Ma. de los Ángeles Espitia Matínez

Expediente 497/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 10 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
497/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
01/08/2023

Partes del expediente

  • Ma. de los Ángeles Espitia Matínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que no fue recurrido el auto de seis de julio pasado, en el que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control. Orden de archivo del expediente. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Valoración del expediente. A efecto de realizar la valoración del expediente en que se actúa, se precisa que las resoluciones que se dictaron fueron las siguientes. En el juicio principal, se sobreseyó. En el incidente, se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado. En consecuencia, como el asunto que nos ocupa no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera destruible de conformidad con el diverso artículo 20, fracción I, por lo que una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, deberá ser destruido. Por lo que hace al incidente original de suspensión, será conservable una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso b), del citado acuerdo, por lo que una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, deberá ser transferido, debiéndose agregar a este cuadernillo incidental una impresión del presente acuerdo a fin de tener un manejo adecuado al momento de que se realice el proceso de transferencia. Por otra parte, toda vez que las partes omitieron manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos. Finalmente, por ser innecesaria su retención, devuélvanse al Juez Primero Menor Mixto de esta ciudad, el tomo de prueba que se formó con motivo de las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado.

  2. Incidental

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no exhibió dentro del término otorgado, la garantía que le fue fijada en interlocutoria pronunciada el veintiuno de junio de dos mil veintitrés, para que continuara surtiendo efectos la suspensión definitiva concedida; lo anterior, hágase del conocimiento de las autoridades responsables para los efectos señalados en el segundo párrafo del artículo 136 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de un análisis efectuado a la copia certificada del juicio ejecutivo mercantil ********************, que remitió el Juez Primero Menor Mixto de Celaya, Guanajuato, como complemento de su informe justificado, a las cuales el suscrito les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el suscrito llega al convencimiento de que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, éste último interpretado en sentido contrario, que establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; ********************. De la interpretación de dichos preceptos se tiene que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, en el entendido que si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. La finalidad de esta disposición, es permitir el respeto al derecho a la seguridad jurídica y evitar que se entorpezca el procedimiento de ejecución respectivo, pues si se autorizara la promoción del amparo en contra de cualquier otra resolución dictada en esa fase procedimental, se obstaculizaría y demoraría injustificadamente el curso del procedimiento de ejecución. Bajo este discurso legal, atento a lo que dispone el numeral 107, fracción IV, segundo párrafo, de la ley de la materia, es necesario para recurrir los actos emanados de un procedimiento de ejecución, como sustento básico para el surgimiento de la vía indirecta, que dicho acto represente la última resolución dictada en ese procedimiento, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo válidamente reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha sustentado supuestos de excepción a esta regla, es decir, que existen actos emitidos en ejecución de sentencia, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, entre los que destacan aquellos respecto de los cuales el acto reclamado afecta derechos sustantivos de manera inmediata. ********************Por estas razones, dicho órgano de control constitucional sostuvo la siguiente postura. Un acto dictado en etapa de ejecución de sentencia puede reclamarse a través del amparo indirecto, de acuerdo con lo siguiente:********************Que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente (aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento) o, tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben (regla general); Que, no obstante que el acto se haya emitido en la etapa de ejecución de sentencia, éste sea independiente a la ejecución, es decir, que guarde autonomía con todos los actos tendentes a ejecutar la sentencia; y Que el acto reclamado genere una afectación inmediata a los derechos sustantivos. Sin embargo, conviene acotar que en relación con este último supuesto, ese órgano supremo, para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto, ha fijado la limitación de que esta regla autónoma relativa a que tratándose de actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, deben ser completamente "ajenos a la cosa juzgada" en el juicio natural. Esto es, que los derechos sustantivos