Ma. del Carmen Noguez Hernández
Expediente 319/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 319/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ma. del Carmen Noguez Hernández
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 319/2022, promovido por Ma. Del Carmen Noguez Hernández en contra de los actos de la autoridad que se menciona más adelante. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio de la parte quejosa, las autoridades señaladas como responsables han sido omisas en cumplir y vigilar el cumplimiento de la sentencia definitiva de tres de agosto de dos mil veinte, así como la interlocutoria de queja por omisión al cumplimiento con fecha de notificación por boletín jurisdiccional de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, dictadas en el juicio contencioso administrativo 2280/19-PC4-7. Por ello, estima que dichas autoridades violan en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO La demanda de amparo fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, el dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Dicho libelo constitucional se turnó el día siguiente hábil a este Juzgado de Distrito, donde quedó registrado con el progresivo 319/2022; se admitió a trámite el veintitrés de marzo del año en curso; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se otorgó intervención al Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de un acto emitido por una autoridad residente en el Estado de Oaxaca, donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, del contenido integral de la demanda de amparo, permite sostener que el impetrante de amparo reclama lo siguiente: Delegado Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Omisión de dar cumplimiento a la sentencia dictada el tres de agosto de dos mil veinte y a la interlocutoria de queja por omisión al cumplimiento con fecha de notificación por boletín jurisdiccional de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, dictadas en el juicio contencioso administrativo 2280/19-PC4-7. Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa La omisión de vigilar el cumplimiento de la citada sentencia. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO El magistrado presidente de la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto que se le atribuye; sin embargo, realiza manifestaciones evidenciando la legalidad de sus actuaciones. Por ende, se desvirtúa la negativa y se tiene como cierto el acto reclamado. Sirve de apoyo la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV, Julio de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, con número de registro 211004, que a continuación se invoca: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Lo anterior, se corrobora con las copias certificadas que adjuntó a su informe de ley, a las cuales se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable la Jurisprudencia doscientos veintiséis, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del tomo VI, atinente a la materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que establece: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por su parte, el delegado Estatal de Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado omitió rendir su informe justificado, a pesar de estar debidamente notificado; por ende, con apoyo en el párrafo cuarto del numeral 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le atribuye. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Conforme a la técnica del juicio de amparo, y de acuerdo con el artículo 62, en relación con el diverso 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, corresponde a este juzgado federal analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, debido a que así lo exige el orden público; y, de no advertir que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar la improcedencia. Tiene aplicación al caso, la tesis jurisprudencial II.1o.J/5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, del Tomo VII, mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Octava Época, registro 222780, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya tenido por cierto el acto reclamado. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número 283, visible a foja 190, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, con el número de registro 394239, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." En el caso, de oficio se estima que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior." De la lectura del artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia en otro juicio de amparo, en términos del artículo 354, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa del artículo 2° de este último ordenamiento, pues la cosa juzgada en aquél es la verdad legal, de modo tal que no es factible realizar ningún examen relacionado con las cuestiones debatidas en el primer juicio de amparo promovido, pues ello atentaría no sólo contra la técnica rectora de la materia, sino contra el principio de seguridad jurídica inmerso en los artículos 14 y 16 de la Ley Suprema. De lo expuesto, se estima que para la existencia de la cosa juzgada, resulta necesario que con anterioridad a la presentación de la demanda en análisis, se haya promovido otro juicio de amparo en el que se haya hecho un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas pretensiones, el mismo acto reclamado, debiendo existir, por ende, identidad de partes, de objetos o cosas materia de los juicios de que se trate e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer en ambos. