Ma. del Rosario de Fátima Martínez Delgado

Expediente 515/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
515/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
15/07/2019

Partes del expediente

  • Ma. del Rosario de Fátima Martínez Delgado
  • Ma. Dolores González Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    El quince de julio de dos mil diecinueve la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, trascurrió del ocho al doce del mes y año en curso, contra el auto que desechó la demanda de derechos. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos para devolver a la parte quejosa con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a quince de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto que desechó la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Ahora bien, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, éste expediente es destruible. Por tanto, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del referido acuerdo, remítase el citado expediente por conducto de la Administración Regional a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe. Regina.

  2. Principal

    CUENTA. El veintiocho de junio de dos mil diecinueve, se da cuenta con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por Ma. Del Rosario de Fátima Martínez Delgado, registrada con el folio 9285, con cuatro copias. La circunstancia de que el licenciado Elliot Quiroz Juárez (4203476) tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintiocho de junio de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Ma. Del Rosario de Fátima Martínez Delgado, contra actos de la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; por considerar que transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 8 y 16constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 515/2019 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12 del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESECHAMIENTO. En consecuencia, se procede a analizar sobre la procedibilidad de la acción constitucional, de conformidad con lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que autoriza al Juez a desechar de plano la demanda, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Al respecto, debe precisarse que de la lectura integral que se realiza a la demanda, se advierte que la quejosa señala como autoridad responsable y acto reclamado lo siguiente: Autoridad responsable: La presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Actos reclamados: La resolución de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve dictada dentro del expediente 478/III/2010, que dice: [.] ".ZACATECAS, ZACATECAS, a TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Por recibido el escrito presentado por el C. LIC. ELLIOT QUIROZ JUÁREZ, en su carácter de apoderado jurídico de la parte demandada, en el expediente laboral que al rubro se indica, en el cual señala en el punto PRIMERO.- Solicita se declare la validez del exhorto donde se notifica a esta JULCA, el auto de fecha 16 de enero de 2018, dicado en el juicio ejecutivo mercantil 3/2016-M, del Juzgado Segundo Civil del Partido en Guanajuato, Guanajuato. SEGUNDO.- Solicita se declare la validez del exhorto donde se notifica a esta JULCA, el auto de fecha 22 de octubre de 2018, dictado en el juicio mercantil 3/2016-M, del Juzgado Segundo Civil de Partido en Guanajuato. TERCERO.- Toda vez que quedaron adjudicados mercantilmente en el juicio ejecutivo mercantil 3/2016-M del Juzgado Segundo Civil de Partido en Guanajuato, a favor de MA.DEL ROSARIO DE FATIMA a) los montos líquidos del laudo de 3 de octubre de 2010; b) así como la sentencia incidental de fecha 05 de octubre de 2018, CUARTO.-Pido se autorice la liberación del embargo sobre el inmueble de la patronal, QUINTO.- Solicito se gire oficio al Registro Público de Río Grane, Zacatecas, al efecto de que se cancele la inscripción del embargo, SEXTO.- Pido se expidan DOS copias certificadas, en juegos de los documentos que señala en los puntos del 1 al 7. SÉPTIMO.- Adicional a los autorizados ya existentes autorizo a MARÍA DEL PLIAR YEBRA ESCOBAR, IVONNE BERENICE MORALES GRANADOS y a JOSÉ CRUZ PIEDRA, para recoger dicha documental, notificaciones e imponerse en autos; OCTAVO.- Solicito la devolución de la parte demandada de toda la documental original e imponerse de autos, NOVENO.- pido se deje el oficio registrado y elaborado y no así que lo emplacen a hacer el día que vaya a uno a recogerlo: y nos traiga con pretextos perdiendo un día o dos en esperar a que dicho oficio esté concluido y firmado, Decimo.- Solicita se notifique personalmente el auto que acuerde esta petición por tener efectos trascendentales patrimoniales para liberar o mantener vigentes las obligaciones crediticias patronales; DECIMO PRIMERO, DECIMO SEGUNDO, DECIMO TERCERO, DECIMO CUARTO, DECIMO QUINTO; a lo que la Junta ACUERDA.