Ma. de la Luz Echeverria Pineda

Expediente 1392/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1392/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
12/12/2019

Partes del expediente

  • Ma. de la Luz Echeverria Pineda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    A sus autos el oficio signado por la Presidenta Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, por medio del cual remite copias certificadas de las constancias que integran el expediente laboral 113/2009, a partir del proveído de catorce de junio de dos mil diecinueve; por tanto, téngase a la consabida autoridad desahogando el requerimiento de diez de diciembre de dos mil diecinueve. Ahora bien, con las constancias anexas al oficio que se provee, fórmese por separado un legajo de pruebas, conservando su número de folio correspondiente, las cuales quedan a disposición de las partes en la secretaría de este juzgado. En ese orden, toda vez que la responsable acompañó copias certificadas relativas al expediente laboral 113/2009, se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo. En ese sentido, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional analizará de oficio las causales de improcedencia y en el caso, de las constancias que el presidente responsable adjuntó a su precitado informe, se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado por las siguientes consideraciones. Para comenzar, por escrito presentado el ocho de octubre de dos mil diecinueve (fojas 2 a 6), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, y turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, ***********, por conducto de su apoderado ******************, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, que hizo consistir en: El proveído de doce de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral 113/2009, en el cual la responsable determinó: "[.] Agréguense los escritos de referencia a los autos del expediente en que se actúa, para que surtan sus efectos legales correspondientes. En atención a las peticiones del promovente primeramente por cuanto hace a la multa que solita (sic) se le haga efectiva al demandado consistente en 200 a 500 días de salario mínimo vigente, dígasele que se esté a lo ordenado en el acuerdo de fecha catorce de junio del presente año, mediante el cual se está haciendo efectiva la multa de 250 días de salario mínimo, tal y como lo establece el artículo 95 de la Ley número 51 del Estado reformado el día veinticinco de agosto del año dos mil quince; por cuanto hace a las multas individualizadas que solicita deben imponerse a los funcionarios públicos, dígasele que se esté a lo ordenado en el acuerdo de fecha tres de agosto del año pasado, en el cual ya fueron acordadas lo favorables dichas peticiones, por lo que deberá estarse a lo ordenado en dicho acuerdo, ya que las mismas se encuentran respectivas. Asimismo toda vez que de autos del expediente en que se actúa, del mismo se desprende que no corren agregadas las notificaciones de las partes del acuerdo de fecha catorce de junio del año en curso, se le requiere al actuario para que notifique el acuerdo de fecha catorce de junio del presente año a las partes o nos indique el impedimento legal que tiene para no hacerlo, apercibido que de no hacerlo así, se le aplicaran las medidas de apremio que establece el artículo 127 del Reglamento interno de este Tribunal. Hecho que sea lo anterior se acordara lo que en derecho procede.." Atento a lo anterior, se pone de manifiesto que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V, del artículo 107, interpretada a contrario sensu, ambos numerales de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . . . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . . . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." En efecto, es requisito indispensable para la procedencia del amparo biinstancial respecto de actos dictados dentro de juicio, que éstos tengan una ejecución que sea de imposible reparación, esto es, que afecten materialmente los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no que solamente tenga una consecuencia de índole procesal. En esta tesitura, debe señalarse que el juicio constitucional indirecto resulta improcedente en la especie, toda vez que el acto reclamado constituye un aspecto única y exclusivamente procesal, ya que no es un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, al no afectar derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte, en razón de que se trata de un acto emitido dentro del procedimiento de ejecución del juicio laboral 113/2009; de manera que sólo incide en afectar derechos adjetivos o procesales vinculados con el desarrollo del procedimiento natural y, la parte quejosa puede obtener un resultado favorable a sus intereses. Apoya lo expuesto, el criterio orientador contenido en la tesis aislada número XX.70 K, sustentado por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, con el registro 202771, visible en la Novena Época, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 464, cuyo rubro y texto son de la literalidad siguiente: "RESOLUCIONES DICTADAS EN EL INCIDENTE DE ACUMULACION. DEBEN SER IMPUGNADAS EN AMPARO DIRECTO LAS. La resolución que declare la acumulación planteada por cualquiera de las partes en un juicio laboral, no constituye acto de ejecución irreparable, supuesto que no afecta algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y tal resolución sólo implica afectación a derechos adjetivos o procesales que pueden ser reparados en caso de que los afectados obtengan sentencia favorable; por tanto, la resolución que estima improcedente la acumulación, constituirá una transgresión procesal que podrá ser combatida al promover amparo directo contra el laudo que en su caso, sea contrario a los intereses de la parte quejosa." A mayor abundamiento, cabe señalar que en el caso, se trata de una cuestión que, como se dijo, no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa, habida cuenta que se trata de una violación intraprocesal, la que puede ser resarcida en el proveído que se llegue a dictar en el procedimiento natural; o bien, de no ser así, éste es susceptible de ser reclamado mediante el juicio de amparo indirecto que en su momento se promueva, en términos de lo establecido en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, conforme a los cuales puede combatir, la resolución que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado. En ese orden de ideas, es evidente que el proveído reclamado de doce de septiembre de dos mil diecinueve, emitido en el juicio laboral 113/2009, no constituye de manera alguna, un acto que conculque derechos sustantivos de la parte quejosa, porque como ya se estableció, la violación que alega es susceptible de ser resarcida, dado que se observa la autoridad responsable tuvo por recibidos los escritos presentados por la parte quejosa; asimismo, indicó que debía estarse a lo acordado en proveídos de tres de agosto de dos mil dieciocho y catorce de junio de dos mil diecinueve; empero, dado que el acuerdo de catorce de junio de dos mil diecinueve no había sido notificado a las partes, se reservó a acordar lo conducente, hasta en tanto se notificara el multicitado proveído, e indudablemente feneciera el plazo ahí concedido; por tanto, es incuestionable que la responsable no se encontraba en aptitud de proveer lo correspondiente, por lo que determinó reservarse a proveer lo conducente, lo cual implica que al momento de acordar lo relativo, puede proveer favorablemente sus pretensiones. En esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia antes citada, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley Amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las doce horas con treinta minutos del veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve (foja 32). Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de lo que se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional (foja 25), misma que no es posible desahogar en razón de que la autoridad responsable Presidenta Encargada de Despacho por Ministerio de Ley del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, no ha remitido las constancias requeridas por acuerdo de seis de noviembre de dos mil diecinueve (foja 22), a pesar de estar notificada para ello (foja 29) y haber transcurrido en exceso el plazo de tres días concedido en dicho acuerdo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la Presidenta Encargada de Despacho por Ministerio de Ley del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, para que dentro del término de tres días siguientes a partir de la notificación del presente proveído, remita copias fotostáticas certificadas del juicio laboral 113/2009, a partir del proveído de catorce de junio de dos mil diecinueve, dictado en el citado expediente obrero. Se apercibe a la Presidenta Encargada de Despacho por Ministerio de Ley del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, que en caso de ser omisa nuevamente a la presente exigencia, se le hará efectivo el apercibimiento inserto en auto de seis de noviembre de dos mil diecinueve (foja 22), esto es, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $4,224.5 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos 5/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de la Unidad de Medida y Actualización de referencia es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 5/100 moneda nacional), lo anterior de conformidad con los artículos 237,fracción I y 238 en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, la celebración de la referida audiencia constitucional se difiere para las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para su verificativo.

