Ma. Cruz Andrade Varela
Expediente 981/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 981/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ma. Cruz Andrade Varela
Actuaciones
- Principal
Se declara que ha causado estado la determinación en que se desechó de plano la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de dos de octubre de dos mil veintitrés. Valoración de destino y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Devolución de constancias. Toda vez que es innecesario permanecer con el tomo de pruebas que se formó con las constancias remitidas por la Décima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en la capital, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar; asimismo, remítasele copia en la que obren las firmas electrónicas de los autos de doce de septiembre y dos de octubre, ambos del año en curso, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE 02 DE OCTUBRE DE 2023, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "Se hace efectivo apercibimiento y se acepta competencia. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la quejosa no dio cumplimiento al requerimiento de doce de septiembre pasado, en el término concedido para ello; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, por lo que este Juzgado de Distrito continúa con el trámite del presente asunto. En dichas condiciones, se acepta la competencia declinada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital y, por ende se avoca al conocimiento de la demanda de amparo remitida por la superioridad, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República; así como en los numerales 1º, 37, 38, 45 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con los puntos de acuerdo primero, relativo al Décimo Sexto Circuito, y cuarto, párrafo segundo, del punto XVI, derivados del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión ordinaria de veintitrés de enero del dos mil trece, por unanimidad de votos, en vigor a partir de esa misma fecha y publicado en el Diario Oficial de la Federación hasta el quince de febrero de ese mismo año, por el que se deroga el diverso Acuerdo General 17/2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de junio del dos mil doce y deja sin efecto las disposiciones dictadas con anterioridad. Fijación de la litis constitucional. Ahora bien, vista la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama la resolución de once de enero de dos mil veintitrés, dictada por la Magistrada de la Décima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, en el toca penal 9/2023, por la cual inadmitió el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución emitida en audiencia de quince de diciembre de dos mil veintidós, en la que se avaló la determinación de no ejercicio de la acción penal y el archivo definitivo por el Juzgado Penal de Oralidad de la Cuarta Región en el Estado de Guanajuato, con sede en León. Desechamiento. Acotado lo anterior, se determina que la demanda de amparo es notoriamente improcedente y, por tanto, debe desecharse, como se verá a continuación. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo transcrito, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ello obedece a que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, la Ley de Amparo o la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En la especie, se estima que se surte de un modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. El precepto legal invocado, textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." La causal de improcedencia contenida en la fracción transcrita se encuentra motivada por el hecho de que el solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado principio de definitividad supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, que es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que solo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora bien, en el caso concreto se reclama la resolución del tribunal de alzada en la que resuelve no admitir el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución en la que se avaló la determinación de no ejercicio de la acción penal y el archivo definitivo por el Juzgado Penal de Oralidad de la Cuarta Región en el Estado de Guanajuato, con sede en León. En dichas condiciones, por lo que hace al acto reclamado en la presente instancia constitucional, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia referida, para lo cual es necesario destacar que de conformidad con los artículos 211 y 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la determinación reclamada es factible de combatirse a través del recurso de revocación, como se verá a continuación. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 153/2019 resolvió el cuestionamiento de si el recurso de revocación es procedente contra el auto que inadmite un recurso de apelación, esto es, dentro de la fase impugnativa del procedimiento penal. Así, dicha Sala señaló que si bien el artículo 211 del ordenamiento adjetivo penal considera que el procedimiento penal está conformado por las etapas de investigación (inicial y complementaria), intermedia o de preparación del juicio, y la de juicio, señalando en su último párrafo, que el proceso empieza con la audiencia inicial y concluye con la sentencia firme, sin referirse explícitamente a la fase impugnativa, de un entendimiento armónico y sistemático del Código Nacional de Procedimientos Penales no puede negarse su integración. En esta tesitura, en la ejecutoria en comento se estableció que admitir que el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales solamente es procedente dentro de las etapas a las que expresamente se refiere el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, impactaría negativamente en los fines y principios que inspiraron al nuevo modelo de justicia penal, pues implicaría aceptar que diversas normas de carácter fundamental para el proceso acusatorio no le son aplicables a la segunda instancia. lo cual es jurídicamente inadmisible, ya que entre estas cuestiones, se podría llegar a establecer que ni el imputado ni la víctima tendrían derecho en la segunda instancia, a una defensa adecuada. En este contexto, es claro que deben interpretarse armónica y sistemáticamente lo que disponen los artículos 211 y 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, concluyendo que el recurso de apelación sí forma parte del procedimiento. En esta línea argumentativa, la Sala en mención señaló que el recurso de revocación es un medio amplio de defensa en varios sentidos, pues se previó que fuera aplicable en diversos momentos del procedimiento penal, por ejemplo, desde que una carpeta de investigación se judicializa a través de la solicitud de una orden de aprehensión o la celebración de la audiencia inicial, y durante todas las etapas siguientes del