- téngase por recibió el escrito de cuenta ordenándose se agregue a sus autos para los efectos legales a que haya lugar por lo que a los puntos PRIMERO. SEGUNDO, nos e acuerda de conformidad su solicitud toda vez que esta autoridad le ha dado el valor probatorio en sus términos y para sus efectos legales, por lo que debe estarse a lo acordado a la resolución del incidente de liquidación de fecha 05 de octubre de 2018, en cuanto al punto TERCERO no se acuerda de conformidad el mismo por lo que se le hace del conocimiento al apoderado legal de la parte demandada que esta autoridad no está facultada para compensar el crédito mercantil con el crédito laboral del presente juicio, por lo que dicha compensación se debió haber realizado en su momento procesal oportuno, por la autoridad facultada para tal hecho razón por la cual esta autoridad no se puede autorizar tanto la liberación del embargo sobre el bien inmueble de la patronal, así como girar el oficio respectivo al Registro Público de Río Grande, Zacatecas, toda vez que la parte demandada no ha dado cumplimiento al incidente de liquidación, motivo por el cual resulta inútil e intrascendente referirse en cuanto a los puntos CUATO y QUINTO: Únicamente se acuerda de conformidad el punto SEXTO Y SEPTIMO, por lo que expídase las copias certificadas que señala a su costa, así mismo se tiene autorizado únicamente para recoger documental y notificaciones a las CC. María del Pilar Yerba Escobar Ivonne Berenice Morales Granados y a José Cruz Piedra, más no así para imponerse en autos, toda vez que dicho apoderado legal no tiene facultades, toda vez que de su poder no se desprende poder para delegar su mandato a terceros; en cuanto al punto OCTAVO, no se acuerda de conformidad el mismo, toda vez que el presente expediente en el que se actúa, se encuentra activo. Por lo que una vez que la parte demandada dé cumplimiento a la resolución del incidente de liquidación, se acordará lo que en derecho convenga en cuanto al punto NOVENO, se acuerda de conformidad en cuanto al punto DECIMO, el acuerdo relativo se le notificara en sus términos, en el domicilio señalado para tal efecto en cuanto a los puntos DECIMO PRIMERO, DECIMO SEGUNDO, DECIMO TERCERO, DEIMO CUATRO, DECIMO QUINTO, los mismos se encuentran acordados líneas arriba, así mismo y toda vez que desprende de autos mediante oficio número 1798 remitido por el C. Lic MARCO ANTONIO RECENDEZ GUERRERO, en su carácter de Juez Primero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Zacatecas, en el cual única y exclusivamente hace del conocimiento a esta autoridad sobre el juicio mercantil número 3/2016, promovido por Elliot Quiroz Juárez, Eugenio Quiroz Godínez y Gloria Juárez Sandoval en contra de Ma. Dolores González Martínez y/o María Dolores González Mtz en el cual se embargaron los derechos crediticios letigiosos del juicio laboral 487/2010 en el cual solicita se le informe la cantidad liquida decretada en auto de fecha tres de octubre de dos mil doce, solicitud la cual se dio cumplimiento mediante oficio 872/2017, de igual manera mediante oficio 244, remitido a esta autoridad por el C. Lic Héctor Manuel Carlos Félix en su carácter de juez tercero del ramo mercantil de la capital, hace del conocimiento a esta autoridad de la adjudicación por la cantidad de 87,952. 44 (ochenta y siete mil novecientos cincuenta y dos pesos 44/100 m.n) decretada a favor de la C. Ma. Del Rosario de Fátima Martínez Delgado dentro del expediente número 3/2016 promovido Ma. Del Rosario de Fátima Martínez en contra de Ma. Dolores González Martínez y /o Ma. Dolores González Mtz documentos de los cuales en ninguno de ellos, requieren a esta autoridad a fin de que tenga a bien levantar el embargo practicado en la diligencia de requerimiento de pago y/o embargo, en fecha quince de enero de dos mil quince por el actuario adscrito al juzgado de primera instancia y de lo familiar de Miguel Auza Zacatecas, razón por la cual esta autoridad no cuenta con las facultades para ordenar el levantamiento de dicho embargo, asimismo dentro de la resolución del incidente de liquidación promovido por la parte demandad en su resolutivo tercero se declara procedente el mismo y en el cual se señala que la demandada c. Ma. Del Rosario Fátima MRATINEZ Delgado y/o Ma. Del Rosario Martínez Delgado, deberá liquidar a la C. Ma. Dolores González Martínez la cantidad de $107,880.32 (ciento siete mil ochocientos ochenta pesos 32/100 M.N), por concepto de las prestaciones a las que fuera condenada por este tribunal en el laudo de fecha 3 de octubre de 2013: cantidad que resulto de realizar el descuento de la cantidad de $87952.44 (ochenta y siete mil novecientos cincuenta y dos pesos 44/100 m. n.) cantidad adjudicada en el expediente mercantil número 3/2016/M promovido Ma. Del Rosario de Fátima Martínez en contra de Ma. Dolores González Martínez y Ma. Dolores González Mtz a la cantidad condenada dentro del incidente de liquidación siendo esta la cantidad de $195,832.76 (ciento noventa y cinco mil ochocientos treinta y dos pesos 76/100 m.n): por lo que la parte demandada deberá liquidar la cantidad de $107,880.32 (ciento siete mil ochocientos ochenta pesos 32/100 m.n), cantidad que no se encuentra adjudicada dentro delo juicio mercantil que señala por lo que una vez que la parte demandada de cumplimiento a la resolución incidental antes invocada se acordara lo que en derecho convenga, asimismo se le culmina al apoderado legal de la parte demandada, a que se conduzca con respeto a esta autoridad ya que si no se encuentra de acuerdo con lo que esta autoridad determine existen instancias superiores a las cuales puede recurrir y que sea una autoridad quien determine si esta autoridad está actuando conforme a derecho, por lo que se le deja a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía o instancia pertinente." [.] Con base en estas premisas, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio y anexos, se advierte que el acto reclamado lo constituye el acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, dictado por la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, en autos del juicio laboral 487/III/2010 (mismo que se encuentra en etapa de ejecución del laudo), a través del cual negó acordar de conformidad diversas solicitudes realizadas por el apoderado de la ahora quejosa. Ahora bien, el suscrito advierte que respecto del