Ma. del Rosario de Fátima Martínez Delgado
Expediente 770/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 770/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Ma. del Rosario de Fátima Martínez Delgado
Actuaciones
- Principal
En quince de diciembre de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González da cuenta a la Juez, con un escrito registrado con el folio 20738.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a quince de diciembre de dos mil dieciséis. Téngase por recibido el escrito signado por Elliot Quiroz Juárez, apoderado de la parte quejosa, y en atención a lo que solicita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídasele a su costa, copia certificada de las constancias que refiere en dicho ocurso, previa identificación con fotografía y razón que se deje asentada en autos de dicha entrega. Por otro lado respecto a lo que solicita el ocursante, en cuanto a su pretensión de autorizar adicionalmente de forma simple a las personas indicadas en dicho escrito, no ha lugar a proveer de conformidad, en virtud a que no especifica para que fines realiza esa designación. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza.- DOY FE. /manuelcc
- Principal
En uno de diciembre de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González da cuenta a la Juez con un oficio con registro 19994 y anexo.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a uno de diciembre de dos mil dieciséis. Téngase por recibido el oficio de cuenta 11717/2016, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta Ciudad, al que acompaña copia certificada del testimonio de la resolución de veinticinco de noviembre pasado, dictada en el recurso de queja laboral 77/2016; acúsese el recibo correspondiente; hágase del conocimiento de las partes que la Superioridad, DECLARÓ INFUNDADO EL RECURSO DE QUEJA interpuesto por Elliot Quiroz Juárez, apoderado legal de la quejosa Ma. del Rosario Fátima Martínez Delgado, contra el auto de dieciséis de junio del año en curso, dictado por este Juzgado Federal, a través del cual se desechó de plano la demanda de amparo que promovió dicho inconforme. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívense el presente asunto. En su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que el presente expediente no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito de en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. /manuelcc
- Principal
En dieciséis de junio de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, doy cuenta a la Juez, con el escrito y anexos registrado con el número de folio 11429.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a dieciséis de junio de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo promovida por Ma. del Rosario de Fátima Martínez Delgado, por conducto de su apoderado legal Elliot Quiroz Juárez, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, y otras autoridades, los que considera violatorios en su perjuicio de las garantías individuales contenidas en los artículos 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; regístrese en el libro de gobierno bajo el número 770/2016-2, que por su orden le corresponde y, en atención a su contenido, esta Juez de Distrito, emite el siguiente pronunciamiento. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que dice: Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano [.]" Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el Juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o, en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo, en lo conducente se desprenden los siguientes antecedentes del acto reclamado y que son: 1. En principio, se tramitó ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, el expediente laboral 487/III/2010, mismo que concluyó con el laudo de tres de octubre de dos mil doce, donde se condenó a Ma. del Rosario de Fátima Martínez Delgado, a pagar la condena de dicho laudo a favor de si misma y no de Ma. Dolores GONZÁLEZ Martínez. 2. El presidente de la Junta señalada como responsable, por autos de veintiséis de febrero y doce de noviembre de dos mil catorce, ordenó la ejecución contra Ma. Fátima del Rosario Martínez Delgado, quien aduce que es persona ajena a la controversia y a la parte patronal Ma. del Rosario de Fátima Martínez Delgado. Ello, proveyendo contra constancias de la certificación de veintiséis de febrero de dos mil catorce levantada por el secretario de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, quien determinó que Ma. Fátima del Rosario Martínez Delgado, era quien fue condenada en la citada resolución, quien además fue contumaz en acatarlo. 