Ma. de Lourdes González Andrade

Expediente 1190/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1190/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
13/03/2017

Partes del expediente

  • Ma. de Lourdes González Andrade

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese al expediente el escrito signado por *******, en su calidad de apoderada legal de la quejosa **********; atento a su contenido, devuélvasele la documental que refiere, previa identificación, certificación de desglose y razón de su entrega se deje en autos.

  2. Principal

    Visto el estado de autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del proveído de treinta de diciembre de dos mil dieciséis, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicha providencia queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; conforme a los artículos 3, 104, 113, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el escrito signado por Leticia González Andrade apoderada legal de la quejosa Ma. de Lourdes González Andrade, mediante el cual desahoga el requerimiento formulado en providencia de veintiséis de diciembre del año en curso. En ese sentido, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario observar lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En el caso concreto, el suscrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." Del citado numeral se desprende, en lo que interesa, que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos legales. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico para la presentación de la demanda es de quince días, con excepción de las cuatro hipótesis que prevé el primero de los numerales, y dicho plazo correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Para comprender adecuadamente por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia antes referida, se ordena traer a la vista, así como que se agregue copia certificada de la demanda que dio origen al juicio de amparo 610/2015-III de la estadística de este órgano jurisdiccional, así como de la sentencia emitida en ese juicio constitucional, publicada en la intranet del Poder Judicial de la Federación, específicamente en el módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Lo anterior, habida cuenta que se justifica la invocación de este dato en virtud que las publicaciones en la red intranet de las resoluciones que emiten los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación constituyen hecho notorio en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, porque la citada red es un medio electrónico que forma parte de la infraestructura de comunicación del Poder Judicial de la Federación, creada para interconectar computadoras del Máximo Tribunal y todos los Tribunales y Juzgados Federales del país, permitiendo realizar consultas de jurisprudencia, legislación y de la base de datos que administra los asuntos que ingresan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aun y cuando no se tenga a la vista de manera física el testimonio autorizado de tales resoluciones. Cobra aplicación la jurisprudencia XXI.3o. J/7 del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, consultable a página 804, Tomo XVIII, Octubre de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Las publicaciones en la red intranet de las resoluciones que emiten los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación constituyen hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, porque la citada red es un medio electrónico que forma parte de la infraestructura de comunicación del Poder Judicial de la Federación, creada para interconectar computadoras del Máximo Tribunal y todos los Tribunales y Juzgados Federales del país, permitiendo realizar consultas de jurisprudencia, legislación y de la base de datos que administra los asuntos que ingresan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que es válido que los Magistrados de Tribunales de Circuito y Jueces de Distrito invoquen de oficio las resoluciones que se publiquen en ese medio para resolver un asunto en particular, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes y aun cuando no se tenga a la vista de manera física el testimonio autorizado de tales resoluciones." Ahora, de la lectura de las constancias arriba descritas se obtienen los siguientes datos: - Leticia González Andrade, por su propio derecho, promovió el juicio de amparo indirecto 610/2015-III de la estadística de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, ostentándose como tercera extraña en sentido estricto al juicio 484/2012 del índice del Juzgado Único Civil de Partido de Yuriria, Guanajuato, reclamando todo lo actuado dentro del citado controvertido y como consecuencia de ello el remate, adjudicación o desposeimiento del bien inmueble que refiere de su propiedad, ubicado en calle Benito Juárez número 159, del Poblado de San Pablo Casacuaran, Municipio de Yuriria, Guanajuato. - En esa ocasión manifestó bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento del juicio 484/2012 antes referido, el seis de julio de dos mil quince. - Mediante sentencia de siete de diciembre de dos mil quince, se resolvió sobreseer el juicio de amparo por falta de interés jurídico. - Contra la determinación anterior la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del cual le correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, quien la radicó bajo el número 20/2016 y el quince de abril de dos mil