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible a página 420, Tomo IV, Noviembre de 1996, Novena Época, registro: 200898, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. REQUISITOS QUE SE NECESITAN PARA QUE OPERE LA. Para la existencia de cosa juzgada en el juicio de amparo, es necesario que con anterioridad se haya promovido otro juicio de garantías en el que se haya hecho un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa o causa de pedir; debiendo existir por ende, identidad de partes, de objetos o cosas materia de los juicios de que se trate e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer." Para justificar, la causa de improcedencia citada, es necesario señalar que la autoridad responsable magistrado presidente de la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al rendir su informe justificado, señaló que en el expediente 2280/19-PC4-7, la quejosa promovió -contra los mismos actos reclamados en esta instancia- el juicio de amparo 1350/2021 del índice de este órgano jurisdiccional, el cual por sentencia terminada de engrosar el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, por una parte sobreseyó en el juicio y por otra concedió el amparo y protección de la justicia federal a la impetrante de amparo. Los antecedentes relatados, constituyen un hecho notorio para quien aquí resuelve en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, porque el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE es un medio electrónico que forma parte de la infraestructura de comunicación del Poder Judicial de la Federación, creada para interconectar computadoras del Máximo Tribunal y todos los Tribunales y Juzgados Federales del País, permitiendo capturar la información de los expedientes de su conocimiento; por tanto, pueden invocarse dichas determinaciones, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa determinación que constituye un hecho notorio. Sustenta la afirmación anterior la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 10, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Materia Común, Décima Época, registro 2017123 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." En esa tesitura, es fácil advertir, de acuerdo a las constancias detalladas en los párrafos anteriores, que en el juicio 1350/2021 se trataron los mismos actos que ahora impugna la quejosa en el presente juicio; es decir, las omisiones en cumplir y vigilar el cumplimiento de la sentencia definitiva de tres de agosto de dos mil veinte, así como la interlocutoria de queja por omisión al cumplimiento con fecha de notificación por boletín jurisdiccional de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, dictadas en el juicio contencioso administrativo 2280/19-PC4-7. De ahí que, se advierta que los actos reclamados en la presente vía constitucional ya fueron tratados en el juicio de amparo citado, en consecuencia, se pone de manifiesto la improcedencia invocada al inicio de este considerando. En efecto, los actos que se les reclamó a las autoridades responsables en el juicio de amparo 1350/2021, no pueden ser analizados de nueva cuenta en este juicio de amparo 319/2022 que nos ocupa, pues se insiste, ya fueron examinados. Además, la causal de improcedencia que se sostiene en este juicio de amparo, tiene como finalidad evitar que se tramiten tantos juicios como lo estime necesario la parte quejosa, contra el mismo acto reclamado, pues esto podría dar lugar a sentencias contradictorias. No se debe soslayar, que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, por lo que de acuerdo a esta naturaleza, sería ilógico otorgar a la parte quejosa la oportunidad de tramitar tantos juicios como oportunidades de nulificar los actos se estimen necesarias, pues ello abriría la posibilidad de que se dicten sentencias contradictorias y permitiría la proliferación superflua de juicios de amparo, ocasionando con ello inseguridad jurídica en los gobernados. Por consiguiente, resulta improcedente analizar nuevamente los actos atribuidos a las autoridades responsables 1) delegado Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 2) Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo, Auxiliar Metropolitana y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles, en razón que aquéllos ya fue analizados en un diverso juicio de amparo, promovido por la aquí quejosa; situación que pone de manifiesto la hipótesis prevista en la fracción XI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues se insiste, la finalidad de esta causa de improcedencia, es evitar, precisamente, que se puedan pronunciar sentencias contradictorias y la promoción de nuevos juicios de amparo enderezados con idéntica finalidad. En ese sentido, es patente que en este asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, procede sobreseer en el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del diverso 63 de la legislación en cita. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 235, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 193, del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución." Sobreseimiento que impide analizar los conceptos de violación vertidos por el promovente del amparo, conforme al criterio sustentado en la jurisprudencia número mil veintiocho, localizable en la página setecientos ocho del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos noventa y cinco, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". DECISIÓN Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo. En mérito de lo expuesto, y fundado en los artículos 61, fracción XI, 62, 63, fracción V, 74 y 217, todos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Ma. Del Carmen Noguez Hernández, respecto de los actos reclamados que atribuyó a las autoridades señaladas como responsables, por los argumentos que se esgrimen en el apartado VI de este fallo. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese con el número 319/2022. Admisión. Con fundamento en los artículos 1°, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, en relación con los artículos 6º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112, 113, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por ****, contra actos de la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y otra autoridad. Informe justificado. Con fundamento en lo establecido por el arábigo 117 de la Ley de Amparo requiérase a las autoridades responsables para que rindan su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días; asimismo, hágaseles de su conocimiento que para el caso de rendir su informe fuera del lapso establecido en el primer párrafo del referido precepto podrá ser tomados en cuenta si la quejosa estuvo en posibilidad de conocerlo y, en el supuesto de no rendirlo se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. En el entendido que deberá exponer las razones y fundamentos que se estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; apercibidas