3. Luego, en fecha quince de enero de dos mil quince, se ejecutó medida cautelar en contra de la citada condenada, embargándose el inmueble conocido como "Hotel del Centro", no obstante que la ejecución estaba determinada contra Ma. Fátima del Rosario Martínez Delgado, no así contra Ma. del Rosario de Fátima Martínez Delgado; medida cautelar que se ejecutó por la Actuaria del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas, en los autos del exhorto 152/2015, en auxilio a la ejecución dictada por la autoridad laboral señalada como responsable. 4. En fecha nueve de junio de dos mil quince, se presentó escrito firmado y ratificado por Ma. del Rosario de Fátima Martínez Delgado, donde declaró extinta la obligación laboral fijada en la condena mencionada, al haberse reunido en la misma persona, el crédito y la obligación, es decir, a favor de sí misma, por lo que solicitó a la Junta, se declarara cumplido el laudo y se levantaran las medidas cautelares ejecutadas. 5. A esa petición, recayó el auto de quince de junio de dos mil quince, por el que dicha Junta de Conciliación y Arbitraje, negó esa pretensión, estableciendo que el crédito correspondía a Ma. Dolores González Martínez, por lo que no era posible dar ese laudo por pagado o cumplido. 6. Así, contra esa determinación que modificó la obligación determinada en el laudo de tres de octubre de dos mil doce, el veinticuatro de junio de dos mil quince se promovió recurso de revisión; posteriormente el veintitrés de junio de ese año, se celebró la audiencia, donde se ofrecieron pruebas, y se rindieron alegatos, y ante la negligencia por parte de la Junta de dictar la resolución correspondiente, se promovió amparo, que culminó con la concesión del mismo, el que obligó a la Junta responsable a dictar la resolución derivada de ese recurso de revisión. 7. Finalmente, en fecha trece de mayo de dos mil dieciséis, la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, en cumplimiento al fallo protector concedido, dictó resolución, la cual es inatacable por la vía ordinaria Las anteriores aseveraciones las narró la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, y resulta procedente valorarlo en términos de lo dispuesto por los artículos 95, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente. Se cita por aplicable, la tesis proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página ochocientos cincuenta y siete, Tomo XII, Diciembre de mil novecientos noventa y tres, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTÍCULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa." En atención a lo anterior, la suscrita considera procedente desechar de plano la demanda de amparo; pues, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]." Como punto de partida, debemos precisar que el artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Argumentos que tiene sustento en la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ULTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la 'última resolución' que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione otra interpretación diferente". Ahora bien, el acto reclamado a juicio del que esto resuelve, no constituye la última resolución, pues se trata de una determinación intermedia, que tuvo como finalidad el reconocimiento de la persona a quien se le atribuirá la obligación de cumplir con lo condenado en el laudo de tres de octubre de dos mil doce, en los autos del expediente laboral 487/III/2010 y que resultó desfavorable a la quejosa, pues según indicó, no se modificó la obligación determinada en el laudo, es decir, no se declaró extinta la obligación laboral en favor de Ma. del Rosario de Fátima Martínez Delgado. Luego, es de indicarse que el acto aludido, debe reclamarse a través del amparo que se promueva contra la última resolución emitida en la etapa de ejecución de ese procedimiento, pues no se está en presencia de aquél proveído en el que la autoridad apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total del laudo en comento, o bien, declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, sino se trata de una determinación que tiene por objeto el cercioramiento de la persona a quien se obligara a cumplir con la determinación de la autoridad laboral, en el laudo mencionado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA.- La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio." Aunado a lo anterior, es de indicarse que el acto reclamado, de ningún modo reúne las características de una resolución firme que culmina con la etapa de ejecución del laudo; por lo que, no puede ser impugnada de forma inmediata a través del juicio de amparo, sino que tendrá que hacerse valer como violación procesal en la demanda de amparo que se intente contra la última resolución del procedimiento respectivo. Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.- De lo dispuesto en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se desprenden dos hipótesis de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, a saber: a) actos que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución y, b) actos en ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, debe precisarse que son aquellos que cuentan con autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, por tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. Respecto de la segunda clase, el amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que prueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento), en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución. Por otro lado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, el día cuatro de mayo de dos mil diez, emitió la tesis jurisprudencial de rubro siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.". Como punto toral del criterio antes señalado, el Tribunal Pleno estableció que la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo debe interpretarse a la luz de la fracción IV del mismo numeral dado que este último contempla un supuesto de aplicación más amplio y más protector y, por lo tanto, los supuestos normativos de la primera fracción referida se subsumen dentro de la segunda fracción citada, entendiéndose la procedencia excepcional del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, sea éste el ejecutante o el ejecutado. Ahora bien, en atención al criterio antes señalado, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la interlocutoria que desestima de manera firme una excepción sustancial y perentoria, alguna defensa u otro acto que tienda a detener o interrumpir la ejecución de la sentencia, como puede ser la excepción de pago o la de prescripción del derecho de pedir la ejecución, o bien, otro acto como un convenio de ejecución entre las partes, es impugnable de forma inmediata a través del juicio de amparo indirecto sin que tenga que hacerse valer como una violación procesal en la demanda de garantías que se intente contra la última resolución del procedimiento respectivo, ya que éstos resultan actos de imposible reparación." En tales condiciones, debe concluirse que en la especie, como el acto reclamado no se encuentra en los comprendidos por la fracción IV segundo párrafo del transcrito artículo 107 de la Ley de Amparo, deberá reclamarse a través del amparo que se promueva contra la última resolución en la etapa de ejecución, que en el caso sería el auto en que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, tenga por cumplido el laudo, o bien, declare la imposibilidad material para darle cumplimiento, momento en el que podrá considerarse que se dictó la última resolución en el procedimiento de ejecución y, por ende, la idónea para acudir a la instancia constitucional. No pasa por desapercibido para esta Juzgadora, los actos reclamados por parte de la quejosa, y atribuidos al actuario y Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas, respecto a la competencia para conocer del exhorto 152/2014, enviado en su auxilio, por la Junta considerada como responsable; ello, en virtud de que esa circunstancia, no puede influir en la determinación respecto al cumplimiento o no del laudo, sino únicamente se solicitó el auxilio de esa autoridad jurisdiccional para ese fin, en términos del artículo 753, de la Ley Federal del Trabajo. En consecuencia, en la especie se hace presente la causa de improcedencia a contrario sensu prevista por la fracción IV, del artículo 107 de la Legislación en consulta, por lo que con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 del mismo ordenamiento legal, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA de amparo promovida por María del Rosario de Fátima Martínez Delgado, por conducto de su apoderado legal Elliot Quiroz Juárez. Apoya esta conclusión, la tesis I.13o.A.4 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, correspondiente al mes de agosto de dos mil uno, de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó, en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, a la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Finalmente, téngase a la parte quejosa, como domicilio para oír y recibir notificaciones en el domicilio ubicado en calle Mina Valenciana, número 2016, interior 3, colonia Minera, en Zacatecas, Zacatecas, autorizando para tal efecto, a los licenciados Juan Carlos Zorrilla García, Francisco Javier López Reséndiz, Loth Garay Palacios y Luis Fernando Ávila Cortes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el Secretario que autoriza, licenciado Jorge Martín Zamora González. DOY FE.