dieciséis, confirmó la sentencia sujeta a revisión. Por su parte, de la presente demanda de amparo se advierte que: - Ma. de Lourdes González Andrade, por conducto de su apoderada legal Leticia González Andrade, acude a esta instancia constitucional ostentándose como tercera extraña en sentido estricto al juicio 484/2012 del índice del Juzgado Único Civil de Partido de Yuriria, Guanajuato, reclamando todo lo actuado dentro del citado controvertido, así como el remate del bien inmueble del que aduce ser copropietaria, ubicado en calle Benito Juárez número 159, del Poblado Casacuaran, municipio de Yuriria, Guanajuato. Ahora bien, Leticia González Andrade, en su calidad de apoderada legal de Ma. de Lourdes González Andrade, refiere que su poderdante es copropietaria del inmueble ubicado en calle Benito Juárez número 159, del Poblado Casacuaran, municipio de Yuriria, Guanajuato, y acompaña para acreditar su dicho copia certificada de la escritura pública tres mil cincuenta y seis, que contiene la protocolización del juicio sucesorio intestamentario a bienes de Amparo Andrade González y Antonio González Cintora, dentro del expediente 523/99 del índice del Juzgado de Primera Instancia Mixto de Yuriria, Guanajuato, en la que se advierte que se adjudicó en mancomún y pro-indiviso a José Óscar, Orlando, Rosaura, Ma. de Lourdes y Leticia, todos de apellidos González Andrade, la finca urbana antes referida; y que no obstante ello se pretende privar a su representada de los derechos que detenta sobre el citado bien, sin que se le haya oído y vencido en defensa de sus intereses. Empero, de las referidas constancias del juicio de amparo 610/2015-III, se colige que Leticia González Andrade, apoderada legal de la aquí quejosa Ma. de Lourdes González Andrade tuvo conocimiento del acto del que aquí se duele al menos desde el día seis de julio de dos mil quince, según lo que manifestó bajo protesta de decir verdad en ese procedimiento. En efecto, del instrumento público que se adjuntó al escrito inicial de demanda, se desprende que el tres de marzo de dos mil diez, Ma. de Lourdes González Andrade, otorgó a Leticia González Andrade, poder general amplísimo para pleitos y cobranzas, calidad con la que promovió el presente juicio. Por tanto, es dable aseverar que la promovente de este juicio en su calidad de apoderada de la directa quejosa, tuvo conocimiento del juicio 484/2012 del índice del Juzgado Único Civil de Partido de Yuriria, Guanajuato, desde al menos el seis de julio de dos mil quince, fecha en que se manifestó sabedora de ese procedimiento dentro del juicio de amparo 610/2015-III, y en la cual ya fungía como representante de la agraviada. De manera que desde el seis de julio de dos mil quince, Leticia González Andrade estuvo en aptitud de promover el presente juicio en defensa de los intereses de su representada, pues si bien es cierto que la demanda de amparo que promovió en esa data fue por su propio derecho, sin que indicara el nombre de su poderdante, también lo es que el conocimiento que tuvo del juicio 484/2012 del índice del Juzgado Único Civil de Partido de Yuriria, Guanajuato, por sí, no puede desconocerlo como representante legal de la aquí quejosa, pues la percepción que una persona obtiene de los actos que reclama, al tiempo de ser representante legal de un ente jurídico diverso, la coloca en aptitud, con esta última calidad, de inconformarse mediante el juicio de amparo en contra del procedimiento del cual emanan, en caso de que se estime que dichos actos le causen un agravio personal y directo a su representación, ya que el conocimiento que se obtiene es uno solo, por ser materialmente imposible e ilógico que lo que se sabe como persona física se ignore como representante legal de otra diversa. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, octava época, tomo VI, parte TCC, tesis 992, consultable en la página 682 del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "REPRESENTANTES LEGALES. NO PUEDEN IGNORAR CON TAL CARACTER, LO QUE CONOCEN EN LO PERSONAL. La percepción que una persona obtiene de los actos que reclama, al tiempo de ser representante legal de un ente jurídico diverso, la coloca en aptitud, con esta última calidad, de inconformarse mediante el juicio de garantías en contra del procedimiento del cual emanan, en caso de que se estime que dichos actos le causen un agravio personal y directo a su representación, ya que el conocimiento que se obtiene es uno solo, por ser materialmente imposible e ilógico que lo que se sabe como persona física se ignore como representante legal de otra diversa, aunque los intereses jurídicos pudieran ser distintos." Precisado lo anterior, debe señalarse que el término de quince días que establece el arábigo 17 de la ley de la materia, transcurrió del siete al veintisiete de julio de dos mil quince, dado que: I. El aludido plazo se computó a partir del día siguiente al en que el promovente tuvo conocimiento del acto reclamado, a saber, el siete de julio de dos mil quince, ya que como quedó dicho, al menos desde el doce del mismo mes y año tuvo conocimiento de dicho acto. II. Fueron inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, los días once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis, todos del año dos mil quince, por ser sábados y domingos. Entonces, como los actos reclamados no constituye un caso de excepción para presentar la demanda en un término distinto al genérico establecido