquí la reseña del juicio de origen. Lo narrado, pone de manifiesto que los quejosos ******************** fueron emplazados al juicio de origen de manera personal, que en dicha diligencia se les requirió el pago de la suerte principal y al expresar su insolvencia, se decretó el embargo del inmueble que en esta vía defienden, el cual, incluso, dejaron como garantía del pago de dicha deuda, al momento de adquirirla. También se aprecia que los demandados acudieron a contestar la demanda, exponer excepciones y defensas, entre ellas, la de improcedencia de la vía -la cual posteriormente, se declaró improcedente- y a ofrecer elementos de juicio, por conducto de las personas a las cuales les otorgaron un poder notarial general para pleitos y cobranzas, suscrito ante fedatario público. Así, que al tenor del instrumento notarial presentado, el órgano de origen reconoció a ******************** como apoderados jurídicos de los demandados, quienes continuaron con su defensa legal, incluso designaron nuevo domicilio para recibir notificaciones y una vez dictada la sentencia definitiva condenatoria, promovieron demanda de amparo directo, el cual fue negado. Inclusive, en la etapa de ejecución los representantes de la parte vencida tuvieron participación, verbigracia, dieron respuesta la vista dada con la primera planilla de liquidación presentada por la parte actora y promovieron incidente sobre actualización de certificado de gravamen y de avalúo. De ahí, que desde la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, los demandados ******************** tuvieron conocimiento del juicio ejecutivo mercantil ********************, incluso, comparecieron por conducto de sus representantes jurídicos, los cuales aportaron una defensa en su favor durante la tramitación del juicio y en su etapa de ejecución, máxime que los justiciables no objetaron el poder notarial con que ******************** comparecieron al sumario de origen. Por ende, es dable concluir que los justiciables tuvieron acceso a la totalidad de constancias que integran el expediente del cual emana el acto reclamado. En ese contexto, resulta claro que a los quejosos no puede equiparárseles como personas extrañas al procedimiento, ya que fueron emplazados al juicio de origen y comparecieron por conducto de sus apoderados jurídicos, con lo cual queda de manifiesto que durante la secuela procesal y etapa de ejecución, llevaron cabo en su favor una defensa. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio, de conformidad con lo dispuesto por el precepto 63, fracción V, del mismo ordenamiento. Lo que se hace extensivo a los actos de ejecución atribuidos a la actuaria adscrita al Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, al no reclamársele por vicios propios, sino en virtud de la ilegalidad atribuida al juez ordenador. Sirve de sustento legal la tesis de registro digital 253622, emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 91-96, Sexta Parte, página 286, de rubro y texto: AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. En consecuencia, resulta innecesario el estudio de los conceptos de violación, pues al actualizarse una causa de improcedencia y decretarse el sobreseimiento total del juicio, impide estudiar las cuestiones de fondo planteadas. Fundamenta dicho razonamiento la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, volumen 24, tercera parte, página 49, de registro 239006, de epígrafe y contenido: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Finalmente, no se inadvierten los alegatos formulados por los quejosos; sin embargo, este órgano de control constitucional se abstiene de analizar los argumentos plasmados, porque la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda, informe justificado y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen. RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******************** respecto de los actos reclamados al juez y actuaria del Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Citlali Linda Fraga Salcedo.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de marzo de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, así como el estado de autos de los que se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días con el que cuenta la moral tercera interesada "FINANCIERA RURAL" actualmente "FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL FORESTAL Y PESQUERO", para imponerse del informe justificado rendido por la autoridad responsable, pues le transcurre del tres al catorce de marzo de dos mil veintitrés, descontando los días inhábiles; toda vez, que fue emplazada a juicio el dos del presente mes y año. 1.1. Diferimiento de audiencia constitucional. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, fijándose las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.

Quedan 11 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,758 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano