Ma. de los Ángeles Herrera Lugo

Expediente 841/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 10 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
841/2017
Año
2017
Actuaciones
10
Última actuación
17/10/2017

Partes del expediente

  • Ma. de los Ángeles Herrera Lugo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por el Juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso 17796/2017 del índice de este órgano jurisdiccional, por el que se le notificó el proveído de diez de octubre de dos mil diecisiete, y se le enviaron, en seis tomos, las constancias que contenían copia certificada del juicio especial sumario hipotecario C120/2013 de su índice, que acompañó a su informe justificado.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la providencia en la que se decretó el sobreseimiento del juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, no fue recurrida; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que quedó firme. Notifíquese lo anterior a la autoridad responsable y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por tanto, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse las hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero, párrafo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. En relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión provisional, por lo que, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en diciembre 2012, específicamente en su capítulo: "JUZGADOS DE DISTRITO. VALORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES AUXILIARES Y JUDICIALES, DE CONFORMIDAD CON EL AGC 1/2009", subtítulo: "EXPEDIENTES QUE CORRESPONDE CLASIFICAR COMO DEPURABLES O DESTRUIBLES POR LOS JUZGADOS DE DISTRITO DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO"; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo al punto vigésimo, fracciones I y III del referido acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión, deberá ser destruido en el plazo a que alude dicha disposición, por lo que, se ordena mandarlo al lugar que le corresponda en el archivo de este Juzgado, hasta en tanto se destruya. Toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tienen aceptando que se publiquen dichos datos. Finalmente, tomando en consideración que resulta innecesaria la retención de los seis tomos de pruebas consistentes en copias certificadas del juicio especial hipotecario C120/2013 que como justificación a su informe anexó la Juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad, devuélvasele y solicítesele el acuse de recibo correspondiente.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que el once de los actuales, en la oficialía partes de este juzgado, se recibió el oficio signado por la Juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad, mediante el cual como justificación a su informe, allegó las constancias consistentes en copias certificadas del juicio especial hipotecario C120/2013 de su índice. De las constancias que remite la oficiante, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que la solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la agraviada en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora, con el objeto de comprender el porqué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que el acto reclamado en la presente instancia constitucional se hace consistir en: La orden de desalojo contenida en proveído de once de agosto de dos mil diecisiete, en el que se ordenó poner en posesión material el bien inmueble ubicado en la calle ********** número **********, de esta ciudad, del cual la quejosa aduce es de su propiedad, a la adjudicataria; así como la ejecución de dicho auto. Con el objeto de comprender el porqué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene relatar los antecedentes del acto reclamado que se desprenden de las constancias que como justificación a su informe remitió el Juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad, siendo éstos los siguientes: ********** promovió juicio especial sumario hipotecario ante el Juzgado Tercero Civil de Partido de esta ciudad, el cual se registró bajo el expediente C-120/2013, demandando a ********** (aquí quejosa), el pago de diversas prestaciones. El quince de agosto de dos mil trece, se dictó sentencia definitiva en la que se condenó a la demandada al pago de las prestaciones reclamadas y se ordenó el remate del inmueble otorgado en garantía hipotecaria. Contra la resolución anterior la autorizada de la demandada, promovió recurso de apelación, el cual se radicó bajo el toca 545/2013-C de la estadística de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato y en el que se confirmó la sentencia recurrida. El veintinueve de noviembre de dos mil trece, la demandada promovió amparo directo en contra de la resolución de veintiocho de octubre de dos mil trece, la cual se registró bajo el número 108/2014 del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en la ciudad de Guanajuato, resolviendo negar el amparo de la Justicia Federal. El veintitrés de junio de dos mil catorce, la parte actora promovió incidente de liquidación de interese en el que se determinó condenar a ********** el pago de diversas cantidades con base en la sentencia de quince de agosto de dos