Ma. del Rosario Béjar Lozano
Expediente 978/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 978/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ma. del Rosario Béjar Lozano
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee: 1. Causa estado. En virtud de que no fue impugnado el auto que desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este expediente, para lo cual se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Janette Pérez García, quien da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. En atención al contenido del Acuerdo General 16/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. Registro. Vista la demanda de amparo promovida por Ma. del Rosario Bejar Lozano; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 978/2022: 1.2. Examen de la demanda y precisión de los actos reclamados. Del contexto integral del escrito de demanda, se aprecia que se reclama lo siguiente: Del Magistrado Instructor de la Tercera Ponencia de la Sala Regional del Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa: La omisión de atender la promoción presentada el catorce de julio de dos mil veintidós, dentro del juicio contencioso administrativo número 824/20-21-01-6. En tanto que, del Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: La omisión de cumplir con la sentencia definitiva dictada dentro del juicio contencioso administrativo número 824/20-21-01-6 del que conoció y resolvió el Magistrado Instructor de la Tercera Ponencia de la Sala Regional del Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 1.3. Causa de improcedencia respecto de la autoridad jurisdiccional. Ahora bien, respecto al acto reclamado al Magistrado Instructor de la Tercera Ponencia de la Sala Regional del Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se advierte que resulta notoriamente improcedente, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del numeral 61, en relación con la fracción V, interpretada en sentido contrario, del artículo 107 de la referida Ley de Amparo y el numeral 107, fracción III, inciso b), constitucional. Esto, ya que dichos preceptos prevén que la improcedencia del juicio de amparo no sólo deriva de cada una de las fracciones previstas en el precepto anunciado, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, como en la legislación de amparo. Numerales que al ser concatenados entre sí, emerge una de las hipótesis de procedencia del juicio de amparo, en el sentido de que es posible acceder al reclamo constitucional, contra actos dictados dentro de juicio, siempre y cuando tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Ahora bien, del estudio integral de la demanda, en el caso concreto, se advierte que la quejosa señala como acto reclamado la omisión de atender la promoción presentada el catorce de julio de dos mil veintidós, dentro del juicio contencioso administrativo número 824/20-21-01-6. Así, el citado acto reclamado no se ubica dentro de los casos de excepción a la regla contenida en el numeral descrito en párrafos precedentes, relativo a los actos de imposible reparación que generan una afectación inmediata a los derechos sustantivos de la parte quejosa, en razón a que dicho acto no afecta de manera directa derechos sustantivos. Respecto a lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", la Ley de Amparo, en su artículo 107, fracciones III, inciso b), y V, ofrece sendas precisiones para comprender el alcance de dicha expresión. La primera de ellas, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en estas disposiciones legales puede afirmarse que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, para ser calificados los actos reclamados como de imposible reparación, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provine exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que se establecen para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo. Y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Al respecto es aplicable la jurisprudencia número 607, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Así como la jurisprudencia número 613, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". De lo anteriormente expuesto se desprende que el concepto de irreparabilidad necesario para la procedencia del juicio constitucional, respecto del acto aquí reclamado, no se actualiza, porque con el acto reclamado no se ven afectados de modo directo e inmediato derechos sustantivos de la parte agraviada tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte, como bien pudieran ser la libertad, la posesión jurídica, la propiedad, entre otros. Lo anterior, si se atiende a que la omisión que refiere la quejosa lo es a partir de que la responsable no ha dictado acuerdo respecto de su escrito presentado el catorce de julio de dos mil veintidós, sólo constituye meras transgresiones a derechos subjetivos o intraprocesales, cuya ejecución no es de imposible reparación, en términos del artículo 107, fracción V, esta última interpretada en sentido contrario, porque no se afectan los derechos sustantivos de la agraviada. Es así, porque en el caso particular la solicitante de la acción constitucional se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro del procedimiento del juicio contencioso administrativo de origen, sin embargo, el acto reclamado por aquella no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra la particular, sino que se da justamente dentro del mismo (falta de glosar al juicio de origen la actuación o razón relativa a la prueba de inspección ocular que tendría verificativo a las doce horas del seis de diciembre de dos mil diecinueve). Es así, porque la afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que la impetrante es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción prevista para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Máxime, que de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad por la quejosa, no se advierte que exista una abierta dilación del procedimiento contencioso de que se trata o paralización total de su ejecución, pues como la propia quejosa lo precisó en su demanda de amparo, la responsable no ha dejado de atender a la ejecución de la sentencia dictada en el juicio administrativo en el que incluso ha impuesto multa al Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de lograr el cumplimiento de la sentencia definitiva y que su solicitud fue presentada el catorce de julio de dos mil veintidós, por tanto, aún no transcurren los cuarenta y cinco días naturales. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a. /J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". También se cita la diversa jurisprudencia emitida por la mencionada Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, identificada con el número 2a. /J. 33/2019 (10a.), derivada de la contradicción de tesis 294/2018, visible en la Red Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a. /J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador". No pasa inadvertido para este juzgador, la existencia de la jurisprudencia PC.XI. J/3 K (10a.), sustentada por el Pleno del Decimoprimer Circuito, derivada de la contradicción de tesis 1/2018, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. EL ESTUDIO DE LA EXCEPCIÓN A LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DERIVADA DE LA JURISPRUDENCIA 2a. /J. 48/2016 (10a.) DEBE REALIZARSE HASTA LA SENTENCIA", la cual de conformidad con el artículo 217, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, es obligatoria, sin embargo, tal criterio, a juicio del suscrito, no es aplicable al caso concreto, dado que si bien es verdad en el mismo se establece que el análisis de las violaciones omisivas cometidas dentro de un procedimiento jurisdiccional, como acontece en la especie, habrá de realizarse hasta la emisión de la sentencia que se dicte en el juicio de amparo respectivo, a efecto de dar oportunidad a las partes de ofrecer pruebas relacionadas con dicha violación por dilación o paralización del proceso; no menos lo es que en la especie, existe la confesión de la propia quejosa en el sentido de que en el juicio contencioso administrativo de origen, el escrito fue presentado el catorce de julio de dos mil veintidós, pues así lo manifestó bajo protesta de decir verdad, de ahí que, este juzgador sí cuenta con elementos para determinar que no ha transcurrido el término de cuarenta y cinco días a que se refiere la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número 2a./J. 33/2019 (10a.), derivada de la contradicción de tesis 294/2018, para que resulte procedente la demanda de amparo. 1.4. Desechamiento de la demanda. En ese orden, resulta evidente que al surtirse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia antes analizado, lo que procede, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo por lo que se refiere a la autoridad responsable Magistrado Instructor de la Tercera Ponencia de la Sala Regional del Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 1.5. Causa de improcedencia por lo que hace a la autoridad administrativa. Por otro lado, por lo que hace al acto reclamado al Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, consistente en la omisión de cumplir con la sentencia definitiva dictada dentro del juicio contencioso administrativo número 824/20-21-01-6 del que conoció y resolvió el Magistrado Instructor de la Tercera Ponencia de la Sala Regional del Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se actualiza la causa de improcedencia la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, ya que previamente a la promoción de esta vía constitucional, la parte solicitante del amparo debió agotar el medio ordinario de defensa, recurso de queja previsto en el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que a través de esa vía se puede revocar, nulificar o dejar sin efectos el acto reclamado. De la mencionada porción normativa se desprende que cuando exista un medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que se reclama y que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de los efectos de dicho acto, sin exigir mayores requisitos de los requeridos por el medio ordinario de defensa, se actualiza la causa de improcedencia de mérito. Ello responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario y supremo de defensa y protección de los derechos humanos de los gobernados, por lo que antes de promoverlo el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente establecidos, a fin de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el constituyente permanente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo acontezca cuando el acto autoritario impugnado posea el carácter de definitivo según la ley que lo rija, destacando que dicho principio no opera de manera absoluta; por el contrario, admite excepciones constitucionales, legales y aquellas que son producto de la interpretación efectuada por los órganos legalmente facultados para hacerlo. En el caso, el quejoso controvierte la violación al derecho de tutela judicial efectiva y la omisión de cumplir con la sentencia definitiva dictada dentro del juicio contencioso administrativo número 824/20-21-01-6 del que conoció y resolvió el Magistrado Instructor de la Tercera Ponencia de la Sala Regional del Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, señala que contra las omisiones de las autoridades de dar cumplimiento a las sentencias dictadas por los tribunales administrativos, procede el recurso de queja. Por otro lado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis con registro 2004565, ha establecido que dicha queja relativa al cumplimiento de las sentencias, procede una vez por cada supuesto, esto es, el hecho de que el artículo referido disponga que la queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, no debe entenderse en el sentido de que el particular no puede interponerlo por cada uno de los supuestos de procedencia que describe. Tesis de rubro y texto siguientes: "QUEJA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE UNA VEZ POR CADA SUPUESTO [ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), SUBINCISO 4, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO]. El hecho de que el artículo referido disponga que la queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, no debe entenderse en el sentido de que el particular no puede interponerlo por cada uno de los supuestos de procedencia que describe, esto es, contra: 1. La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia; 2. La resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo establecido por los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b), de la citada Ley, cuando se trate de una sentencia dictada con base en las fracciones II y III del diverso 51 del indicado ordenamiento, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso; 3. La omisión de la autoridad de dar cumplimiento a la sentencia; y, 4. El incumplimiento de la autoridad a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal. Es decir, la frase: "La queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez", debe interpretarse en el sentido de que el particular podrá interponerla por cada uno de los supuestos referidos." En ese sentido, de los antecedentes narrados por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, se advierte: El veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia definitiva dentro del juicio