Ma. Concepción Plascencia Ibarra

Expediente 451/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 39 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
451/2017
Año
2017
Actuaciones
39
Última actuación
18/09/2018

Partes del expediente

  • Ma. Concepción Plascencia Ibarra
  • Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 39.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, se advierte que el cinco marzo de esta anualidad, se ordenó el archivo del presente asunto; sin embargo, revisado que fue el presente asunto, se advierte que la parte quejosa al presentar su demanda de amparo, exhibió cincuenta y nueve anexos, los cuales obran por separado; por tanto, de conformidad con el punto Vigésimo del Capítulo Quinto, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, dése vista a dicha parte para que dentro del término de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional con el objeto de recoger los documentos de referencia que exhibieron como pruebas dentro del presente sumario constitucional; bajo apercibimiento que de hacer caso omiso dentro del plazo indicado, una vez que transcurran más de cinco años, serán susceptibles de destrucción, acorde a lo establecido en el presente auto.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, se advierte que el cinco marzo de esta anualidad, se ordenó el archivo del presente asunto; sin embargo, revisado que fue el presente asunto, se advierte que la parte quejosa al presentar su demanda de amparo, exhibió cincuenta y nueve anexos, los cuales obran por separado; por tanto, de conformidad con el punto Vigésimo del Capítulo Quinto, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, dése vista a dicha parte para que dentro del término de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional con el objeto de recoger los documentos de referencia que exhibieron como pruebas dentro del presente sumario constitucional; bajo apercibimiento que de hacer caso omiso dentro del plazo indicado, una vez que transcurran más de cinco años, serán susceptibles de destrucción, acorde a lo establecido en el presente auto.