- Principal
Se notifica por medio de lista al promovente del amparo Eliot Quiroz Juárez, representante legal de Ma. del Rosario de Fátima Martínez Delgado, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, el cual es del conentnido siguiente: En dieciséis de junio de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, doy cuenta a la Juez, con el escrito y anexos registrado con el número de folio 11429.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a dieciséis de junio de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo promovida por Ma. del Rosario de Fátima Martínez Delgado, por conducto de su apoderado legal Elliot Quiroz Juárez, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, y otras autoridades, los que considera violatorios en su perjuicio de las garantías individuales contenidas en los artículos 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; regístrese en el libro de gobierno bajo el número 770/2016-2, que por su orden le corresponde y, en atención a su contenido, esta Juez de Distrito, emite el siguiente pronunciamiento. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que dice: Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano [.]" Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el Juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o, en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada ." Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo, en lo conducente se desprenden los siguientes antecedentes del acto reclamado y que son: 1. En principio, se tramitó ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, el expediente laboral 487/III/2010, mismo que concluyó con el laudo de tres de octubre de dos mil doce, donde se condenó a Ma. del Rosario de Fátima Martínez Delgado, a pagar la condena de dicho laudo a favor de si misma y no de Ma. Dolores GONZÁLEZ Martínez. 2. El presidente de la Junta señalada como responsable, por autos de veintiséis de febrero y doce de noviembre de dos mil catorce, ordenó la ejecución contra Ma. Fátima del Rosario Martínez Delgado, quien aduce que es persona ajena a la controversia y a la parte patronal Ma. del Rosario de Fátima Martínez Delgado. Ello, proveyendo contra constancias de la certificación de veintiséis de febrero de dos mil catorce levantada por el secretario de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, quien determinó que Ma. Fátima del Rosario Martínez Delgado, era quien fue condenada en la citada resolución, quien además fue contumaz en acatarlo. 3. Luego, en fecha quince de enero de dos mil quince, se ejecutó medida cautelar en contra de la citada condenada, embargándose el inmueble conocido como "Hotel del Centro", no obstante que la ejecución estaba determinada contra Ma. Fátima del Rosario Martínez Delgado, no así contra Ma. del Rosario de Fátima Martínez Delgado; medida cautelar que se ejecutó por la Actuaria del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas, en los autos del exhorto 152/2015, en auxilio a la ejecución dictada por la autoridad laboral señalada como responsable. 4. En fecha nueve de junio de dos mil quince, se presentó escrito firmado y ratificado por Ma. del Rosario de Fátima Martínez Delgado, donde declaró extinta la obligación laboral fijada en la condena mencionada, al haberse reunido en la misma persona, el crédito y la obligación, es decir, a favor de sí misma, por lo que solicitó a la Junta, se declarara cumplido el laudo y se levantaran las medidas cautelares ejecutadas. 5. A esa petición, recayó el auto de quince de junio de dos mil quince, por el que dicha Junta de Conciliación y Arbitraje, negó esa pretensión, estableciendo que el crédito correspondía a Ma. Dolores González Martínez, por lo que no era posible dar ese laudo por pagado o cumplido. 6. Así, contra esa determinación que modificó la obligación determinada en el laudo de tres de octubre de dos mil doce, el veinticuatro de junio de dos mil quince se promovió recurso de revisión; posteriormente el veintitrés de junio de ese año, se celebró la audiencia, donde se ofrecieron pruebas, y se rindieron alegatos, y ante la negligencia por parte de la Junta de dictar la resolución correspondiente, se promovió amparo, que culminó con la concesión del mismo, el que obligó a la Junta responsable a dictar la resolución derivada de ese recurso de revisión. 7. Finalmente, en fecha trece de mayo de dos mil dieciséis, la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, en cumplimiento al fallo protector concedido, dictó resolución, la cual es inatacable por la vía ordinaria Las anteriores aseveraciones las narró la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, y resulta procedente valorarlo en términos de lo dispuesto por los artículos 95, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente. Se cita por aplicable, la tesis proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página ochocientos cincuenta y siete, Tomo XII, Diciembre de mil novecientos noventa y tres, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTÍCULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa." En atención a lo anterior, la suscrita considera procedente desechar de plano la demanda de amparo; pues, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]." Como punto de partida, debemos precisar que el artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Argumentos que tiene sustento en la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ULTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la 'última resolución' que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione otra interpretación diferente ". Ahora bien, el acto reclamado a juicio del que esto resuelve, no constituye la última resolución, pues se trata de una determinación intermedia, que tuvo como finalidad el reconocimiento de la persona a quien se le atribuirá la obligación de cumplir con lo condenado en el laudo de tres de octubre de dos mil doce, en los autos del expediente laboral 487/III/2010 y que resultó desfavorable a la quejosa, pues según indicó, no se modificó la obligación determinada en el laudo, es decir, no se declaró extinta la obligación laboral en favor de Ma. del Rosario de Fátima Martínez Delgado. Luego, es de indicarse que el acto aludido, debe reclamarse a través del amparo que se promueva contra la última resolución emitida en la etapa de ejecución de ese procedimiento, pues no se está en presencia de aquél proveído en el que la autoridad apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total del laudo en comento, o bien, declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, sino se trata de una determinación que tiene por objeto el cercioramiento de la persona a quien se obligara a cumplir con la determinación de la autoridad laboral, en el laudo mencionado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA.- La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio. " Aunado a lo anterior, es de indicarse que el acto reclamado, de ningún modo reúne las características de una resolución firme que culmina con la etapa de ejecución del laudo; por lo que, no puede ser impugnada de forma inmediata a través del juicio de amparo, sino que tendrá que hacerse valer como violación procesal en la demanda de amparo que se intente contra la última resolución del procedimiento respectivo. Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.- De lo dispuesto en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se desprenden dos hipótesis de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, a saber: a) actos que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución y, b) actos en ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, debe precisarse que son aquellos que cuentan con autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, por tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. Respecto de la segunda clase, el amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que prueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento), en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución. Por otro lado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, el día cuatro de mayo de dos mil diez, emitió la tesis jurisprudencial de rubro siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.". Como punto toral del criterio antes señalado, el Tribunal Pleno estableció que la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo debe interpretarse a la luz de la fracción IV del mismo numeral dado que este último contempla un supuesto de aplicación más amplio y más protector y, por lo tanto, los supuestos normativos de la primera fracción referida se subsumen dentro de la segunda fracción citada, entendiéndose la procedencia excepcional del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, sea éste el ejecutante o el ejecutado. Ahora bien, en atención al criterio antes señalado, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la interlocutoria que desestima de manera firme una excepción sustancial y perentoria, alguna defensa u otro acto que tienda a detener o interrumpir la ejecución de la sentencia, como puede ser la excepción de pago o la de prescripción del derecho de pedir la ejecución, o bien, otro acto como un convenio de ejecución entre las partes, es impugnable de forma inmediata a través del juicio de amparo indirecto sin que tenga que hacerse valer como una violación procesal en la demanda de garantías que se intente contra la última resolución del procedimiento respectivo, ya que éstos resultan actos de imposible reparación ." En tales condiciones, debe concluirse que en la especie, como el acto reclamado no se encuentra en los comprendidos por la fracción IV segundo párrafo del transcrito artículo 107 de la Ley de Amparo, deberá reclamarse a través del amparo que se promueva contra la última resolución en la etapa de ejecución, que en el caso sería el auto en que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, tenga por cumplido el laudo, o bien, declare la imposibilidad material para darle cumplimiento, momento en el que podrá considerarse que se dictó la última resolución en el procedimiento de ejecución y, por ende, la idónea para acudir a la instancia constitucional. No pasa por desapercibido para esta Juzgadora, los actos reclamados por parte de la quejosa, y atribuidos al actuario y Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas, respecto a la competencia para conocer del exhorto 152/2014, enviado en su auxilio, por la Junta considerada como responsable; ello, en virtud de que esa circunstancia, no puede influir en la determinación respecto al cumplimiento o no del laudo, sino únicamente se solicitó el auxilio de esa autoridad jurisdiccional para ese fin, en términos del artículo 753, de la Ley Federal del Trabajo. En consecuencia, en la especie se hace presente la causa de improcedencia a contrario sensu prevista por la fracción IV, del artículo 107 de la Legislación en consulta, por lo que con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 del mismo ordenamiento legal, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA de amparo promovida por María del Rosario de Fátima Martínez Delgado, por conducto de su apoderado legal Elliot Quiroz Juárez. Apoya esta conclusión, la tesis I.13o.A.4 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, correspondiente al mes de agosto de dos mil uno, de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó, en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, a la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Finalmente, téngase a la parte quejosa, como domicilio para oír y recibir notificaciones en el domicilio ubicado en calle Mina Valenciana, número 2016, interior 3, colonia Minera, en Zacatecas, Zacatecas, autorizando para tal efecto, a los licenciados Juan Carlos Zorrilla García, Francisco Javier López Reséndiz, Loth Garay Palacios y Luis Fernando Ávila Cortes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el Secretario que autoriza, licenciado Jorge Martín Zamora González. DOY FE.
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