Ma. de la Luz Lara Martínez
Expediente 680/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 13 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 680/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ma. de la Luz Lara Martínez
- Agente del Ministerio Público Federal Adscrito
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Se califica cumplimiento. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que mediante resolución de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable Magistrada de la Cuarta Sala Civil de Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, realizara lo siguiente: "1) Dejar insubsistente jurídicamente la determinación de veinticuatro de mayo del año en curso, emitida en el toca de apelación 266/2023 de su índice, que resolvió el recurso de apelación interpuesto en los autos del juicio ordinario en los autos del juicio ordinario civil C315/2020; y, 2) En su lugar, con plenitud de jurisdicción, emita una nueva subsanando los vicios anunciados." Sentencia que causó ejecutoria el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, por tal razón, mediante comunicado 15987/2023 se le requirió su cumplimiento. Luego, mediante oficios 2399 y 2721 del índice de la responsable, recibidos el nueve de octubre y siete de noviembre, ambos de dos mil veintitrés, respectivamente, se tuvo a la citada potestad informando que dejó insubsistente la determinación reclamada, y se emitió una diversa. En consecuencia, mediante acuerdo de ocho de noviembre de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a sus intereses convinieran, en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable. Ninguna de las partes realizó manifestaciones en torno al cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo; por lo que con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal procederá a resolver si la sentencia dictada en el presente juicio se encuentra o no cumplida, o bien si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, o si hay imposibilidad para cumplirla. En principio, se considera necesario hacer las siguientes precisiones. El defecto en el cumplimiento de una ejecutoria se actualiza cuando la autoridad responsable deja de hacer algo o de cumplir en su integridad lo ordenado en la resolución de cuya ejecución se trata; mientras que el exceso se verifica cuando la responsable se extralimita en su cumplimiento, al ir más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección constitucional. Del mismo modo, se estima cumplida una sentencia de amparo, cuando la responsable acata todos y cada uno de los aspectos definidos en el juicio de amparo como violatorios de derechos fundamentales. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, tienen pleno valor probatorio, se advierte que, en lo medular, se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, como se verá: Mediante oficio 2399 presentado el nueve de octubre de dos mil veintitrés, la magistrada responsable informó que dejó insubsistente la resolución de veinticuatro de mayo pasado, dictada dentro del toca 266/2023. Posteriormente, mediante misiva 2721 recibida el siete de noviembre siguiente, remitió copia certificada de la nueva resolución (dictada el veinticinco de octubre pasado) en la que dio contestación a la totalidad de las pretensiones deducidas del escrito de agravios de la aquí parte quejosa y, los estimó fundados, determinando (en forma medular) que, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Código de Procedimientos Civiles, las costas procesales consisten en la suma que según apreciación de la persona juzgadora y teniendo en consideración las disposiciones arancelarias, ha tenido que desembolsar la parte que obtenga, estableciendo un cálculo sobre liquidación de gastos y costas tomando como base la cantidad de $********************, conforme al precio de compraventa del bien inmueble afecto al juicio de origen. Luego, consideró errada la determinación del juez de origen al sostener que la acción reivindicatoria no puede estimarse pecuniariamente, y por ende que fue incorrecta la decisión relativa a la aplicación de la ley arancelaria en lo relativo a asuntos no valuables en dinero; ello pues los asuntos donde se demanda un derecho real son de cuantía determinada (valor del inmueble), además de que de la ley arancelaria no se advierte la posibilidad de cuantificar la planilla de costas en tratándose de un asunto valorable con sustento en las reglas de un asunto no valuable, ante la falta de técnica que cuantifique el valor de un bien raíz, cuando la pretensión se sustentó en un derecho real. Precisado lo anterior, estableció posible determinar el monto del valor del inmueble para resolver sobre la planilla en razón de su cuantía, considerando que en las constancias del expediente obraba un escritura pública de trece de septiembre de dos mil diecinueve de la que se advertía el valor del bien; y considerando que el asunto es de dificultad media, modificó la resolución de primera instancia. Con lo anterior, se observa que los efectos jurídicos de la misma fueron cumplidos