acto reclamado se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]." El precepto anteriormente transcrito consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto, en contra de las resoluciones dictadas por un tribunal en el supuesto de que, contra del acto reclamado, proceda un recurso o medio ordinario de defensa, dentro del procedimiento, susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Cabe destacar que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Amparo supliría las facultades de la administración pública. Ilustra a lo anterior la jurisprudencia, cuyo tenor es el siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". En ese orden de ideas, a efecto de evidenciar la actualización de la causa de improcedencia en comento, deviene necesario destacar a quién corresponde llevar a cabo el procedimiento de ejecución de los laudos dictados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje. En ese tenor, los artículos 939, 940 y 949 de la Ley Federal de Trabajo señalan: "Artículo 939. Las disposiciones de este Título rigen la ejecución de los laudos dictados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Son también aplicables a los laudos arbitrales, a las resoluciones dictadas en los conflictos colectivos de naturaleza económica y a los convenios celebrados ante las Juntas". "Artículo 940. La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita". "Artículo 949. Siempre que en ejecución de un laudo deba entregarse una suma de dinero o el cumplimiento de un derecho al trabajador, el Presidente cuidará que se le otorgue personalmente. En caso de que la parte demandada radique fuera del lugar de residencia de la Junta, se girará exhorto al Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje o al Juez más próximo a su domicilio para que se cumplimente la ejecución del laudo". De los preceptos reproducidos se colige que la ejecución de los laudos emitidos por las Juntas de Conciliación y Arbitraje corresponde llevarla a cabo a los presidentes de las mismas. Asimismo, los artículos relativos a la procedencia del recurso de revisión previstos por la legislación laboral federal, son del tenor siguiente: "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión." "Artículo 850. De la revisión conocerán: I. La Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, integrada con los representantes de los patrones y de los trabajadores y con el auxiliar que esté conociendo del asunto, conforme al artículo 635 de esta Ley, cuando se trate de actos de los Presidentes de las mismas; II. El Presidente de la Junta o el de la Junta Especial correspondiente, cuando se trate de actos de los actuarios o de los funcionarios legalmente habilitados; y III. La Junta de Conciliación y Arbitraje con la participación del Secretario General de Acuerdos, cuando se trate de actos del Presidente de ésta o cuando se trate de un conflicto que afecte dos o más ramas de la industria." "Artículo 851. La revisión deberá presentarse por escrito ante la autoridad competente, dentro de los tres días siguientes al en que se tenga conocimiento del acto que se impugne." "Artículo 852. En la tramitación de la revisión se observarán las normas siguientes: I. Al promoverse la revisión se ofrecerán las pruebas respectivas; II. Del escrito de revisión se dará vista a las otras partes por tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezcan las pruebas que juzguen pertinentes; y III. Se citará a una audiencia de pruebas y alegatos, dentro de los diez días siguientes a la presentación de la revisión, en la que se admitirán y desahogarán las pruebas procedentes y se dictará resolución. Declarada procedente la revisión, se modificará el acto que la originó en los términos que procedan y se aplicarán las sanciones disciplinarias a los responsables, conforme lo señalan los artículos 637 al 647 de esta Ley." El análisis sistemático de los anteriores dispositivos legales revela que el legislador dispuso que procede el recurso de revisión contra los actos de ejecución de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de laudos, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares. También estableció que del citado medio de impugnación conocerá, en el primer supuesto, la Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, cuando se trate de actos de los Presidentes de las mismas. En la segunda hipótesis, conocerá el presidente de la Junta o el de la Junta Especial que corresponda cuando se trate de actos de los actuarios o de los funcionarios legalmente habilitados para llevar a cabo el acto de ejecución. Finalmente, en el tercer supuesto, conocerá el Pleno de la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando se trate de actos del presidente de ésta, o cuando se trate de un conflicto que afecte a dos o más ramas de la industria. Ahora bien, para estar en aptitud de determinar sobre la necesidad de agotar el recurso de revisión para la procedencia del juicio de amparo, es necesario establecer con claridad si los presidentes de las Juntas tienen o no facultades para ejecutar los laudos emitidos por las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Al respecto de los artículos 617 y 618 prevén sus facultades en los siguientes términos: "Artículo 617. El Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tiene las facultades y obligaciones siguientes: [.] IV. Ejecutar los laudos dictados por el Pleno y por las Juntas Especiales en los casos señalados en la fracción anterior; [.]." "Artículo 618. Los Presidentes de las Juntas Especiales tienen las obligaciones y facultades siguientes: [.] II. Ordenar la ejecución de los laudos dictados por la Junta Especial; [.]