en el artículo 17 de la ley de la materia, ya que no se ubica en ninguna de las hipótesis que prevé dicho numeral, pues no se reclama una norma general autoaplicativa, no se trata de un procedimiento de extradición, tampoco de una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, no es un acto privativo de la posesión, propiedad o disfrute de derechos agrarios y además no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación, destierro, proscripción o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; y la promovente presentó la demanda que se estudia hasta veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis, como se advierte de la papeleta de turno expedida por la Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, es inconcuso que lo hizo con marcada posterioridad al término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo y, ante lo cual, resulta manifiesto e indudable que se actualice la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, que se estime que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente por el peticionario del amparo. Es aplicable a lo anterior la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII, página 202, que a la letra reza: "DEMANDA DE GARANTÍAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA.- Es correcto el actuar del Juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el Juez de Amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el Juez Federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el Juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda". Asimismo, la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XI, página 235, del tenor siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS.- Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquella resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita". Consecuentemente, con fundamento en lo previsto por el artículo 61, fracción XI, en relación con el diverso numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." No es óbice a lo anterior lo expuesto por la promovente en el escrito inicial de demanda, en el sentido de que el doce de diciembre del año en curso, se hizo sabedora del juicio 484/2012 del índice del Juzgado Único Civil de Partido de Yuriria, Guanajuato. Lo anterior, toda vez que el cómputo para la presentación de la demanda de amparo debe hacerse a partir del día siguiente al de la fecha de conocimiento del acto de reclamado, lo cual ocurrió como quedó precisado, al menos desde ocho de julio de dos mil quince. Cabe destacar que el conocimiento del acto reclamado por la parte quejosa para iniciar el cómputo del plazo para la presentación de la demanda de amparo, debe acreditarse fehacientemente, como se establece en la tesis sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en su anterior integración, publicada en la página 136, del tomo XCIV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL. De acuerdo con el espíritu que informa el artículo 21 de la Ley Reglamentaria del juicio de Amparo, el conocimiento del acto reclamado por el quejoso, que sirve de base para el cómputo del término que establece dicho precepto, para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo, y no inferirse a base de presunciones." La premisa que se deriva del anterior criterio, es que la fecha del conocimiento del acto reclamado debe constar fehacientemente y debe ser evidenciada de modo directo; forma ésta que requiere la existencia en autos de pruebas idóneas y excluye la inferencia de tal conocimiento a base de presunciones. De modo que la afirmación de la fecha del conocimiento del acto reclamado, debe estar soportada en constancias y circunstancias que permitan establecer que la fecha que se afirma como de conocimiento, efectivamente lo sea. De ahí que es insostenible la afirmación de la promovente del amparo de que hasta el doce de diciembre del año en curso, tuvo conocimiento del juicio 484/2012 del índice del Juzgado Único Civil de Partido de Yuriria, Guanajuato. Lo anterior tiene sustento en la Jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1148, Tomo XII, Diciembre de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "ACTO RECLAMADO, FECHA DE CONOCIMIENTO POR EL QUEJOSO. DEBE DEDUCIRSE DE LAS CONSTANCIAS DEL JUICIO AUN CUANDO SE HAYA MANIFESTADO UNA DISTINTA EN LA DEMANDA DE AMPARO. El análisis de las causales de improcedencia en el juicio constitucional, imperativo para los tribunales de amparo de manera previa al examen de los conceptos de violación, debe llevarse a cabo al tenor de las constancias que obren en el juicio de garantías; por lo que, tratándose de la causal prevista en el artículo 73, fracción XII, de la ley de la materia, la fecha de conocimiento por el quejoso del acto reclamado debe establecerse con base en las constancias que obren en dicho juicio y sólo en el caso de que de las mismas no se advierta una fecha distinta a la manifestada por el peticionario de garantías debe tenerse por cierta la señalada en la demanda de amparo; por tanto, cuando de las constancias anexas al informe justificado rendido por una de las autoridades responsables se deduce que el quejoso solicitó copias de documentos que obran en el juicio generador del acto reclamado, es a partir de la fecha de recepción de tales constancias que debe tenérsele por sabedor del acto reclamado y por ende para declarar si se surte la causal de improcedencia a que se refiere la disposición legal mencionada."