que se vean afectados por el acto de autoridad, no se encuentren relacionados con alguna directriz establecida en la sentencia ejecutoria, pues de lo contrario se entorpecería su cumplimiento, lo cual atenta contra la génesis del artículo 17 Constitucional. De esto se sigue, que aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: El acto infrinja directamente derechos sustantivos; y que además, Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia. Es decir, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Sobre tales parámetros, se debe considerar que, cuando en el juicio de amparo se reclaman actos que no afecten derechos sustantivos, y se emitan en ejecución de sentencia, el amparo es improcedente, aun cuando no se encuentren vinculados directa su cumplimiento, porque de hacer procedente este medio de control constitucional, se estaría retardando el cumplimiento a una sentencia definitiva. Postura que viene a robustecer la tendencia actual que se ocupa de la idea de que el juicio de amparo no debe utilizarse como un medio constitucional que entorpezca el cumplimiento de la sentencia ejecutoria, ya que además del interés particular que se ve afectado con la inobservancia de toda resolución, ante todo debe sopesarse el interés público que reviste al cumplimiento de la cosa juzgada. Destacadamente, resta mencionar que en torno al tema que nos atañe, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 343/2018, enfatizó que, los actos que tienen vinculación directa con la ejecución de lo fallado en juicio corresponden a la etapa de ejecución conforme el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, al estar relacionados directamente con el objeto de la ejecución de sentencia, además de ser actos en consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, cuya regla de procedencia indica que el amparo indirecto procederá sólo en contra del último acto judicial de ejecución, el cual puede ser cualquiera de los tres siguientes: el que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien el archivo del expediente. En ese contexto, con la finalidad de cristalizar la causal de improcedencia invocada por este juzgador, se estima imprescindible establecer que la quejosa ******************** acude al presente juicio señalando como acto reclamado la orden de requerimiento de pago y/o embargo, emitida por el Juez Primero Menor Mixto de Celaya, en el expediente ******************** de su índice, a llevarse a cabo sobre bienes de su propiedad. Siendo, los antecedentes más relevantes del acto reclamado, los que a continuación se señalan:****************************************, por conducto de su endosatario en propiedad ********************, demandó en la vía ejecutiva mercantil de la ahora quejosa el pago de la cantidad de $3,016.00 (tres mil dieciséis pesos 00/100 M. N.), por concepto de suerte principal, entre otras prestaciones.********************Dicha demanda quedó radicada ante el Juzgado Primero Menor Civil de Partido de Celaya, bajo el expediente ********************; ordenándose en dicha data el emplazamiento a juicio de la parte reo.********************Emplazada que fue la demandada, y seguido el juicio por sus fases procesales, el judex dictó sentencia definitiva el cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, en el sentido de condenar a la ahora quejosa al pago de lo reclamado en su líbelo actio.********************En etapa de ejecución de sentencia, se libraron múltiples autos a fin de llevar a cabo el cumplimiento al fallo definitivo, dentro de los cuales se encuentra el emitido el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, el cual, fue cumplimentado por diligencia de once de abril hogaño, en la que estuvo presente la ahora quejosa, quien inclusive dio como pago de lo reclamado la cantidad de $4,947.00 pesos (cuatro mil novecientos cuarenta y siete pesos 00/100 M. N.).********************Posteriormente, se promovió incidente de liquidación de intereses moratorios, el cual fue resuelto mediante interlocutoria de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, condenando a la demandada al pago de la suma de $2,533.44 (dos mil quinientos treinta y tres pesos 44/100 M. N.), por dicho concepto.********************Seguidamente, el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, nuevamente se dictó auto de ejecución a fin de requerir el pago de la cantidad de $2,533.44 (dos mil quinientos treinta y tres pesos 44/100 M. N.), mismo que fue cumplimentado por diligencia de diecinueve del mes y año señalados, en la cual, la ahora quejosa dio en pago la cantidad de $500.00 (quinientos pesos 00/100 M. N.); siendo este el estado procesal que guarda el controvertido de origen.****************************************De los antecedentes recién transcritos, a consideración del suscrito son eficaces para arrojar:********************Que actualmente el juicio de origen se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, en donde se dictó interlocutoria el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en la cual, se condenó a la demandada principal al pago de la suma de $2,533.44 (dos mil quinientos treinta y tres pesos 44/100 M. N.), a favor de su contraparte, por concepto de intereses moratorios.