Ma. de la Cruz Sánchez Morán
Expediente 418/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 418/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Ma. de la Cruz Sánchez Morán
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, trece de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos de los que se advierte que, el veinte de diciembre de dos mil veinte, mediante circular número CAP/3/2020 signada por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso Especial, se informó que en sesión celebrada de manera extraordinaria en la indicada fecha, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto de acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, en relación a los contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", en la cual se determinó tomar medidas especiales en ese periodo de tiempo. En cumplimiento a ello, se tomó como medida regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, 3 y 4 del indicado Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdicciones por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, entre las que se estableció la forma y términos en los que se debía dar trato a los asuntos tramitados previamente a la entrada en vigor del indicado acuerdo; además, se ordenó la suspensión de plazos y términos, con las salvedades indicadas en el mismo. Asimismo, en la fracción II de la Circular SECNO/1/2021, de ocho de enero del año en curso, suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se informó que la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, determinó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales, a partir del doce de enero de dos mil veintiuno, es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020 En mérito de lo anterior, se levanta la suspensión de los plazos y términos y, por ende, se ordena la reanudación del procedimiento en el presente asunto; en la inteligencia que ello se efectúa en el punto en que quedó pausado. CAUSA ESTADO. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del auto de ocho de diciembre de dos mil veinte, que tuvo por no presentada la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo segundo, en relación con los numerales 97, fracción I, inciso a), y 98 de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se dictó un auto en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. ORDEN DE ARCHIVO. Anótese en la carátula que este expediente que es susceptible de destrucción y la fecha en que se ordena el archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, ocho de diciembre de dos mil veinte. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado de autos de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a la quejosa, para que desahogara la prevención realizada mediante proveído de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, sin que a la fecha hubiera dado cumplimiento a la misma. EFECTIVO APERCIBIMIENTO. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de mérito y, al efecto, con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo de que se trata. Notifíquese y personalmente.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista al quejoso..el auto de ocho de diciembre del año en curso que dice:"Ciudad Valles, San Luis Potosí, ocho de diciembre de dos mil veinte. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado de autos de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a la quejosa, para que desahogara la prevención realizada mediante proveído de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, sin que a la fecha hubiera dado cumplimiento a la misma. EFECTIVO APERCIBIMIENTO. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de mérito y, al efecto, con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo de que se trata. Notifíquese y personalmente.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintisiete de noviembre de dos mil veinte. IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES Vista la demanda de amparo promovida por Luis Ángel Contreras Malibrán, en representación de Ma. de la Cruz Sánchez Moran, contra actos del Director del Hospital General de Ciudad Valles, San Luis Potosí y otra autoridad, por trasgresión que estima de los artículos 1 y 4 Constitucionales; regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 418/2020-II-A. PREVENCIÓN Bien, respecto a las formalidades de la demanda de amparo, éste órgano jurisdiccional realizará el análisis que corresponde; ello, en uso de la facultad que le confiere el artículo 114 de la Ley de Amparo vigente, que señala: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." El dispositivo trascrito otorga a esta potestad la facultad de prevenir al promovente del amparo a efecto de que aclare su demanda, cuando se incurra en las deficiencias, irregularidades u omisiones que se detallan, para lo cual deberá hacer las aclaraciones que correspondan o presentar las copias faltantes dentro del término de cinco días, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada su demanda. En ese orden, el numeral 108, fracciones I y V, de la misma ley, señalan: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; (.) V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; (.)" En ese sentido, a efecto de acordar lo que en derecho proceda en cuanto a la demanda de que se trata, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción I del artículo 108 del propio ordenamiento, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito y con cinco copias de su escrito aclaratorio: 1. Acredite con documento idóneo la personalidad con que comparece, toda vez que señala promueve la presente demanda en representación de Ma. de la Cruz Sánchez Morán; sin embargo, no acredita esa representación, como tampoco se advierte que se encuentre en los supuestos a que aluden los numerales 6, 8 y 15 de la Ley de Amparo, por las razones que se expondrán más adelante. 2. Asimismo, bajo protesta de decir verdad, señale a que régimen de seguridad social se encuentra inscrita la directa quejosa. En la inteligencia que la exigencia de las copias del escrito aclaratorio, no será necesaria si éste se presenta en forma electrónica. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, Julio de 1996, página 48, de la voz y texto siguientes: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." APERCIBIMIENTO EN CASO DE NO CUMPLIR CON LA PREVENCIÓN Se apercibe a la parte quejosa que en caso de no dar cumplimiento en el término y forma indicados, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, es decir, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. SUSPENSIÓN DE PLANO Respecto a la suspensión de plano de los actos reclamados solicitada por el promovente del amparo, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad. Para tal efecto, se estima necesario sentar como premisa lo contenido en el artículo 107, párrafo primero, fracción X de la Constitución Federal, así como el artículo 126 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) X.- Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si éste último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes; (.)" "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal." Los preceptos legales de referencia, son producto de la reforma constitucional en materia de amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación y la posterior expedición de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, lo que generó, en cuanto a la suspensión en el amparo indirecto, un nuevo sistema equilibrado, orientado en la preservación de los derechos humanos y contar con mayores elementos de control, con objeto de evitar el abuso en su concesión y el dictado de resoluciones que lastimen la sensibilidad social. En el artículo 107, primer párrafo, fracción X, constitucional, se estableció que correspondería al legislador determinar tanto las condiciones como los casos en los que la suspensión sería procedente y, en función de esto, al expedir la ley reglamentaria en vigor, no sólo reconoció al juez de Distrito la discrecionalidad para decidir sobre ella y estableció los parámetros normativos para el desarrollo general o específico de la ponderación, sino le otorgó la facultad de determinar los supuestos en los que la suspensión era procedente en función de ciertos bienes jurídicos de índole irreductible o preponderante. Aunado a ello, el artículo 126, transcrito, dispone que en el auto de admisión de la demanda, el juez podrá conceder la suspensión de plano, la que de otorgarse deberá comunicarse sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento, cuando se trate de los actos siguientes: a) Importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas. b) Las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales (prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). c) La incorporación forzosa en el ejército, armada o fuerza aérea nacionales. d) Tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. De ese modo, la suspensión de "oficio" o de "plano", se decide sin sustanciar incidente y sin exigir requisito alguno para que surta efectos, pues la medida tiene por objeto la protección de bienes jurídicos irreductibles y de preservación preponderante, cuya protección conlleva una urgencia y gravedad que permiten al juzgador actuar de manera inmediata. Así, el legislador estableció una serie de actos o supuestos en los que se impuso el otorgamiento de la medida cautelar sin mayor trámite o ponderación y con exclusión de la discrecionalidad del juzgador, a fin de evitar que se materialicen o consumen actos que afecten bienes jurídicos irreductibles y de preservación preponderante. En ese sentido, el promovente reclama la negativa para brindarle a la directa quejosa Ma de la Cruz Sánchez Morán, la atención para su traslado, así como el de un acompañante de su domicilio al Hospital General de esta ciudad y/o Centro de Salud en esta ciudad, con la finalidad de que se le proporcione tratamiento por una fractura de cadera y los cuidados inherentes, así como para el tratamiento de diabetes y presión arterial alta, toda vez que manifiesta que la directa agraviada no cuenta con ingresos, por lo que no puede pagar el traslado de su domicilio al hospital. Sin embargo, se estima que esos señalamientos son insuficientes para hacer procedente la medida que solicita, ya que no existen datos que permitan establecer de manera objetiva que la fractura de cadera y los diversos padecimientos de diabetes y presión arterial alta, importen un peligro a la vida de la directa quejosa, conforme con lo previsto en los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en los numerales 15 y 126 de la Ley de Amparo, pues no se soslaya que el Estado se encuentra obligado a prestar servicios de salud, empero del análisis integral de la demanda, no aparece que los actos que reclama comprometan gravemente la dignidad e integridad personal de la agraviada al grado de equipararse tal situación a un tormento para que sea procedente el pronunciamiento de plano de la medida cautelar. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 1270, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2020430 cuyo rubro y texto son los siguientes: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). Ahora bien, la omisión de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, por lo que sí es factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Por lo tanto, el juez de amparo deberá conceder la suspensión de oficio y de plano, en los casos en que un interno reclame dicha omisión, si a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, advierte que la falta de atención médica que se reclama, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento." Tanto más porque de todos los antecedentes narrados por la parte quejosa, no se desprende que el acto que en concreto atribuye a las responsables ponga en peligro su salud y la vida. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Como lo solicita el quejoso, autorícese el acceso para la consulta del expediente electrónico, así como para recibir notificaciones del juicio que nos ocupa al usuario "LuisContrerasMalibran", de conformidad con los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; en tal virtud, instrúyase a la Secretaria de Acuerdos para que realice las autorizaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En la inteligencia que se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el carácter de persona física, por lo que deberá ingresar con tal carácter al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que pueda consultar el expediente electrónico en que se actúa, conforme lo establece el artículo 34 del referido acuerdo general. En el entendido que de conformidad con el último párrafo del artículo 60 del citado Acuerdo General, la notificación se tendrá por hecha a partir de que la persona autorizada consulte el expediente o de que el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación genere automáticamente constancia de notificación ante la falta la consulta al expediente electrónico dentro de los plazos previstos en el numeral 62 de ese mismo acuerdo. AUTORIZADOS En otro contexto, como lo solicita la impetrante de garantías, téngase como sus autorizados únicamente para oír notificaciones e imponerse de los presentes autos a las personas que designa en su escrito de demanda. DATOS DE CONTACTO De igual manera, se tiene al ocursante proporcionando como datos de contacto la dirección electrónica y el número telefónico que precisa en el escrito de cuenta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, a fin de que se establezca el contacto respectivo, para entablar comunicaciones no procesales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN Con fundamento en el artículo 3o de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Finalmente, con fundamento en el artículo 31, fracción II, de la Ley de Amparo, practíquese la notificación del presente acuerdo por conducto del actuario, previo contacto con el promovente al número telefónico que señala en el escrito de cuenta, de conformidad con lo dispuesto en artículo 23, fracción I, del citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dado que no se señala domicilio, al haber autorizado recibir notificaciones por vía electrónica. Notifíquese y personalmente.
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