Ma. del Carmen Ayala Maya
Expediente 450/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 450/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/04/2023
Partes del expediente
- Ma. del Carmen Ayala Maya
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Visto el escrito signado por el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la quejosa Ma. del Carmen Ayala Maya, a través del cual solicita se declare firme el auto que desechó la demanda de amparo y le sean entregados los documentos originales que exhibió en el presente sumario y designa autorizada. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su ordinal 2°, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes y respecto a su solicitud de que se dicte un acuerdo que declare firme el auto que desechó la demanda, dígase al ocursante que en proveído de diecisiete de los actuales se emitió dicho acuerdo, por lo que deberá estarse a lo acordado en el mismo. Asimismo, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, devuélvanse los documentos solicitados, previa copia certificada que por su recibo obre en autos; en el entendido que quien acuda a recogerlos deberá presentar identificación oficial vigente y copia de la misma, para debida constancia legal. Sin embargo, no ha lugar a tener por autorizado para recibirlos a la persona designada, pues al tener el ocursante el carácter de autorizado, no puede substituir o delegar las facultades que le fueron encomendadas a un tercero. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Estado de autos. De la certificación precedente, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de veintinueve de marzo de la presente anualidad (fojas 14 a 26), por el cual se desechó la demanda de amparo. Causa estado. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado estado. Archivo. Por otra parte, vista la cuenta precedente y el estado que guarda este asunto, del cual se advierte que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Anotaciones. En el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, háganse las anotaciones correspondientes. Calificación del expediente. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: El presente expediente es susceptible de destrucción, por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo (artículo 21, inciso b) del citado acuerdo general). Asimismo, a consideración de este órgano jurisdiccional, el presente asunto carece de relevancia documental (pues no encuadra en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General Conjunto). Además, se comunica a las partes que de conformidad con el Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, con base en el artículo 21 del Acuerdo en comento, se procederá a la destrucción, para remitirse al Centro archivístico respectivo. Devolución de documentos. Ahora bien, en los autos del presente juicio de amparo, se advierte diverso documento exhibido por la parte quejosa, por ende, con fundamento en el artículo 20, segundo párrafo del acuerdo citado, dése vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días hábiles, comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger el documento, ello previa constancia que se deje en autos para constancia legal de su entrega y recibo, apercibida que de no hacerlo podrán ser destruidos. ...
- Principal
(AVISO QUEJOSA) SE HACE EFECTIVO EL APERCIBMIENTO A LA PARTE QUEJOSA, CONTENIDO EN AVISO DE DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, EN CONSECUENCIA SE LE NOTIIFICA POR LISTA EL AUTO DE DIECISIETE DEL MES Y AÑO EN CURSO "oluca, Estado de México; diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Estado de autos. De la certificación precedente, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de veintinueve de marzo de la presente anualidad (fojas 14 a 26), por el cual se desechó la demanda de amparo. Causa estado. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado estado. Archivo. Por otra parte, vista la cuenta precedente y el estado que guarda este asunto, del cual se advierte que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Anotaciones. En el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, háganse las anotaciones correspondientes. Calificación del expediente. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: El presente expediente es susceptible de destrucción, por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo (artículo 21, inciso b) del citado acuerdo general). Asimismo, a consideración de este órgano jurisdiccional, el presente asunto carece de relevancia documental (pues no encuadra en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General Conjunto). Además, se comunica a las partes que de conformidad con el Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, con base en el artículo 21 del Acuerdo en comento, se procederá a la destrucción, para remitirse al Centro archivístico respectivo. Devolución de documentos. Ahora bien, en los autos del presente juicio de amparo, se advierte diverso documento exhibido por la parte quejosa, por ende, con fundamento en el artículo 20, segundo párrafo del acuerdo citado, dése vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días hábiles, comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger el documento, ello previa constancia que se deje en autos para constancia legal de su entrega y recibo, apercibida que de no hacerlo podrán ser destruidos. "
