Ma. de Jesús Isabel Ana
Expediente 449/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 449/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Ma. de Jesús Isabel Ana
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, once de octubre de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO. Visto el estado que guardan los presentes autos, y atendiendo al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que el artículo 98 de la Ley de Amparo establece para que el peticionario del amparo interpusiera el recurso de queja en contra del proveído veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se dictó un auto en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. ORDEN DE ARCHIVO. Anótese en la carátula que este expediente que es susceptible de destrucción y la fecha en que se ordena el archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese y personalmente.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno ESCRITO. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, agréguese a los presentes autos el escrito de la quejosa, por el cual atiende el requerimiento efectuado el veintitrés de septiembre pasado. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente de la demanda, de la que se aprecia que la quejosa reclama del Juez Primero Civil en esta ciudad, la resolución de quince de julio de dos mil veintiuno, que según refiere, bajo protesta de decir verdad, dejó sin efecto la citación para resolver y además ordenó la regularización del procedimiento, dictada en el expediente 311/2020, que promovió por interdicto de recuperar la posesión en contra de los miembros del comisariado ejidal, consejo de vigilancia y Juan Francisco Martínez Macario. Asimismo, del escrito de aclaración a la demanda de amparo, indica que también señala el acuerdo de doce del mismo mes y año, del cual efectuó su transcripción, apreciándose que en dicho proveído, se citó para resolver el procedimiento. De igual modo, en su escrito inicial de demanda manifestó que tuvo conocimiento de acto reclamado el dos de agosto de dos mil veintiuno, y que incluso en contra de la mencionada resolución interpuso recurso de apelación, mismo que le fue negado por acuerdo de seis de agosto del presente año, apreciándose de la reseña que efectuó del mismo, que se desechó en virtud de que no formuló los agravios de su intención. Bien, en los artículos 113 y 61, fracción XlV, de la Ley de Amparo, se dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Ahora, analizada en su integridad la demanda de amparo que se plantea, se pone de manifiesto su notoria e indudable improcedencia por actualizarse en la especie, la causa que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XlV, en relación con el 17 y 18 todos de la Ley de Amparo. En efecto, el referido precepto legal, entre otras cosas, establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales como aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en la ley de la materia. Al respecto, en los citados numerales 17 y 18 de la ley de la materia, se dispone: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del texto de los numerales transcritos, se advierte que el término para promover el juicio de amparo es de quince días, contado desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; o desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En la especie, la disidente reclama las determinaciones de doce y quince de julio de dos mil veintiuno, dictadas en autos del expediente 311/2020, en virtud de que en la segunda de ellas, el responsable dejó sin efecto la citación para sentencia y ordenó regularizar el procedimiento. Ahora, si la demanda fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, según aparece del sello de recibo, es inconcuso que su presentación fue extemporánea, al haberse llevado a cabo fuera del término de quince días que se establece en el invocado artículo 17 de la Ley de Amparo, toda vez que de la fecha en que la quejosa tuvo conocimiento del acto que aquí se reclama, (por lo menos de la resolución de quince de julio pasado), esto es, el dos de agosto del presente año, se advierte que el plazo de quince días a que se refiere el citado numeral ya transcurrió en exceso, sin que exista duda respecto de que desde aquella fecha la quejosa tuvo conocimiento de los actos reclamados, tanto así que contra la última decisión hizo valer el mencionado recurso de apelación, desechado el seis de agosto del mismo año, como ella misma lo menciona en sus antecedentes de demanda. De ahí que, deba considerarse que desde esa data inició el cómputo del plazo para ocurrir a la vía de amparo, pues lo que determina el inicio del término para la presentación de la demanda, es la fecha en que conoció el procedimiento, acto o sentencia que afecta su interés y le ocasiona un perjuicio o agravio actual y directo; por tanto, resulta incuestionable que a la fecha de la promoción de la presente demanda de amparo (veintidós de septiembre de dos mil veintiuno) expiró el plazo de quince días que al efecto se prevé en el artículo 17 de la ley de la materia. Apoya lo expuesto en lo conducente, la jurisprudencia 461, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 - 2011, tomo II, materia común, página 499, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EL PLAZO PARA QUE PROMUEVA EL AMPARO NO SE COMPUTA SIEMPRE A PARTIR DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, SINO A PARTIR DE CUANDO AQUÉLLA CONOCE EL PROCEDIMIENTO, SENTENCIA O ACTO QUE AFECTE SU INTERÉS (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 359, COMPILACIÓN DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, TOMO VI).