  3. Principal

    EPIC, NAYARIT, CINCO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante los oficios y anexos recibidos en este Juzgado Federal, el veintisiete de junio de dos mil diecisiete y veinte de febrero de este año (fojas 114 a 115 y 219 a 223, respectivamente), las autoridades responsables denominadas Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto del Director Jurídico de dicha dependencia, manifestaron la forma en que dieron cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por auto de veintiuno del mes anterior, se dio vista a la parte quejosa con las constancias antes indicadas, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa personalmente el veintidós de febrero de esta anualidad; sin que en tal período dicha parte hubiere efectuado alguna manifestación. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "...". Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el dos de mayo de dos mil diecisiete (fojas 61 a 82), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los preceptos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tales artículos, hasta que no se modifique la normativa de mérito, hecho que implica que no se deberá restar o retener monto alguno que deba destinarse al fondo de pensiones; y 2. Para que el Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, le devuelva a la peticionaria de amparo las cantidades que se le hubieran descontado desde la fecha en que se le otorgó su pensión, por el "concepto 53", con base en los preceptos legales declarados inconstitucionales e inconvencionales. Lo que deberá efectuar a través de los sistemas existentes o de manera personal; en el entendido de que de realizarse de la última forma, es necesario que se elabore un acta de entrega y copia de identificación que se deje para constancia, documentales que deberán ser remitidas en su oportunidad a este órgano judicial debidamente certificadas, para acreditar el cumplimiento al fallo protector. En la inteligencia de que una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deberá establecerse la cuantía de los descuentos a devolver, en términos del numeral 193, párrafo cuarto, de la Ley de la Materia. . Concesión de amparo que debe hacerse extensiva al acto de aplicación de los ordinales impugnados, consistente en los descuentos efectuados por el concepto 53 (fondo de pensiones), ya que resultan ilegales al ser consecuencia de la aplicación de las normas declaradas inconstitucionales e inconvencionales." De lo anterior se colige, que las autoridades responsables debían desincorporar de la esfera jurídica del gobernado aquí quejosa los preceptos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete y se abstegan de aplicarlos en su contra, hasta en tanto sea reformado el contenido de los mismos; asimismo, para que el Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, le devolviera a la peticionaria de amparo las cantidades que se le hubieran descontado desde la fecha en que se le otorgó su pensión, por el "concepto 53"; además, debía establecerse la cuantía de los descuentos a devolver, en términos del numeral 193, párrafo cuarto, de la Ley de la Materia. Luego, mediante libelo y anexo recibidos en este Juzgado Federal el veintisiete de junio de dos mil diecisiete (114 a 115), el Director General y Comité de Vigilancia, ambos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, informó que se habían desincorporado de la esfera jurídica de la quejosa los preceptos declarados inconstitucionales. Posteriormente, por auto de veinte de octubre de dos mil diecisiete (fojas 141 a 142), se admitió el incidente de actualización de la cantidad que deberían devolver las autoridades responsables; así, el diecinueve de diciembre del año próximo pasado (fojas 182 a 185), se resolvió dicho incidente y se determinó, lo siguiente: "PRIMERO. Es procedente el incidente innominado promovido por Alejandro Casillas Hidalgo, en su carácter de autorizado legal de la quejosa Ma. Concepción Plascencia Ibarra, para determinar las cantidades que deben cubrir las autoridades responsables con motivo de la sentencia amparadora; lo anterior, conforme a las razones y fundamentos expuestos en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. Se determina que desde la fecha de otorgamiento de pensión (quince de mayo de dos mil), al quince de noviembre de dos mil diecisiete, los descuentos a la pensión de la quejosa por el denominado "concepto 53", ascienden a la cantidad de $210,772.16 (doscientos diez mil setecientos setenta y dos pesos 16/100 moneda nacional), por lo que el Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, deberá entregar a la aquí quejosa la citada suma, dentro de los diez días posteriores al en que se le notifique la presente resolución". Por lo que, el veinte de febrero de este año (fojas 219 a 223), las responsables Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto del Director Jurídico de dicha dependencia, exhibieron la transferencia efectuada a la promovente del amparo, por la cantidad antes indicada. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Legislación de Amparo en vigor, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo; sin que haya lugar a emitir pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CINCO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante los oficios y anexos recibidos en este Juzgado Federal, el veintisiete de junio de dos mil diecisiete y veinte de febrero de este año (fojas 114 a 115 y 219 a 223, respectivamente), las autoridades responsables denominadas Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto del Director Jurídico de dicha dependencia, manifestaron la forma en que dieron cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por auto de veintiuno del mes anterior, se dio vista a la parte quejosa con las constancias antes indicadas, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa personalmente el veintidós de febrero de esta anualidad; sin que en tal período dicha parte hubiere efectuado alguna manifestación. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "...". Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el dos de mayo de dos mil diecisiete (fojas 61 a 82), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los preceptos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tales artículos, hasta que no se modifique la normativa de mérito, hecho que implica que no se deberá restar o retener monto alguno que deba destinarse al fondo de pensiones; y 2. Para que el Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, le devuelva a la peticionaria de amparo las cantidades que se le hubieran descontado desde la fecha en que se le otorgó su pensión, por el "concepto 53", con base en los preceptos legales declarados inconstitucionales e inconvencionales. Lo que deberá efectuar a través de los sistemas existentes o de manera personal; en el entendido de que de realizarse de la última forma, es necesario que se elabore un acta de entrega y copia de identificación que se deje para constancia, documentales que deberán ser remitidas en su oportunidad a este órgano judicial debidamente certificadas, para acreditar el cumplimiento al fallo protector. En la inteligencia de que una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deberá establecerse la cuantía de los descuentos a devolver, en términos del numeral 193, párrafo cuarto, de la Ley de la Materia. . Concesión de amparo que debe hacerse extensiva al acto de aplicación de los ordinales impugnados, consistente en los descuentos efectuados por el concepto 53 (fondo de pensiones), ya que resultan ilegales al ser consecuencia de la aplicación de las normas declaradas inconstitucionales e inconvencionales." De lo anterior se colige, que las autoridades responsables debían desincorporar de la esfera jurídica del gobernado aquí quejosa los preceptos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete y se abstegan de aplicarlos en su contra, hasta en tanto sea reformado el contenido de los mismos; asimismo, para que el Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, le devolviera a la peticionaria de amparo las cantidades que se le hubieran descontado desde la fecha en que se le otorgó su pensión, por el "concepto 53"; además, debía establecerse la cuantía de los descuentos a devolver, en términos del numeral 193, párrafo cuarto, de la Ley de la Materia. Luego, mediante libelo y anexo recibidos en este Juzgado Federal el veintisiete de junio de dos mil diecisiete (114 a 115), el Director General y Comité de Vigilancia, ambos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, informó que se habían desincorporado de la esfera jurídica de la quejosa los preceptos declarados inconstitucionales. Posteriormente, por auto de veinte de octubre de dos mil diecisiete (fojas 141 a 142), se admitió el incidente de actualización de la cantidad que deberían devolver las autoridades responsables; así, el diecinueve de diciembre del año próximo pasado (fojas 182 a 185), se resolvió dicho incidente y se determinó, lo siguiente: "PRIMERO. Es procedente el incidente innominado promovido por Alejandro Casillas Hidalgo, en su carácter de autorizado legal de la quejosa Ma. Concepción Plascencia Ibarra, para determinar las cantidades que deben cubrir las autoridades responsables con motivo de la sentencia amparadora; lo anterior, conforme a las razones y fundamentos expuestos en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. Se determina que desde la fecha de otorgamiento de pensión (quince de mayo de dos mil), al quince de noviembre de dos mil diecisiete, los descuentos a la pensión de la quejosa por el denominado "concepto 53", ascienden a la cantidad de $210,772.16 (doscientos diez mil setecientos setenta y dos pesos 16/100 moneda nacional), por lo que el Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, deberá entregar a la aquí quejosa la citada suma, dentro de los diez días posteriores al en que se le notifique la presente resolución". Por lo que, el veinte de febrero de este año (fojas 219 a 223), las responsables Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto del Director Jurídico de dicha dependencia, exhibieron la transferencia efectuada a la promovente del amparo, por la cantidad antes indicada. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Legislación de Amparo en vigor, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo; sin que haya lugar a emitir pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

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