Ma. de los Angeles Godinez Marín

Expediente 512/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 58 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
512/2020
Año
2020
Actuaciones
58
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Ma. de los Angeles Godinez Marín
  • Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero
  • Ma. de los Angeles Godinez Marín y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 58.

  1. Principal

    Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos remite el comprobante de pago con número de folio ******************** a través del cual acredita haber materializado la multa impuesta al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Eduardo Neri, Guerrero, mediante auto de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho dentro del expediente laboral 436/2013; córrase traslado y dese vista a la parte quejosa. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Se REQUIERE a la (autoridad vinculada a la ejecutoria dictada en el juicio en que se actúa) Directora General de Cobro Coactivo y Vigilancia con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de CINCO DÍAS HÁBILES, remita en copias certificadas el comprobante relativo a la multa impuesta a Ma. Del Socorro Sánchez Salmerón, en su carácter de ex-Síndica del Ayuntamiento de Eduardo Neri, Guerrero; se apercibe a Yanet Cantú Cortes, en su carácter de Directora General de Cobro Coactivo y Vigilancia, que de no dar cumplimiento al requerimiento formulado, se le impondrá multa que coexistirá en el caso de que se deje el cargo, asimismo de seguir con la contumacia, se dará trámite para que inicie el procedimiento de inejecución respectivo. Notifíquese.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, once de octubre de dos mil veintitrés. Visto el oficio y anexos signados por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, a través del cual informa las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio en que se actúa y al efecto remite el auto de nueve de octubre de dos mil veintitrés, dictado dentro del juicio laboral 927/2012 el cual obra con firmas autógrafas. De dicha documental se advierte que la autoridad responsable determinó hacer efectiva la medida de apremio consistente en trescientos días de salario mínimo a la Directora General de Cobro Coactivo y Vigilancia, lo anterior en razón a que no cumplió el requerimiento formulado, asimismo, requirió nuevamente para que remitiera las constancias relativas al comprobante que acredite haber materializado la multa impuesta a Ma. Del Socorro Sánchez Salmerón, en su carácter de ex-Síndica del Ayuntamiento de Eduardo Neri, Guerrero. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, para que dentro del término de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir de la notificación del presente proveído, remita en copias certificadas las constancias que acredite haber materializado la multa impuesta a Ma. Del Socorro Sánchez Salmerón, en su carácter de ex-Síndica del Ayuntamiento de Eduardo Neri, Guerrero, misma que fue decretada en auto de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho dictado dentro del expediente laboral 927/2012; sin necesidad de un ulterior requerimiento. Conforme a lo anterior, se apercibe a Miriam Cortes Cisneros, en su carácter de Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, que de no dar cumplimiento al requerimiento formulado en supralíneas, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, con fundamento a los artículos 238, 258 y 193 de la Ley de Amparo, que asciende a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional). Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. Es relevante manifestar a la autoridad responsable que la multa indicada se pude imponer sin motivación alguna, con base en la jurisprudencia 2a./J.127/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, novena época, tomo X, página 219 y registro digital 192796, de rubro y texto siguiente: "MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la multa mínima.". De seguir con la contumacia, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Finalmente, toda vez que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la adscripción a este juzgado federal de la licenciada Maribel Castillo Moreno, a partir del uno de octubre de dos mil veintitrés; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos conducentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Maribel Castillo Moreno, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, asistida de la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que da fe.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio y anexos signados por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, a través del cual informa las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio en que se actúa, y al efecto remite el auto de once de septiembre de dos mil veintitrés, dictado dentro del juicio laboral ************* el cual obra con firmas autógrafas. Ahora bien, de dicha documental se advierte que la autoridad responsable requirió a la Directora General de Cobro Coactivo y Vigilancia, para que remitiera las constancias relativas al comprobante que acredite haber materializado la multa impuesta a *******************************, en su carácter de ex-Síndica del Ayuntamiento de Eduardo Neri, Guerrero. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, para que dentro del término de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir de la notificación del presente proveído, remita en copias certificadas las constancias que acredite haber materializado la multa impuesta a ********************************************, en su carácter de ex-Síndica del Ayuntamiento de Eduardo Neri, Guerrero, misma que fue decretada en auto de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho dictado dentro del expediente laboral **********; sin necesidad de un ulterior requerimiento. Conforme a lo anterior, se apercibe a Miriam Cortes Cisneros, en su carácter de Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, que de no dar cumplimiento al requerimiento formulado en supralíneas, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, con fundamento a los artículos 238, 258 y 193 de la Ley de Amparo, que asciende a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional). Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. Es relevante manifestar a la autoridad responsable que la multa indicada se pude imponer sin motivación alguna, con base en la jurisprudencia 2a./J.127/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: "MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la multa mínima.". De seguir con la contumacia, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico del órgano laboral responsable, dado que el mismo, al ser un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, está desvinculado de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirle cómo ha de resolver y cumplir sus juicios. Apoya a lo anterior, la tesis: 2a./J.36/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro IV, enero de 2012, Décima Época, tomo 4, página 3515, con registro 2000099, de rubro y texto siguiente: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Notifíquese.

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