por la autoridad responsable, debido a que dejó insubsistente la resolución del recurso de revocación reclamada, y emitió una nueva resolución en la que fundó y motivó debidamente, no sólo citando los fundamentos legales, sino exponiendo las razones y circunstancias que justificaron su resolución (tal y como le fue ordenado en la ejecutoria de mérito). Del mismo modo, se aprecia que no incurrió en defecto, puesto que no omitió dar cumplimiento a alguna parte de la sentencia amparadora, pues como se dijo, observó todos los aspectos sobre los que se concedió el amparo; como tampoco se extralimitó en sus funciones (exceso), sino que su proceder se ajustó a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de mérito, restituyendo a la parte quejosa sus derechos constitucionales violados. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo en su totalidad; ordenándose hacer del conocimiento de las partes quejosa y tercera interesada este proveído, para los efectos de los numerales 201 y 202 de la ley de la materia, y una vez transcurrido el plazo legal de quince días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, sin manifestación al respecto, procédase a determinar lo conducente en relación al caso particular. Dígasele a las autoridades responsables y a las demás partes de este juicio constitucional que, transcurrido el plazo legal para intentar el recurso de inconformidad en contra de la presente calificación de cumplimiento, de no recibir notificación formal por parte de este tribunal, deberá presumirse que no se promovió el medio de impugnación aludido, y que por esa razón la determinación asumida en este proveído adquirió firmeza, sin necesidad de comunicación oficial al respecto.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2023, QUE REZA: Se califica cumplimiento. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que mediante resolución de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable Magistrada de la Cuarta Sala Civil de Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, realizara lo siguiente: "1) Dejar insubsistente jurídicamente la determinación de veinticuatro de mayo del año en curso, emitida en el toca de apelación 266/2023 de su índice, que resolvió el recurso de apelación interpuesto en los autos del juicio ordinario en los autos del juicio ordinario civil C315/2020; y, 2) En su lugar, con plenitud de jurisdicción, emita una nueva subsanando los vicios anunciados." Sentencia que causó ejecutoria el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, por tal razón, mediante comunicado 15987/2023 se le requirió su cumplimiento. Luego, mediante oficios 2399 y 2721 del índice de la responsable, recibidos el nueve de octubre y siete de noviembre, ambos de dos mil veintitrés, respectivamente, se tuvo a la citada potestad informando que dejó insubsistente la determinación reclamada, y se emitió una diversa. En consecuencia, mediante acuerdo de ocho de noviembre de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a sus intereses convinieran, en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable. Ninguna de las partes realizó manifestaciones en torno al cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo; por lo que con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal procederá a resolver si la sentencia dictada en el presente juicio se encuentra o no cumplida, o bien si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, o si hay imposibilidad para cumplirla. En principio, se considera necesario hacer las siguientes precisiones. El defecto en el cumplimiento de una ejecutoria se actualiza cuando la autoridad responsable deja de hacer algo o de cumplir en su integridad lo ordenado en la resolución de cuya ejecución se trata; mientras que el exceso se verifica cuando la responsable se extralimita en su cumplimiento, al ir más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección constitucional. Del mismo modo, se estima cumplida una sentencia de amparo, cuando la responsable acata todos y cada uno de los aspectos definidos en el juicio de amparo como violatorios de derechos fundamentales. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, tienen pleno valor probatorio, se advierte que, en lo medular, se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, como se verá: Mediante oficio 2399 presentado el nueve de octubre de dos mil veintitrés, la magistrada responsable informó que dejó insubsistente la resolución de veinticuatro de mayo pasado, dictada dentro del toca 266/2023. Posteriormente, mediante misiva 2721 recibida el siete de noviembre siguiente, remitió copia certificada de la nueva resolución (dictada el veinticinco de octubre pasado) en la que dio contestación a la totalidad de las pretensiones deducidas del escrito de agravios de la aquí parte quejosa y, los estimó fundados, determinando (en forma medular) que, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Código de Procedimientos Civiles, las costas procesales consisten en la suma que según apreciación de la persona juzgadora y teniendo en consideración las