Ma. Concepción Estrada Lugo
Expediente 250/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 250/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ma. Concepción Estrada Lugo
Actuaciones
- Principal
Agréguese al presente cuaderno de antecedentes el oficio que firma el actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, que contiene inserto el proveído de treinta y uno de marzo del año actual, del que se advierte que ese órgano judicial se avocó al conocimiento del juicio de amparo 250/2022 del índice de este órgano jurisdiccional, con motivo de la incompetencia legal, por cuestión de vía, planteada por esta potestad federal. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado federal. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente -cuaderno de antecedentes-, como asunto totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso i) del citado acuerdo general, el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- al haberse declarado incompetencia legal por cuestión de vía.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, por el que acusa recibo del oficio 3636/2022 del índice de este juzgado, al que se adjuntó el juicio de amparo 250/2022 promovido por Ma. Concepción Estrada Lugo, por considerar que la competencia legal, por cuestión de vía, para conocer de dicho asunto se surte a favor de un tribunal colegiado; asimismo, que se registró bajo el número de amparo directo penal 53/2022. De igual modo, informa que una vez que el magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, cumpla con lo dispuesto en el artículo 178 de la Ley de Amparo, acordará lo conducente respecto de la incompetencia legal planteada por este órgano jurisdiccional.
- Principal
Recepción de la demanda Vista la demanda de amparo presentada por **********; en contra de actos del magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato y otra autoridad; por considerarlos violatorios de sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro 250/2022-5. Análisis de la competencia Ahora bien, para estar en aptitud de determinar si este órgano jurisdiccional es el competente para conocer de la citada demanda, por razón de la vía propuesta, cabe mencionar que el primer párrafo del artículo 47 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda". Por su parte, los numerales 34 párrafo primero y 170 fracción I de la ley de la materia, disponen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. (.)". De los numerales trascritos se aprecia que si un juzgado de Distrito recibe una demanda de amparo en la que se señale como acto reclamado una sentencia definitiva o resolución que da por concluido el juicio de origen, debe rechazar su competencia y remitirla al Tribunal Colegiado de Circuito para que ante éste se ventile el juicio de amparo, el que decidirá en última instancia, si va a conocer y resolver ese juicio de amparo o se declara legalmente incompetente. En ese orden de ideas, se tiene que el acto reclamado destacado por la parte quejosa en el presente caso, lo constituye la resolución de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, dictada en el toca número 03/2022-O del índice de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado, residente en Guanajuato, capital, que dirimió el recurso de apelación interpuesto por Rogelio Anaya Mancera -imputado en el subyacente proceso penal-, en contra del auto de vinculación a proceso decretado en su contra el nueve de noviembre pasado, donde se revocó la impugnada determinación de primer grado para efecto de decretar la extinción de la acción penal y el sobreseimiento de la causa de origen, con efectos de sentencia absolutoria. Lo que precede hace patente que la determinación reclamada es susceptible de ser combatida por medio del juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, en términos de lo dispuesto en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo; por ende, se concluye que la competencia para conocer de la presente demanda se surte en favor del Tribunal Colegiado en Materia Penal, en turno, del Decimosexto Circuito, en términos de lo que establecen los numerales 34 párrafo primero y 170 fracción I, de la citada ley, y 37 fracción I, inciso b), de la ley orgánica del poder judicial de la federación. En apoyo a lo que precede se invoca, por identidad de razón jurídica y en lo conducente, la jurisprudencial 1a./J. 40/2015 (10a.), de rubro y texto: "AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECRETA FIRME EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA PENAL (LEGISLACIÓN FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE MÉXICO Y DE CHIAPAS). De los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo abrogada, en relación con el numeral 107, fracciones III, inciso a), párrafos primero y tercero, y V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que el amparo directo procede contra las resoluciones dictadas por órganos jurisdiccionales que pongan fin al juicio sin decidirlo en lo principal y respecto de las cuales no proceda algún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas. En ese sentido, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que la determinación que deja firme el sobreseimiento de la causa penal, contra la cual no procede algún medio de impugnación, adquiere el estatus de sentencia absolutoria con categoría de cosa juzgada, como lo previenen los artículos 304, 275 y 523 Bis, de los Códigos de Procedimientos Penales, Federal, y de los Estados de México y de Chiapas, respectivamente -que regulan el sistema penal anterior a la reforma de 18 de junio de 2008-, por lo que constituye una resolución que pone fin al proceso penal iniciado a partir de que el juez radicó la averiguación previa pues sus efectos necesariamente dan por concluido el juicio sin resolverlo en el fondo, ya que no decide sobre la existencia del delito o la responsabilidad del inculpado pero culmina en definitiva la tramitación del proceso penal, lo que permite determinar que en su contra procede el juicio de amparo directo, cuyo conocimiento corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito." En consecuencia, con fundamento en el artículo 47 párrafo primero de la Ley de Amparo, este juzgado se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda formulada por ***********. Determinaciones administrativas Ante las consideraciones expuestas, en términos del artículo 47 de la Ley de Amparo se ordena: 1. Remitir el presente asunto, así como las copias de la demanda, al Tribunal Colegiado en Materia Penal en turno del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato capital, para lo que a bien tenga acordar. 2. Solicitar comedidamente remita el acuse de recibo correspondiente, informando si acepta la competencia planteada. 3. Formar el cuaderno de antecedentes respectivo, con copia de la demanda y un tanto más en original del presente proveído; y, 4. Realizar las anotaciones respectivas tanto en el libro de gobierno correspondiente, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio de la quejosa para recibir notificaciones de índole personal, el que señala en su escrito de demanda. Así también, se tienen como sus autorizados para recibir notificaciones e imponerse de autos, acorde con lo establecido por el artículo 24 de la Ley de Amparo, a los designados para tal efecto. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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