  4. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por **********, en su calidad de apoderada legal de **********, calidad que acredita en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, con copia certificada de la escritura seis mil seiscientos uno, acto notarial ciento sesenta y dos, pasado ante la fe de la Cónsul de México, en funciones de Notario Público, con sede en Santa Ana, California, Estados Unidos de América; contra actos del Juez Único de Partido Civil de Yuriria, Guanajuato; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 1190/2016-IV. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en la fracción II del invocado numeral, en relación con el artículo 108, fracción II de la ley de la materia, como se verá a continuación: La fracción II del aludido numeral 108 de la legislación en comento establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad;." Como se advierte de la trascripción anterior, la parte quejosa tiene la insoslayable obligación de precisar en su escrito constitucional, el nombre y domicilio del tercero interesado y en caso de que desconozca a quién le reviste dicho carácter, deberá manifestarlo así bajo protesta de decir verdad. En el caso concreto, la promovente del amparo refiere que no es parte en el controvertido de origen, y en el capítulo atinente al nombre y domicilio del tercero interesado señaló como tal únicamente a ********** antes **********; quien de acuerdo con lo expresado en el escrito de demanda, concretamente en el capítulo referente a los antecedentes del acto reclamado, se advierte que dentro del procedimiento civil 484/2012 de la estadística del Juzgado Único de Partido Civil de Yuriria, Guanajuato, dicha persona moral es actora. De lo anterior se advierte que también le resulta el carácter de tercero interesado a la parte demandada, sin que haya sido señalada como tal, ni se haya manifestado bajo protesta de decir verdad que se desconoce; omisión que hace que la demanda de amparo que se provee sea irregular, por cuanto a que no es posible integrarla a la litis constitucional. Ante la irregularidad advertida, con fundamento en los artículos 108, fracción II, en relación con el 114, fracción II, ambos de la ley de la materia, se determina prevenirla para que, dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes: Señale como tercero interesado a la parte demandada en el juicio de origen, y proporcione el domicilio en el que pueda ser llamado a juicio, o bien, manifieste bajo protesta de decir verdad que lo desconoce. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." En la inteligencia que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si la quejosa es quien la desahoga, dado que la manifestación "bajo protesta de decir verdad" constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promueve la demanda, porque lo sujeta a manifestar que el relato de sus hechos lo hace con sujeción a la verdad y, que de resultar falso alguno de ellos, estaría sujeto a lo dispuesto por la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, en la que se contienen las penas en que incurren las personas que al formular su demanda afirmen hechos falsos u omitan las que les consten en relación al amparo. Ahora, tomando en consideración que la promovente solicita se le tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que no es técnicamente posible, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este juzgado. Asimismo téngase autorizando en en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Daniel Guadalupe Moreno Olguín, al contar con cédula profesional 1858383 registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas tanto en el juicio en que se actúa, como en los cuadernos incidentales derivados del mismo, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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