Ma. de Lourdes García Gámez

Expediente 187/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 13 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
187/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
16/07/2021

Partes del expediente

  • Ma. de Lourdes García Gámez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que el proveído de veintidós de junio de dos mil veintiuno, en el que este Tribunal sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por *****************, no fue recurrido dentro del término legal, por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, fracción a), del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que el juicio se sobreseyó y no se tramitó incidente de suspensión. Por ser innecesaria su retención, devuélvase a la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el tomo de pruebas que se formó con motivo de las constancias que remitió. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO A LA PARTE QUEJOSA: Agréguense a sus autos el oficio y anexo remite el Presidente de la Sala Regional del Centro III, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, mediante los cuales, en atención al requerimiento de nueve de los actuales, informa el pronunciamiento que realizó con relación al cumplimiento que efectuó el Encargado de la Subdelegación de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, respecto a la determinación de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve emitida en el juicio de nulidad 2350/16-10-01-4-OT de su índice. Ahora bien, de las referidas constancias, a las cuales el suscrito les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se desprende que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia ha sustentado diversas tesis que aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, entre otras, las siguientes: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." (Quinta Época, Tomo XCIX, página 2446). ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y en aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia, del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo, y por lo mismo, no hay cesación de efectos." (Quinta Época, Tomo LXXXIX, página 731)." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se sostiene que opera la causal de improcedencia señalada porque: 1) La parte quejosa señaló como acto reclamado: La omisión de las responsables de cumplir y hacer cumplir la resolución de once de octubre de dos mil diecinueve, dictada dentro del juicio de nulidad 2350/16-10-01-4-OT, del índice de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 2) De las constancias que se acuerdan y las allegadas por el Encargado de la Subdelegación de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, se advierte que: En cumplimiento a la resolución de once de octubre de dos mil diecinueve, dictada en el juicio de nulidad 2350/16-10-01-4-OT, se emitió la determinación contenida en el oficio DPSH/AC/0354/2021 de tres de mayo de dos mil veintiuno, signada por el Jefe del Departamento de Pensiones, de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad. Que dicha determinación, conjuntamente con la copia del cheque firmado por la quejosa, y la cuenta por liquidar, fueron allegados a la Sala responsable, por conducto del titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Delegación Estatal Guanajuato, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en representación de la autoridad demandada en el juicio de origen - Subdelegación de Prestaciones de Económicas de la Delegación Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado-, a efecto de que se pronunciara respecto a su cumplimiento. Que mediante acuerdo de quince de junio de dos mil veintiuno, la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, teniendo a la vista las constancias de referencia, determinó tener por cumplida la resolución dictada el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve; por lo que, ordenó archivar el asunto como total y definitivamente concluido. En relatadas condiciones, es evidente que la afectación reclamada por la quejosa en el presente juicio, cesó en sus efectos, dado que, las responsables llevaron a cabo las acciones conducentes para cumplir con la resolución materia del presente juicio, lo que trajo como consecuencia el cumplimiento de la resolución reclamada y la total conclusión del juicio de origen. Razones por las cuales, ya no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, dado que no se puede alcanzar el objeto que se persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido a la solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, ya que las responsables atendieron la resolución de once de octubre de dos mil diecinueve, dictada en el juicio de nulidad 2350/16-10-01-4-OT, cuyo incumplimiento se impugnó en esta instancia constitucional; lo que trae como consecuencia que, se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improceder en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de dieciocho de mayo pasado, se tuvo al Presidente de la Sala Regional del Centro III, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, informado que hasta dicha data, no se había pronunciado respecto del cumplimiento a la sentencia definitiva del juicio de origen, toda vez que, se encontraba transcurriendo el plazo para que la parte quejosa interpusiera el medio de defensa correspondiente. En ese sentido, en aras de corroborar la actualización de una posible causa de improcedencia, o bien, descartar su configuración, ya que en términos del artículo 62 de la legislación en consulta su estudio es oficioso; con fundamento en el artículo 75 de la Ley de la Materia, solicítese al Presidente de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que en el término de cinco días legalmente computado, informe a este Juzgado Federal, si ya se pronunció respecto al cumplimiento de sentencia que refiere haber dado el Encargado de la Subdelegación de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y de ser así, remita las constancias respectivas. Lo anterior, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le podrá imponer una multa de cincuenta a mil Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo y al Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, así como su complemento del día siguiente. Finalmente, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para esta fecha y se señalan las diez horas con doce minutos del nueve de julio de dos mil veintiuno, para su desahogo.

  4. Principal

    Únicamente agréguese en autos el oficio que remite el Subdirector de lo Contencioso, en representación del Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual refiere rendir su informe justificado; lo anterior, en virtud de que el catorce de los actuales se acordó lo conducente.

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