Ma. del Coral Mascarell Vélez

Expediente 935/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
935/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
22/12/2022

Partes del expediente

  • Ma. del Coral Mascarell Vélez
  • MA. DEL CORAL MASCARELL VÉLEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese el escrito de ********************, con el carácter de apoderado legal de la quejosa ********************, a través del cual solicita acceso al expediente electrónico. Se autoriza el acceso al mencionado usuario para consultar el expediente por medio del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo. En el entendido que dicha autorización, por así haberlo solicitado de forma expresa, es únicamente es para efectos de consultar el expediente, persistiendo la designación de domicilio procesal******************** autorizados.

  2. Principal

    Superioridad confirma fallo. Por recibido el oficio que suscribe el actuario judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, al que adjuntó el testimonio de la resolución de uno de diciembre del año en curso, pronunciada en el amparo en revisión civil ********************, cuyo punto resolutivo es el siguiente: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." Acúsese recibo vía interconexión y comuníquese lo anterior a la autoridad responsable. Cuaderno de antecedentes. Se ordena glosar a los autos las actuaciones originales del cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de queja, dado que fue remitido a la superioridad con antelación al uno de diciembre pasado, en que entró en vigor el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.

  3. Principal

    Interpone recurso de queja. Ríndase informe y remítase.

