Ma. Consuelo Hernández Galván

Expediente 317/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
317/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
11/06/2021

Partes del expediente

  • Ma. Consuelo Hernández Galván

Actuaciones

  1. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE ONCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. León, Guanajuato, a once de junio de dos mil veintiuno. I. Causa estado. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, por lo que dicha determinación ha causado firmeza procesal. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, ya que: Se desechó de plano la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. III. Devolución de documentos. Se previene a la parte quejosa para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda a este Juzgado Federal a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, en su momento se destruirán junto con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponibles; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, jueza Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida de Carla Adriana Gallardo Rojas, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. León, Guanajuato; diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. I. Desahogo de prevención. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el escrito de cuenta signado por Ma. Consuelo Hernández Galván, mediante el cual cumple al requerimiento que se le formuló en acuerdo de veintisiete de abril del año en curso, en atención a ello, se acuerda: II. Parte quejosa. Ma. Consuelo Hernández Galván. III. Autoridad responsable. Juez Quinto Civil del Partido Judicial de León, Guanajuato. IV. Fijación de la litis. Ahora, de una lectura integral de la demanda de amparo, ocurso aclaratorio y anexos que se acompañaron a los mismos, se advierte que la parte quejosa reclama medularmente lo siguiente: a. La resolución de cinco de marzo de dos mil veintiuno, relativa a la declaratoria de herederos dictada en el expediente C-408/2020, referente al juicio sucesorio intestamentario a bienes de Antonio González Ayala, también conocido como Antonio González, denunciado por José Antonio González Esparza, en la cual entre otras cosas, se le declaró sin derecho a heredar, bajo el argumento toral de que la ahora quejosa compareció a dicho sumario en calidad de nuera del de cujus y cónyuge supérstite y albacea en la sucesión a bienes de Francisco Javier González Hernández y que dicha personalidad no le fue reconocida dentro del sucesoral al haber sido omisa en cumplir el requerimiento que le fue formulado en proveído de once de noviembre de dos mil veinte, relativo a la exhibición de documental fehaciente que acreditara la aceptación del cargo de albacea, aunado a que es nuera del autor de la sucesión y por tanto pariente por afinidad. Sirve de apoyo a lo anterior, por el criterio que sostiene, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, tomo XI, correspondiente al mes de abril del año dos mil, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, intitulada: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." V. Se desecha demanda de amparo. Ahora bien, se determina que la demanda de amparo es notoriamente improcedente y, por tanto, debe desecharse, como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver el fondo de la cuestión planteada. Así también, la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En el caso particular, para una mejor comprensión resulta necesario precisar los antecedentes siguientes: 1. El diez de noviembre de dos mil veinte la aquí quejosa Ma. Consuelo Hernández Galván, presentó un escrito ante el Juez Quinto Civil del Partido Judicial de León, Guanajuato, en el que se apersonó al juicio sucesorio intestamentario C408/2020, en su calidad de heredera del de cujus Francisco Javier González Hernández, quien a su vez fue descendiente directo de Antonio González Ayala. 2. Mediante auto de once de noviembre de dos mil veinte, el Juez responsable requirió a la solicitante de amparo, para que en término de tres días presentara la documental idónea que acreditara el carácter de albacea de la sucesión a bienes de su extinto esposo. 3. Por acuerdo de ocho de febrero de dos mil veintiuno, el Juez natural desechó el apersonamiento de la impetrante de amparo al no haber cumplido con el requerimiento precisado en al párrafo que antecede. 