Ma. de la Luz Aguirre Romo
Expediente 969/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 969/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 11/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ma. de la Luz Aguirre Romo
- MA. DE LA LUZ AGUIRRE ROMO, albacea y representante de los Coherederos de la SUCESIÓN A BIENES DE MIGUEL AGUIRRE ROMO
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Se declara que ha causado estado la determinación en que se desechó de plano la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Valoración de destino y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que la presente pieza de actuaciones es destruible, en virtud de que se desechó la demanda de amparo. Hágase anotación de archivo y remítase al lugar de su guarda.
- Principal
Parte ratifica firma. Agréguese a los autos la constancia de ratificación que antecede relativa a la quejosa Ma. de la Luz Aguirre Romo, mediante la cual ratifica la firma del escrito de demanda, así como del diverso presentado ante este juzgado en data dieciocho de septiembre del año en curso, y en atención a lo anterior se provee: Fijación de la litis. Improcedencia de la demanda de amparo. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que, al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. Así también, la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora bien, se estima que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". Sobre la interpretación de esta causa de improcedencia, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013), se precisa que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo se define el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, los que para ser considerados irreparables necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos. Asimismo, el Alto Tribunal consideró que las consecuencias de esos actos irreparables deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Añadió que la ley prevé dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: 1) La exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. 2) Estos "derechos" afectados materialmente deben referirse a la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Por otra parte, es necesario señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 325/2015 reiteró el criterio establecido por el Pleno del Alto Tribunal de este país y sostuvo que el legislador secundario al precisar en la Ley de Amparo el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos para ser calificados como irreparables necesitaban producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias debían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que se produjera una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; además, enfatizó que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Consideraciones anteriores, que fueron establecidas en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 30, mayo de 2016, tomo II, página 1086, registro 2011580, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS." En ese contexto, tratándose de actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, conforme a lo previsto por el ordinal 107, fracción V, de la ley de la materia, el justiciable podrá acudir de manera inmediata al juicio de amparo indirecto ante el Juez de Distrito sin que deba esperar hasta que se dicte la sentencia definitiva en el procedimiento, ya que las consecuencias de la violación cometida no desaparecerán aun cuando obtenga una resolución favorable. En tanto que respecto de actos que no afectan de manera inmediata derechos sustantivos, el particular debe esperar para la promoción del amparo biinstancial hasta la resolución definitiva en cada una de las etapas; o en su caso, el dictado de la sentencia definitiva para poder combatir en la vía directa las eventuales violaciones que considere acaecieron durante el procedimiento que afectaron su defensa y que trascendieron al resultado de la decisión final. Ahora bien, en tratándose de juicios sucesorios, debe precisarse que existen diferentes etapas o secciones dentro del proceso, debido a su naturaleza, las cuales son: 1. La sucesión; 2. La de inventarios; 3. La de administración, y; 4. La de partición. Por tanto, es con esta última sección, con la que finaliza el juicio sucesorio, de manera que no existe una sentencia definitiva que comprenda todo el procedimiento, ya que, cada una de las referidas etapas, se decide por separado a través de la resolución respectiva. De ahí que, cuando se producen violaciones procesales dentro de cada una de las mencionadas etapas, deben combatirse a través del juicio de amparo indirecto, cuando el acto reclamado sea precisamente esa resolución que puso fin a determinada sección, ya que, si se impugnara tal violación de manera inmediata, previo al dictado de dicha resolución, el amparo indirecto, por regla general, resulta improcedente, de conformidad a lo establecido en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario. Cierto, pues acorde a lo expuesto en líneas precedentes, la irreparabilidad de la violación que se irrogue, solamente se puede establecer mediante el análisis de la determinación con la que haya culminado la etapa o sección correspondiente del juicio sucesorio, o la que representa un obstáculo para su conclusión, y excepcionalmente procederá la acción de amparo contra resoluciones que guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente. Las ideas expuestas en líneas precedentes, encuentran sustento, en la jurisprudencia de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 187-192, cuarta parte, página 231, registro 240224, de rubro y texto siguientes: "SUCESIONES. SOLO LA SENTENCIA DE ADJUDICACION TIENE EL CARACTER DE DEFINITIVA PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. La Suprema Corte de Justicia ha