." Como puede advertirse de los preceptos reproducidos, los presidentes de las Juntas tienen, entre otras facultades y obligaciones, la de ejecutar los laudos dictados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, y estas últimas, a su vez, tienen las siguientes: "Artículo 614. El Pleno de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tiene las facultades y obligaciones siguientes: [.] III. Conocer del recurso de revisión interpuesto en contra de las resoluciones dictadas por el Presidente de la Junta en la ejecución de los laudos del Pleno; [.]". "Artículo 616. Las Juntas Especiales tienen las facultades y obligaciones siguientes: [.] IV. Conocer del recurso de revisión interpuesto en contra de las resoluciones del Presidente en ejecución de los laudos; [.]". De todo lo expuesto se llega al convencimiento de que los presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje son los que cuentan con facultades para tramitar y resolver todo lo atinente a la ejecución de los laudos y si, como en el caso, el acto reclamado consiste en el acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, dictado por la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, en autos del juicio laboral 457/III/2010 (mismo que se encuentra en etapa de ejecución del laudo), a través del cual, negó proveer de conformidad diversas peticiones de la parte demandada (aquí quejosa), tendiente a que se autorice la liberación del embargo sobre el inmueble de la patronal, así como que se gire oficio al Registro Público de Río Grane, Zacatecas, a efecto de que se cancele la inscripción del embargo en dicho controvertido laboral, es claro que en contra de tal determinación procede el recurso de revisión a que se refiere el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, ya que este dispositivo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las tercerías o de los dictados en las providencias cautelares. Esto es así, ya que una vez que fue dictado el laudo correspondiente cesa la función de la Junta de Conciliación y Arbitraje, pues a partir de ese momento se entra a la etapa de ejecución del mismo, la cual, por disposición expresa de la Ley Federal del Trabajo, artículos 617 y 618, corresponde llevar a cabo a los presidentes de las Juntas, toda vez que tales dispositivos les confiere exclusivamente esas atribuciones. Máxime que los tópicos del acuerdo reclamado están dirigidos a que se autorice la liberación del embargo sobre el inmueble de la patronal, así como que se gire oficio al Registro Público de Río Grane, Zacatecas, al efecto de que se cancele la inscripción del embargo en dicho controvertido. En consecuencia, es dable concluir que el recurso de revisión procede en contra del acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, dictado por la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, en autos del juicio laboral 487/III/2010, por disposición expresa del numeral 849 de la Ley Federal del Trabajo. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 95/2002 emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, la cual emitió -en la ejecutoria correspondiente- las consideraciones anteriormente parafraseadas y que sirven de premisa normativa para la emisión de este auto en lo aplicable al caso concreto. La tesis jurisprudencial de mérito es localizable en la página 374, Tomo XVI, Agosto de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos, convenios y resoluciones que ponen fin a las tercerías; así como en contra de los dictados en las providencias cautelares. Ahora bien, si el acto reclamado consiste en la resolución dictada por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje, en la etapa de ejecución del laudo, por la cual resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutarlo, es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de revisión previsto en el citado precepto, toda vez que dicho acto fue emitido dentro del procedimiento de ejecución, como lo señalan los dispositivos 617 y 618 de la referida ley, pues a través de ese medio de impugnación podrá revocarse, modificarse o anularse tal acto presidencial y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." Cabe precisar, que como consecuencia de la interpretación que ya ha hecho la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno a la procedencia del recurso de revisión contra todas aquellas determinaciones que aunque no hayan sido emitidas estrictamente para la ejecución de un laudo, sean emitidas durante la etapa de ejecución del laudo, ello al tenor de la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia que antecede, por consiguiente no se actualiza el supuesto de excepción previsto en el último párrafo de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, acorde con la jurisprudencia 2a./J. 86/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. LOS SUPUESTOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZAN CUANDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HA DETERMINADO JURISPRUDENCIALMENTE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA CONTRA EL ACTO RECLAMADO". Así pues, como la parte quejosa no observó el principio de definitividad en contra del acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, dictado por la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, en autos del juicio laboral 487/III/2010, pues en su contra procede el recurso de revisión de los actos de ejecución, previsto por el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, es evidente, que se actualiza la causal de improcedencia señalada en el dispositivo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Teniendo aplicación la tesis Jurisprudencial que a la letra dice: "RECURSOS ORDINARIOS.