Ma. Concepción Pérez García

Expediente 1250/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 9 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1250/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
18/09/2018

Partes del expediente

  • Ma. Concepción Pérez García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el escrito en línea, enviado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por *, en su carácter de autorizada en términos amplios de la parte quejosa *, por conducto del apoderado *, así como la evidencia criptográfica del archivo magnético del libelo en comento, a través del cual solicita se le autorice la consulta vía internet del expediente electrónico del presente juicio de garantías con nombre de usuario ale.garciduenas, en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación; entonces, agréguese el libelo de cuenta para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, de conformidad con el artículo 3, parte final del párrafo octavo de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía electrónica del presente expediente a Alejandra Garcidueñas Casillas, con nombre de usuario ale.garciduenas, ya que en términos del precepto de previa mención, el Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitió los acuerdos generales que consideró necesarios a fin de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la firma electrónica, que al día de hoy, se encuentran en vigor.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este Órgano Jurisdiccional el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho (fojas 37 a 45), el Presidente de la Junta Especial Número Sesenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de veintiocho de agosto del año en curso (fojas 46 y 47), se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada con el referido oficio y anexos, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera y se les apercibió que de no hacerlo, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la agraviada y al tercero interesado veintinueve de agosto pasado (fojas 49 y 50); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del treinta y uno de agosto al cuatro de septiembre del actual año y del treinta de agosto al tres de septiembre, respectivamente. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese sentido, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el treinta de julio de dos mil dieciocho (fojas 24 a 29), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: "[.]es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Ma. Concepción Pérez García, para el efecto de que los integrantes de la Junta Especial Sesenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en el ámbito de su competencia, emita los acuerdos que correspondan congruentes con el estado procesal del juicio laboral *, de su índice, en el que la ahora quejosa figura como parte actora y dé trámite a dicho sumario dentro de los términos previstos en los artículos 885 a 890 de la Ley Federal del Trabajo aplicable. Es decir, en restitución del derecho violado, la autoridad responsable debe instruir al Secretario a efecto de que, de ser procedente, se formule por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo, el cual una vez discutido y aprobado por los miembros de la junta, se eleve a la categoría de laudo y se firme de inmediato por los miembros de referencia, así engrosado el laudo se turne el expediente al Actuario, para que de inmediato lo notifique personalmente a las partes; lo anterior, conforme a los términos legales, en estricto apego al postulado que emana del ordinal 17 Constitucional. (.)" Resolución que causó ejecutoria el veintiuno de agosto de dos mil dieciocho (fojas 32 y 33). De lo anterior se colige, que el acto que debía realizar la autoridad responsable, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: Disponer lo conducente para la elaboración y aprobación del proyecto de laudo dentro del juicio laboral 555/2017 conforme a los términos legales y posteriormente notificarlo a las partes. Luego, a través del oficio y anexos presentados en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal el veintisiete de agosto del año en curso (fojas 37 y 45), el Presidente de la Junta Especial Número Sesenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada, entre otros, del laudo emitido el diecisiete de agosto del año en curso, en el juicio laboral 555/2017 de su índice, así como de la notificación practicada a la parte quejosa. Y, en proveído de veintiocho de agosto del año en curso (fojas 46 y 47) se tuvo por recibido el laudo aludido; luego, en virtud de que no se acompañaron las constancias de notificación a la parte tercera interesada este Juzgado, comisionó al Actuario Judicial adscrito, para que le notificara mediante oficio, lo que aconteció el veintinueve siguiente (foja 50). Se apoyó lo anterior, en la siguiente jurisprudencia aplicada por analogía: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y además, tal actuación es congruente con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello." Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de la Materia; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto del ordenamiento legal invocado, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el Libro de Gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguense a sus autos el libelo y anexo de cuenta para los efectos legales correspondientes, mediante los cuales el delegado de las autoridades responsables Presidente Municipal y Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, informa haber dado cumplimiento total a la ejecutoria emitida en este juicio de garantías; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, con el comunicado y anexo de mérito, dése vista a la parte quejosa, a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este Órgano Jurisdiccional, con apoyo en el referido informe y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación al cumplimiento al fallo protector.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, se desprende que no se interpuso medio de impugnación dentro del plazo que prevé el arábigo 86 de la Ley de la Materia, en contra de la sentencia de treinta de julio del año actual (folios 24 a 29); en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los dispositivos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación citada en primer término, se declara que la referida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. En ese tenor, visto el sentido de dicha sentencia, de conformidad a lo dispuesto por el ordinal 192 de la ley de amparo, requiérase al Presidente de la Junta Especial Número Sesenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de QUINCE DÍAS, siguientes al en que reciban el oficio de notificación correspondiente, de cumplimiento al fallo protector concedido. Por otra parte, en el presente asunto no se actualiza la hipótesis contenida en el dispositivo 192, párrafo tercero de la ley de la materia, en el sentido de requerir al superior jerárquico para que ordene a la responsable, a dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a ./J.36/2011 (10a.), determinó que las Juntas y Tribunales Laborales, no tienen superior jerárquico para efectos del cumplimiento de las sentencias de amparo, pues son Organismos Jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, por lo que están desvinculadas de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional. Además, el superior jerárquico al que se refiere la ley de amparo, es al superior en materia jurisdiccional o judicial y no al superior en materia administrativa. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 36/2011 (10a.), pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página tres mil quinientos quince, libro IV, enero de dos mil doce, tomo 4, materia común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que estatuye:*** Apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, con apoyo en los numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la ley de amparo, se les impondrá a cada una de ellas una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Además, se le hace del conocimiento a la citada autoridad que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este órgano jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá la multa que proceda; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevén los artículos 193 y 269 de la ley citada. Finalmente, devuélvanse las constancias remitidas por el Presidente de la Junta Especial Número Sesenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para los efectos legales a que haya lugar.

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