- Principal
Toluca, Estado de México; veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Radicación. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *****************, por derecho propio, contra actos del Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el Libro de Gobierno así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE con el número 450/2023-VII. Precisión del Acto Reclamado: En términos de lo previsto en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado en el presente juicio de amparo es: La omisión por parte de las responsables de realizar el pago de pensión por jubilación decretada en el dictamen ********************, a favor de la quejosa. Improcedencia. En el caso, se advierte que se actualiza la hipótesis de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, dado que la parte peticionaria del amparo está obligada a agotar el principio de definitividad, promoviendo al respecto el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Federal; y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: ... El texto de los preceptos transcritos establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar aquél, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Debe destacarse que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos, lo cual significa que si la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la ley de la materia para conceder la suspensión definitiva, el principio de definitividad debe regir en ese caso y, por consecuencia, previamente a promover el juicio de amparo la parte quejosa deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previo a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. ... Cabe señalar que si bien la tesis antes citada parte de la interpretación de diversos artículos de la Ley de Amparo abrogada, ello no obsta para su aplicación en el caso, dado que el sistema normativo que rige en el ordenamiento vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, no se modificó y sigue operando en términos similares a los previstos en los preceptos legales que se invocan en el criterio transcrito. De lo antes expuesto se tiene que para actualizar la causa de improcedencia en estudio es necesario: Que el acto reclamado sea emitido por una autoridad distinta de los tribunales administrativos, judiciales o del trabajo. Que contra ese acto proceda un medio ordinario de defensa previsto en la ley formal y material, que pueda tener por objeto, revocar, modificar o confirmar el acto reclamado. Que el medio ordinario de defensa prevea la suspensión de la ejecución del acto impugnado y que para su concesión no se prevean mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo. No habrá obligación de agotar el medio ordinario de defensa cuando el acto reclamado carezca de fundamentación o se reclamen violaciones directas a la Constitución. En el caso, según lo reclamado, eleprimero de los requisitos se encuentra satisfecho, ya que el acto reclamado se atribuye a autoridades que por su naturaleza son de carácter administrativo, ya que no forma parte de los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo; de ahí que se colme el primer requisito en comento. En relación con el segundo de los requisitos consistente en que contra el acto reclamado proceda un medio ordinario de defensa previsto en la ley formal y material, que pueda tener por objeto, revocar, modificar o confirmar el acto reclamado, éste también se encuentra satisfecho, tal y como enseguida se expone. Los artículos 1°, fracción II, y 229, fracciones VI y XI, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, en su texto vigente, prevén lo siguiente: ... De la interpretación armónica de los numerales transcritos se advierte que procede juicio contencioso contra las omisiones de los organismos auxiliarles del Poder Ejecutivo, como en el caso acontece, a saber, Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. En ese sentido, debe entenderse que los sujetos afectados por las omsiones de dicha autoridad tienen a su alcance el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Por consiguiente, es palmario que contra el acto reclamado procede el juicio contencioso administrativo, toda vez que fue realizado por una autoridad auxiliar del ejecutivo estatal y, con dicho medio ordinario la parte quejosa se encuentra en condiciones de combatir el acto que aquí reclama; de ahí que se colme el segundo requisito en comento. Asimismo, dicho medio de impugnación se encuentra contenido en una ley formal y material, ya que el Código de Procedimientos Administrativos fue emitido por la Legislatura del Estado Libre y Soberano de México. Por otra parte, respecto al tercer requisito consistente en que el recurso, juicio o medio de defensa ordinario, no exija mayores requisitos para conceder la suspensión, éste también se encuentra satisfecho; para lo cual resulta necesario trascribir en su literalidad las disposiciones aplicables al caso tanto del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México como de la Ley de