- El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo". También apoya lo antes expuesto, la jurisprudencia bajo el rubro y texto siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". En virtud de las consideraciones expuestas en este proveído, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo de que se trata. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como autorizado con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Elliot Quiroz Juárez, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Se tiene como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a Juan Carlos Zorrilla García, Francisco Javier López Reséndiz, Loth Garay Palacios y Luis Fernando Ávila Cortes, por así solicitarlo la parte quejosa y como domicilio para tal fin el ubicado en calle Mina Valenciana, número doscientos seis interior tres (206-3), colonia Minera en esta ciudad. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. Regina.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA MA. DEL ROSARIO DE FÁTIMA MARTÍNEZ DELGADO, LA DETERMINACIÓN DE VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "...Zacatecas, Zacatecas, veintiocho de junio de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Ma. Del Rosario de Fátima Martínez Delgado, contra actos de la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; por considerar que transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 8 y 16constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 515/2019 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12 del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESECHAMIENTO. En consecuencia, se procede a analizar sobre la procedibilidad de la acción constitucional, de conformidad con lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que autoriza al Juez a desechar de plano la demanda, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. (...) En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Al respecto, debe precisarse que de la lectura integral que se realiza a la demanda, se advierte que la quejosa señala como autoridad responsable y acto reclamado lo siguiente: Autoridad responsable: La presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Actos reclamados: La resolución de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve dictada dentro del expediente 478/III/2010, que dice: [.] ".ZACATECAS, ZACATECAS, a TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Por recibido el escrito presentado por el C. LIC. ELLIOT QUIROZ JUÁREZ, en su carácter de apoderado jurídico de la parte demandada, en el expediente laboral que al rubro se indica, en el cual señala en el punto PRIMERO.- Solicita se declare la validez del exhorto donde se notifica a esta JULCA, el auto de fecha 16 de enero de 2018, dicado en el juicio ejecutivo mercantil 3/2016-M, del Juzgado Segundo Civil del Partido en Guanajuato, Guanajuato. SEGUNDO.- Solicita se declare la validez del exhorto donde se notifica a esta JULCA, el auto de fecha 22 de octubre de 2018, dictado en el juicio mercantil 3/2016-M, del Juzgado Segundo Civil de Partido en Guanajuato. TERCERO.- Toda vez que quedaron adjudicados mercantilmente en el juicio ejecutivo mercantil 3/2016-M del Juzgado Segundo Civil de Partido en Guanajuato, a favor de MA.DEL ROSARIO DE FATIMA a) los montos líquidos del laudo de 3 de octubre de 2010; b) así como la sentencia incidental de fecha 05 de octubre de 2018, CUARTO.-Pido se autorice la liberación del embargo sobre el inmueble de la patronal, QUINTO.- Solicito se gire oficio al Registro Público de Río Grane, Zacatecas, al efecto de que se cancele la inscripción del embargo, SEXTO.- Pido se expidan DOS copias certificadas, en juegos de los documentos que señala en los puntos del 1 al 7. SÉPTIMO.- Adicional a los autorizados ya existentes autorizo a MARÍA DEL PLIAR YEBRA ESCOBAR, IVONNE BERENICE MORALES GRANADOS y a JOSÉ CRUZ PIEDRA, para recoger dicha documental, notificaciones e imponerse en autos; OCTAVO.- Solicito la devolución de la parte demandada de toda la documental original e imponerse de autos, NOVENO.- pido se deje el oficio registrado y elaborado y no así que lo emplacen a hacer el día que vaya a uno a recogerlo: y nos traiga con pretextos perdiendo un día o dos en esperar a que dicho oficio esté concluido y firmado, Decimo.- Solicita se notifique personalmente el auto que acuerde esta petición por tener efectos trascendentales patrimoniales para liberar o mantener vigentes las obligaciones crediticias patronales; DECIMO PRIMERO, DECIMO SEGUNDO, DECIMO TERCERO, DECIMO CUARTO, DECIMO QUINTO; a lo que la Junta ACUERDA.- téngase por recibió el escrito de cuenta ordenándose se agregue a sus autos para los efectos legales a que haya lugar por lo que a los puntos PRIMERO. SEGUNDO, nos e acuerda de conformidad su solicitud toda vez que esta autoridad le ha dado el valor probatorio en sus términos y para sus efectos legales, por lo que debe estarse a lo acordado a la resolución del incidente de liquidación de fecha 05 de octubre de 2018, en cuanto al punto TERCERO no se acuerda de conformidad el mismo por lo que se le hace del conocimiento al apoderado legal de la parte demandada que esta autoridad no está facultada para compensar el crédito mercantil con el crédito laboral del presente juicio, por lo que dicha compensación se debió haber realizado en su momento procesal oportuno, por la autoridad facultada para tal hecho razón por la cual esta autoridad no se puede autorizar tanto la liberación del embargo sobre el bien inmueble de la patronal, así