4. El cinco de marzo de dos mil veintiuno, el Juez de origen dictó resolución relativa a la declaratoria de herederos en la que, entre otras cosas, no se le reconoció la personalidad dentro del juicio sucesorio de origen, toda vez que fue omisa en dar cumplimiento al requerimiento que le fue formulado mediante proveído de once de noviembre de dos mil veinte, relativo a la exhibición de la documental con la cual acreditara la aceptación del cargo de albacea, aunado a que al ser la nuera del autor de la sucesión, es pariente por afinidad y, por tanto, sin derecho a heredarlo de conformidad con el artículo 2842 del Código Civil vigente en el Estado. [Resolución que constituye el acto reclamado] Precisado lo anterior, en presente caso se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 217, ambos de la Ley de Amparo, así como con la tesis jurisprudencial visible en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Octava Parte, tesis 19, página 38, que a su vez está publicada en el Apéndice de 1985, tomo VI, Parte SJN, tesis 19, página 38, que a su vez está publicada en el Apéndice de 1985, tomo VI, Parte SJN, tesis 17, página 12, cuyo rubro es: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA"; debido a que el acto reclamado deriva directamente de otros que fueron consentidos tácitamente. En efecto, el artículo 61 de la Ley de Amparo, en la fracción invocada, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Asimismo, el artículo 217 del ordenamiento en cita, prevé: "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis visible en la Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988, página 52, que dice lo siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. FUNDAMENTO DE LA IMPROCEDENCIA. La improcedencia que resulta cuando el acto reclamado es consecuencia de otro consentido, por no haberse impugnado en su oportunidad, se funda en los artículos 73, fracción XVIII de la Ley de Amparo en relación con el diverso artículo 192 de la misma Ley, que establece la obligación de observar la jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: en este caso, la número 19 visible en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA.". De lo anterior, se advierte que el amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos, porque al resolver sobre el primero tendría que examinarse necesariamente la constitucionalidad del segundo, no obstante que éste no fue reclamado dentro del término legal que para la promoción del juicio de amparo señala la ley de la materia. Sin embargo, ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que para considerar que un acto es derivado de otro consentido deben concurrir los elementos siguientes: a) La existencia de un acto anterior consentido, y tácita o expresamente; b) Que exista un acto posterior que reproduzca el contenido y sentido de afectación del primer acto; de modo que sea consecuencia directa y necesaria de aquél. c) Que la situación jurídica del quejoso, sea la misma frente al acto anterior, que frente al posterior; d) Que el acto posterior no se impugne por vicios propios, que constituyan una diferencia esencial respecto del primer acto que no fue impugnado. Apoya el criterio anterior, la tesis número 3, del Pleno de nuestro Máximo Tribunal, publicada en la página 9, del volumen 217-228 Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, con el rubro y texto siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél.". El consentimiento como primer supuesto para la actualización de la causa de improcedencia en análisis, puede ser expreso o tácito, en la medida que el afectado externe manifestaciones de conformidad con su contenido o que no interponga medio de impugnación alguno en su contra y por lo tanto quede firme, surta todos sus efectos legales y sin la posibilidad posterior de revocarlo o modificarlo. El consentimiento tácito del acto anterior al reclamado, supone que debió ser impugnado, porque existía un recurso ordinario por el cual pudo obtenerse su revocación o modificación; y por ende, si no se interpuso, quedó firme. El segundo supuesto, consistente en la existencia de un acto posterior que sea consecuencia directa y necesaria del acto precedente consentido, consiste en que el acto reclamado sea consecuencia del primero, porque lo reproduzca en su contenido y sentido de afectación. La justificación de esta causa de improcedencia radica en que el juicio de amparo no puede ser el remedio extraordinario para analizar la constitucionalidad de un acto de autoridad cuyo antecedente necesario no fue impugnado por el gobernado mediante un recurso ordinario y en su caso el juicio de amparo. Suponer lo contrario, implicaría dejar al quejoso ante la posibilidad de promover el amparo en contra del acto posterior, aun cuando su situación jurídica sea la misma que frente al primer acto del procedimiento. Esta conclusión de que el segundo acto deba tenerse como derivado de consentido, es acorde con la procedencia del juicio de amparo dentro de los quince días siguientes en el que el quejoso tenga conocimiento del acto que afecta su interés jurídico y a la vez, con la carga de agotar en su contra el recurso ordinario procedente contra ese acto, según la ley procesal que rige la actuación de la autoridad responsable; de modo que cuando resulten afectados sus intereses, por el primer acto debió interponer los medios de defensa o recursos ordinarios correspondientes para así legitimarse en la vía constitucional al solicitar el amparo en contra de las consecuencias del segundo acto. Conforme a las consideraciones que anteceden, la suscrita Juzgadora considera que el acto reclamado es un acto derivado de consentido, ya que la resolución de cinco de marzo de dos mil veintiuno, en la que el Juez de origen reiteró no haber reconocido la personalidad de la aquí quejosa