********************Que el acto reclamado -requerimiento de pago y/o embargo de bienes propiedad de la quejosa- tiene como finalidad dar cumplimiento al fallo definitivo, en específico, a la interlocutoria que condenó al pago de intereses moratorios, que se insiste, fue emitido en etapa de ejecución de sentencia. ********************Que la quejosa ha efectuado diversos pagos, todos ellos dirigidos a cumplir con la condena impuesta.****************************************Con base en lo establecido en los antecedentes narrados, se estima que el acto tildado de inconstitucional forma parte de la ejecución de la interlocutoria que dilucidó lo relativo a la liquidación de intereses moratorios, que forma parte de la cosa juzgada, es decir, de la sentencia definitiva.********************Se estima así, dado que lo que se busca con la emisión del acto reclamado es dar cabal cumplimiento a la interlocutoria de liquidación de intereses moratorios decretada en ejecución de sentencia, de donde precisamente emerge el acto reclamado; es así, en tanto que la diligencia de requerimiento de pago de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, se llevó a cabo en aras de dar cabal y pleno cumplimiento a la condena decretada.********************Asimismo, es necesario enfatizar que el acto combatido no constituye la última resolución en dicho procedimiento de ejecución a que se ha hecho referencia en acápites que anteceden, en tanto que de modo alguno: a. Aprueba o reconoce en definitiva el cumplimiento total de lo sentenciado; b. Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o c. Ordena el archivo definitivo del expediente.********************Ciertamente y a mayor abundamiento, con la emisión del acto reclamado, mismo que fue dictada en ejecución de la interlocutoria de liquidación de intereses moratorios que forma parte de la cosa juzgada, tiende a dar cabal cumplimiento a la sentencia definitiva.********************Lo anterior, pone de manifiesto, bajo la óptica de quien resuelve, que dicho tema, indudablemente, guarda plena y completa relación a la cosa juzgada, es decir, no guarda autonomía ni independencia propia ya que el acto reclamado tiende al pleno cumplimiento de aquélla.********************Luego, si con el acto combatido la responsable no aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni ordena el archivo definitivo del expediente, es indudable que resulta improcedente el presente juicio de amparo, habida cuenta que el mismo sólo resulta procedente, cuando se surtan las hipótesis a que se ha hecho referencia en este párrafo, de conformidad con lo establecido en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, éste último interpretado en sentido contrario. ********************Además, no debe perderse de vista que:********************a) La ahora quejosa es parte formal.********************b) El acto reclamado obedece al procedimiento de ejecución, por lo que admitir la procedencia del juicio de amparo en la forma en que está propuesta, implicaría anteponer el interés particular por encima del público, pues la sociedad está interesada que la resoluciones con el rango de cosa juzgada sean ejecutadas. En este orden de ideas, se debe concluir que el amparo promovido en contra del acto reclamado es improcedente porque no se surte la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, que determina que el amparo indirecto procede sólo contra la última resolución dictada en ejecución de sentencia.********************Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improceder en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, y se deja sin efectos el señalamiento de hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, y las anotaciones correspondientes en el libro de control respectivo.

  4. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE SEIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de un análisis efectuado a la copia certificada del juicio ejecutivo mercantil ********************, que remitió el Juez Primero Menor Mixto de Celaya, Guanajuato, como complemento de su informe justificado, a las cuales el suscrito les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el suscrito llega al convencimiento de que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, éste último interpretado en sentido contrario, que establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; ********************. De la interpretación de dichos preceptos se tiene que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, en el entendido que si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. La finalidad de esta disposición, es permitir el respeto al derecho a la seguridad jurídica y evitar que se entorpezca el procedimiento de ejecución respectivo, pues si se autorizara la promoción del amparo en contra de cualquier otra resolución dictada en esa fase procedimental, se obstaculizaría y demoraría injustificadamente el curso del procedimiento de ejecución. Bajo este discurso legal, atento a lo que dispone el numeral 107, fracción IV, segundo párrafo, de la ley de la materia, es necesario para recurrir los actos emanados de un procedimiento de ejecución, como sustento básico para el surgimiento de la vía indirecta, que dicho acto represente la última resolución dictada en ese procedimiento, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo válidamente reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha sustentado supuestos de excepción a esta regla, es decir, que existen actos emitidos en ejecución de sentencia, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, entre los que destacan aquellos respecto de los cuales el acto reclamado afecta derechos sustantivos de manera inmediata. ********************Por estas razones, dicho órgano de control constitucional sostuvo la siguiente postura. Un acto dictado en etapa de ejecución de sentencia puede reclamarse a través del amparo indirecto, de acuerdo con lo siguiente:********************Que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente (aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento) o, tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben (regla general); Que, no obstante que el acto se haya emitido en la etapa de ejecución de sentencia, éste sea independiente a la ejecución, es decir, que guarde autonomía con todos los actos tendentes a ejecutar la sentencia; y Que el acto reclamado genere una afectación inmediata a los derechos sustantivos. Sin embargo, conviene acotar que en relación con este último supuesto, ese órgano supremo, para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto, ha fijado la limitación de que esta regla autónoma relativa a que tratándose de actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, deben ser completamente "ajenos a la cosa juzgada" en el juicio natural. Esto es, que los derechos sustantivos que se vean afectados por el acto de autoridad, no se encuentren relacionados con alguna directriz establecida en la sentencia ejecutoria, pues de lo contrario se entorpecería su cumplimiento, lo cual atenta contra la génesis del artículo 17 Constitucional. De esto se sigue, que aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: El acto infrinja directamente derechos sustantivos; y que además, Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia. Es decir, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Sobre tales parámetros, se debe considerar que, cuando en el juicio de amparo se reclaman actos que no afecten derechos sustantivos, y se emitan en ejecución de sentencia, el amparo es improcedente, aun cuando no se encuentren vinculados directa su cumplimiento, porque de hacer procedente este medio de control constitucional, se estaría retardando el cumplimiento a una sentencia definitiva. Postura que viene a robustecer la tendencia actual que se ocupa de la idea de que el juicio de amparo no debe utilizarse como un medio constitucional que entorpezca el cumplimiento de la sentencia ejecutoria, ya que además del interés particular que se ve afectado con la inobservancia de toda resolución, ante todo debe sopesarse el interés público que reviste al cumplimiento de la cosa juzgada. Destacadamente, resta mencionar que en torno al tema que nos atañe, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 343/2018, enfatizó que, los actos que tienen vinculación directa con la ejecución de lo fallado en juicio corresponden a la etapa de ejecución conforme el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, al estar relacionados directamente con el objeto de la ejecución de sentencia, además de ser actos en consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, cuya regla de procedencia indica que el amparo indirecto procederá sólo en contra del último acto judicial de ejecución, el cual puede ser cualquiera de los tres siguientes: el que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien el archivo del expediente. En ese contexto, con la finalidad de cristalizar la causal de improcedencia invocada por este juzgador, se estima imprescindible establecer que la quejosa ******************** acude al presente juicio señalando como acto reclamado la orden de requerimiento de pago y/o embargo, emitida por el Juez Primero Menor Mixto de Celaya, en el expediente ******************** de su índice, a llevarse a cabo sobre bienes de su propiedad. Siendo, los antecedentes más relevantes del acto reclamado, los que a continuación se señalan:****************************************, por conducto de su endosatario en propiedad ********************, demandó en la vía ejecutiva mercantil de la ahora quejosa el pago de la cantidad de $3,016.00 (tres mil dieciséis pesos 00/100 M. N.), por concepto de suerte principal, entre otras prestaciones.********************Dicha demanda quedó radicada ante el Juzgado Primero Menor Civil de Partido de Celaya, bajo el expediente ********************; ordenándose en dicha data el emplazamiento a juicio de la parte reo.********************Emplazada que fue la demandada, y seguido el juicio por sus fases procesales, el judex dictó sentencia definitiva el cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, en el sentido de condenar a la ahora quejosa al pago de lo reclamado en su líbelo actio.********************En etapa de ejecución de sentencia, se libraron múltiples autos a fin de llevar a cabo el cumplimiento al fallo definitivo, dentro de los cuales se encuentra el emitido el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, el cual, fue cumplimentado por diligencia de once de abril hogaño, en la que estuvo presente la ahora quejosa, quien inclusive dio como pago de lo reclamado la cantidad de $4,947.00 pesos (cuatro mil novecientos cuarenta y siete pesos 00/100 M. N.).