como girar el oficio respectivo al Registro Público de Río Grande, Zacatecas, toda vez que la parte demandada no ha dado cumplimiento al incidente de liquidación, motivo por el cual resulta inútil e intrascendente referirse en cuanto a los puntos CUATO y QUINTO: Únicamente se acuerda de conformidad el punto SEXTO Y SEPTIMO, por lo que expídase las copias certificadas que señala a su costa, así mismo se tiene autorizado únicamente para recoger documental y notificaciones a las CC. María del Pilar Yerba Escobar Ivonne Berenice Morales Granados y a José Cruz Piedra, más no así para imponerse en autos, toda vez que dicho apoderado legal no tiene facultades, toda vez que de su poder no se desprende poder para delegar su mandato a terceros; en cuanto al punto OCTAVO, no se acuerda de conformidad el mismo, toda vez que el presente expediente en el que se actúa, se encuentra activo. Por lo que una vez que la parte demandada dé cumplimiento a la resolución del incidente de liquidación, se acordará lo que en derecho convenga en cuanto al punto NOVENO, se acuerda de conformidad en cuanto al punto DECIMO, el acuerdo relativo se le notificara en sus términos, en el domicilio señalado para tal efecto en cuanto a los puntos DECIMO PRIMERO, DECIMO SEGUNDO, DECIMO TERCERO, DEIMO CUATRO, DECIMO QUINTO, los mismos se encuentran acordados líneas arriba, así mismo y toda vez que desprende de autos mediante oficio número 1798 remitido por el C. Lic MARCO ANTONIO RECENDEZ GUERRERO, en su carácter de Juez Primero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Zacatecas, en el cual única y exclusivamente hace del conocimiento a esta autoridad sobre el juicio mercantil número 3/2016, promovido por Elliot Quiroz Juárez, Eugenio Quiroz Godínez y Gloria Juárez Sandoval en contra de Ma. Dolores González Martínez y/o María Dolores González Mtz en el cual se embargaron los derechos crediticios letigiosos del juicio laboral 487/2010 en el cual solicita se le informe la cantidad liquida decretada en auto de fecha tres de octubre de dos mil doce, solicitud la cual se dio cumplimiento mediante oficio 872/2017, de igual manera mediante oficio 244, remitido a esta autoridad por el C. Lic Héctor Manuel Carlos Félix en su carácter de juez tercero del ramo mercantil de la capital, hace del conocimiento a esta autoridad de la adjudicación por la cantidad de 87,952. 44 (ochenta y siete mil novecientos cincuenta y dos pesos 44/100 m.n) decretada a favor de la C. Ma. Del Rosario de Fátima Martínez Delgado dentro del expediente número 3/2016 promovido Ma. Del Rosario de Fátima Martínez en contra de Ma. Dolores González Martínez y /o Ma. Dolores González Mtz documentos de los cuales en ninguno de ellos, requieren a esta autoridad a fin de que tenga a bien levantar el embargo practicado en la diligencia de requerimiento de pago y/o embargo, en fecha quince de enero de dos mil quince por el actuario adscrito al juzgado de primera instancia y de lo familiar de Miguel Auza Zacatecas, razón por la cual esta autoridad no cuenta con las facultades para ordenar el levantamiento de dicho embargo, asimismo dentro de la resolución del incidente de liquidación promovido por la parte demandad en su resolutivo tercero se declara procedente el mismo y en el cual se señala que la demandada c. Ma. Del Rosario Fátima MRATINEZ Delgado y/o Ma. Del Rosario Martínez Delgado, deberá liquidar a la C. Ma. Dolores González Martínez la cantidad de $107,880.32 (ciento siete mil ochocientos ochenta pesos 32/100 M.N), por concepto de las prestaciones a las que fuera condenada por este tribunal en el laudo de fecha 3 de octubre de 2013: cantidad que resulto de realizar el descuento de la cantidad de $87952.44 (ochenta y siete mil novecientos cincuenta y dos pesos 44/100 m. n.) cantidad adjudicada en el expediente mercantil número 3/2016/M promovido Ma. Del Rosario de Fátima Martínez en contra de Ma. Dolores González Martínez y Ma. Dolores González Mtz a la cantidad condenada dentro del incidente de liquidación siendo esta la cantidad de $195,832.76 (ciento noventa y cinco mil ochocientos treinta y dos pesos 76/100 m.n): por lo que la parte demandada deberá liquidar la cantidad de $107,880.32 (ciento siete mil ochocientos ochenta pesos 32/100 m.n), cantidad que no se encuentra adjudicada dentro delo juicio mercantil que señala por lo que una vez que la parte demandada de cumplimiento a la resolución incidental antes invocada se acordara lo que en derecho convenga, asimismo se le culmina al apoderado legal de la parte demandada, a que se conduzca con respeto a esta autoridad ya que si no se encuentra de acuerdo con lo que esta autoridad determine existen instancias superiores a las cuales puede recurrir y que sea una autoridad quien determine si esta autoridad está actuando conforme a derecho, por lo que se le deja a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía o instancia pertinente." [.] Con base en estas premisas, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio y anexos, se advierte que el acto reclamado lo constituye el acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, dictado por la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, en autos del juicio laboral 487/III/2010 (mismo que se encuentra en etapa de ejecución del laudo), a través del cual negó acordar de conformidad diversas solicitudes realizadas por el apoderado de la ahora quejosa. Ahora bien, el suscrito advierte que respecto del acto reclamado se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]." El precepto anteriormente transcrito consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto, en contra de las