Ma. Cecilia Bernal Fonseca

Expediente 601/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2015.

Datos del expediente

Expediente
601/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
04/08/2015

Partes del expediente

  • Ma. Cecilia Bernal Fonseca

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos se advierte que transcurrió el término legal a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera la determinación de veinte de julio del año en curso, en que se desechó su demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicho acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales conducentes.

  2. Principal

    A sus autos el escrito signado por la quejosa **********, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento de ocho de julio pasado, aclara su demanda de amparo, lo que hace precisando el acto que reclama, así como la fecha en que tuvo conocimiento del mismo. Consecuentemente, vista la demanda de amparo, así como el escrito aclaratorio presentados por Ma. Cecilia Bernal Fonseca se desprende que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por los motivos siguientes. En efecto, de los escritos de referencia se desprende: La quejosa señala esencialmente como acto reclamado la desposesión del inmueble ubicado en el número *****, Guanajuato, derivada del juicio civil especial sumario hipotecario, ******, del que refiere ser tercera extraña. Ahora bien, de las manifestaciones realizadas por la promovente del amparo, se advierte que promovió el diverso juicio de amparo 320/2014, contra actos del Juez Tercero Civil de Partido esta ciudad, y otras autoridades, del que se ordena recabar copia certificada de la sentencia de amparo, así como del proveído que la declaró firme, para ser agregadas al presente asunto. Lo anterior con apoyo en la tesis I.14o.C.10 K, visible en la página 971, tomo XVIII, Noviembre de 2003, Materia(s): Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "HECHO NOTORIO. PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO PUEDA INVOCARLO, PREVIAMENTE, DEBE ORDENAR LA CERTIFICACIÓN RESPECTIVA DE LAS CONSTANCIAS QUE ESTIMA GUARDAN RELACIÓN CON LA DEMANDA DE AMPARO. El artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles precisa que los hechos notorios pueden ser invocados por el propio tribunal, aunque no hayan sido alegados, ni probados por las partes. Así, del contenido de este precepto se desprende que los hechos notorios no están sujetos a la comprobación que de manera expresa se aplica para los hechos en general, ya que la doctrina considera que son notorios para el tribunal los que tenga conocimiento por razón de su propia actividad; sin embargo, para que el Juez de Distrito pueda invocar en forma analógica como un hecho notorio, con base en las jurisprudencias publicadas en la página 13, de la Octava Época, Tercera Sala, Número 63, marzo de 1993, tesis 3a./J. 2/93, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y la tesis número XI.2o. J/22 visible en la página 93, de la Octava Época, Número 80, agosto de 1994, Tribunales Colegiados de Circuito, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubros son: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO." y "HECHO NOTORIO. PARA LOS MAGISTRADOS DE UN COLEGIADO QUE RESOLVIÓ UN JUICIO DE AMPARO, LO CONSTITUYE LA EJECUTORIA CULMINATORIA DE ÉSTE.", un expediente o constancias que tiene a la vista a efecto de desechar una demanda de amparo debe, previamente, ordenar la certificación respectiva de aquellos expedientes o constancias que estima guardan relación íntima con la demanda de garantías que desecha y que, por razón de su propia actividad, son de su conocimiento, explicitando en la certificación relativa las características propias por las cuales considera que esas constancias inciden, o bien, son determinantes para argumentar acerca del desechamiento de dicha demanda, puesto que las resoluciones emitidas por dichos juzgadores, generalmente, son impugnables a través de los recursos que la propia Ley de Amparo establece y cuyo conocimiento, por lo general, corresponde al Tribunal Colegiado en turno, para quien no constituyen tales actuaciones del juzgador federal hechos notorios". Ahora bien de las copias certificadas del juicio de amparo 320/2014 del índice de este órgano jurisdiccional se aprecia: Que la promovente señaló como acto reclamado en dicho asunto, la afectación del derecho real de propiedad del inmueble ubicado en *****, Guanajuato, derivado de lo actuado en el juicio civil especial sumario hipotecario ****del índice del Juzgado Tercero Civil de Partido de esta ciudad. Que el veintinueve de mayo de dos mil catorce, se dictó sentencia que sobreseyó en el juicio, al resultar extemporánea la presentación de la demanda de amparo, ya que la promovente tuvo conocimiento de los actos ahí reclamados desde el catorce de noviembre de dos mil doce. Dicha resolución fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, por lo que el tres de diciembre pasado, se archivó dicho expediente, como totalmente concluido. Asentado lo anterior, ahora es preciso establecer que conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se examinará ante todo el escrito de demanda, de manera que si se encontrase algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano; y, en la especie se advierte la concurrencia de un motivo de improcedencia. Así, de la lectura del libelo constitucional de cuenta, se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. La fracción XIV, del aludido ordinal 61, dispone: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV.- Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida tácitamente una Ley, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso a medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estar a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento. [.]" En ella se dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando no se promueva dentro de los plazos señalados para ello en la Ley de la materia. Por otra parte, el artículo 17 del mismo Cuerpo de Ley, estatuye: "Artículo 17.- El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." En el caso concreto, de la demanda de amparo se advierte que la quejosa acude señalando esencialmente como acto reclamado la desposesión del inmueble ubicado en el *****, Guanajuato, derivada del juicio civil especial sumario hipotecario, ****. Aunado a lo anterior, de las copias certificadas del diverso juicio de amparo 320/2014 que se tienen a la vista ?como hecho notorio?, se desprende que dentro del juicio de origen (en etapa de ejecución de sentencia), la solicitante del amparo junto con su esposo (demandado), presentaron un escrito el catorce de noviembre de dos mil doce, en el que expusieron que como se iba rematar en cuarta almoneda lo que constituye para ellos un patrimonio familiar, ofrecían el pago al ejecutante. De lo asentado se desprende que la quejosa tuvo conocimiento del acto que aquí combate por lo menos desde el catorce de noviembre de dos mil doce. Por tanto, desde esa fecha es que debieron contarse los quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, fecha en la que tuvo conocimiento de la afectación del bien inmueble que defiende en la presente instancia. Por tanto, si la demanda de amparo la interpuso hasta el siete de julio pasado, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, su presentación resulta extemporánea por no estar dentro del plazo de quince días hábiles que prevé el artículo 17, de la Ley de Amparo, por lo que se considera consentido el acto que aquí reclama. Sobre el particular tiene aplicación el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 14, que aparece publicada en la página 11, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que reza: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE.- Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". Por todo lo anterior, se advierte que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del numeral 61 de la Ley de Amparo, por lo que, con apoyo en el ordinal 113 de la misma Ley, se desecha de plano el libelo constitucional presentado por Ma. Cecilia Bernal Fonseca; en la inteligencia de que el motivo de improcedencia se advierte de forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, y que los elementos que eventualmente pudieran allegarse al sumario en caso de ser admitida, no podrían llevar a convicción contraria, por lo que, como se dijo, es manifiesta e indudable.

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