********************Posteriormente, se promovió incidente de liquidación de intereses moratorios, el cual fue resuelto mediante interlocutoria de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, condenando a la demandada al pago de la suma de $2,533.44 (dos mil quinientos treinta y tres pesos 44/100 M. N.), por dicho concepto.********************Seguidamente, el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, nuevamente se dictó auto de ejecución a fin de requerir el pago de la cantidad de $2,533.44 (dos mil quinientos treinta y tres pesos 44/100 M. N.), mismo que fue cumplimentado por diligencia de diecinueve del mes y año señalados, en la cual, la ahora quejosa dio en pago la cantidad de $500.00 (quinientos pesos 00/100 M. N.); siendo este el estado procesal que guarda el controvertido de origen.****************************************De los antecedentes recién transcritos, a consideración del suscrito son eficaces para arrojar:********************Que actualmente el juicio de origen se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, en donde se dictó interlocutoria el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en la cual, se condenó a la demandada principal al pago de la suma de $2,533.44 (dos mil quinientos treinta y tres pesos 44/100 M. N., a favor de su contraparte, por concepto de intereses moratorios.********************Que el acto reclamado -requerimiento de pago y/o embargo de bienes propiedad de la quejosa- tiene como finalidad dar cumplimiento al fallo definitivo, en específico, a la interlocutoria que condenó al pago de intereses moratorios, que se insiste, fue emitido en etapa de ejecución de sentencia. ********************Que la quejosa ha efectuado diversos pagos, todos ellos dirigidos a cumplir con la condena impuesta.****************************************Con base en lo establecido en los antecedentes narrados, se estima que el acto tildado de inconstitucional forma parte de la ejecución de la interlocutoria que dilucidó lo relativo a la liquidación de intereses moratorios, que forma parte de la cosa juzgada, es decir, de la sentencia definitiva.********************Se estima así, dado que lo que se busca con la emisión del acto reclamado es dar cabal cumplimiento a la interlocutoria de liquidación de intereses moratorios decretada en ejecución de sentencia, de donde precisamente emerge el acto reclamado; es así, en tanto que la diligencia de requerimiento de pago de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, se llevó a cabo en aras de dar cabal y pleno cumplimiento a la condena decretada.********************Asimismo, es necesario enfatizar que el acto combatido no constituye la última resolución en dicho procedimiento de ejecución a que se ha hecho referencia en acápites que anteceden, en tanto que de modo alguno: a. Aprueba o reconoce en definitiva el cumplimiento total de lo sentenciado; b. Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o c. Ordena el archivo definitivo del expediente.********************Ciertamente y a mayor abundamiento, con la emisión del acto reclamado, mismo que fue dictada en ejecución de la interlocutoria de liquidación de intereses moratorios que forma parte de la cosa juzgada, tiende a dar cabal cumplimiento a la sentencia definitiva.********************Lo anterior, pone de manifiesto, bajo la óptica de quien resuelve, que dicho tema, indudablemente, guarda plena y completa relación a la cosa juzgada, es decir, no guarda autonomía ni independencia propia ya que el acto reclamado tiende al pleno cumplimiento de aquélla.********************Luego, si con el acto combatido la responsable no aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni ordena el archivo definitivo del expediente, es indudable que resulta improcedente el presente juicio de amparo, habida cuenta que el mismo sólo resulta procedente, cuando se surtan las hipótesis a que se ha hecho referencia en este párrafo, de conformidad con lo establecido en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, éste último interpretado en sentido contrario. ********************Además, no debe perderse de vista que:********************a La ahora quejosa es parte formal.********************b) El acto reclamado obedece al procedimiento de ejecución, por lo que admitir la procedencia del juicio de amparo en la forma en que está propuesta, implicaría anteponer el interés particular por encima del público, pues la sociedad está interesada que la resoluciones con el rango de cosa juzgada sean ejecutadas. En este orden de ideas, se debe concluir que el amparo promovido en contra del acto reclamado es improcedente porque no se surte la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, que determina que el amparo indirecto procede sólo contra la última resolución dictada en ejecución de sentencia.***********Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improceder en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, y se deja sin efectos el señalamiento de hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, y las anotaciones correspondientes en el libro de control respectivo.

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