dentro del juicio sucesorio de origen, porque fue omisa en dar cumplimiento al requerimiento que le fue formulado mediante proveído de once de noviembre de dos mil veinte, relativo a la exhibición de la documental con la cual acreditara la aceptación del cargo de albacea, añadiendo que al ser la nuera del autor de la sucesión, es pariente por afinidad y por tanto sin derecho a heredarlo de conformidad con el artículo 2842 del Código Civil vigente en el Estado, derivó precisamente de los proveídos de once de noviembre de dos mil veinte y ocho de febrero de dos mil veintiuno, en los que respectivamente, requirió a la impetrante para que en el término de tres días presentara la documental idónea que acreditara el carácter de albacea de la sucesión a bienes de su extinto esposo, y al no cumplimentar lo anterior, desechó el apersonamiento de la solicitante de amparo; actuaciones que fueron consentidas por la amparista al no haber interpuesto los recursos o medios de impugnación que confirme a la ley correspondía. Ello es así, porque la quejosa omitió inconformarse (a través del recurso ordinario previsto en la ley) en contra de lo ordenado por el juez responsable en los proveídos antes descritos; por tanto, no es jurídicamente aceptable que la quejosa se duela de la determinación reclamada, para promover el juicio de amparo, dado que es claro que si la hoy quejosa omitió interponer el recurso ordinario en contra del proveído de once de noviembre de dos mil veinte y posteriormente contra el diverso de ocho de febrero de dos mil veintiuno, que consintió la determinación del Juez de origen de desechar el apersonamiento de la impetrante de amparo al no haber cumplido con el requerimiento de exhibir la documental idónea que acredite el carácter de albacea de la sucesión a bienes de su extinto esposo, es inconcuso que dichos proveídos se encuentran firmes; y, por ende, el acto reclamado se estima derivado de consentido, sin que pueda combatirlo en el presente juicio de amparo, pues de otra manera se contrariarían los principios rectores del juicio de amparo. Por consiguiente, deviene innegable que la resolución que constituye el acto reclamado, no fue la primera que afectó a la quejosa, sino los diversos de once de noviembre de dos mil veinte y de ocho de febrero de dos mil veintiuno, los cuales como ya se señaló, adquirieron firmeza al no haber sido por la aquí agraviada, mediante loa recursos que confirme a la ley de la materia correspondían, y al no haberlo hecho así, resulta que tales resoluciones fueron consentidas tácitamente. En esa guisa, se advierte la actualización de la causal de improcedencia en estudio, toda vez que entre el acto reclamado y los proveídos de once de noviembre de dos mil veinte y ocho de febrero de dos mil veintiuno, existe una relación de causa a efecto; es decir, la emisión del acto aquí tildado de inconstitucional es una consecuencia legal, forzosa y directa de los citados acuerdos, a través los cuales se desechó el apersonamiento de la impetrante de amparo al no haber cumplido con el requerimiento de exhibir la documental idónea que acreditara el carácter de albacea de la sucesión a bienes de su extinto esposo, la cual derivó en la declaratoria de no contar con el derecho a heredar. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis diecisiete, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doce, tomo VI, parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, cuyo rubro y texto disponen: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." No escapa de la vista de la suscrita las manifestaciones de la quejosa, en el sentido que es una persona de edad avanzada (adulto mayor), que tiene una inadecuada condición de salud y que tiene miedo de contagiarse del virus Sars-cov2 (Covid-19), lo que le imposibilitó desahogar el requerimiento formulado por el Juez natural el once de noviembre de dos mil veinte, así como impugnar dicho proveído y el subsecuente de ocho de febrero de dos mil veintiuno; sin embargo, dichas situaciones no la eximen de agotar los recursos o medios de impugnación que conforme a la ley de la materia correspondían previo a la promoción del juicio de amparo. Sirve de apoyo, por igualdad de razón, la tesis I.3o.C.91 K (10a.), visible en la página 1945, Libro 19, Junio de 2015, Tomo III de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "ADULTO MAYOR. ESA CATEGORÍA NO ES UN CASO DE EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PARA EL ESTUDIO DE VIOLACIONES PROCESALES EN EL AMPARO DIRECTO. El artículo 171 de la Ley de Amparo dispone, como regla general, que al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Sin embargo, dicho precepto establece como excepciones al principio de definitividad para el estudio de las violaciones procesales en el amparo directo las siguientes: a) Que se afecten derechos de menores o incapaces; b) Al estado civil, o al orden o estabilidad de familia; c) Ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal; d) Quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio; e) Que el amparo sea promovido por el inculpado; y, f) Que