Ma. del Carmen Zepeda Ontiveros

Expediente 1408/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1408/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
26/12/2019

Partes del expediente

  • Ma. del Carmen Zepeda Ontiveros

Actuaciones

  1. Incidental

    Morelia, Michoacán, veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. Como está ordenado en el cuaderno principal, de acuerdo con los artículos 128 y 130 de la Ley de Amparo, con las copias de la demanda de amparo que anteceden, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1408/2019, promovido por Ma. del Carmen Zepeda Ontiveros, por propio derecho, contra actos del Fiscal General del Estado de Michoacán, residente en esta ciudad y de otras autoridades. Antes de proveer, resulta pertinente destacar que de acuerdo con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, constituye hecho notorio para este juzgado, que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, se reformaron diversas disposiciones, entre otras, de la Ley de Amparo vigente, donde se determinó derogar el artículo Transitorio Décimo, de dicho ordenamiento, cuyo texto literalmente narraba lo siguiente: "DÉCIMO. Las referencias que la presente Ley realice al concepto de "auto de vinculación a proceso" le serán aplicables a los autos de formal prisión emitidos en aquellos órdenes normativos en que aún no hayan entrado en vigor en cumplimiento de los artículos transitorios del Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008. En los casos donde no haya entrado en vigor el nuevo sistema de justicia penal a que se refiere la reforma constitucional referida en el párrafo anterior, la suspensión en materia penal seguirá rigiéndose conforme a la Ley de Amparo a que se refiere el artículo segundo transitorio de este Decreto." Por tanto, en el segundo párrafo del precepto transcrito, se abordaba el tema relativo a la aplicación de la anterior Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, en aquéllos asuntos donde no hubiera entrado en vigor el nuevo sistema de justicia penal a que se refiere la reforma constitucional mencionada en el primer párrafo del referido transitorio, en el sentido de que la suspensión en materia penal seguiría rigiéndose conforme a la Ley de Amparo abrogada. En relación con lo anterior, el dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación, la jurisprudencia 1a./J. 12/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2016417, de rubro y texto siguientes: "INCIDENTE DE SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. PARA SU TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DEBE APLICARSE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. Mediante Decreto publicado el 17 de junio de 2016, en el Diario Oficial de la Federación, se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones normativas, entre las cuales se derogó el artículo décimo transitorio del diverso Decreto por el que se expidió la Ley de Amparo vigente, publicado en ese mismo medio oficial, el 2 de abril de 2013, el cual establecía que en los casos donde no haya entrado en vigor el nuevo sistema de justicia penal, la suspensión en esa materia se regiría por la Ley de Amparo abrogada. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha resuelto que una norma transitoria tiene como función, regular el paso ordenado de la ley anterior a la legislación nueva, precisando cuál es el tratamiento que se debe dar a las situaciones o hechos jurídicos que habiendo surgido durante la vigencia de aquélla, puedan tener alguno o algunos de sus efectos durante la vigencia de éstas, con la finalidad de dar cumplimiento a los principios de seguridad y certeza jurídicas respecto de la vigencia de normas equivalentes, cuando se presenta una sucesión de éstas en el tiempo. Por tanto, si el artículo décimo transitorio mencionado se trata de una norma transitoria de carácter procesal, atendiendo al régimen de transitoriedad de las normas, se arriba al convencimiento de que si el legislador estableció expresamente, a través de un artículo transitorio, el momento específico en que una norma concreta queda derogada y ésta es de naturaleza procesal, los operadores jurídicos deben atender a tal disposición; en ese sentido, en el caso específico se concluye que a partir del 18 de junio de 2016, debe considerarse que el artículo décimo transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, por el que se expidió la Ley de Amparo, perdió observancia legal al determinarse la pérdida de su vigencia, de ahí que a partir de que entró en vigor la reforma de que se trata, el trámite y resolución del incidente de suspensión en materia penal, deben realizarse conforme a las disposiciones legales que sobre el particular establece la Ley de Amparo vigente, sin que el juzgador de control constitucional deba analizar bajo qué sistema penal, mixto o acusatorio, se emitió el acto reclamado, porque ello provocaría incertidumbre jurídica a las partes en torno a la norma aplicable en la medida cautelar, por lo que únicamente debe atenderse a la fecha en que se haya solicitado la medida cautelar para resolver lo conducente." Asimismo, el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria; por tanto, se proveerá sobre la medida cautelar provisional solicitada, con las reglas previstas en la Ley de Amparo vigente. Con fundamento en el artículo 138 de la Ley de Amparo, para la celebración de la audiencia incidental se fijan las trece horas con cincuenta minutos del seis de enero de dos mil veinte. De conformidad con el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, pídase informe previo a las autoridades responsables el cual deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, contado a partir de que reciban notificación del presente auto. Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se autoriza a las autoridades responsables para que rindan su informe por vía fax al número 01 443 3 21 54 41, por única ocasión, independientemente de que reciban el oficio por el que se les requiere el mismo en dos vías (telegráfica y posteriormente postal), ya que basta con atender la primera comunicación recibida. En el entendido que de no rendir el informe en el tiempo y forma referidos, se presumirán ciertos los actos que se les atribuyen de acuerdo con el artículo 142 de la Ley de Amparo. Asimismo, solicítese a la autoridad que haya emitido el acto reclamado, para que de acuerdo con el artículo 168 de la Ley de Amparo, informe a este juzgado la naturaleza, modalidades y características del delito que se imputa a la parte quejosa, así como la situación económica de la misma y la posibilidad de que se sustraiga a la acción de la justicia; además, si con motivo de la comisión del delito, obtuvo algún lucro, deberá comunicar a cuánto asciende el monto del mismo y deberá precisar el delito o delitos por el que se libró la orden tendiente a privar de la libertad, los artículos que tipifican y sancionan a éstos y si conforme a la ley aplicable se puede obtener la libertad provisional bajo caución a que se refiere el artículo 20, fracción I, de la Carta Magna. Ahora bien, respecto de la orden de aprehensión y/o detención, procede realizar el siguiente análisis: 1. En caso de que se trate de orden de aprehensión: En caso de que la orden se haya librado por delito que amerite prisión preventiva oficiosa a que alude el artículo 19 constitucional, con fundamento en el artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión para el único efecto de que la parte quejosa una vez detenida quede a disposición de este Juzgado de Distrito por lo que se refiere a su libertad personal, en el lugar en que sea recluida, quedando a disposición del Juez responsable para la continuación del procedimiento penal hasta el auto de apertura a juicio. Por otra parte, para el caso de que el delito por el cual se haya girado la orden de privación de la libertad, conforme a la ley aplicable no implique prisión preventiva oficiosa, con fundamento en el artículo 166, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión para el efecto de que la parte quejosa no sea detenida, sin perjuicio de que se presente al proceso penal de origen y pueda ser devuelta a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la Justicia Federal, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva. Finalmente, en caso de que a petición del Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal, se haya acordado prisión preventiva oficiosa en contra de la parte quejosa, aun cuando el delito que se le imputa conforme a la ley aplicable no implique dicha medida, porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, el efecto de la suspensión sólo será para que de conformidad con el artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo, la parte peticionaria una vez detenida quede a disposición de este Juzgado de Distrito por lo que se refiere a su libertad personal, en el lugar en que sea recluida, quedando a disposición del juez respectivo para la continuación del procedimiento penal hasta el auto de apertura a juicio. Todo lo anterior, en el entenido de que la autoridad judicial responsable deberá informar a este juzgado cualquier cambio de situación jurídica relacionada con este asunto, apercibida que en caso de no hacerlo, de acuerdo con el artículo 64, en relación con el diverso 251, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA). La suspensión concedida surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si la parte quejosa no cumple con los siguientes requisitos: a) Deberá exhibir ante y a satisfacción de este juzgado, dentro del término de cinco días, garantía por siete mil pesos, que podrá exhibir en cualquiera de las formas autorizadas por la ley para garantizar su devolución al juez de la causa, en caso de que no le sea favorable la sentencia que se pronuncie en el juicio de amparo del que deriva este incidente, en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo, la cual se fija de manera discrecional por no contar con la información para decretarla de manera determinada. b) Deberá comparecer ante la autoridad responsable dentro de los tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación que se le practique del presente auto, para la continuación del procedimiento penal de conformidad con el artículo 150 de la Ley de Amparo, lo que deberá acreditar de inmediato ante este juzgado, mediante la constancia respectiva de la que se advierta el sello de la autoridad responsable, plazo considerable para la llegada del informe