Ma. del Refugio Juárez Rodríguez
Expediente 646/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 646/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ma. del Refugio Juárez Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra del auto de treinta de julio de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por *********** en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356 fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se desechó de plano la demanda de amparo.
- Principal
Vista la demanda presentada por **********, por su propio derecho, contra actos de **********, por violaciones a los artículos 14, 16 y 27 constitucionales. Regístrese en el libro de gobierno con el número 646/2019-III. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juzgado tiene la obligación de analizar la demanda de amparo y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. En el caso, es dable advertir que el juicio de amparo indirecto es notoriamente improcedente, conforme a lo dispuesto por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la diversa fracción II, del numeral 5o., de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el 113 de la misma legislación, procede desechar de plano la demanda. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.. Como puede verse, la característica que esencialmente distingue un acto de autoridad, es que se emite en forma unilateral y obligatoria por cualquier ente, público o particular, y que con él, cree, modifique o extinga situaciones jurídicas, en perjuicio de un gobernado, que lo lleve a instar el juicio de amparo. afectan la esfera de los gobernados. La Segunda Sala del Máximo Tribunal del País en el criterio con registro IUS 161133 ha precisado que las características esenciales que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son: -La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; -Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; -Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, -Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. También la citada Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró necesario establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual atendió a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación, a saber: ? Que las relaciones de coordinación, son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho administrativo, civil, mercantil, agrario y laboral. ? Que la nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en igual nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación voluntaria. ? Que, en cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional se resalta en el juicio de amparo. ? Que este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. ? En el caso, se estima que se está ante la causal de improcedencia invocada, para lo cual se puntualizan los siguientes antecedentes: 1. La parte quejosa como cuentahabiente de la institución bancaria BBVA Bancomer, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, refiere que el nueve de abril de dos mil diecinueve, recibió un deposito en su cuenta, por la cantidad de $100,000.00 pesos. 2. El once de abril de dos mil diecinueve, al querer retirar dinero, personal del banco le informó que su cuenta se encontraba bloqueada. 3. Debido a lo anterior el tres de mayo de dos mil diecinueve, acudió a la Subdelegación de la Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios Financieros (CONDUSEF) con sede en Querétaro, a fin de exponer su inconformidad e iniciar un procedimiento de conciliación con la institución bancaria. 4. El tres de julio de dos mil diecinueve, se celebró la audiencia de conciliación ordenada por la Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de los Servicios Financieros (CONDUSEF) entre la quejosa y BBVA Bancomer, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer. 5. En dicho acto, la institución bancaria por conducto de su apoderada legal entregó a la quejosa su informe final respecto a la reclamación efectuada, del que advirtió que una parte del saldo que tenía en su cuenta había sido retenido sin su autorización, según refiere (acto reclamado). Se estima importante destacar: - Que la quejosa acudió a un procedimiento de conciliación ante la Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de los Servicios Financieros (CONDUSEF) en el que ella y BBVA Bancomer, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, fungieron como partes, en términos del artículo 68 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros . - El informe o dictamen del que se duele la parte quejosa fue requerido a la institución bancaria, con fundamento en el artículo 68, fracción II de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, como parte dentro del propio procedimiento conciliatorio. - Cuando no exista conciliación como en el caso, de conformidad con el 68 bis de la legislación en cita , la CONDUSEF podrá emitir un dictamen técnico, que puede traducirse en una prueba preconstituida que puede aportarse a juicio ordinario a fin de que los usuarios defiendan su derechos. Se insiste en el caso, tanto la agraviada como la institución bancaria actuaron en un plano de igualdad en la medida que el informe rendido es una obligación que la ley le impone a la institución bancaria como parte del procedimiento de conciliación. En ese orden de ideas, se advierte que, en este caso, los actos reclamados a la autoridad señalada como responsable no reúne las características reseñadas para considerarlo como equivalente a los de autoridad, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 5º, fracción II de la Ley de Amparo, pues no se actualizan las condiciones anteriormente precisadas; ya que los actos reclamados a la señalada como responsable, no reúnen las características de unilateralidad ni de supra-subordinación . Por tanto, se reitera, es incuestionable que a la autoridad que señala como responsable, no le reviste tal carácter para los efectos del juicio de amparo, ya se trata de actos entre entes que se encuentra en un mismo plano de igualdad, pues