mil trece. Seguido el juicio por sus cauces procesales, el dieciocho de septiembre de dos mil quince, en cuarta almoneda se realizó el remate del inmueble base de la acción, por lo que, se adjudicó a favor de **********. Mediante auto de ocho de marzo de dos mil dieciséis, se ordenó al notario público número dos de esta ciudad, la formalización de la adjudicación por remate en rebeldía, de la escritura pública, sobre el inmueble base de la garantía, a la que recayó el instrumento público número **********, el cual fue debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad. En proveído de once de agosto de dos mil diecisiete, se ordenó poner en posesión material del inmueble rematado a la adjudicataria, diligencia que se llevó a cabo el dieciséis del mismo mes y año (lo que constituye el acto reclamado en esta instancia). Atento a esto, el suscrito considera que en la especie se cristaliza la referida causal de improcedencia, toda vez que contra el acto que aquí se reclama, y al ser parte formal en el juicio de origen, la quejosa se encontraba obligada a agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, el medio ordinario legal de defensa correspondiente, como lo es el recurso de revocación establecido en el artículo 232 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, el cual textualmente reza: "Artículo 232. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez o tribunal que los dictó o por el que los substituya en el conocimiento del negocio. De la interpretación literal efectuada del numeral transcrito, se obtiene que son revocables por el juez o tribunal que los dictó o por el que los substituya en el conocimiento del negocio los decretos y los autos que no fueren apelables. Ciertamente, en el presente caso, nos encontramos ante la presencia de un juicio especial civil (hipotecario), mismo que actualmente se encuentra en etapa de ejecución de la adjudicación formalizada en autos. Por esta razón, es que de conformidad con lo establecido en el numeral 232 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, se estima que el medio de defensa ideal para combatir el acto reclamado es el recurso de revocación, el cual como se dijo, tiene por objeto que el juez o tribunal que lo dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio revoque la determinación combatida. De lo anterior se colige que la legislación en comento otorga al gobernado un medio de impugnación ordinario para revocar o modificar las determinaciones dictadas por el juez o el tribunal que las emitió. Bajo ese contexto, si el referido numeral 232 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato prevé un recurso -revocación- que tiene por objeto la modificación total o parcial de la determinación que el mismo juzgador dictó; y si en la especie la impetrante de amparo reclama el acuerdo de once de agosto de dos mil diecisiete, pronunciado por el Juez de Primera Instancia Tercero de lo Civil de este Partido Judicial, en el juicio especial civil sumario hipotecario C-120/2013, de su índice, mediante el cual se ordenó poner en posesión material del inmueble ubicado en la calle ********** Número ********** de esta ciudad, mismo que la quejosa de amparo afirma tiene en posesión; es incuestionable que la impetrante, previo acudir al juicio de amparo, debió agotar dicho medio de impugnación para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Además debe ponerse de relieve que sobre el acto que se combate no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que: a) El acto reclamado no es de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) El acto reclamado no consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) El quejoso no es persona extraña al procedimiento, ya que como se dijo, es parte formal en el contencioso de origen. Por ello, se insiste que la quejosa previo a instar el presente juicio de amparo debió interponer el señalado medio de defensa -revocación- para así cumplir con el principio de definitividad, rector de esta instancia constitucional. No se soslaya que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número P/.J108/2010, que aparece publicada en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, estableció como criterio obligatorio que excepcionalmente el amparo indirecto procede contra actos dictados en ejecución de sentencia, cuando afecten de manera directa derechos sustantivos del quejoso. Sin embargo, el Más Alto Tribunal del País precisó que cuando el acto reclamado se haya dictado después de concluido el juicio sí es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando se trate de aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; asimismo, determinó que el supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto antes precisado, está condicionado a que la resolución reclamada haya sido impugnada a través de los recursos ordinarios a que haya lugar, en atención al principio de definitividad. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. Sobreseimiento que se hace extensivo a la autoridad ejecutora, toda vez que el acto que le fue atribuido no se combatió por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender del acto reclamado a la ordenadora. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