disposiciones arancelarias, ha tenido que desembolsar la parte que obtenga, estableciendo un cálculo sobre liquidación de gastos y costas tomando como base la cantidad de $********************, conforme al precio de compraventa del bien inmueble afecto al juicio de origen. Luego, consideró errada la determinación del juez de origen al sostener que la acción reivindicatoria no puede estimarse pecuniariamente, y por ende que fue incorrecta la decisión relativa a la aplicación de la ley arancelaria en lo relativo a asuntos no valuables en dinero; ello pues los asuntos donde se demanda un derecho real son de cuantía determinada (valor del inmueble), además de que de la ley arancelaria no se advierte la posibilidad de cuantificar la planilla de costas en tratándose de un asunto valorable con sustento en las reglas de un asunto no valuable, ante la falta de técnica que cuantifique el valor de un bien raíz, cuando la pretensión se sustentó en un derecho real. Precisado lo anterior, estableció posible determinar el monto del valor del inmueble para resolver sobre la planilla en razón de su cuantía, considerando que en las constancias del expediente obraba un escritura pública de trece de septiembre de dos mil diecinueve de la que se advertía el valor del bien; y considerando que el asunto es de dificultad media, modificó la resolución de primera instancia. Con lo anterior, se observa que los efectos jurídicos de la misma fueron cumplidos por la autoridad responsable, debido a que dejó insubsistente la resolución del recurso de revocación reclamada, y emitió una nueva resolución en la que fundó y motivó debidamente, no sólo citando los fundamentos legales, sino exponiendo las razones y circunstancias que justificaron su resolución (tal y como le fue ordenado en la ejecutoria de mérito). Del mismo modo, se aprecia que no incurrió en defecto, puesto que no omitió dar cumplimiento a alguna parte de la sentencia amparadora, pues como se dijo, observó todos los aspectos sobre los que se concedió el amparo; como tampoco se extralimitó en sus funciones (exceso), sino que su proceder se ajustó a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de mérito, restituyendo a la parte quejosa sus derechos constitucionales violados. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo en su totalidad; ordenándose hacer del conocimiento de las partes quejosa y tercera interesada este proveído, para los efectos de los numerales 201 y 202 de la ley de la materia, y una vez transcurrido el plazo legal de quince días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, sin manifestación al respecto, procédase a determinar lo conducente en relación al caso particular. Dígasele a las autoridades responsables y a las demás partes de este juicio constitucional que, transcurrido el plazo legal para intentar el recurso de inconformidad en contra de la presente calificación de cumplimiento, de no recibir notificación formal por parte de este tribunal, deberá presumirse que no se promovió el medio de impugnación aludido, y que por esa razón la determinación asumida en este proveído adquirió firmeza, sin necesidad de comunicación oficial al respecto.
- Principal
Se reciben informes. Agréguense a los autos los oficios y anexos remitidos por el secretario de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, mediante los cuales, con el primero de ellos informa la recepción del toca de apelación 266/2023, de su estadística; y con el segundo remite las constancias referentes al cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente expediente. Vista a las partes. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, por el término de tres días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga; transcurrido el aludido plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; entendiéndose que la ejecutoria está cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Apoya lo anterior, la tesis jurisprudencial 2a./J. 26/2000, visible a foja doscientos cuarenta y tres, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)."
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 08 DE NOVIEMBRE DE 2023, QUE REZA: Se reciben informes. Agréguense a los autos los oficios y anexos remitidos por el secretario de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, mediante los cuales, con el primero de ellos informa la recepción del toca de apelación 266/2023, de su estadística; y con el segundo remite las constancias referentes al cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente expediente. Vista a las partes. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, por el término de tres días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga; transcurrido el aludido plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; entendiéndose que la ejecutoria está cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Apoya lo anterior, la tesis jurisprudencial 2a./J. 26/2000, visible a foja doscientos cuarenta y tres, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)."
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