tanto la parte quejosa, como la autoridad señalada como responsable, fungen como parte dentro del juicio de nulidad de origen. Resulta orientadora por su contenido, la jurisprudencia, con número registro 2002122, decima época, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XIV, noviembre de 2012, tomo 2, página1050, de rubro y contenido siguiente: COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS. EL ACUERDO QUE DECLARA IMPROCEDENTE LA EMISIÓN DEL DICTAMEN TÉCNICO A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 68, FRACCIÓN VII, 68 BIS Y 68 BIS 1 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO ORGANISMO, NO ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Los artículos citados establecen que la Comisión Nacional podrá emitir un dictamen técnico -en los casos en que resulte procedente- cuando, agotada la conciliación, las partes no se sometan al arbitraje. Ahora bien, dicho dictamen no forma parte del procedimiento de conciliación, pues la facultad de emitirlo surge ante la falta de acuerdo conciliatorio, además, porque de las aludidas disposiciones legales se advierte que aquél es sólo una opinión técnico-jurídica desprovista de los atributos que definen al acto de autoridad, pues a través de ésta la Comisión no desarrolla tareas propias del Estado frente a los gobernados que afecten derechos e impongan obligaciones, esto es, se trata de una prueba preconstituida que puede aportarse a juicio, quedando sujeta a las reglas propias de la valoración de pruebas y que no determina por sí sola la procedencia de lo reclamado; de ahí que el acuerdo que declara improcedente su emisión no es impugnable a través del juicio de amparo indirecto. No pasan inadvertidos los criterios invocados por la parte quejosa en su escrito de demanda, pues aunado a que no resultan vinculantes para este juzgado en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, regulan situaciones fácticas distintas a la que en esta vía se reclama. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la presente demanda por ser notoriamente improcedente, en términos de lo dispuesto por la fracción XXIII del artículo 61 en relación con los diversos 1o., fracción I y 5o., fracción II, aplicados en sentido contrario, todos de la ley en cita. Domicilio y autorizados. El promovente señala como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle ***. Ahora, dado que no proporcionó dato alguno con el que se acredite que las personas que autoriza, tienen facultades para ejercer la profesión de licenciados en derecho como lo exige el artículo 12 de la Ley de Amparo (número de cédula profesional o el diverso registro en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); se les tiene como autorizados únicamente en términos restringidos del citado numeral, hasta en tanto se salve dicha situación. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo de la Ley de Amparo desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
- Principal
Por este medio se notifica a la parte quejosa, el proveído de veinticinco de julio de dos mil diecinueve, mismo que a la letra dice: Vista la demanda presentada por **********, por su propio derecho, contra actos de **********, por violaciones a los artículos 14, 16 y 27 constitucionales. Regístrese en el libro de gobierno con el número 646/2019-III. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juzgado tiene la obligación de analizar la demanda de amparo y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. En el caso, es dable advertir que el juicio de amparo indirecto es notoriamente improcedente, conforme a lo dispuesto por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la diversa fracción II, del numeral 5o., de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el 113 de la misma legislación, procede desechar de plano la demanda. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.. Como puede verse, la característica que esencialmente distingue un acto de autoridad, es que se emite en forma unilateral y obligatoria por cualquier ente, público o particular, y que con él, cree, modifique o extinga situaciones jurídicas, en perjuicio de un gobernado, que lo lleve a instar el juicio de amparo. afectan la esfera de los gobernados. La Segunda Sala del Máximo Tribunal del País en el criterio con registro IUS 161133 ha precisado que las características esenciales que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son: -La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; -Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; -Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, -Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. También la citada Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró necesario establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual atendió a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación, a saber: ? Que las relaciones de coordinación, son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho administrativo, civil, mercantil, agrario y laboral. ? Que la nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en igual nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación voluntaria. ? Que, en cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional se resalta en el juicio de amparo. ? Que este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. ? En el caso, se estima que se está ante la causal de improcedencia invocada, para lo cual se puntualizan los siguientes antecedentes: 1. La parte quejosa como cuentahabiente de la institución bancaria BBVA Bancomer, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, refiere que el nueve de abril de dos mil diecinueve, recibió un deposito en su cuenta, por la cantidad de $100,000.00 pesos. 2. El once de abril de dos mil diecinueve, al querer retirar dinero, personal del banco le informó que su cuenta se encontraba bloqueada. 3. Debido a lo anterior el tres de mayo de dos mil diecinueve, acudió a la Subdelegación de la Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios Financieros (CONDUSEF) con sede en Querétaro, a fin de exponer su inconformidad e iniciar un procedimiento de conciliación con la institución bancaria. 