Ma. del Rosario Ortega Espino

Expediente 895/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
895/2020
Año
2020
Actuaciones
11
Última actuación
17/03/2021

Partes del expediente

  • Ma. del Rosario Ortega Espino

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, destrúyanse el juicio y el original del incidente, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa si exhibió documentos originales y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte Quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas del diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo III-895/2020-M, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, el secretario hace constar que el presente expediente se encuentra integrado para ser resuelto en definitiva. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario da nueva cuenta con las pruebas documentales ofrecidas por la parte quejosa y por el Agente del Ministerio Público Investigador del Sistema Tradicional de la Fiscalía Regional de Justicia de Morelia. El juez provee: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales referidas y se declara precluido el derecho de las demás partes para hacerlo. Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por precluido el derecho de las partes para formular los alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Ma. del Rosario Ortega Epino, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en los términos siguientes: Autoridad responsable: Agente del Ministerio Público Investigador del Sistema Tradicional de la Fiscalía Regional de Morelia, Michoacán. Acto reclamado: La falta de dar contestación al escrito presentado por la quejosa el veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, dentro de la averiguación previa 214/2014-X-3, en el que solicitó al agente responsable dejara sin efectos el oficio 837, dirigido al Directo del Registro Público de la Propiedad del Estado de Michoacán y con ello dicha autoridad estuviera en condiciones de registrar la escritura pública 18,148 que contiene el contrato de compraventa respecto del bien inmueble ubicado en la calle Jacarandas, número 19 de la colonia Lomas de Santa María, de esta ciudad. Segundo. Admisión de la demanda. Por acuerdo de uno de diciembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y el quince de enero de dos mil veintiuno se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, por tanto, una vez integrado el expediente, el día de hoy se celebró la audiencia constitucional en relación con las siguientes CONSIDERACIONES: Primera. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo de conformidad con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción IV, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues la parte quejosa reclama actos positivos atribuidos a autoridades que residen en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, reformado y adicionado por el diverso 36/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segunda. Fijación del acto reclamado. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 192097, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En cumplimiento al precepto y la jurisprudencia referidos, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consiste en lo siguiente: La falta de dar contestación al escrito presentado por la quejosa el veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, dentro de la averiguación previa 214/2014-X-3, en el que solicitó al agente responsable dejara sin efectos el oficio 837, dirigido al Directo del Registro Público de la Propiedad del Estado de Michoacán y con ello dicha autoridad estuviera en condiciones de registrar la escritura pública 18,148 que contiene el contrato de compraventa respecto del bien inmueble ubicado en la calle Jacarandas, número 19 de la colonia Lomas de Santa María, de esta ciudad. Tercera. Inexistencia de los actos reclamados. Al momento de rendir su informe justificado el Agente del Ministerio Público Investigador del Sistema Tradicional de la Fiscalía Regional de Morelia, Michoacán, manifestó que no es cierto el acto que se le atribuye, asimismo informó que el uno de octubre de dos mil diecinueve emitió una determinación en la que proveyó en relación con el escrito presentado por la parte quejosa. De dicho proveído se advierte lo siguiente: Que el agente responsable tuvo por recibido dicho escrito y asentó que el mismo no fue ratificado por la quejosa; En el considerando tercero, la autoridad responsable proveyó que la averiguación previa de la que emana el acto reclamado se encontraba suspendida y que faltaban pruebas por desahogar por lo que no se había emitido determinación final; y, Por las razones expuestas anteriormente, el agente responsable resolvió que no había lugar a lo solicitado por la quejosa y ordenó notificar dicha determinación en el domicilio proporcionado para tal efecto. Asimismo, la autoridad responsable remitió copia certificada del auto referido en párrafos anteriores, así como de la cédula de la que se advierte que el nueve de octubre de dos mil diecinueve notificó a la quejosa en el domicilio ubicado en avenida Ventura Puente, número 999, interior 34, de la colonia Del Empleado, de esta ciudad. Pruebas con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; de ahí que se tenga debidamente probado el acto reclamado. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En el caso concreto la autoridad responsable acreditó fehacientemente ante este órgano jurisdiccional que no existe el acto reclamado, puesto que contrario a lo manifestado por la parte quejosa en su escrito de demanda, la autoridad responsable sí dio respuesta al escrito presentado por esta. Es aplicable a lo anterior, la tesis aislada, de Tribunales Colegiados de Circuito, con registro 216808, del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIO LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos." Asimismo, la tesis emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 301, Tomo XIII, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR LA CONSTITUCIONALIDAD QUE SE RECLAME. Cuando los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, que se estiman inconstitucionales, debe entenderse que la carga de la prueba de que no existen esas omisiones o hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las autoridades responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos." No pasa desapercibido para este juzgado que mediante escrito recibido en este juzgado el quince de enero de dos mil veintiuno, la parte quejosa ofreció como prueba documental la constancia de la que se advierte que el veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve compareció ante el agente responsable y ratificó el escrito que presentó en esa misma fecha, ello contrario a lo manifestado por la autoridad responsable en su informe justificado; sin embargo, como se aprecia de dicho informe la autoridad referida dio contestación a su solicitud y le notificó personalmente la determinación que recayó a la misma. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades responsables mencionadas se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 73, 74, 75, 76, 124 y 217, de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Ma. del Rosario Ortega Epino, por inexistencia de los actos reclamados en términos de la consideración tercera de esta resolución. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.MARILYNAUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Morelia, Michoacán, a las once horas del diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo III-895/2020-M, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, el secretario hace constar que el presente expediente se encuentra integrado para ser resuelto en definitiva. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario da nueva cuenta con las pruebas documentales ofrecidas por la parte quejosa y por el Agente del Ministerio Público Investigador del Sistema Tradicional de la Fiscalía Regional de Justicia de Morelia. El juez provee: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales referidas y se declara precluido el derecho de las demás partes para hacerlo. Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por precluido el derecho de las partes para formular los alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Ma. del Rosario Ortega Epino, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en los términos siguientes: Autoridad responsable: Agente del Ministerio Público Investigador del Sistema Tradicional de la Fiscalía Regional de Morelia, Michoacán. Acto reclamado: La falta de dar contestación al escrito presentado por la quejosa el veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, dentro de la averiguación previa 214/2014-X-3, en el que solicitó al agente responsable dejara sin efectos el oficio 837, dirigido al Directo del Registro Público de la Propiedad del Estado de Michoacán y con ello dicha autoridad estuviera en condiciones de registrar la escritura pública 18,148 que contiene el contrato de compraventa respecto del bien inmueble ubicado en la calle Jacarandas, número 19 de la colonia Lomas de Santa María, de esta ciudad. Segundo. Admisión de la demanda. Por acuerdo de uno de diciembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y el quince de enero de dos mil veintiuno se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, por tanto, una vez integrado el expediente, el día de hoy se celebró la audiencia constitucional en relación con las siguientes CONSIDERACIONES: Primera. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo de conformidad con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción IV, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues la parte quejosa reclama actos positivos atribuidos a autoridades que residen en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, reformado y adicionado por el diverso 36/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segunda. Fijación del acto reclamado. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 192097, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En cumplimiento al precepto y la jurisprudencia referidos, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consiste en lo siguiente: La falta de dar contestación al escrito presentado por la quejosa el veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, dentro de la averiguación previa 214/2014-X-3, en el que solicitó al agente responsable dejara sin efectos el oficio 837, dirigido al Directo del Registro Público de la Propiedad del Estado de Michoacán y con ello dicha autoridad estuviera en condiciones de registrar la escritura pública 18,148 que contiene el contrato de compraventa respecto del bien inmueble ubicado en la calle Jacarandas, número 19 de la colonia Lomas de Santa María, de esta ciudad. Tercera. Inexistencia de los actos reclamados. Al momento de rendir su informe justificado el Agente del Ministerio Público Investigador del Sistema Tradicional de la Fiscalía Regional de Morelia, Michoacán, manifestó que no es cierto el acto que se le atribuye, asimismo informó que el uno de octubre de dos mil diecinueve emitió una determinación en la que proveyó en relación con el escrito presentado por la parte quejosa. De dicho proveído se advierte lo siguiente: Que el agente responsable tuvo por recibido dicho escrito y asentó que el mismo no fue ratificado por la quejosa; En el considerando tercero, la autoridad responsable proveyó que la averiguación previa de la que emana el acto reclamado se encontraba suspendida y que faltaban pruebas por desahogar por lo que no se había emitido determinación final; y, Por las razones expuestas anteriormente, el agente responsable resolvió que no había lugar a lo solicitado por la quejosa y ordenó notificar dicha determinación en el domicilio proporcionado para tal efecto. Asimismo, la autoridad responsable remitió copia certificada del auto referido en párrafos anteriores, así como de la cédula de la que se advierte que el nueve de octubre de dos mil diecinueve notificó a la quejosa en el domicilio ubicado en avenida Ventura Puente, número 999, interior 34, de la colonia Del Empleado, de esta ciudad. Pruebas con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; de ahí que se tenga debidamente probado el acto reclamado. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En el caso concreto la autoridad responsable acreditó fehacientemente ante este órgano jurisdiccional que no existe el acto reclamado, puesto que contrario a lo manifestado por la parte quejosa en su escrito de demanda, la autoridad responsable sí dio respuesta al escrito presentado por esta. Es aplicable a lo anterior, la tesis aislada, de Tribunales Colegiados de Circuito, con registro 216808, del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIO LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos." Asimismo, la tesis emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 301, Tomo XIII, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR LA CONSTITUCIONALIDAD QUE SE RECLAME. Cuando los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, que se estiman inconstitucionales, debe entenderse que la carga de la prueba de que no existen esas omisiones o hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las autoridades responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos." No pasa desapercibido para este juzgado que mediante escrito recibido en este juzgado el quince de enero de dos mil veintiuno, la parte quejosa ofreció como prueba documental la constancia de la que se advierte que el veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve compareció ante el agente responsable y ratificó el escrito que presentó en esa misma fecha, ello contrario a lo manifestado por la autoridad responsable en su informe justificado; sin embargo, como se aprecia de dicho informe la autoridad referida dio contestación a su solicitud y le notificó personalmente la determinación que recayó a la misma. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades responsables mencionadas se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 73, 74, 75, 76, 124 y 217, de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Ma. del Rosario Ortega Epino, por inexistencia de los actos reclamados en términos de la consideración tercera de esta resolución. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de enero de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene a Luis García Chacón, en cuanto autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la misma ley, ofreciendo la prueba documental que refiere en su escrito de cuenta, misma que se tiene por admitidas y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza. Hágase nueva relación de lo anterior en la audiencia constitucional respetiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

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