  3. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se aprecia que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio (foja 9); misma que no es posible desahogar, toda vez que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad. En consecuencia a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere y en su lugar se fijan las DOCE HORAS DEL DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Tiene apoyo a lo anterior, la tesis: V.2o.P.A.4 K (10a.), con número de registro 2005903, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 4, marzo de 2014, Tomo II, página 1620, de rubro y texto siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE. De los párrafos segundo y tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo se advierte que las autoridades responsables deben rendir su informe justificado al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, así como que los informes rendidos fuera del plazo de quince días o el ampliado a veinticinco días, pueden ser considerados por el juzgador de amparo en la resolución respectiva solamente si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Lo anterior pone de manifiesto que tales preceptos tienen como finalidad asegurar que las partes -principalmente la quejosa- se impongan del contenido del informe justificado y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo, o para que, en su caso, pueda ampliarse la demanda de amparo, pues de esta manera se equilibra procesalmente a las partes y se permite aplicar el lineamiento referido que ordena tomar en consideración los informes rendidos solamente "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Esta interpretación impide el estado de indefensión que podría suscitarse si la autoridad responsable rinde el informe justificado momentos antes de la audiencia, sin que éste pueda ser conocido por las partes, armonizándose de esta manera el imperativo de comunicar oportunamente el informe, garantizándose que las partes no queden en estado de indefensión. En ese contexto, cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero interesado no solicite su diferimiento o suspensión, no debe verificarse esa actuación buscando apoyo en una aplicación aislada y restringida del segundo párrafo del citado artículo 117, el cual señala que en caso de que el informe no se presente cuando menos ocho días antes de la audiencia, el juzgador debe acordar diferirla o suspenderla "a solicitud del quejoso o del tercero interesado", sino, relacionarla lógica, sistemática y armónicamente con el tercer párrafo del propio numeral, en el fragmento que evidencia que los informes pueden ser estimados "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos", pues así se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de aportar pruebas para desvirtuarlo o para ampliar la demanda. Así, por imperativo legal, el referido informe debe darse a conocer a las partes, no obstante se hubiese rendido dentro o fuera del plazo legal, pero siempre mediando un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación y la de celebración de la audiencia, pues de lo contrario ésta deberá diferirse independientemente de que el quejoso o el tercero interesado lo soliciten".

  4. Principal

    Visto el oficio signado por la Presidenta Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado, de la autoridad responsable de trato, con su contenido dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales. Ahora bien, las constancias remitidas por la autoridad responsable no son suficientes para resolver el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la Presidenta Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, remita copias certificadas de las constancias que integran el juicio laboral 113/2009, a partir del proveído de catorce de junio de dos mil diecinueve, emitido en el precitado juicio. Se apercibe a María Natividad Bautista Linares, Presidenta Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, que en caso de no cumplir con el requerimiento antes indicado, se hará acreedor a una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, equivalente a $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos 50/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de la Unidad de Medida y Actualización de referencia es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), lo anterior de conformidad con los artículos 237,fracción I y 238 en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo.

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