sostenido el criterio de que las sentencias que se pronuncien en las diversas etapas de un juicio sucesorio, con excepción de la que se refiere a la adjudicación de los bienes, no son definitivas para los efectos del amparo, porque no resuelven el juicio sucesorio en lo principal." Criterio cuyos alcances fueron ampliados en la tesis I.3o.C.439 C emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, enero de 2004, página 1546, registro 182385, de rubro y texto siguientes: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. ES DE CARÁCTER UNIVERSAL Y PROCEDE AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE DECIDEN EL FONDO DE LAS TRES PRIMERAS ETAPAS DE DECLARACIÓN DE HEREDEROS, INVENTARIOS Y AVALÚOS Y DE ADMINISTRACIÓN, O QUE SEAN UN OBSTÁCULO PARA SU CONCLUSIÓN. La sucesión constituye un juicio de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que en el proyecto de partición, el objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una persona determinada, componiéndose de cuatro etapas: la de sucesión (que en su caso comprende declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o declaratoria de herederos y, nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores); la de inventarios y avalúos; la de administración; y el juicio finaliza con una sentencia que se pronuncia en la cuarta y última sección, denominada de partición y adjudicación, que guarda relación con las tres anteriores, en tanto que la adjudicación se realiza a favor del declarado heredero y se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, atendiendo, en su caso, a las cuentas de la administración aprobadas durante la sección respectiva; sin embargo, conforme al principio de preclusión inherente a todo proceso judicial, al aprobarse la partición y declararse la adjudicación ya no es posible volver a analizar la totalidad de las actuaciones efectuadas dentro del juicio, sino que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos; por tanto, las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, porque éste solamente procede contra la que decide el fondo de esa sección o representa un obstáculo para su conclusión, y excepcionalmente procederá la acción de amparo contra resoluciones que guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente." Por tanto, tomando como parámetro las anteriores consideraciones de derecho, la resolución aquí reclamada, no constituye la que resuelve de fondo algunas de las secciones descritas en párrafos anteriores del juicio sucesorio de origen, razón por la cual no puede ser analizado en el juicio de amparo. Ahora bien, de la narrativa de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se desprende que la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución del recurso de revocación de diez de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el juicio 272/2020-C del índice del Juzgado Quinto de lo Civil de Partido de esta ciudad, que confirmó el auto de veinte de junio del mismo año, en el que la autoridad responsable determinó no tenerle por formulado el inventario presentado, entre otras causas, por no haberse acompañado la traducción de un documento expedido en lengua extranjera, lo cual pone de relieve que la determinación motivo de reclamo fue dictada dentro de la segunda sección del juicio de origen, esto es, la etapa de inventario y avalúo, sin embargo, no se trata de la resolución que resuelve de fondo dicha etapa, por lo cual, no es razón suficiente para estimar procedente este juicio constitucional. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2o.C. J/316 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, diciembre de 2009, página 1311, registro 165770, de rubro y texto siguientes: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. LAS VIOLACIONES PROCESALES OCURRIDAS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE LAS TRES PRIMERAS SECCIONES PREVISTAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE PUEBLA ABROGADO SON RECLAMABLES EN EL AMPARO INDIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LES PONGA FIN. Si se parte de la base de que los juicios sucesorios intestamentarios sustanciados al tenor de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, constan de cuatro secciones; que cada una de ellas concluye con una resolución o sentencia; y que la pronunciada en las tres primeras, correspondientes a la declaración de herederos, inventarios y avalúos, y de administración son reclamables en amparo indirecto que se promueva contra el fallo definitivo que se pronuncie, resulta evidente que las violaciones procesales que pudieren haber ocurrido durante la sustanciación de esas secciones, serán reclamables en esta vía, cuando se promueva el juicio biinstancial contra la resolución definitiva que las concluya y decida en cuanto al fondo." Luego, si el acto reclamado solamente se trata de una determinación intraprocesal acaecido durante la segunda sección del intestamentario de origen, misma que concluirá hasta en tanto se aprueben o no en definitiva el inventario y avalúo presentado; lo cual no ha acontecido, es inconcuso sólo podrá ser impugnada al controvertir en amparo, la última resolución que se dicte en dicha sección, en la que, como ya se dijo, podrá reclamar las violaciones suscitadas durante la etapa respectiva, y que lo hubieren dejado sin defensa, y que además hubiesen trascendido al resultado de la referida última resolución. En razón de que es acorde a las disposiciones de la nueva legislación de amparo, se cita como aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable bajo el número P./J. 32/2001, visible en página 31, del Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA." Atenta a lo anterior, debe decirse que la demanda de que se trata resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el dispositivo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; por lo que atento a lo que señala el numeral 63, fracción V y 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. IV. Se ordena generación de versión pública de resolución. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública de la presente resolución, para que pueda ser consultable por el público en general.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, EN EL QUE SE ACORDÓ: Parte ratifica firma. Agréguese a los autos la constancia de ratificación que antecede relativa a la quejosa Ma. de la Luz Aguirre Romo, mediante la cual ratifica la firma del escrito de demanda, así como del diverso presentado ante este juzgado en data dieciocho de septiembre del año en curso, y en atención a lo anterior se provee: Fijación de la litis. Improcedencia de la demanda de amparo. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que, al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. Así también, la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora bien, se estima que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". Sobre la interpretación de esta causa de improcedencia, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013), se precisa que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo se define el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, los que para ser considerados irreparables necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos. Asimismo, el Alto Tribunal consideró que las consecuencias de esos actos irreparables deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Añadió que la ley prevé dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: 1) La exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. 2) Estos "derechos" afectados materialmente deben referirse a la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Por otra parte, es necesario señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 325/2015 reiteró el criterio establecido por el Pleno del Alto Tribunal de este país y sostuvo que el legislador secundario al precisar en la Ley de Amparo el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos para ser calificados como irreparables necesitaban producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias debían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que se produjera una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; además, enfatizó que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Consideraciones anteriores, que fueron establecidas en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 30, mayo de 2016, tomo II, página 1086, registro 2011580, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS." En ese contexto, tratándose de actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, conforme a lo previsto por el ordinal 107, fracción V, de la ley de la materia, el justiciable podrá acudir de manera inmediata al juicio de amparo indirecto ante el Juez de Distrito sin que deba esperar hasta que se dicte la sentencia definitiva en el procedimiento, ya que las consecuencias de la violación cometida no desaparecerán aun cuando obtenga una resolución favorable. En tanto que respecto de actos que no afectan de manera inmediata derechos sustantivos, el particular debe esperar para la promoción del amparo biinstancial hasta la resolución definitiva en cada una de las etapas; o en su caso, el dictado de la sentencia definitiva para poder combatir en la vía directa las eventuales violaciones que considere acaecieron durante el procedimiento que afectaron su defensa y que trascendieron al resultado de la decisión final. Ahora bien, en tratándose de juicios sucesorios, debe precisarse que existen diferentes etapas o secciones dentro del proceso, debido a su naturaleza, las cuales son: 1. La sucesión; 2. La de inventarios; 3. La de administración, y; 4. La de partición. Por tanto, es con esta última sección, con la que finaliza el juicio sucesorio, de manera que no existe una sentencia definitiva que comprenda todo el procedimiento, ya que, cada una de las referidas etapas, se decide por separado a través de la resolución respectiva. De ahí que, cuando se producen violaciones procesales dentro de cada una de las mencionadas etapas, deben combatirse a través del juicio de amparo indirecto, cuando el acto reclamado sea precisamente esa resolución que puso fin a determinada sección, ya que, si se impugnara tal violación de manera inmediata, previo al dictado de dicha resolución, el amparo indirecto, por regla general, resulta improcedente, de conformidad a lo establecido en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario. Cierto, pues acorde a lo expuesto en líneas precedentes, la irreparabilidad de la violación que se irrogue, solamente se puede establecer mediante el análisis de la determinación con la que haya culminado la etapa o sección correspondiente del juicio sucesorio, o la que representa un obstáculo para su conclusión, y excepcionalmente procederá la acción de amparo contra resoluciones que guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente. Las ideas expuestas en líneas precedentes, encuentran sustento, en la jurisprudencia de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 187-192, cuarta parte, página 231, registro 240224, de rubro y texto siguientes: "SUCESIONES. SOLO LA SENTENCIA DE ADJUDICACION TIENE EL CARACTER DE DEFINITIVA PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. La Suprema Corte de Justicia ha sostenido el criterio de que las sentencias que se pronuncien en las diversas etapas de un juicio sucesorio, con excepción de la que se refiere a la adjudicación de los bienes, no son definitivas para los efectos del amparo, porque no resuelven el juicio sucesorio en lo principal." Criterio cuyos alcances fueron ampliados en la tesis I.3o.C.439 C emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, enero de 2004, página 1546, registro 182385, de rubro y texto siguientes: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. ES DE CARÁCTER UNIVERSAL Y PROCEDE AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE DECIDEN EL FONDO DE LAS TRES PRIMERAS ETAPAS DE DECLARACIÓN DE HEREDEROS, INVENTARIOS Y AVALÚOS Y DE ADMINISTRACIÓN, O QUE SEAN UN OBSTÁCULO PARA SU CONCLUSIÓN. La sucesión constituye un juicio de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que en el proyecto de partición, el objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una persona determinada, componiéndose de cuatro etapas: la de sucesión (que en su caso comprende declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o declaratoria de herederos y, nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores); la de inventarios y avalúos; la de administración; y el juicio finaliza con una sentencia que se pronuncia en la cuarta y última sección, denominada de partición y adjudicación, que guarda relación con las tres anteriores, en tanto que la adjudicación se realiza a favor del declarado heredero y se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, atendiendo, en su caso, a las cuentas de la administración aprobadas durante la sección respectiva; sin embargo, conforme al principio de preclusión inherente a todo proceso judicial, al aprobarse la partición y declararse la adjudicación ya no es posible volver a analizar la totalidad de las actuaciones efectuadas dentro del juicio, sino que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos; por tanto, las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, porque éste solamente procede contra la que decide el fondo de esa sección o representa un obstáculo para su conclusión, y excepcionalmente procederá la acción de amparo contra resoluciones que guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente." Por tanto, tomando como parámetro las anteriores consideraciones de derecho, la resolución aquí reclamada, no constituye la que resuelve de fondo algunas de las secciones descritas en párrafos anteriores del juicio sucesorio de origen, razón por la cual no puede ser analizado en el juicio de amparo. Ahora bien, de la narrativa de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se desprende que la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución del recurso de revocación de diez de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el juicio 272/2020-C del índice del Juzgado Quinto de lo Civil de Partido de esta ciudad, que confirmó el auto de veinte de junio del mismo año, en el que la autoridad responsable determinó no tenerle por formulado el inventario presentado, entre otras causas, por no haberse acompañado la traducción de un documento expedido en lengua extranjera, lo cual pone de relieve que la determinación motivo de reclamo fue dictada dentro de la segunda sección del juicio de origen, esto es, la etapa de inventario y avalúo, sin embargo, no se trata de la resolución que resuelve de fondo dicha etapa, por lo cual, no es razón suficiente para estimar procedente este juicio constitucional. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2o.C. J/316 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, diciembre de 2009, página 1311, registro 165770, de rubro y texto siguientes: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. LAS VIOLACIONES PROCESALES OCURRIDAS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE LAS TRES PRIMERAS SECCIONES PREVISTAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE PUEBLA ABROGADO SON RECLAMABLES EN EL AMPARO INDIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LES PONGA FIN. Si se parte de la base de que los juicios sucesorios intestamentarios sustanciados al tenor de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, constan de cuatro secciones; que cada una de ellas concluye con una resolución o sentencia; y que la pronunciada en las tres primeras, correspondientes a la declaración de herederos, inventarios y avalúos, y de administración son reclamables en amparo indirecto que se promueva contra el fallo definitivo que se pronuncie, resulta evidente que las violaciones procesales que pudieren haber ocurrido durante la sustanciación de esas secciones, serán reclamables en esta vía, cuando se promueva el juicio biinstancial contra la resolución definitiva que las concluya y decida en cuanto al fondo." Luego, si el acto reclamado solamente se trata de una determinación intraprocesal acaecido durante la segunda sección del intestamentario de origen, misma que concluirá hasta en tanto se aprueben o no en definitiva el inventario y avalúo presentado; lo cual no ha acontecido, es inconcuso sólo podrá ser impugnada al controvertir en amparo, la última resolución que se dicte en dicha sección, en la que, como ya se dijo, podrá reclamar las violaciones suscitadas durante la etapa respectiva, y que lo hubieren dejado sin defensa, y que además hubiesen trascendido al resultado de la referida última resolución. En razón de que es acorde a las disposiciones de la nueva legislación de amparo, se cita como aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable bajo el número P./J. 32/2001, visible en página 31, del Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA." Atenta a lo anterior, debe decirse que la demanda de que se trata resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el dispositivo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; por lo que atento a lo que señala el numeral 63, fracción V y 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. IV. Se ordena generación de versión pública de resolución. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública de la presente resolución, para que pueda ser consultable por el público en general.
