Ma. del Pilar Cisneros Mejía
Expediente 959/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 959/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ma. del Pilar Cisneros Mejía
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 959/2023, promovido por ******************** o ********************, en contra de los actos de la autoridad que se menciona más adelante. ANTECEDENTES Según consta en autos, la parte quejosa afirma que las autoridades responsables dictaron una resolución el once de agosto del año en curso, en donde tuvieron por cumplida la sentencia dictada en el juicio de nulidad ******************** del índice de la Sala Regional del Sureste, Oaxaca y ordenaron el archivo del citado asunto. Además de que fueron omisos en acordar el ocurso de la promovente en la que interpuso recurso de queja por defecto al cumplimiento de sentencia en el juicio de nulidad antes citado. Derivado a lo anterior, estima que las responsables violan en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO La demanda de amparo fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Dicho libelo constitucional se turnó el diecinueve de septiembre siguiente a este Juzgado de Distrito, donde quedó registrado con el progresivo 959/2023; se admitió a trámite el veinte de septiembre del año en curso; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se otorgó intervención al Ministerio Público de la Federación adscrito; y, previo diferimiento se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la omisión por parte de una autoridad residente en el Estado de Oaxaca, donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo, permite sostener que la quejosa reclama lo siguiente: Del Magistrado instructor de la segunda ponencia de la Sala Regional del Sureste, Oaxaca. La omisión de acordar el escrito presentado el veintinueve de noviembre de do dos mil veintidós por el que se interpuso de queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de nulidad ******************** del índice de la Sala Regional del Sureste, Oaxaca. Magistrado presidente de la Sala Regional del Sureste, Oaxaca. La resolución de once de agosto del año en curso, donde se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el juicio de nulidad ******************** del índice de la Sala Regional del Sureste, Oaxaca, ordenando el archivo del citado asunto. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA Respecto al primer acto reclamado por la naturaleza del mismo, la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo, por tratarse de omisiones que crean una situación permanente en la esfera jurídica de la parte quejosa, que no se subsana mientras aquélla subsista. Es aplicable, por analogía, el siguiente criterio: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista". Tocante a la resolución controvertida, se notificó a la parte quejosa mediante boletín jurisdiccional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés y esa notificación surtió efectos al tercer día hábil siguiente, conforme al artículo 65 penúltimo párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. El plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo comenzó a correr el cuatro de septiembre del año en curso y concluyó el veintiséis de septiembre del actual, descontándose del cómputo el nueve, diez, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro de septiembre de dos mil veintitrés, por ser sábados, domingos e inhábiles por disposición del artículo 19 de la misma ley reglamentaria. En ese orden, al presentarse la demanda de manera física en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés - como se aprecia de la boleta y sello de recepción anexa -, se considera que es oportuna. LEGITIMACIÓN ******************** o ********************, se encuentra legitimada para promover por sí este juicio constitucional, en términos de lo establecido por el arábigo 6 de la Ley de Amparo, ya que en el presente sumario está probado que es parte en el juicio de nulidad ******************** del índice de la Sala Regional del Sureste, Oaxaca; por tanto, tiene legitimación para promover el presente juicio. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Respecto al acto reclamado al Magistrado presidente de la Sala Regional del Sureste, Oaxaca (resolución), al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto que se le atribuye, remitiendo las documentales para acreditar su dicho. Por tanto, se le tiene como plenamente probado en términos de la Tesis Jurisprudencial número 305, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, visible en la foja 206 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse ésta como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." En cuanto al diverso acto que reclamó (omisión de acordar escrito) la parte promovente, el Magistrado instructor de la segunda ponencia, ambos de la Sala Regional del Sureste, Oaxaca, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto que se le atribuye; no obstante, manifestó que el dos de octubre de dos mil veintitrés, admitió a trámite la instancia de queja interpuesta por la actora - aquí quejosa - mediante escrito recibido el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, otorgando el plazo de cinco días a la demandada para que rinda el informe respectivo. Por ende, se desvirtúa la negativa y se tiene como cierto el acto reclamado. Sirve de apoyo la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV, Julio de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, con número de registro 211004, que a continuación se invoca: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Además, lo anterior se corrobora con las documentales que adjuntó a su informe de ley, las cuales se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2°. PROCEDENCIA Con fundamento en lo dispuesto por el normativo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y de estudio preferente. Cobra aplicación la jurisprudencia II.1o. J/5 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito4 , que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia del acto reclamado. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis VI. 2o. J/209, con número de registro 218875, visible a foja 51, Octava Época, Materia Común de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." En el presente asunto, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley en comento, que es de estudio preferente según lo establecido en ese precepto; el numeral invocado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad de aquél, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y por lo tanto desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad, es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado. Ahora bien, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental infringido, retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, obteniéndose la teleología del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica de la parte quejosa haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del acto. Conforme al texto legal citado, el juicio de amparo es improcedente en caso de que el acto reclamado, aun siendo existente al momento de la instauración del propio juicio constitucional, cese en sus efectos durante la secuela de éste, pues en tal evento la parte quejosa deja de verse afectada en su esfera jurídica, lo que a la postre hace innecesario examinar la constitucionalidad del acto reclamado, precisamente porque ningún efecto legal produce este último. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha desarrollado diversos criterios jurisprudenciales a fin de responder cuándo estamos en una situación en la que los efectos del acto reclamado deban considerarse que han cesado. De acuerdo con los más significativos, la cesación de efectos es una condición que sólo puede entenderse actualizada ante la total e incondicional destrucción de éstos. Así, se ha reiterado, para que los efectos de un acto pueda considerarse cabalmente destruidos, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional; esto es, como si se hubiera otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. El criterio en mención, se encuentra inmerso en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio constitucional, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Al respecto, puede consultarse la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Una vez que ha sido entendido lo que la Suprema Corte le ha conferido al concepto "cesación de los efectos del acto reclamado", podemos determinar cómo puede identificarse cuando todos los efectos de un acto han llegado a esa condición de cesación absoluta. En relación con lo anterior, debe decirse que el hecho de que una persona promueva un juicio de amparo en contra de uno o varios actos implica que aquélla considera que éstos le generan una afectación que se traduce en una violación. Esa posible violación constituye el efecto de los actos reclamados. En este sentido, cuando tal efecto cesa, desaparece la violación resentida por el quejoso y, en consecuencia, el juicio de amparo deja de tener razón de ser dado que perseguiría algo que ya estaría logrado, a saber, la reparación de la infracción. Ahora el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, a su vez, da la pauta para que los efectos del acto reclamado cesen, en los supuestos en que: Los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; hipótesis en la que con tal destrucción el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica y patrimonial (revocación); y, Se da la sustitución de los actos procesales que conlleva a que uno queda en suspenso hasta en tanto se decide el otro, por la relación que guardan entre sí, en donde la resolución del segundo da firmeza a los actos del proceso dictados previamente; es decir, el segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). En el primero de los citados supuestos se indica que los efectos de un acto reclamado cesan hasta cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. En cuanto a la hipótesis indicada en inciso b), relativa a la sustitución procesal se origina con el ejercicio de los medios de defensa en el proceso, dado que conllevan un nuevo análisis de la cuestión planteada que puede realizarse por la propia autoridad de origen, o bien, por el superior jerárquico o autoridad que cuenta con la jurisdicción originaria para resolver. Ahora bien, cabe recordar que la quejosa ******************** o ********************, controvierten en esta instancia lo siguiente: Del Magistrado instructor de la segunda ponencia de la Sala Regional del Sureste, Oaxaca. La omisión de acordar el escrito presentado el veintinueve de noviembre de do dos mil veintidós por el que se interpuso de queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de nulidad ******************** del índice de la Sala Regional del Sureste, Oaxaca. Magistrado presidente de la Sala Regional del Sureste, Oaxaca. La resolución de once de agosto del año en curso, donde se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el juicio de nulidad ******************** del índice de la Sala Regional del Sureste, Oaxaca, ordenando el archivo del citado asunto. En efecto, han cesado los efectos de los actos reclamados, tal como se explicará a continuación. Como se precisó anteriormente la responsable, magistrado presidente de la Sala Regional del Sureste, Oaxaca, al rendir su informe de ley, manifestó que en acuerdo de once de agosto de dos mil veintitrés tuvo por cumplida la sentencia definitiva dictada en el juicio de nulidad ********************, ordenándose el archivo como total y definitivamente concluido. Asimismo, la responsable fueron omisos en proveer respecto al ocurso que la quejosa presentó el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós ante la Sala responsable, en donde se le tiene interponiendo recurso de queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de nulidad ********************. Así, las responsables al momento de rendir sus informes de ley, precisaron en esencia, lo siguiente: Efectivamente, en acuerdo de once de agosto de dos mil veintitrés tuvo por cumplida la sentencia definitiva, ordenándose el archivo como total y definitivamente concluido. Sin embargo, al encontrarse pendiente el acuerdo en relación al escrito presentado por la promovente - recurso de queja - dictaron diversos autos el dos de octubre del año en curso, donde admitió dicho medio de impugnación y se dejó insubsistente el diverso de once de agosto del actual. Circunstancia que se corrobora con las constancias que remitió el magistrado presidente y magistrado instructor de la segunda ponencia, ambos de la Sala Regional del Sureste, Oaxaca, en apoyo a su informe justificado. Documentales que adquieren valor probatorio pleno al tenor de lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2º. Es aplicable la jurisprudencia doscientos veintiséis, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del tomo VI, atinente a la materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que establece: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo tanto, el suscrito advierte que respecto de los actos reclamados antes señalados; se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, debido a que la responsable, inició a trámite el recurso de queja interpuesto por la quejosa ******************** o ******************** y dejó insubsistente el auto de once de agosto del actual donde tuvo por cumplida la sentencia en el juicio de