proceso penal acusatorio en que interviene alguna autoridad judicial, de igual forma, que el legislador determinó que la procedencia del recurso de revocación no se constriñe a un listado limitativo de decisiones judiciales que son recurribles por este medio, sino que estableció un enunciado jurídico abierto, que permite a las partes intentar el recurso de revocación contra cualquier decisión que se resuelva de mero trámite sin substanciación. En este sentido, el auto de no admisión del recurso de apelación debe considerarse una determinación de mero trámite que califica dentro de los supuestos de la revocación, pues no resuelve el fondo de la causa penal o pone término al procedimiento. Así, la decisión de inadmitir un recurso de apelación de ninguna manera involucra la respuesta de los agravios formulados por la parte recurrente, sino su objetivo es el análisis de los requisitos previstos por los artículos 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y las hipótesis del artículo 470 del invocado código nacional, por lo que se trata de una decisión de mero trámite, es decir, en él únicamente se verifica el cumplimiento de los requisitos de procedencia, por lo que no existe la posibilidad de que se determine alguna otra cuestión que implique el estudio de fondo del asunto. Así, concluyó la Primera Sala del Máximo Tribunal, que el pronunciamiento sobre la inadmisión del recurso de apelación es impugnable a través del recurso de revocación, pues el legislador, en vez de mantener indeterminada la actuación del tribunal de alzada, expresamente estableció que se debía emitir de plano, de ahí que su actuación se constriña a constatar, en el momento que se recibe y con los elementos al alcance, si se cubren los requisitos de procedencia. De dichas consideraciones derivó la jurisprudencia 1a./J. 85/2019 (10a.), consultable en el Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 283, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de Registro digital: 2021251 que establece: "RECURSO DE REVOCACIÓN. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL AUTO QUE NO ADMITE LA APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. El recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales es un medio amplio de defensa que procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene la autoridad judicial para combatir resoluciones de mero trámite que se resuelven sin sustanciación. En este sentido, el auto que no admite el recurso de apelación debe considerarse una determinación: i) dentro del procedimiento penal y ii) de mero trámite, que califica dentro de los supuestos de procedencia del recurso de revocación, pues no resuelve el fondo de la causa penal o pone término al procedimiento, ni tampoco involucra la respuesta de los agravios formulados por la recurrente, sino que su objetivo es analizar los requisitos establecidos en los artículos 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales y las hipótesis previstas en el diverso artículo 470 del propio código. Además, en términos del artículo 475 del código aludido, se resuelve de plano cuando se reciben los registros correspondientes al recurso de apelación, esto es, sin sustanciación alguna, lo que corrobora la procedencia del recurso de revocación, pues el legislador, en vez de mantener indeterminada la actuación del tribunal de alzada, expresamente estableció en el propio precepto que debía pronunciarse de plano, de ahí que su actuación se constriña a constatar, en el momento en que se recibe y con los elementos al alcance, si se cubren los requisitos de procedencia. Por lo anterior, es necesario agotar el medio de defensa referido antes de acudir al juicio de amparo, sin que ello pueda aplicarse de manera retroactiva en términos del artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que antes de la obligatoriedad de este criterio, se actualizaba la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo." En este contexto, es importante puntualizar que, por regla general, el hecho de que el acto reclamado en el amparo indirecto sea de imposible reparación no determina per se, una excepción a las exigencias de procedencia del juicio de amparo. En consecuencia, el órgano constitucional está obligado a verificar que la parte promovente haya cumplido con la observancia del principio de definitividad, mediante el agotamiento del recurso ordinario de defensa, en caso de que lo prevea la ley de la materia, que tenga como finalidad modificar, revocar o anular el acto reclamado. Así, no es suficiente para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto que se reclame un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, sino que debe constatarse que la parte solicitante de la protección constitucional haya agotado el recurso ordinario de defensa que, de ser el caso, esté previsto en la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto la modificación, revocación o nulidad del mismo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 11/2018, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, libro 55, tomo I, junio de 2018, página 8, de rubro: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." Así como la jurisprudencia 373, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que señala: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Por tanto, como la parte solicitante del amparo no controvirtió el acto que cuestiona a través del medio de impugnación idóneo, es claro que el amparo resulta improcedente, al no haber observado el principio de definitividad que lo rige. Además de que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que el acto reclamado: I. No importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; II. Tampoco consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de la sentencia definitiva en el proceso penal; y, III. A la parte quejosa no le reviste el carácter de tercera extraña al procedimiento en sentido estricto, en virtud de que figura como parte en el procedimiento de origen; tampoco es tercera extraña por equiparación, al haber comparecido al juicio natural. IV. No se trata del auto de vinculación a proceso. Por ello, se afirma que la parte quejosa previo a instar el presente juicio de amparo debió interponer el señalado medio de defensa -recurso de revocación, para así cumplir con el principio de definitividad, rector de esta instancia constitucional. En esa tesitura, debe decirse que la demanda de que se trata resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Se ordena generación de versión pública de sentencia o resolución que pone fin al juicio. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo; 71, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias fin de generar oportunamente la versión pública de la presente resolución, a fin de que pueda ser consultable por el público en general.