- Una nueva reflexión sobre el tema del amparo promovido por las personas extrañas a juicio a que se refiere el artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, lleva a este Pleno, por una parte, a reiterar las consideraciones generales de la resolución dictada en el expediente de contradicción de tesis 22/92 y que originó la jurisprudencia 359 (compilación de mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, páginas doscientos cuarenta y uno a doscientos cuarenta y dos), esto es, que quien promueve amparo como persona extraña a juicio tiene la carga de acreditar la afectación que los actos reclamados causan a su interés jurídico, y que esta violación a los derechos de que el quejoso es titular permite determinar la regla de que el plazo impugnativo debe computarse a partir de que tenga conocimiento de esos actos que le causan un agravio personal, actual y directo, de donde se infiere que si la afectación es causada desde el principio, en virtud de no haber sido emplazado y por todo el juicio, el plazo empieza a contar desde que tiene conocimiento de ello; asimismo, si lo que agravia al quejoso es la sentencia, el cómputo empieza cuando tiene conocimiento de este fallo, o bien, a partir de la ejecución, si sólo ésta lo perjudica. Por otra parte, sin embargo, este Pleno se aparta del criterio de dicha tesis jurisprudencial, en cuanto limitaba la causación de la afectación al extraño a juicio sólo por los actos de ejecución, de donde derivaba que el cómputo del plazo debía comenzar, en todos los casos, a partir de la ejecución. La separación respecto de esta parte de la tesis deriva de su desarmonía con la regla fundamental de la primera parte, así como por la razón de que cuando dos personas litigan entre sí, sin llamar a quien es titular de los derechos controvertidos, ya el solo procedimiento le causa perjuicio, tanto desde el punto de vista legal, como constitucional, en virtud de que se sigue el juicio sin darle la garantía de audiencia; además, si en los casos en que desde el procedimiento se causa perjuicio al quejoso extraño y tiene conocimiento de ello, se tuviera que esperar hasta la ejecución, es claro que se apartaría de la regla prevista en el artículo 21 de la Ley de Amparo, acerca de que el plazo impugnativo debe contarse a partir de que haya tenido conocimiento de tal acto. El cómputo a partir de la ejecución se justifica, por tanto, sólo cuando ésta es la única que agravia al quejoso, o bien, cuando afectándole el procedimiento, tuvo conocimiento del mismo hasta la ejecución." En mérito de lo anterior, los actos de que se duele la peticionaria del amparo en su demanda de amparo, se tratan de actos consentidos tácitamente, pues dada su inconformidad en contra de las determinaciones de doce y quince de julio de dos mil veintiuno, que arguye le causan agravio, debió instar el juicio constitucional dentro del término que para tal efecto establece la Ley Reglamentaria y al no hacerlo así, tácitamente consiente éstas con todas y cada una de las consecuencias jurídicas que traen aparejadas. En consecuencia, se actualiza en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XlV, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, lo que obliga a desechar la demanda de que se trata, con apoyo además en el artículo 113 de la propia ley de la materia. Notifíquese y personalmente.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES. Vista la demanda de amparo promovida por .... contra actos del Juez Primero Civil, con residencia en esta ciudad, por trasgresión que estima de los artículos 14 y 16 Constitucionales. Regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 449/2021-I-A. PREVENCIÓN. Ahora, a efecto de acordar lo que en derecho proceda en cuanto a la admisión de la demanda de que se trata, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, por escrito y con siete copias de su escrito, aclare su demanda de garantías. Ello atendiendo a que en el capítulo de acto reclamado, indica como tal, la sentencia de quince de julio de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 311/2020, promovido por la peticionaria de la tutela constitucional por interdicto de recuperar la posesión en contra de los miembros del comisariado ejidal, consejo de vigilancia y Juan Francisco Martínez Macario, y de los hechos de la demanda refiere que mediante acuerdo de doce de julio del presente año, se dejó sin efecto la citación para oír sentencia, y se ordenó la regularización del procedimiento. En ese sentido, se le requiere para que indique si reclama el auto de doce de julio de dos mil veintiuno, en el que se ordenó la regularización del procedimiento en el mencionado procedimiento 311/2020. O bien, si reclama la sentencia de quince de julio de dos mil veintiuno, dictada en el expediente en comento y el sentido de ésta. Además, manifieste si contra las referidas actuaciones, interpuso medio impugnación y el estado procesal en que se encuentra. Y finalmente amplíe el capítulo de antecedentes del acto reclamado y en ese sentido deberá precisar quién es la parte demandada en el juicio de origen, a efecto de establecer a quién recae el carácter de tercero interesado, pues en su demanda de garantías en el apartado relativo señala como tales a .... mientras que el capítulo de antecedentes los cita como .... pero no precisa si los primeros pertenecen al ejido ... ni tampoco si se trata de uno o varios ejidos; además deberá indicar en qué forma se le notificó el acto reclamado. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como lugar para oír y recibir notificaciones por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal y por vía electrónica en la página oficial y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la mencionada ley, al licenciado Esteban Bautista Hernández. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Y DATOS DE CONTACTO. En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de personas y la propagación del virus, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación de este juicio en forma electrónica, mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES.De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese y personalmente.
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