Amparo. ... .... Como puede apreciarse del cuadro comparativo que antecede, el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México no exige mayores requisitos para conceder la suspensión que los que para ese efecto establece la Ley de Amparo. ... En efecto, la Ley de Amparo y la ley administrativa de la entidad, en esencia, son coincidentes respecto a los requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado; luego entonces, la parte quejosa se encuentra obligada a observar el principio de definitividad consagrado en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, esto es, agotando el juicio contencioso administrativo, dado que en la ley que rige el medio de defensa no se prevén mayores requisitos para conceder la suspensión de los efectos de los actos impugnados en esa instancia contenciosa, que los enunciados en la Ley de Amparo, como se explicó en los párrafos anteriores. Por tanto, al existir medios de impugnación idóneos en la legislación nacional, que permitan a los particulares acceder a vías por las que se les administre justicia por tribunales expeditos en los plazos y términos que fijen las leyes emitiendo resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, es más que suficiente para tener por acreditada la obligación impuesta al Estado Mexicano en el artículo 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dicho de otro modo, a garantizar el derecho a una tutela judicial efectiva. .... Excepciones al principio de definitividad. En principio, debe decirse que no se puede dejar al arbitrio de la parte quejosa determinar la procedencia del juicio de amparo con sólo invocar violaciones a la Ley Suprema, lo que no puede permitirse en aras de preservar el carácter de medio extraordinario de defensa del juicio de amparo; en ése sentido, las violaciones que alega la parte quejosa pueden ser materia de análisis ante la autoridad administrativa ordinaria. En efecto, no se soslaya que la parte quejosa pudiera esbozar en sus conceptos de violación la carencia de fundamento y motivación, porque aun cuando es indiscutible que la violación directa de un precepto constitucional motiva el juicio de amparo por ser la vía constitucionalmente idónea para reclamarla, ello ocurre cuando se reclama exclusivamente esa violación, pero no cuando en los conceptos de violación se reclamen no solamente infracciones a las leyes ordinarias, sino también la incorrecta aplicación de decretos u órdenes de carácter general, como en el caso acontece, pues los preceptos 67 y 73 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipio, establecen la forma en que la autoridad responsable deberá dar trámite al pago de la pensión por jubilación. Lo anterior es así, porque entonces la materia litigiosa se contrae a una cuestión de legalidad o de incorrecta aplicación de decretos y por tal razón debe acudirse al medio ordinario de defensa ya que de otro modo bastaría invocar en la demanda de amparo la violación de un precepto constitucional para eludir el agotamiento de los recursos ordinarios, desvirtuándose así el requisito de definitividad que debe tener el acto reclamado en el juicio constitucional. ... En efecto, dicha parte no se ubica en alguna excepción al principio de definitividad en materia administrativa, es decir, que sin agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley señale, aún y cuando se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal; afirmación que se sostiene ya que, si bien señala la quejosa que se transgrede en su perjuicio el artículo 1o. constitucional, ello no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas deban ser resueltas únicamente por Tribunales Federales a su favor y ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno el principio de acceso efectivo a la justicia puede ser constitutivo de "derechos", para transgredir el principio de definitividad, o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas por la parte quejosa, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes .... Lo anterior se robustece con el hecho de que el artículo 276 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, establece que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, debe precisar la forma y términos en que la autoridad demandada debe restituir a los particulares en el pleno goce de los derechos afectados, con independencia de la naturaleza de la violación cometida, en virtud de que dicho precepto no hace distinción en cuanto a los derechos que deben restituirse con motivo de un acto de autoridad ilegal que carezca de fundamentación y motivación, en términos de lo dispuesto por el artículo 16 constitucional; dicho de otro modo, la citada autoridad puede conocer de actos carentes de fundamentación y motivación en términos del citado precepto, por ende, que no se actualice de manera excepcional dicha violación directa a la carta magna. ... No obsta las conclusiones anteriores, que si bien el artículo 276 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no establece la posibilidad de anulación de una resolución administrativa por falta de fundamentación y motivación, sin embargo, sí dispone se obligue a la autoridad a pronunciarse al respecto de su acto infundado