que de no hacerlo así, a la omisa, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, al momento de incurrir en la conducta prevista por el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia, sanción económica que también les será aplicada en caso de que no rinda su informe justificado. Así también, las autoridades deberán informar si la parte quejosa ha tramitado otro juicio de amparo contra el mismo acto, o alguno diverso relacionado. Ahora bien, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no solo para el personal de este juzgado, sino también para las autoridades responsables el llevar a cabo la entrega de oficios de manera impresa en papel en su lugar de residencia; en consecuencia, se autoriza al actuario de la adscripción para que la solicitud de informes justificados sean entregadas al correo electrónico oficial de cada autoridad, misma que deberá ser corroborada por el fedatario vía telefónica levantando la razón actuarial correspondiente. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que podrán remitir su informe a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 5jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Comunicación de causas de sobreseimiento. Hágase del conocimiento de las partes, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Amparo, en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento en el presente juicio, lo comunicarán de inmediato a este juzgado y, de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten; en caso de no cumplir con esta obligación, se le impondrá la multa a que se refiere el artículo 251 de la ley de amparo vigente. Fecha de la audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional, se fijan las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del veintiséis de abril de dos mil veintidós. Para ello, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a las partes en este juicio para que, dentro del plazo de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifiesten si es su deseo estar presentes en el desahogo de la audiencia constitucional. Dicho requerimiento se hace con la finalidad de que este órgano jurisdiccional atienda lo establecido por el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en su artículo 6°, relativo al modelo de atención presencial basado en citas, esto es que cuando sea la o el titular del órgano jurisdiccional quien cite físicamente a las partes o a diversas personas para una comparecencia, para el desahogo de un requerimiento o para su participación en una diligencia o audiencia, será el propio órgano jurisdiccional quien genere la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ" que le permita realizar dicha funcionalidad. Apercíbaseles que de no hacer manifestación alguna, se entenderá que no es su deseo estar presente físicamente en la misma, sin perjuicio de que puedan presentar sus alegatos o escritos pertinentes. Emplazamiento del representante social de la Federación. Con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 5, fracción IV, 26, fracción I, inciso k), y 27 fracción I, de la Ley de Amparo, por esta ocasión notifíquese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita este auto en forma personal corriéndole traslado con copia fotostática simple de la demanda y entréguesele reproducción íntegra de esta determinación para efectos de su emplazamiento. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la impetrante de amparo ofreciendo como pruebas de su parte los medios de convicción que refiere en su escrito de demanda, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional y tomarlas en consideración al resolver este juicio. Domicilio para recibir notificaciones y autorizados de la quejosa. Debido a que la parte quejosa proporciona tanto un domicilio convencional, así como un usuario para recibir notificaciones vía electrónica, por tanto, a efecto de evitar duplicidad de notificaciones en este asunto y dar celeridad, se ordena hacer aquéllas vía electrónica. En ese sentido, a través del usuario jatoledo háganse las notificaciones del promovente dentro del Portal del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 30, fracción II de la citada normativa. Asimismo, se tiene por autorizado en términos del precepto 12 de la Ley de Amparo a José Alfredo Benítez Toledo, por contar con cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro de profesional del derecho, ante los órganos jurisdiccionales; no así a las personas restantes, quienes únicamente quedaran facultados con las restricciones a que se refiere el artículo 24, segundo párrafo de la citada normativa. Señalamiento de correos electrónicos. Se tiene a la promovente proporcionando diversos correos electrónicos, los cuales -de ser necesarios- se utilizarán para mantener contacto entre dicha parte procesal y este órgano jurisdiccional, en relación al presente asunto, no así como un medio para practicar notificaciones. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a la actuaria judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Juicio en línea. Toda vez que se advierte la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), esto con apoyo en el artículo 2 del Acuerdo General 8/2020 y la Circular 7/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de dicho Consejo. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Notificación prioritaria por otros medios electrónicos. Sin perjuicio de lo anterior (mientras las partes solicitan su intervención en el juicio mediante cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, o bien llevan a cabo las gestiones necesarias para obtenerlas), en tanto este juzgado no ordene que alguna notificación deba practicarse de manera estrictamente personal, lo que se determinará en su momento y atendiendo al caso particular, con fundamento en los artículos 4º y 17 de la Constitución Federal, 3º, 15, 27, fracción II y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, se les requiere para que rindan informes, reciban toda clase de notificaciones y acusen recibo de las que sean remitidas por este juzgado, a través del siguiente correo oficial 5jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese personalmente.
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