  4. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, se advierte que el once de los actuales, en la oficialía partes de este juzgado, se recibió el oficio signado por la Juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad, mediante el cual como justificación a su informe, allegó las constancias consistentes en copias certificadas del juicio especial hipotecario C120/2013 de su índice. De las constancias que remite la oficiante, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que la solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la agraviada en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora, con el objeto de comprender el porqué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que el acto reclamado en la presente instancia constitucional se hace consistir en: La orden de desalojo contenida en proveído de once de agosto de dos mil diecisiete, en el que se ordenó poner en posesión material el bien inmueble ubicado en la calle ********** número **********, de esta ciudad, del cual la quejosa aduce es de su propiedad, a la adjudicataria; así como la ejecución de dicho auto. Con el objeto de comprender el porqué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene relatar los antecedentes del acto reclamado que se desprenden de las constancias que como justificación a su informe remitió el Juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad, siendo éstos los siguientes: ********** promovió juicio especial sumario hipotecario ante el Juzgado Tercero Civil de Partido de esta ciudad, el cual se registró bajo el expediente C-120/2013, demandando a ********** (aquí quejosa), el pago de diversas prestaciones. El quince de agosto de dos mil trece, se dictó sentencia definitiva en la que se condenó a la demandada al pago de las prestaciones reclamadas y se ordenó el remate del inmueble otorgado en garantía hipotecaria. Contra la resolución anterior la autorizada de la demandada, promovió recurso de apelación, el cual se radicó bajo el toca 545/2013-C de la estadística de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato y en el que se confirmó la sentencia recurrida. El veintinueve de noviembre de dos mil trece, la demandada promovió amparo directo en contra de la resolución de veintiocho de octubre de dos mil trece, la cual se registró bajo el número 108/2014 del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en la ciudad de Guanajuato, resolviendo negar el amparo de la Justicia Federal. El veintitrés de junio de dos mil catorce, la parte actora promovió incidente de liquidación de interese en el que se determinó condenar a ********** el pago de diversas cantidades con base en la sentencia de quince de agosto de dos mil trece. Seguido el juicio por sus cauces procesales, el dieciocho de septiembre de dos mil quince, en cuarta almoneda se realizó el remate del inmueble base de la acción, por lo que, se adjudicó a favor de **********. Mediante auto de ocho de marzo de dos mil dieciséis, se ordenó al notario público número dos de esta ciudad, la formalización de la adjudicación por remate en rebeldía, de la escritura pública, sobre el inmueble base de la garantía, a la que recayó el instrumento público número **********, el cual fue debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad. En proveído de once de agosto de dos mil diecisiete, se ordenó poner en posesión material del inmueble rematado a la adjudicataria, diligencia que se llevó a cabo el dieciséis del mismo mes y año (lo que constituye el acto reclamado en esta instancia). Atento a esto, el suscrito considera que en la especie se cristaliza la referida causal de improcedencia, toda vez que contra el acto que aquí se reclama, y al ser parte formal en el juicio de origen, la quejosa se encontraba obligada a agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, el medio ordinario legal de defensa correspondiente, como lo es el recurso de revocación establecido en el artículo 232 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, el cual textualmente reza: "Artículo 232. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez o tribunal que los dictó o por el que los substituya en el conocimiento del negocio. De la interpretación literal efectuada del numeral transcrito, se obtiene que son revocables por el juez o tribunal que los dictó o por el que los substituya en el conocimiento del negocio los decretos y los autos que no fueren apelables. Ciertamente, en el presente caso, nos encontramos ante la presencia de un juicio especial civil (hipotecario), mismo que actualmente se encuentra en etapa de ejecución de la adjudicación formalizada en autos. Por esta razón, es que de conformidad con lo establecido en el numeral 232 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, se estima que el medio de defensa ideal para combatir el acto reclamado es el recurso de revocación, el cual como se dijo, tiene por objeto que el juez o tribunal que lo dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio revoque la determinación combatida. De lo anterior se colige que la legislación en comento otorga al gobernado un medio de impugnación ordinario para revocar o modificar las determinaciones dictadas por el juez o el tribunal que las emitió. Bajo ese contexto, si el referido numeral 232 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato prevé un recurso -revocación- que tiene por objeto la modificación total o parcial de la determinación que el mismo juzgador dictó; y si en la especie la impetrante de amparo reclama el acuerdo de once de agosto de dos mil diecisiete, pronunciado por el Juez de Primera Instancia Tercero de lo Civil de este Partido Judicial, en el juicio especial civil sumario hipotecario C-120/2013, de su índice, mediante el cual se ordenó poner en posesión material del inmueble ubicado en la calle ********** Número ********** de esta ciudad, mismo que la quejosa de amparo afirma tiene en posesión; es incuestionable que la impetrante, previo acudir al juicio de amparo, debió agotar dicho medio de impugnación para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Además debe ponerse de relieve que sobre el acto que se combate no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que: a) El acto reclamado no es de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) El acto reclamado no consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) El quejoso no es persona extraña al procedimiento, ya que como se dijo, es parte formal en el contencioso de origen. Por ello, se insiste que la quejosa previo a instar el presente juicio de amparo debió interponer el señalado medio de defensa -revocación- para así cumplir con el principio de definitividad, rector de esta instancia constitucional. No se soslaya que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número P/.J108/2010, que aparece publicada en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, estableció como criterio obligatorio que excepcionalmente el amparo indirecto procede contra actos dictados en ejecución de sentencia, cuando afecten de manera directa derechos sustantivos del quejoso. Sin embargo, el Más Alto Tribunal del País precisó que cuando el acto reclamado se haya dictado después de concluido el juicio sí es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando se trate de aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; asimismo, determinó que el supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto antes precisado, está condicionado a que la resolución reclamada haya sido impugnada a través de los recursos ordinarios a que haya lugar, en atención al principio de definitividad. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. Sobreseimiento que se hace extensivo a la autoridad ejecutora, toda vez que el acto que le fue atribuido no se combatió por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender del acto reclamado a la ordenadora. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

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