e inmotivado, lo cual es congruente con el objeto acatar el derecho de petición que garantiza el artículo 8o. constitucional y que viene a colmar la pretensión del particular, pues le asegura una resolución depurada conforme a derecho. Sobre esa base, se estima que la justiciable debió agotar el medio ordinario de defensa procedente antes de acudir a la vía constitucional, dado que no se actualiza el supuesto de excepción de la causa de improcedencia anunciada. ... En tal virtud, si la promovente no acreditó haber agotado previamente a la promoción del juicio de amparo, el juicio contencioso administrativo contemplado en la ley estatal de la materia, por lo que resulta improcedente la acción constitucional intentada por vía de amparo, dada la inobservancia del principio de definitividad en que incurrió, pues mediante la interposición de dicho medio ordinario de defensa estuvo en condiciones de obtener la modificación, revocación o nulificación del acto que combate; máxime que según se ha visto, no se actualiza alguna de las excepciones que para tal efecto existen. En las condiciones anotadas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 del citado ordenamiento legal. ... No se soslaya que en cuanto al derecho humano relativo al acceso a la justicia y efectividad de los recursos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos al interpretar el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos estableció que el derecho de que se habla no se agota con la simple existencia de tribunales así como de procedimientos ni con la posibilidad de acudir a ellos, sino que es necesario que dichos recursos judiciales tengan efectividad, esto es, brinden a los justiciables la posibilidad real de interponerlos. Empero, tampoco pasa inadvertido para este Juzgado que inclusive la Corte Interamericana estableció que la existencia y aplicación de presupuestos de admisibilidad de los recursos, resultaba compatible con la propia Convención Americana y que sólo al satisfacerse dichos requisitos, entonces el órgano jurisdiccional ya se encontraba obligado a evaluar las pretensiones hechas valer. Aunado a lo anterior, cabe precisar que el derecho a un recurso efectivo, no implica que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto sin que previamente verifique el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad previstos en las leyes nacionales para su interposición, pues las formalidades procesales son la vía posible para arribar a una adecuada resolución y por ende es indispensable cumplirlas. ... De lo anterior se colige que, la existencia de causales de admisibilidad en algún recurso o medio ordinario de defensa, no son incompatibles con el derecho de acceso a la justicia y a un recurso efectivo a que aluden los preceptos 17 constitucional y 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ya que dichos presupuestos permiten generar seguridad jurídica a los gobernados y una vez satisfechos, el órgano competente está obligado a abordar el análisis de sus pretensiones y garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, protegiendo sus derechos humanos y remediando su violación en caso de que así se demostrara; de ahí que, en ese aspecto tampoco se estime se transgreda el artículo 17 Constitucional. Sin que tampoco la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo, de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que sea desfavorable a la pretensión de la parte promovente, dado que ya se explicaron los motivos del por qué no procede el juicio de amparo, aunado a que se expuso cuáles son los medios de defensa ordinarios que tiene a su alcance. ... Lo anterior, guarda congruencia, con el hecho de que admitir y dar trámite al juicio constitucional por cuanto hace al acto reclamado, a nada práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo, y a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. Domicilio procesal. En términos del artículo 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio del escrito de demanda. Autorizados. En atención a la certificación de cuenta, se tiene a ******************** por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo por tener registrada su cedula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y a las restantes personas citadas en términos restringidos de dicho numeral, por no contar con la patente para ejercer la profesión de licenciado en derecho en el referido Sistema. Usuario. En atención a la certificación de cuenta y toda vez que el usuario "********************" que señala la promovente, se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, ténganse por autorizado para la consulta vía electrónica del juicio de amparo en que se actúa. .... Correo electrónico y número telefónico. Por cuanto hace a los correos electrónicos y número telefónicos que proporciona, no obstante que la Ley de Amparo no contempla las notificaciones por ese medio, téngase por señalado, ello a fin de poder hacerle del conocimiento las actuaciones trascendentes y/o establecer el contacto respectivo en los casos en que por su trascendencia se estime necesario. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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