contencioso administrativo número 824/20-21-01-6, en la que resultó condenado el Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. El veinte de diciembre de dos mil veintiuno, el Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado suscribió el oficio 2.11.15.5/3887/2021 donde pretendió dar cumplimiento a la sentencia. Al considerar la parte aquí quejosa que dicho cumplimiento resultaba defectuosa, interpuso recurso de queja previsto en el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 1, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, misma que fue declarada procedente por el Magistrado también responsable, por lo que requirió nuevamente el cumplimiento de la sentencia, bajo apercibimiento que de no hacerlo le sería impuesta un multa como medida de apremio. Así, el Delegado responsable emitió el oficio DPSH/1041/2022 el veintinueve de abril de dos mil veintidós, dentro del cual nuevamente pretende cumplir la sentencia definitiva, no obstante, nuevamente lo hace de forma defectuosa. Por tanto, el Magistrado Instructor de la Tercera Ponencia de la Sala Regional del Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tuvo a bien hacer efectivo el apercibimiento decretado en su contra y le impuso una multa como medida de apremio, sin embargo, no requirió nuevamente el cumplimiento de la sentencia. De dichos antecedentes se advierte que la parte quejosa únicamente ha agotado una vez el recurso de queja por el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 1; sin embargo, como ya quedó evidenciado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que dicha queja relativa al cumplimiento de las sentencias, procede una vez por cada supuesto, esto es, el hecho de que el artículo referido disponga que la queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, no debe entenderse en el sentido de que el particular no puede interponerlo por cada uno de los supuestos de procedencia que describe. Por tanto, la quejosa debió promover el recurso de queja ahora de conformidad al artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, sin que lo hubiere hecho. Bajo ese contexto, si la omisión reclamada puede ser impugnada ante el Magistrado responsable a través del recurso de queja, en atención al principio de definitividad emerge como una cuestión incontrovertible que, para lograr que fuera nulificada, el peticionario debió interponer el medio de defensa de que se trata en los términos que prevé el cuerpo de leyes en cita; de tal suerte que al no hacerlo así, resulta no ha respetado dicho principio que rige la procedencia del juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 14/2022 (11a.) de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País que dice lo siguiente: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), NUMERAL 3, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAME EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD DICTADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes adoptaron posturas discrepantes sobre un mismo punto de derecho, dado que frente al reclamo de la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad, uno de ellos sostuvo que constituye un presupuesto de procedencia para el juicio de amparo que previamente se interponga el recurso de queja regulado en el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mientras que el otro estableció que se trata de una instancia optativa, por lo que el afectado puede acudir de manera inmediata al juicio constitucional. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, previamente a promover el juicio de amparo indirecto para reclamar la omisión de cumplir una sentencia de nulidad dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el particular debe necesariamente interponer el recurso de queja que establece el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Justificación: El indicado recurso de queja constituye el medio de defensa previsto expresamente por el legislador para combatir la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad y, más aún, constituye una instancia apta para lograr su reparación o modificación, pues prevé mecanismos consistentes con esa finalidad y adecuados para lograrla a cargo del propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como son la revisión de la actitud desplegada por la autoridad en relación con ese cumplimiento, la posibilidad de fijar los alcances precisos de la declaración de nulidad e, incluso, la de resolver que existe imposibilidad para ejecutar el fallo y que, por ende, procede el cumplimiento sustituto, además de la aplicación de multas sucesivas en caso de contumacia y la comunicación de ésta al superior jerárquico del servidor público involucrado y a la contraloría interna que le corresponda. De ahí que, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ese medio ordinario de defensa debe ser agotado, sobre todo porque no se configura alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad que rige al juicio constitucional, puesto que el acto reclamado no es de aquellos que puedan carecer de fundamentación, no conlleva violaciones directas a la Constitución Federal, el recurso de queja se encuentra previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y forma parte de un juicio que prevé la figura de la suspensión con los mismos alcances y sin mayores plazos o requisitos que los que al respecto prevé la Ley de Amparo". 1.6. Desechamiento de la demanda. En ese orden, resulta evidente que al surtirse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia antes analizado, lo que procede, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo por lo que se refiere a la autoridad responsable Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 1.7. Autorizados. Se tiene a la parte quejosa autorizando para recibir notificaciones con las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Erick Simón Soto Guevara y Christian Omar Segura Alanís, dado que tienen su cédula inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. 1.8. Usuario. Como lo pide el quejoso y con apoyo en los artículos 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se le autoriza la consulta del expediente electrónico, para lo cual, el personal relativo deberá dar de alta vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), el usuario "licericksoto" que proporciona. 1.9. Notificación electrónica. Asimismo, como lo solicita, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza que las notificaciones de carácter personal se realicen por la vía electrónica. Notifíquese personalmente a la parte quejosa por la vía electrónica y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación.
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