Ma. Del Carmen Sotelo Escobar
Expediente 1917/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1917/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/01/2017
Partes del expediente
- Ma. Del Carmen Sotelo Escobar
Actuaciones
- Principal
I)Toluca, Estado de México; dieciséis de enero de dos mil diecisiete. Vista la certificación precedente de la cual se advierte que la quejosa Ma. del Carmen Sotelo Escobar, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el auto de dos de enero de dos mil diecisiete, por el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que ha causado estado, por lo tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, el estado que guarda el presente expediente, del cual se advierte que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, en sentido contrario, se declara procedente remitir el presente expediente al archivo de este Juzgado de Distrito. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, pues como quedó asentado anteriormente, en esta fecha causó estado el auto de dos de enero de dos mil diecisiete, por el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido. En el entendido que en el presente cuaderno no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Finalmente, a las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Marco Antonio Maya García, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
I. Toluca, Estado de México; dos de enero de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta evidencia que la quejosa Ma. del Carmen Sotelo Escobar no desahogó la prevención formulada en auto de quince de diciembre de dos mil dieciséis; por tanto, en términos del penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. En el Libro de Gobierno háganse las anotaciones respectivas. Notifíquese y personalmente a la quejosa. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Marco Antonio Maya Garcia, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
IV. AVISO DE NOTIFICACION PERSONAL PARTE QUEJOSA UNIVERSIDAD HUNAB ASOCIACION CIVIL Número de expediente: 618/2016 Acuerdo: IV. Toluca, Estado de México; doce de diciembre de dos mil dieciséis. Por recibido el oficio signado por el Gerente de Recaudación Fiscal en la Delegación Regional del Estado de México del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a través del cual da cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintiocho de noviembre del año en curso. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se agrega a los autos el oficio y anexos de mérito para los efectos legales procedentes; téngase por cumplido el citado requerimiento y déjese sin efectos el apercibimiento respectivo. En otro orden, visto el oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, a través del cual hace del conocimiento el proveído emitido en el juicio de amparo 1692/2016-VIII, donde decretó procedente acumular dicho expediente al diverso 618/2016-IV ambos de este juzgado. Al respecto, glósese el juicio de amparo 1692/2016-VIII a este juicio para que conformen una misma pieza de autos y a efecto de no dejar en estado de indefensión hágase del conocimiento de las partes la determinación decretada para los efectos legales procedentes. En el entendido de que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse a las diez horas con quince minutos del veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/7478/2016, asistido del Secretario Marco Antonio Maya Garcia que autoriza, firma y da fe.
- Principal
I. (SE LISTA AVISO QUEJOSA), SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA MA. DEL CARMEN SOTELO ESCOBAR, EL AUTO DE QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, EL CUAL EN LO CUNDUCENTE DICE: I. Toluca, Estado de México; quince de diciembre de dos mil dieciséis. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por ********************contra actos del Juez Segundo Civil de Primera Instancia de Toluca, México; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 1917/2016-I. PREVENCIÓN. Ahora bien, el artículo 114 de la Ley de Amparo en vigor establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura". Lo transcrito evidencia que precepto legal no limita las facultades del juzgador federal para exigir la aclaración de la demanda sólo cuando se omiten los requisitos del artículo 108 de la legislación en comento, sino en forma amplia y discrecional permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite, dado que al promover en la vía indirecta es evidente que no se tienen más datos que los proporcionados por la parte interesada, por lo cual se considera oportuno prevenir al promovente cuando se estime que: 1. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda. 2. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley, consistentes en: "Articulo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación". 3. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente. 4. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado. 5. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura; salvo la excepción prevista en el propio ordenamiento legal. Expuesto lo anterior, es pertinente prevenir a la promovente del amparo para que por escrito y con cinco copias de éste, dentro del plazo de cinco días contado a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente auto y, entendido de la responsabilidad en la que incurren las partes en el juicio de amparo y de las sanciones previstas en los artículos 236 y 237 de la Ley de Amparo, que a letra establecen: "Artículo 236. Para mantener el orden y exigir respeto, los órganos jurisdiccionales de amparo mediante una prudente apreciación de acuerdo con la conducta realizada, podrán imponer a las partes y a los asistentes al juzgado o tribunal, y previo apercibimiento, cualquiera de las siguientes medidas disciplinarias: I. Multa; y II. Expulsión del recinto judicial o del lugar donde se celebre la audiencia. En casos extremos, la audiencia podrá continuar en privado. Para estos efectos las autoridades policiacas, federales, estatales y municipales deberán prestar auxilio a los órganos jurisdiccionales de amparo cuando lo soliciten". "Artículo 237. Para hacer cumplir sus determinaciones, los órganos jurisdiccionales de amparo, bajo su criterio y responsabilidad, podrán hacer uso, indistintamente, de las siguientes medidas de apremio: I. Multa; II. Auxilio de la fuerza pública que deberán prestar las autoridades policiacas federales, estatales o municipales; y III. Ordenar que se ponga al infractor a disposición del Ministerio Público por la probable comisión de delito en el supuesto de flagrancia; en caso contrario, levantar el acta respectiva y hacer la denuncia ante la representación social federal. Cuando la autoridad infractora sea el Ministerio Público de la Federación, la infracción se hará del conocimiento del Procurador General de la República". Por lo que se requiere a la quejosa ******************** para que en el término precocidad con anterioridad realice lo siguiente: PRIMERO. De conformidad con el ordinal 108, fracción IV, de la Ley de Amparo deberá aclarar el acto reclamado en esta instancia constitucional. Lo anterior, pues en el apartado relativo al "ACTO RECLAMADO" la agraviada señaló lo siguiente: "(.) de la autoridad ordenadora reclamo: 1.- el auto de fecha veintidós de Noviembre de dos mil dieciséis, emitido por Juez Segundo Civil de Primera Instancia, del Distrito Judicial de Toluca, México. 2.- los efectos y las consecuencias del acto reclamado el cual fue acordado por la autoridad ordenadora. Sin embargo, la quejosa omite señalar con precisión qué es lo que reclama de dicha terminación, así como precisar sus efectos y consecuencias, pues solamente se limitó a señalar como acto la emisión de dicho auto por el Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia, del Distrito Judicial de Toluca, México De igual forma, del capítulo de "ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO", manifiesta que: ".pues en autos del juicio sucesorio intestamentario tramitado bajo el número de expediente 603/1998 no se acredito que dicha persona sea la misma, por lo que el juez de conocimiento al ordenar rematar una propiedad que no está inscrita a favor del de cuyus del cual somos herederos en copropiedad, me causa agravio; máxime que dentro de los asientos registra les del instituto de la función registral del estado de México el de cuyus JORGE SALOMON NAIME KANAN no cuenta con propiedad inmueble alguna en los libros índices de propietarios de dicha oficina registral, como se advierte del CERTIFICADO DE NO PROPIEDAD el cual obra en resguardo en el secreto de este h. juzgado, por lo que el juez de conocimiento al acordar el auto que combatí en la forma en que lo hizo, me causa agravio, violando en mi perjuicio los principios rectores del proceso contemplados en el Código de procedimientos civiles, ya que la propiedad que ampara dicho folio real se encuentra a favor de JORGE SALOMÓN NAIME. Por lo que el juez de conocimiento al acordar el auto sin apegarse a derecho viola mis garantáis individuales, por las razones expuestas en mi concepto de violación expresado en la .demanda que da origen al presente juicio de garantías. Dichas aseveraciones crean incertidumbre respecto al acto combatido en esta instancia a la autoridad señalada como responsable y que será, en su caso, materia de la litis en el presente asunto, en caso de ser procedente el juicio de amparo intentado. La anterior aclaración obedece, ya que acorde con los principios del juicio de amparo, es indispensable que la parte agraviada señale con claridad y precisión el acto que en concreto reclama, y que éste exista con anterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo; no así, para prevenir actos futuros; porque a través del mismo se podrá juzgar sobre su legalidad en los términos en cómo se hace la reclamación, lo que en el caso no acontece, contraviniendo con ello lo establecido en la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo. Al caso se cita, la tesis que se publicó con el número XX.57 K, en la página 871, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 1996, Tomo III, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO. SI ES OSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda". SEGUNDO. En virtud de lo anterior la quejosa, tendrá que identificar el o los actos que en concreto reclama a la autoridad señalada como responsable. Esto es así, pues al ser imprecisa respecto de la actuación tildada de inconstitucional, resulta evidente igual circunstancia por cuanto hace a la actuación combatida a aquéllas, de acuerdo al ámbito de sus atribuciones legales. En virtud de ello, deberá precisar de manera clara y precisa la intervención material y particularizada de la autoridad señalada como responsable ha tenido respecto del acto reclamado. TERCERO. "Bajo protesta de decir verdad", deberá realizar una narración sucinta y cronológica de los hechos y abstenciones que