- Principal
Se recibe exhorto. Glósense a los autos para que obren como corresponda el oficio y anexo remitidos por el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la capital, por medio de los cuales devuelve debidamente diligenciado el exhorto número ******************** del índice de este Juzgado; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Dese de baja dicha comunicación oficial en el libro de control respectivo.
- Principal
Se reciben oficio y anexos, se acepta competencia. Téngase por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, remite el original y copia de la demanda de amparo promovida por Ma. Cruz Andrade Varela, al haberse declarado legalmente incompetente para conocer de la misma, autos originales del amparo directo ******************** de su índice y el toca penal 09/2023-O, con el que se ordena formar por separado un tomo de pruebas, debiendo dejar debida constancia: Acúsese el recibo de estilo. II. Parte quejosa. Ma. Cruz Andrade Varela. III. Autoridad responsable. Décima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en Guanajuato, capital. IV. Registro en el libro de control. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de control respectivo, con el número 981/2023-I, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. V. Requerimiento previo a quejosa. Ahora bien, en estricto acatamiento a lo ordenado por la Superioridad, previo a proveer lo que en derecho corresponda respecto al escrito de demanda, requiérase a la quejosa Ma. Cruz Andrade Varela, para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, manifieste qué órgano jurisdiccional, por razón de territorio, desea que conozca de su demanda de amparo, esto es, el presente órgano jurisdiccional, o el Juzgado de Distrito en turno, con residencia en la ciudad de Guanajuato, lugar en el que promovió la demanda que dio inicio al presente asunto. Apercibida que de no hacer manifestación alguna dentro del término concedido, este Juzgado de Distrito continuará con la tramitación del presente asunto, proveyendo lo que proceda, conforme a derecho. Para lo anterior, es aplicable la jurisprudencia PC.XVI.P. J/4 K (10ª), sustentada por el Pleno del Décimo Sexto Circuito, visible en la página 1592, del Tomo II, Libro 66, Mayo de 2019, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO PRESENTADO COMO DIRECTO. UNA VEZ REENCAUSADO POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO REQUERIR AL QUEJOSO Y DEFINIR LA COMPETENCIA POR RAZON DE TERRITORIO CUANDO EL ACTO RECLAMADO CAREZCA DE EJECUCION." VI. Se ordena girar exhorto. Ahora bien, tomando en consideración que la promovente del amparo señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle San José Iturbide, número 7, colonia Santa Teresa, en Guanajuato, Guanajuato, es decir, fuera de la jurisdicción de este Tribunal, con fundamento en los artículos 298, 299, 300 y 301, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de Guanajuato en turno, con residencia en la ciudad del mismo nombre, para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal ordene al actuario de su adscripción que se constituya en el citado domicilio para que notifique el presente proveído a la promovente Ma. Cruz Andrade Varela y la requiera en los términos indicados en el mismo. Asimismo, la deberá requerir para que dentro del término legal de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo así, sin ulterior acuerdo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal se le realizarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal. Con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, hágasele del conocimiento a la autoridad exhortante que se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de la presente diligencia. El exhorto de mérito gírese a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) como comunicación oficial electrónica, de conformidad con los artículos 107 a 111 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación dentro del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los asuntos de Justicia Penal Federal. Para tal efecto, encomiéndese al Oficial Judicial "A" el envío de dicha comunicación que se validará con las firmas electrónicas de la suscrita y de la secretaria que da fe de este acuerdo. Se solicita a la autoridad exhortada, que una vez diligenciado el exhorto de referencia, dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 110, del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y remita las actuaciones conducentes, resultado del trámite de la comunicación oficial electrónica a este órgano jurisdiccional. Sin que resulte legalmente válido devolver sin diligenciar la comunicación oficial de mérito, con motivo a que no se firme de manera autógrafa, pues de acuerdo a los artículos 3,10, 12 inciso f y 13, inciso d, del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico; los documentos electrónicos que se envíen y contengan la FIREL, producirán los efectos que los presentados con la firma autógrafa. VII. Autorizado y correo electrónico. Se tiene como autorizado de la quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, se le tiene proporcionando correo electrónico, para establecer comunicaciones no procesales. VIII. Se exhorta a las partes. Se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. IX. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. X. Acuerdos generales. De igual manera, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que reforma el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace del conocimiento de las partes que las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Por último, para agilizar el trámite, omítase firmar las minutas de oficios.
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