4. El tres de julio de dos mil diecinueve, se celebró la audiencia de conciliación ordenada por la Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de los Servicios Financieros (CONDUSEF) entre la quejosa y BBVA Bancomer, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer. 5. En dicho acto, la institución bancaria por conducto de su apoderada legal entregó a la quejosa su informe final respecto a la reclamación efectuada, del que advirtió que una parte del saldo que tenía en su cuenta había sido retenido sin su autorización, según refiere (acto reclamado). Se estima importante destacar: - Que la quejosa acudió a un procedimiento de conciliación ante la Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de los Servicios Financieros (CONDUSEF) en el que ella y BBVA Bancomer, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, fungieron como partes, en términos del artículo 68 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros . - El informe o dictamen del que se duele la parte quejosa fue requerido a la institución bancaria, con fundamento en el artículo 68, fracción II de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, como parte dentro del propio procedimiento conciliatorio. - Cuando no exista conciliación como en el caso, de conformidad con el 68 bis de la legislación en cita , la CONDUSEF podrá emitir un dictamen técnico, que puede traducirse en una prueba preconstituida que puede aportarse a juicio ordinario a fin de que los usuarios defiendan su derechos. Se insiste en el caso, tanto la agraviada como la institución bancaria actuaron en un plano de igualdad en la medida que el informe rendido es una obligación que la ley le impone a la institución bancaria como parte del procedimiento de conciliación. En ese orden de ideas, se advierte que, en este caso, los actos reclamados a la autoridad señalada como responsable no reúne las características reseñadas para considerarlo como equivalente a los de autoridad, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 5º, fracción II de la Ley de Amparo, pues no se actualizan las condiciones anteriormente precisadas; ya que los actos reclamados a la señalada como responsable, no reúnen las características de unilateralidad ni de supra-subordinación . Por tanto, se reitera, es incuestionable que a la autoridad que señala como responsable, no le reviste tal carácter para los efectos del juicio de amparo, ya se trata de actos entre entes que se encuentra en un mismo plano de igualdad, pues tanto la parte quejosa, como la autoridad señalada como responsable, fungen como parte dentro del juicio de nulidad de origen. Resulta orientadora por su contenido, la jurisprudencia, con número registro 2002122, decima época, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XIV, noviembre de 2012, tomo 2, página1050, de rubro y contenido siguiente: COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS. EL ACUERDO QUE DECLARA IMPROCEDENTE LA EMISIÓN DEL DICTAMEN TÉCNICO A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 68, FRACCIÓN VII, 68 BIS Y 68 BIS 1 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO ORGANISMO, NO ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Los artículos citados establecen que la Comisión Nacional podrá emitir un dictamen técnico -en los casos en que resulte procedente- cuando, agotada la conciliación, las partes no se sometan al arbitraje. Ahora bien, dicho dictamen no forma parte del procedimiento de conciliación, pues la facultad de emitirlo surge ante la falta de acuerdo conciliatorio, además, porque de las aludidas disposiciones legales se advierte que aquél es sólo una opinión técnico-jurídica desprovista de los atributos que definen al acto de autoridad, pues a través de ésta la Comisión no desarrolla tareas propias del Estado frente a los gobernados que afecten derechos e impongan obligaciones, esto es, se trata de una prueba preconstituida que puede aportarse a juicio, quedando sujeta a las reglas propias de la valoración de pruebas y que no determina por sí sola la procedencia de lo reclamado; de ahí que el acuerdo que declara improcedente su emisión no es impugnable a través del juicio de amparo indirecto. No pasan inadvertidos los criterios invocados por la parte quejosa en su escrito de demanda, pues aunado a que no resultan vinculantes para este juzgado en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, regulan situaciones fácticas distintas a la que en esta vía se reclama. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la presente demanda por ser notoriamente improcedente, en términos de lo dispuesto por la fracción XXIII del artículo 61 en relación con los diversos 1o., fracción I y 5o., fracción II, aplicados en sentido contrario, todos de la ley en cita. Domicilio y autorizados. El promovente señala como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle ***. Ahora, dado que no proporcionó dato alguno con el que se acredite que las personas que autoriza, tienen facultades para ejercer la profesión de licenciados en derecho como lo exige el artículo 12 de la Ley de Amparo (número de cédula profesional o el diverso registro en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); se les tiene como autorizados únicamente en términos restringidos del citado numeral, hasta en tanto se salve dicha situación. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo de la Ley de Amparo desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,427 expedientes
- Ma. del Carmen Sánchez López54/2017
- Ma. del Carmen Sánchez Mexicano1027/2012
- Ma. del Coral Mascarell Vélez935/2022
- Ma. del Rayo Figueroa Cornejo928/2022
- Ma. del Rayo Natividad Evaristo Rodríguez597/2013
- Ma. del Refugio Durán Pardo321/2023
- Ma. del Refugio Pulquero Ramírez849/2022
- Ma. del Refugio Villafuerte Gasca920/2016
- Ma. del Refugio Villafuerte Gasca834/2021
- Ma. del Rocío Navarrete Herrera116/2016
- Ma. del Rocío| Navarrete Herrera891/2017
- Ma. del Rocío Navarrete Herrera501/2017