previo relativo a la existencia o no de los actos reclamados y de la autoridad que lo emitió, momento exigible de dicho requisito. En relación con lo anterior, se requiere a la autoridad responsable para que de inmediato informe si la parte quejosa comparece a ponerse a su disposición, con la finalidad de tener conocimiento si se cumple o no con la obligación impuesta, en el entendido que de no hacerlo, de acuerdo con el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA). c) La parte quejosa deberá presentarse ante la autoridad responsable cuantas veces sea citada, ya que en caso de inasistencia la autoridad responsable deberá informarlo a este juzgado para que se revoque la concesión de la suspensión decretada. Lo anterior, toda vez que en la especie se actualizan las hipótesis previstas en los artículos 128 y 129, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto 162 del mismo ordenamiento, pues la parte quejosa solicita expresamente la suspensión de los actos reclamados; además, con la concesión de la medida no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público y de no otorgarse la misma, con la ejecución del acto reclamado se causarían a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación. La suspensión concedida no surtirá efectos en favor de la parte quejosa si se le sorprende en flagrante delito, o bien, si se trata de cumplimentar una orden de aprehensión o reaprehensión dictada por autoridad distinta de las señaladas como responsables. Todo lo anterior, acorde a lo establecido en los artículos 139, 150, 163, 178 y 168 de la Ley de Amparo, para garantizar que la parte peticionaria de amparo pueda ser devuelta a la autoridad responsable, en caso de no concedérsele la protección de la Justicia Federal solicitada; ello, sin perjuicio de decretar diversas medidas de aseguramiento adicionales a las señaladas que se estimen o se advierta que deban imponerse, acorde a las circunstancias del caso concreto, en uso de las amplias facultades que los aludidos preceptos conceden al juzgador federal para determinarlas y que convenga pertinentes para evitar que la parte indiciada se sustraiga de la acción de la justicia, que no se causen perjuicios a terceros, al interés social y para no transgredir disposiciones de orden público. Se apercibe a la parte peticionaria de amparo que de no cumplir con la medida de aseguramiento, se comunicará a las autoridades responsables que están expeditas sus facultades para ejecutar los actos reclamados, de conformidad con el artículo 167 de la Ley de Amparo vigente. Se informa a las autoridades responsables que no es necesario que acusen recibo de los oficios derivados del presente juicio, salvo que les sea solicitado expresamente y se les proporcione plazo específico para ello. Con apoyo en los numerales 9 y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, téngase como delegados a las personas que, en su caso, designen las autoridades responsables y por señalados los domicilios para recibir notificaciones que lleguen a designar en autos. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del numeral 79 del ordenamiento legal invocado), desde ahora se le apercibe, en el sentido de que en caso de que alguna autoridad responsable no exista en la denominación señalada en la demanda, mediante auto se suspenderá toda comunicación con la misma quedando fuera de juicio y en la audiencia constitucional que se celebre no se hará referencia a ésta, o bien, en la propia audiencia se hará el pronunciamiento respectivo sobre su inexistencia, sin que sea necesario realizar señalamiento alguno en la sentencia respecto de los actos reclamados que se le atribuyan, de acuerdo con los artículos 5°, fracción II y 108, fracción III, de la ley de la materia, interpretados en sentido contrario. Lo anterior, salvo prueba en contrario o que se corrija la denominación de la autoridad responsable relativa, previa vista que en su caso otorgue este juzgado, tomando en consideración que corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que procura la impartición de justicia pronta, así como al principio de economía procesal ya referido en párrafos precedentes. En atención a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que no existe inconveniente en que se les permita imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos Asimismo, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídase a la parte quejosa copia certificada del presente auto y téngase como autorizadas para recibirlas a las personas que señala. Se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para recibir notificaciones en esta ciudad y como autorizadas para tal efecto a las personas que designa, quienes podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se verificará una vez que promuevan con dicho carácter, o bien, hasta que acrediten dentro del presente expediente, con documento idóneo, estar facultadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ya que en caso contrario, solamente se les tendrá como autorizadas para recibir notificaciones e imponerse de los autos. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones relativas al presente juicio, aun en horas y días inhábiles. De conformidad con los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables, así como a las que tengan el carácter de terceras interesadas, mediante oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente en relación con aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa, en el entendido de que las determinaciones diversas serán notificadas mediante lista que se publica en lugar visible de este juzgado, así como en la sección de servicios de la página electrónica institucional www.cjf.gob.mx consultable vía Internet. En tal virtud, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista de autos, lo cual constituye un sistema de notificación que se publica en Internet con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, y con apoyo además en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante el Acuerdo General 49/2011. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable; caso en el cual, de no ser halladas en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, con fundamento en los artículos 1°, 5°, 6°, 33, 35, 107, 108, 110, 112 y 116 de la Ley de Amparo en vigor, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se admite a trámite la demanda de amparo promovida por Ma. del Carmen Zepeda Ontiveros, contra actos del Fiscal General del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y de otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1408/2019. De acuerdo con los artículos 115, 125 y 128 de la Ley de Amparo, con copia de la demanda tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión de los actos reclamados, toda vez que dicha medida cautelar fue solicitada expresamente por la parte quejosa. Con copia de la demanda de amparo, dése al agente del Ministerio Público Federal la intervención correspondiente, quien deberá asentar el acuse de recepción respectivo, lo anterior con fundamento en los artículos 5°, fracción IV y 110 de la Ley de Amparo. Para la celebración de la audiencia constitucional con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las diez horas con treinta minutos del veintisiete de enero de dos mil veinte. De conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe con justificación, que deberán rendir de la manera siguiente: a) En caso de que los actos reclamados resulten inexistentes y por ende innecesaria su justificación, de conformidad con el derecho de pronta y expedita administración de justicia tutelado por el artículo 17 Constitucional, así como por principio de economía procesal, cuyo objetivo es tener procedimientos ágiles, que se desenvuelvan en el menor tiempo posible y con el menor empleo de recursos, rindan su informe dentro del plazo de cinco días, contado a partir de que reciban el oficio de notificación respectivo; o bien, b) Si son ciertos los actos reclamados, rindan su informe dentro del plazo de quince días, contado a partir de que reciban el oficio de notificación del presente auto, en el entendido de que en dicho informe deberán exponer las razones y fundamentos que consideren pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos, debiendo acompañar en su caso, copia debidamente certificada de las constancias que avalen la existencia de los mismos y que soporten su emisión. En relación con el inciso a) que antecede, con fundamento en los artículos 117 de la Ley de Amparo y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, se autoriza a las autoridades responsables para que rindan su informe por vía fax al número telefónico 01 443 3 21 54 41, sin perjuicio de lo realicen enseguida mediante oficio que remitan a este juzgado por una sola ocasión, independientemente de que reciban el oficio por el que se les requiere el mismo en dos vías (telegráfica y posteriormente postal), ya que basta con atender la primera comunicación recibida. Asimismo, deberán rendir el informe justificado requerido con copia certificada de las documentales que justifiquen la constitucionalidad de los actos reclamados, tomando en consideración las siguientes directrices: 1. Si algunas de las fojas del expediente de origen se encuentran ilegibles o pierden su continuidad, en virtud de que así se encuentran en el mismo, aclare dicha circunstancia y señale el número de folio que corresponde a cada una de ellas; 2. En el caso de que las constancias sean legibles, pero las reproducciones que se obtengan de éstas no, deberá efectuar su transcripción con la indicación y folio correspondientes al remitirlas a este juzgado; y, 3. Observe que las copias que remita se encuentren debidamente ordenadas, atendiendo a su legibilidad, continuidad, orden cronológico y totalidad, o bien, realice las aclaraciones respectivas si así obran en el expediente a que pertenecen. En el entendido de que en caso de no rendir el informe en el tiempo y forma requeridos, se presumirán ciertos los actos reclamados respectivos, salvo prueba en contrario, de acuerdo con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que en caso de que remitan el expediente original del que derivan los actos reclamados, es su obligación conservar testimonio autorizado íntegro del mismo, ya que en el supuesto de necesitarlo para realizar alguna actuación, este juzgado no podrá devolverlo por ser imprescindible para resolver el juicio de amparo y en su caso el recurso de revisión, por lo que queda bajo su responsabilidad