constituyen antecedentes de las circunstancias de modo, tiempo y lugar suscitadas en torno a la emisión de los actos reclamados, desde la radicación del juicio ******************** del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia de Toluca, México, hasta su estado procesal actual, circunstancia que lleva implícita la obligación de la parte quejosa de precisar quiénes son las partes que intervienen en dicho juicio, así como señalar el domicilio actual y correcto de cada uno de ellos. Ello, en razón de que si bien es cierto, en el capítulo relativo a los hechos y abstenciones, la promovente realizó la narrativa que consideró necesaria para cumplir con lo dispuesto en la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo, lo cierto es que dichas aseveraciones se estiman insuficientes para que este juzgado aprecie con claridad las circunstancias consideradas por el juez responsable para la emisión del acto combatido. Además, de que al promoverse la demanda en la vía indirecta, este juzgado de Distrito no cuenta con mayores datos que los aportados inicialmente por la parte quejosa. Sobre el particular, se invoca la tesis 347, publicada en las páginas 293 y 294 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 - 2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas." Así como la tesis número I.7o.A.100 K, publicada en la página 990, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2006, Tomo XXIII, Novena Época, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que establece: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." Así como la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito publicada en la página quinientos treinta y ocho del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, julio de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO TIENE LA CARGA PROCESAL DE SEÑALAR EL NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO. De lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley de Amparo, que contempla los requisitos que debe contener una demanda constitucional en la vía indirecta, se infiere que en realidad prevé' diversas cargas procesales que el quejoso debe satisfacer para que se pueda dar curso a su petición, entre ellas, la prevista por la fracción II, relativa al señalamiento del nombre y domicilio del tercero perjudicado, que resulta exigible siempre que, cuando con relación al acto reclamado exista una persona que se ubique en alguno de los supuestos que prevé' en sus diversos incisos (tres) la fracción III del artículo 5o., de la legislación de la materia. Además, la ley invocada en ninguno de sus preceptos establece bajo algún supuesto la satisfacción de ese señalamiento por otra de las partes en el juicio de amparo ni por el propio juzgador federal, excepto en el caso de amparos en materia agraria cuando el quejoso sea alguno de los sujetos que menciona el artículo 212 del ordenamiento invocado. En consecuencia, es de concluirse al respecto que, legalmente la carga procesal de señalar el nombre y domicilio del tercero perjudicado pesa exclusivamente sobre el quejoso, el que debe procurarse todos los medios y agotar las instancias posibles para cumplir con esa obligación, y sólo ante la demostración de que ha actuado de tal forma puede recurrirse a otras alternativas para tener conocimiento de los datos indicados." Y la tesis consultable en la página ochocientos treinta y siete, del Tomo XIV, julio de mil novecientos noventa y cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyos rubro y texto son: "TERCERO PERJUDICADO. QUE DEBE ENTENDERSE POR DOMICILIO DEL. El artículo 116 fracción II de la Ley de Amparo, no exige que se señale el domicilio particular del tercero perjudicado; sin embargo, debe entenderse que alude a un lugar determinado en el cual sea factible recibir notificaciones y practicar diligencias, es decir, se refiere a un inmueble, casa, despacho o local en donde la persona que deba notificarse resida, habite, tenga el principal asiento de sus negocios, se encuentre, o bien que haya señalado; pues de lo contrario, esto es, de aceptar como domicilio "los estrados del juzgado", no podría efectuarse el emplazamiento en términos de ley ya que por ejemplo, el actuario se vería imposibilitado para buscar al interesado en la puerta, pasillos o escalinatas del Tribunal ni podría dejarle el citatorio a sus parientes, empleados o domésticos; en todo caso, lo dejaría a los empleados quienes por el número de personas que acuden al juzgado no podrían entregarlo. En conclusión, el domicilio del tercero perjudicado que debe señalar el quejoso tiene que ser un inmueble, casa, despacho o local en donde sea posible recibir notificaciones y practicar diligencias." APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la promovente que de no cumplir con los requerimientos precisados con antelación dentro del plazo concedido para tal efecto, se procederá en términos del artículo 114, de la Ley de Amparo en vigor. AUTORIZADA. Atento a la certificación de cuenta, se tiene por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, toda vez que que cuenta con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. DOMICILIO PROCESAL. De conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo. TRANSPARENCIA Finalmente, con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/7478/2016, asistido de la Secretaria María Isabel López Mondragón que autoriza, firma y da fe.
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