se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contraria a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. Dentro de esos supuestos no está contemplada la categoría de adulto mayor. Sobre los adultos mayores, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 4398/2013 de dos de abril de dos mil catorce, estableció que los niños como los adultos se encuentran en una situación de debilidad respecto al resto de la población. Asimismo, destacó que el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que todas las personas gozan de los derechos que ésta establece, independientemente de la edad que tengan. Pero la categoría de adulto mayor, es decir, si se tienen más de sesenta años, no es un caso de excepción del principio de definitividad, sino que tiene que quedar comprendido en alguno de los otros supuestos determinados claramente en la norma especial que rige al juicio de amparo. Por tanto, el ser un adulto mayor no es una cualidad que por sí misma surta a la vez el supuesto de condiciones de pobreza o marginación, ya que es necesario que el adulto mayor se halle comprendido en un grupo social de marginación y desventaja que se genera con una condición multifactorial económica y social." Tampoco pasa inadvertido para quien esto determina las diversas manifestaciones de la amparista en el sentido de que se apersonó al juicio sucesorio del que emana el acto reclamado en calidad de heredera universal a bienes de su extinto esposo y que el juzgador primigenio la requirió como albacea, lo dicho porque con independencia de la calidad con la que compareció, lo cierto es que, que consintió las determinaciones en la que inicialmente se determinó sobre su apersonamiento, siendo que el acto subsecuente (acto reclamado) sólo constituye una consecuencia y reiteración de lo resuelto en aquéllos. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la parte promovente del amparo que por ello sea contrario al artículo 1 dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por esta Juzgadora y, en el caso, la examinada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.)17, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consultable en la página 487, libro 3, tomo I, febrero de 2014, Décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 217, ambos de la Ley de Amparo; por ende, con fundamento en la fracción V del precepto 63 de la ley en cita, procede desechar la demanda de amparo. VI. Instrucción para practicar notificación personal. En términos del artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda notificación que se ordene de manera personal en este asunto, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. VII. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VIII. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental que en su caso se aperture, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia el León, quien actúa asistida de Carla Adriana Gallardo Rojas, Secretaria que autoriza, firma y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, EN EL QUE SE ACORDÓ: León, Guanajuato; veintisiete de abril de dos mil veintiuno. I. Quejosa. Ma. Consuelo Hernández Galván. II. Autoridad responsable. Juez Quinto Civil del Partido Judicial de León, Guanajuato. III. Registro en el libro de gobierno. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo, con el número 317/2021-II, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. IV. Prevención a la quejosa. A efecto de estar en aptitud de acordar lo procedente, esto es, la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112, 114, fracción II, así como 108, fracción V, todos de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación de este proveído, por escrito, sin formular ni presentar una nueva demanda y con las copias necesarias para correr traslado a las demás partes, se constriña a cumplir con lo siguiente: a. Relate, bajo protesta de decir verdad, de manera clara, cronológica y detallada todos los antecedentes del acto reclamado relacionados con el juicio sucesorio 408/2020; lo anterior, en razón de que no realizó una narración precisa de todos aquellos acontecimientos ocurridos con antelación al acto reclamado y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo. En el entendido que en dicha narratoria deberá expresar qué sucedió con posterioridad a su apersonamiento en el aludido juicio; si se le tuvo o no por apersonada al mismo; en caso negativo, si impugnó dicho auto y cómo se resolvió; así como la fecha exacta en qué tuvo conocimiento del acto que tilda de inconstitucional; las circunstancias de modo, tiempo y lugar, de cómo y cuándo conoció del mismo y si en contra de éste interpuso medio de defensa, en caso afirmativo, qué recurso interpuso y en qué sentido fue resuelto el mismo. Lo anterior es así, toda vez que la narración de los antecedentes del acto reclamado resultan insuficientes para tal efecto, dado que únicamente se limitó a manifestar que el diez de noviembre de dos mil veinte, se apersonó a dicho procedimiento, en calidad de albacea de Francisco Javier González Hernández, sin precisar lo que el Juez responsable