obtener las copias conducentes para su resguardo. Asimismo, se requiere a las autoridades responsables para el efecto de que en su informe hagan del conocimiento de este juzgado si la parte quejosa o alguna otra persona ha promovido juicio de amparo indirecto relacionado con los actos reclamados o derivado del expediente de origen, informando el número de juicio y el Juzgado de Distrito a que corresponde, apercibidas que en caso de no hacerlo, de acuerdo con el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, de la Ley de Amparo, se les impondrá un multa de manera individual, por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA). De conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de no rendir su informe justificado o lo hagan sin acatar las directrices que fueron trazadas con anterioridad, se harán acreedoras a una multa individual equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostentan y emolumentos que por esa causa reciben. En términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, requiérase a las partes para que en el supuesto de cesación de efectos de los actos reclamados o en caso de que se actualice alguna causa notoria de sobreseimiento, lo hagan saber a este juzgado de manera inmediata, apercibidas que en caso de no hacerlo, de conformidad con el artículo 238, en relación con el diverso 251, ambos de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de manera individual por el equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA). Por otra parte, se informa a las autoridades responsables que no es necesario que acusen recibo de los oficios derivados del presente juicio, salvo que les sea solicitado expresamente y se les proporcione plazo específico para ello. Con apoyo en los numerales 9 y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, téngase como delegados a las personas que, en su caso, designen las autoridades responsables y por señalados los domicilios para recibir notificaciones que lleguen a designar en autos. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del numeral 79 del ordenamiento legal invocado), desde ahora se le apercibe, en el sentido de que en caso de que alguna autoridad responsable no exista en la denominación señalada en la demanda, mediante auto se suspenderá toda comunicación con la misma quedando fuera de juicio y en la audiencia constitucional que se celebre no se hará referencia a ésta, o bien, en la propia audiencia se hará el pronunciamiento respectivo sobre su inexistencia, sin que sea necesario realizar señalamiento alguno en la sentencia respecto de los actos reclamados que se le atribuyan, de acuerdo con los artículos 5°, fracción II y 108, fracción III, de la ley de la materia, interpretados en sentido contrario. Lo anterior, salvo prueba en contrario o que se corrija la denominación de la autoridad responsable relativa, previa vista que en su caso otorgue este juzgado, tomando en consideración que corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que procura la impartición de justicia pronta, así como al principio de economía procesal ya referido en párrafos precedentes. Por otro lado, se reserva proveer sobre la existencia de parte tercera interesada, hasta que obren en autos las documentales relativas a los actos reclamados, de donde se advierta a quién, en su caso, le asiste dicho carácter de acuerdo con el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo. En atención a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que no existe inconveniente en que se les permita imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para recibir notificaciones en esta ciudad y como autorizadas para tal efecto a las personas que designa, quienes podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se verificará una vez que promuevan con dicho carácter, o bien, hasta que acrediten dentro del presente expediente, con documento idóneo, estar facultadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ya que en caso contrario, solamente se les tendrá como autorizadas para recibir notificaciones e imponerse de los autos. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones relativas al presente juicio, aun en horas y días inhábiles. De conformidad con los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables, así como a las que tengan el carácter de terceras interesadas, mediante oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente en relación con aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa, en el entendido de que las determinaciones diversas serán notificadas mediante lista que se publica en lugar visible de este juzgado, así como en la sección de servicios de la página electrónica institucional www.cjf.gob.mx consultable vía Internet. En tal virtud, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista de autos, lo cual constituye un sistema de notificación que se publica en Internet con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, y con apoyo además en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante el Acuerdo General 49/2011. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable; caso en el cual, de no ser halladas en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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