  4. Principal

    Cumple prevención. Agréguese el escrito de **********, mediante el cual cumple con la prevención formulada en autos y al efecto manifiesta que comparece al presente juicio con el carácter de apoderado legal de la quejosa **********, personalidad que se le reconoce en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, pues así lo acredita con la copia certificada de la escritura pública 14,944 (catorce mil novecientos cuarenta y cuatro) pasada ante la fe del notario público número 21 (veintiuno) de esta ciudad de Celaya, Guanajuato. De igual manera exhibe dos copias más de su demanda de amparo e informa que en el juicio de origen está pendiente el emplazamiento de la parte demandada en la reconvención. Atento a ello, se le tiene por cumplida la prevención formulada en autos. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto transcrito, se desprende que el Juzgado de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Así, con fundamento en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 61, fracción XXIII, 107, fracción V, y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda constitucional, en virtud de actualizarse un motivo de improcedencia que torna innecesaria su admisión. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Mientras que el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece, que cuando se impugnan actos dentro de un procedimiento jurisdiccional, es procedente el amparo indirecto siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación. Lo anterior es replicado por la Ley de Amparo, concretamente en su artículo 107, fracción V, cuando establece que el amparo indirecto procede contra actos en el procedimiento cuyos efectos sean de imposible reparación, debiéndose entender por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Cabe mencionar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintidós de mayo de dos mil catorce, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, estimó que en los trabajos legislativos de la reforma constitucional: Se destacó la demora excesiva que en algunos casos provocaba la interposición del juicio de amparo; Por ende, se apreció como una demanda social la necesidad de abreviar su procedimiento, eliminando a su vez la traba que significa su múltiple promoción indiscriminada, erigiéndose como un obstáculo para la pronta impartición de justicia; Se advirtió a título de hecho notorio que la substanciación y resolución del sumario constitucional propiciaba el alargamiento de los juicios; De ahí que hubo la evidente intención de concentrar en un solo juicio de amparo directo el estudio del cúmulo de violaciones procesales posibles, para que las presuntas infracciones al procedimiento se planteen mayormente en forma simultánea contra la sentencia de fondo; y, Con ello, se analicen todas las impugnaciones relacionadas con aspectos de naturaleza puramente adjetiva. Así, consideró el más alto tribunal que al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin a juicio, deberían hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento y, en vía de consecuencia, impedir una promoción abundante de demandas de amparo que, por formularse antes del dictado de la sentencia, obstaculizaban injustificadamente la celeridad de los procedimientos jurisdiccionales. De manera que para que los actos que se reclamen en el juicio de amparo indirecto puedan ser estimados como de imposible reparación, es necesario: Producir una afectación material a derechos sustantivos; Sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; y, Deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental. Consideraciones que, en su conjunto, se encuentran en la jurisprudencia por contradicción de criterios número P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, libro 7, junio de 2014, tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2006589, de rubro y contenido siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." De esta forma, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En el caso, del estudio integral al ocurso de demanda y acorde a lo establecido por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, aplicable también a este tipo de resoluciones, se desprende que el acto reclamado es: "IV.- SENTENCIA Y/O ACTO RECLAMADO.- Se reclama la resolución dictada por la responsable en fecha veintinueve de agosto de dos mil veintidós, resolución que se dictó dentro Juicio Ordinario Mercantil, radicado bajo el número M-49/2020 del índice del Juzgado Quinto Civil del Partido Judicial de Celaya, Gto. (.)". De igual modo, de lo manifestado por el promovente en su escrito de demanda, bajo protesta de decir verdad y por ende con eficacia probatoria, en términos de lo establecido por el numeral 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprenden, en lo que interesa, los siguientes antecedentes: - La aquí quejosa, Ma. y/o María del Coral Mascarell Vélez, es la actora en el juicio ordinario mercantil de origen M-49/2020 del índice del Juzgado Quinto Civil de Partido, en esta ciudad, promovido, entre otros, en contra de ********** [primer antecedente]; - Emplazadas que fueron las partes, algunos de los enjuiciados dieron contestación a la misma; además, ********** interpusieron demanda reconvencional [antecedentes segundo a quinto]; - En auto de nueve de junio de dos mil veintidós, se requirió al actor reconvencional para que proporcionara el domicilio de los demandados reconvencionales bajo apercibimiento que, de no dar contestación a dicho requerimiento, se le tendría por desistido de la demanda [antecedentes noveno y único concepto de violación]. - Mediante proveído de tres de agosto de dos mil veintidós, se tuvo al actor reconvencional por desistido de la demanda reconvencional en contra de **********, al no haber atendido el requerimiento precisado en el párrafo anterior [antecedente noveno]. - El actor reconvencional interpuso recurso de revocación en contra del auto de nueve de junio de dos mil veintidós, el cual fue resuelto el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, ordenándose revocar el auto de tres de agosto pasado [antecedente décimo y único concepto de violación]. Determinación esta última que constituye el acto reclamado en forma destacada. En ese tenor, si la materia de reclamo consiste en la resolución de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, en que se ordenó revocar el auto de tres de agosto de dos mil veintidós, en el que se había tenido al actor reconvencional - señalado en la demanda como tercero interesado- por desistido de la demanda reconvencional, tal acto en sí, constituye una violación meramente procesal que por regla general es reclamable en términos de lo dispuesto en los artículos 171 y 174 de la ley de la materia, por no ser actos que traigan aparejada una ejecución de imposible reparación, ya que sólo afecta derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales que podrán ser reparados si se obtiene sentencia favorable; o bien, en caso contrario, podrá impugnarlos como violaciones procesales, previa preparación, cuando promueva el amparo directo en contra de la eventual sentencia de segundo grado -si procede-, y en el supuesto que le sea adversa a sus intereses. Es de invocarse en apoyo de lo que antecede, la tesis 1.8°. C. 22C (10°.), con registro 2008458, legible en la página 2674, libro 15, febrero de 2015, tomo III, en materia civil de la Décima Época, de rubro y texto: "DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS. De acuerdo con la doctrina, son derechos sustantivos los que se identifican con los bienes de la vida. En ese sentido, pueden considerarse sustantivos, sin pretender asignarles un orden, entre otros, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etc. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida." En estas condiciones al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda promovida por Ma. y/o María del Coral Mascarell Vélez a través de su apoderado legal José Arturo Vega Aboytes. Háganse las anotaciones de estilo en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que al efecto se llevan en este juzgado federal.

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