resoluciones dictadas por un tribunal en el supuesto de que, contra del acto reclamado, proceda un recurso o medio ordinario de defensa, dentro del procedimiento, susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Cabe destacar que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Amparo supliría las facultades de la administración pública. Ilustra a lo anterior la jurisprudencia, cuyo tenor es el siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". En ese orden de ideas, a efecto de evidenciar la actualización de la causa de improcedencia en comento, deviene necesario destacar a quién corresponde llevar a cabo el procedimiento de ejecución de los laudos dictados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje. En ese tenor, los artículos 939, 940 y 949 de la Ley Federal de Trabajo señalan: "Artículo 939. Las disposiciones de este Título rigen la ejecución de los laudos dictados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Son también aplicables a los laudos arbitrales, a las resoluciones dictadas en los conflictos colectivos de naturaleza económica y a los convenios celebrados ante las Juntas". "Artículo 940. La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita". "Artículo 949. Siempre que en ejecución de un laudo deba entregarse una suma de dinero o el cumplimiento de un derecho al trabajador, el Presidente cuidará que se le otorgue personalmente. En caso de que la parte demandada radique fuera del lugar de residencia de la Junta, se girará exhorto al Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje o al Juez más próximo a su domicilio para que se cumplimente la ejecución del laudo". De los preceptos reproducidos se colige que la ejecución de los laudos emitidos por las Juntas de Conciliación y Arbitraje corresponde llevarla a cabo a los presidentes de las mismas. Asimismo, los artículos relativos a la procedencia del recurso de revisión previstos por la legislación laboral federal, son del tenor siguiente: "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión." "Artículo 850. De la revisión conocerán: I. La Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, integrada con los representantes de los patrones y de los trabajadores y con el auxiliar que esté conociendo del asunto, conforme al artículo 635 de esta Ley, cuando se trate de actos de los Presidentes de las mismas; II. El Presidente de la Junta o el de la Junta Especial correspondiente, cuando se trate de actos de los actuarios o de los funcionarios legalmente habilitados; y III. La Junta de Conciliación y Arbitraje con la participación del Secretario General de Acuerdos, cuando se trate de actos del Presidente de ésta o cuando se trate de un conflicto que afecte dos o más ramas de la industria." "Artículo 851. La revisión deberá presentarse por escrito ante la autoridad competente, dentro de los tres días siguientes al en que se tenga conocimiento del acto que se impugne." "Artículo 852. En la tramitación de la revisión se observarán las normas siguientes: I. Al promoverse la revisión se ofrecerán las pruebas respectivas; II. Del escrito de revisión se dará vista a las otras partes por tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezcan las pruebas que juzguen pertinentes; y III. Se citará a una audiencia de pruebas y alegatos, dentro de los diez días siguientes a la presentación de la revisión, en la que se admitirán y desahogarán las pruebas procedentes y se dictará resolución. Declarada procedente la revisión, se modificará el acto que la originó en los términos que procedan y se aplicarán las sanciones disciplinarias a los responsables, conforme lo señalan los artículos 637 al 647 de esta Ley." El análisis sistemático de los anteriores dispositivos legales revela que el legislador dispuso que procede el recurso de revisión contra los actos de ejecución de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de laudos, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares. También estableció que del citado medio de impugnación conocerá, en el primer supuesto, la Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, cuando se trate de actos de los Presidentes de las mismas. En la segunda hipótesis, conocerá el presidente de la Junta o el de la Junta Especial que corresponda cuando se trate de actos de los actuarios o de los funcionarios legalmente habilitados para llevar a cabo el acto de ejecución. Finalmente, en el tercer supuesto, conocerá el Pleno de la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando se trate de actos del presidente de ésta, o cuando se trate de un conflicto que afecte a dos o más ramas de la industria. Ahora bien, para estar en aptitud de determinar sobre la necesidad de agotar el recurso de revisión para la procedencia del juicio de amparo, es necesario establecer con claridad si los presidentes de las Juntas tienen o no facultades para ejecutar los laudos emitidos por las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Al respecto de los artículos 617 y 618 prevén sus facultades en los siguientes términos: "Artículo 617. El Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tiene las facultades y obligaciones siguientes: [.] IV. Ejecutar los laudos dictados por el Pleno y por las Juntas Especiales en los casos señalados en la fracción anterior; [.]." "Artículo 618. Los Presidentes de las Juntas Especiales tienen las obligaciones y facultades siguientes: [.] II. Ordenar la ejecución de los laudos dictados por la Junta Especial; [.]