nulidad ******************** del índice de la Sala Regional del Sureste, Oaxaca del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En ese sentido, se patentiza que cesaron los efectos del acto reclamado, puesto que si bien en un inicio la esfera jurídica del promovente del amparo se vulneró, durante el procedimiento también se destruyeron los efectos del acto combatido en esta instancia en forma total e incondicional, sin dejar huella en la esfera jurídica de la impetrante, con lo que se le restituye en el pleno goce de sus derechos fundamentales. Es decir, la responsable proveyó el escrito de la quejosa donde interpuso recurso de queja por defecto al cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de nulidad en cita, por lo que, para el suscrito estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia en estudio, toda vez que la omisión que le fue reprochada a la responsable en la presente instancia constitucional, cesó en sus efectos, quedando destruidos todos sus efectos en forma total e incondicional, de tal manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación que reclamó la quejosa. En conclusión, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, de ahí que, debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal, por lo que respecta a dicho acto de disenso. Es aplicable al caso la tesis P.CL/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 71, Tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Al no existir motivo para resolver el fondo del asunto, este órgano jurisdiccional considera actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, en tanto que no se puede alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de la materia del acto reclamado que se impugna. El sentido de esta determinación, impide entrar al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, atento al contenido de la tesis II.3o. J/58, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 57, número 70, Octubre de 1993, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del tenor literal: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Cabe precisar, el análisis de las causas de improcedencia y sobreseimiento previstas por los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo, no constituyen una denegación de justicia. IX. DECISIÓN En consecuencia, como no existe prueba en contrario, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que procede en este asunto es el sobreseimiento. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******************** o ********************. NOTIFÍQUESE.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA DEBIDO A QUE NO ACUDIO AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL, NO OBSTANTE EL AVISO QUE SE LE DEJÓ PARA TAL EFECTO. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Con motivo del paro nacional de labores realizado por parte del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con lo indicado en la certificación de cuenta, se declaró inhábil el período comprendido del dieciocho al veintinueve de octubre del presente año; por tanto, se suspendieron los términos y plazos procesales durante ese plazo. Por otra parte, visto el estado de autos, se advierte que para las diez horas del dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, se encontraba señalada la celebración de la audiencia constitucional en este asunto; sin embargo, por las razones expuestas, no fue posible celebrar la citada audiencia. Por tanto, se fija como nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, las doce horas con veinte minutos del quince de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Con motivo del paro nacional de labores realizado por parte del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con lo indicado en la certificación de cuenta, se declaró inhábil el período comprendido del dieciocho al veintisiete de octubre del presente año; por tanto, se suspendieron los términos y plazos procesales durante ese plazo. Por otro lado, de las constancias signadas por la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, a través del cual, en cumplimiento a lo requerido en autos, comunica que mediante acuerdo de doce de octubre del año en curso, dictado en el juicio laboral ********************, de su índice, tuvo al Ayuntamiento demandado acreditando la entrega a la parte actora de los pagos relativos al mes de septiembre del año en curso, relativo al programa de pagos aprobado en cumplimiento al laudo dictado en ese contradictorio. Al respecto, se toma conocimiento de lo anterior y se tiene a la responsable en vías de cumplimiento de la ejecutoria de amparo en términos de lo dispuesto por el ordinal 193 de la ley de la materia. En ese sentido, con fundamento en lo previsto por los arábigos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las responsables Ayuntamiento de la Villa de Zaachila, Oaxaca, y Presidente de ese municipio, para que dentro del plazo de tres días, siguiente al en el que queden notificadas de los oficios que deriven del presente acuerdo, remitan copias certificadas ordenadas, legibles y completas de todas las constancias que demuestren el pago concerniente al mes de octubre de este año, relativo al laudo que la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca pronunció en el juicio laboral ******************** respecto de los justiciables, incluidas las documentales que acrediten que el referido pago se efectuó conforme al programa de pagos que ese Tribunal burocrático aprobó. Por otro lado, se reitera a la Presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, para que en lo subsecuente, informe a este Juzgado Federal, conforme al programa de pagos pactado corresponde realizarse los últimos cinco días de cada mes, el cumplimiento de la ejecutoria, es decir, una vez que la parte demandada exhiba el pago correspondiente a cada mes, a favor de la parte actora. Apercíbasele que de no cumplir con lo anterior, o de no informar el impedimento que tenga para ello; con fundamento en los artículos 237, fracción I, en relación con los diversos numerales 238 y 259 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa por la cantidad equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente en el país. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en los numerales 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguense los informes justificados rendidos por el magistrado presidente y magistrado instructor de la segunda ponencia, ambos de la Sala Regional del Sureste, Oaxaca, y se les tiene ofreciendo como medio de convicción las documentales que exhiben, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional; con lo anterior, dese vista a las partes. Notifíquese.
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