- Principal
Se requiere ratificación de firma. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado presuntivamente por Ma. de la Luz Aguirre Romo, parte quejosa, mediante el cual pretende cumplir el requerimiento formulado en proveído de seis de septiembre del año en curso; sin embargo, previo a proveer al respecto, se advierte que la firma que lo calza es notoriamente distinta, en la parte final, a la que obra en el escrito inicial de demanda; tal como se evidencia de las imágenes relativas a las firmas de la promovente que obran en las citadas constancias: *************************************** En consecuencia, requiérasele para que dentro del término legal de tres días, comparezca ante la presencia judicial debidamente identificada para el efecto siguiente: Manifieste bajo protesta de decir verdad si tanto el libelo de amparo, como el ocurso de cuenta fueron suscritos de su puño y letra y, de ser así, justifique la razón por la cual los rasgos de las firmas que los calzan son notoriamente distintos entre sí. El anterior requerimiento se formula en razón de que la firma constituye la manifestación expresa de voluntad y es entendida como la suscripción que de un documento hace una persona mediante la colocación al calce de éste de las palabras o signos idóneos para identificarle y que por su carácter personalísimo, encuadra en aquellas cosas de las que solo un individuo puede disponer. En el entendido que de reconocer como suyos los grafismos que obran tanto en el libelo de amparo, como en el escrito aclaratorio de cuenta y no justificar de manera convincente la razón de la discrepancia destacada, se tendrán por no hechas las manifestaciones a que se contrae dicho ocurso, con las consecuencias que ello genere. Apercíbase a la parte quejosa de las penas previstas en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, que señala una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientas unidades de medida y actualización vigente a quienes declaren con falsedad. La facultad de prevenir a la parte promovente del amparo tiene como finalidad contar con la certeza de que quien plasmó dicho grafismo efectivamente fue la quejosa, pues, como se precisó, divergen notoriamente con los rasgos plasmados en el escrito inicial de demanda. Asimismo, es preciso destacar que la relevancia de la expresión "bajo protesta de decir verdad", implica que los señalamientos que la parte quejosa llegare a realizar, se harán con sujeción a la realidad, de modo que en caso de que no sea así, aquélla podría hacerse acreedora a la sanción antes dicha. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 3a./J. 24 (7/89), de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 9/88. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo III, Primera Parte, Enero a Junio de 1989, página 385, cuyo rubro es el siguiente: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA." En el entendido de que si este órgano jurisdiccional aprecia una diferencia notoria entre la firma ratificada y la plasmada durante la diligencia de ratificación, de oficio se practicará y desahogará prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopia, a fin de corroborar su autenticidad, con la salvedad de que se si acredita que dicha firma no fue plasmada de puño y letra por la directa quejosa, se dará vista al Agente Ministerio Público de la adscripción para que por su conducto se inicie una carpeta de investigación por el o delitos que resulten. Lo anterior en encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 59/2017 de la Décima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 338/2016, publicada el viernes nueve de julio de dos mil diecisiete a las diez horas con quince minutos correspondiente a la Décima Época, con número de registro 2014436, de rubro: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES." Finalmente, apercíbase a la peticionaria del amparo que de no comparecer en el término concedido en párrafos precedentes, se tendrá por no presentado el ocurso de cuenta, con las consecuencias legales que ello implique.
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