." Como puede advertirse de los preceptos reproducidos, los presidentes de las Juntas tienen, entre otras facultades y obligaciones, la de ejecutar los laudos dictados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, y estas últimas, a su vez, tienen las siguientes: "Artículo 614. El Pleno de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tiene las facultades y obligaciones siguientes: [.] III. Conocer del recurso de revisión interpuesto en contra de las resoluciones dictadas por el Presidente de la Junta en la ejecución de los laudos del Pleno; [.]". "Artículo 616. Las Juntas Especiales tienen las facultades y obligaciones siguientes: [.] IV. Conocer del recurso de revisión interpuesto en contra de las resoluciones del Presidente en ejecución de los laudos; [.]". De todo lo expuesto se llega al convencimiento de que los presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje son los que cuentan con facultades para tramitar y resolver todo lo atinente a la ejecución de los laudos y si, como en el caso, el acto reclamado consiste en el acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, dictado por la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, en autos del juicio laboral 457/III/2010 (mismo que se encuentra en etapa de ejecución del laudo), a través del cual, negó proveer de conformidad diversas peticiones de la parte demandada (aquí quejosa), tendiente a que se autorice la liberación del embargo sobre el inmueble de la patronal, así como que se gire oficio al Registro Público de Río Grane, Zacatecas, a efecto de que se cancele la inscripción del embargo en dicho controvertido laboral, es claro que en contra de tal determinación procede el recurso de revisión a que se refiere el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, ya que este dispositivo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las tercerías o de los dictados en las providencias cautelares. Esto es así, ya que una vez que fue dictado el laudo correspondiente cesa la función de la Junta de Conciliación y Arbitraje, pues a partir de ese momento se entra a la etapa de ejecución del mismo, la cual, por disposición expresa de la Ley Federal del Trabajo, artículos 617 y 618, corresponde llevar a cabo a los presidentes de las Juntas, toda vez que tales dispositivos les confiere exclusivamente esas atribuciones. Máxime que los tópicos del acuerdo reclamado están dirigidos a que se autorice la liberación del embargo sobre el inmueble de la patronal, así como que se gire oficio al Registro Público de Río Grane, Zacatecas, al efecto de que se cancele la inscripción del embargo en dicho controvertido. En consecuencia, es dable concluir que el recurso de revisión procede en contra del acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, dictado por la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, en autos del juicio laboral 487/III/2010, por disposición expresa del numeral 849 de la Ley Federal del Trabajo. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 95/2002 emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, la cual emitió -en la ejecutoria correspondiente- las consideraciones anteriormente parafraseadas y que sirven de premisa normativa para la emisión de este auto en lo aplicable al caso concreto. La tesis jurisprudencial de mérito es localizable en la página 374, Tomo XVI, Agosto de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos, convenios y resoluciones que ponen fin a las tercerías; así como en contra de los dictados en las providencias cautelares. Ahora bien, si el acto reclamado consiste en la resolución dictada por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje, en la etapa de ejecución del laudo, por la cual resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutarlo, es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de revisión previsto en el citado precepto, toda vez que dicho acto fue emitido dentro del procedimiento de ejecución, como lo señalan los dispositivos 617 y 618 de la referida ley, pues a través de ese medio de impugnación podrá revocarse, modificarse o anularse tal acto presidencial y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." (...) Así pues, como la parte quejosa no observó el principio de definitividad en contra del acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, dictado por la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, en autos del juicio laboral 487/III/2010, pues en su contra procede el recurso de revisión de los actos de ejecución, previsto por el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, es evidente, que se actualiza la causal de improcedencia señalada en el dispositivo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Teniendo aplicación la tesis Jurisprudencial que a la letra dice: "RECURSOS ORDINARIOS.- El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo". También apoya lo antes expuesto, la jurisprudencia bajo el rubro y texto siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". En virtud de las consideraciones expuestas en este proveído, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo de que se trata. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como autorizado con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Elliot Quiroz Juárez, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Se tiene como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a Juan Carlos Zorrilla García, Francisco Javier López Reséndiz, Loth Garay Palacios y Luis Fernando Ávila Cortes, por así solicitarlo la parte quejosa y como domicilio para tal fin el ubicado en calle Mina Valenciana, número doscientos seis interior tres (206-3), colonia Minera en esta ciudad. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. ..."

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