determino al respecto, ni las actuaciones posteriores al mismo, para a la postre referir, de forma genérica que "circunstancialmente el día de la presentación de la presente demanda, me enteré que la autoridad responsable emitió la resolución de declaratoria de herederos dentro del juicio sucesorio intestamentario 408/2020", sin precisar cómo y cuándo tuvo conocimiento de lo anterior, ni si recurrió dicha determinación. b. Exhiba copia simple de la resolución de declaración de herederos dictada en el juicio sucesorio intestamentario 408/2020, que constituye el acto reclamado, así como del auto que recayó a su ocurso de apersonamiento en dicho procedimiento, o bien, bajo protesta de decir verdad señale la imposibilidad que tenga para ello; lo anterior, a efecto de que este órgano jurisdiccional tenga pleno conocimiento de su contenido. En el entendido de que dicha narración y protesta la realizará la propia promovente, por ser un acto personalísimo que no puede ser satisfecho por persona diversa a aquélla, dada la responsabilidad penal que de la misma pudiera derivarse. En términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, resulta aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, de la Novena sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIV; julio de 2006; página: 348, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." Asimismo, apoya lo anterior, la jurisprudencia de la Novena Época; sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; X, Noviembre de 1999; Página 32, de epígrafe: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA". Se hace saber a la parte promovente del amparo de los delitos en que incurren los quejosos cuando afirman hechos falsos u omiten aquellos que les constan en relación con el acto reclamado, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y [.]". Se apercibe a la promovente que de no cumplir con lo anterior, se procederá conforme a los preceptos citados y en su caso se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el numeral 110, párrafo primero, de la ley de la materia, hágase del conocimiento de la promovente que dentro del plazo concedido deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio y anexos para correr traslado a las partes, toda vez que son parte integral de la demanda de amparo. Cabe invocar el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia P./J.36/2001, visible en la página 79, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril del 2001, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NUMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." V. Domicilio. Con sustento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo y toda vez que la quejosa no señala expresamente un domicilio para oír y recibir notificaciones; empero dada la naturaleza del auto a notificar y en razón de que en el apartado denominado "nombre y domicilio del quejoso" se advierte que la provente refiere tener su domicilio en Manuel García y Moyeda, número ciento uno (101), Colonia La Alameda, Código Postal 37204 de esta Ciudad; en consecuencia, téngase el mismo como lugar para para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto la impetrante señale uno diverso para tal fin. VI. Autorizados. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Luis Noé Muñoz Rodríguez, puesto que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos de la parte final del último párrafo del citado numeral al resto de las personas que refiere, por así haberlo precisado expresamente. VII. Se exhorta a las partes. Por otro lado, a fin de cumplir con lo establecido en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. VIII. Instrucción para practicar notificación personal. En términos del artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda notificación que se ordene de manera personal en este asunto, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. IX. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. X. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental que en su caso se aperture, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Es menester precisar que, si bien es cierto, la demanda de cuenta fue recibida en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el veintitrés de abril de la presente anualidad, cierto es también que, debido a la cantidad de nuevos asuntos que fueron presentados ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, la capacidad productiva de este órgano de control constitucional se ha visto superada, de modo que ello momentáneamente dificulta el cumplimiento de los plazos procesales que establece la ley de la materia. Razón por la que, en términos de la fracción VIII, primer párrafo, artículo 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación a su periodo de vigencia, es hasta esta data en que se emite pronunciamiento. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia el León, quien actúa asistida de Carla Adriana Gallardo Rojas, Secretaria que autoriza, firma y da fe. Doy fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · 10,798 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano