Ma. Concepcion Castillo
Expediente 36/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 36/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Ma. Concepcion Castillo
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dos de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran la sentencia dictada en este juicio, sin que lo hayan hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que aquélla, en la que se sobreseyó en el juicio, ha causado ejecutoria para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo, que causó ejecutoria en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En consecuencia, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años y cumplido aquél, deberá destruirse dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Hágase constar la valoración en la carátula del presente expediente, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Por último, se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que la constancia de notificación relativa al oficio que deriva de esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese.
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 36/2022-V. En primer término, el acto reclamado en esta vía consistente en la omisión de dar contestación al escrito presentado ante la autoridad señalada como responsable el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno; empero, de las constancias que el apoderado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, acompañó como justificación a su informe; documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo previsto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2º de esta última legislación en cita, ya que se trata de actuaciones públicas, se desprende que mediante oficio No./NOM-118-2022 de veintisiete de enero de dos mil veintidós, la responsable dio contestación al escrito de petición signado por la aquí quejosa. En ese orden de ideas, se aprecia que el acto reclamado en esta instancia constitucional fue dejado sin efecto, ya que como quedó precisado con antelación, el veintisiete de enero de dos mil veintidós, el Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Subdelegación de Administración de la Delegación Estatal San Luis Potosí, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado dio contestación al escrito de petición de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno signado por la quejosa Ma. Concepción Castillo, tal como se acredita con las constancias que acompaña a su informe de ley; lo que origina que cesaron los efectos del acto reclamado, porque con la contestación recaída al referido escrito de petición, se deriva una situación jurídica que destruye definitivamente a lo que dio motivo al amparo. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, debe sobreseerse de conformidad con lo establecido en la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo. Sin que sea óbice a lo anterior, que la parte quejosa tiene expedito su derecho para promover diverso juicio contra determinación recaída por el Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Subdelegación de Administración de la Delegación Estatal San Luis Potosí, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para hacer valer los derechos que estime pertinentes, en virtud de que se encuentra transcurriendo el término de quince días a partir de que se le notificó dicha determinación. Por lo expuesto y con fundamento además, en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por Ma. Concepción Castillo. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de enero de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el pedimento que suscribe el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; sin perjuicio de dar nueva cuenta en la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en el numeral 124 de la Ley de Amparo, se le tiene por formulando alegatos, los que serán tomados en consideración al momento de resolver y como lo solicita, en su oportunidad, expídasele copia certificada de la resolución que refiere. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de enero de dos mil veintidós. Vista la demanda promovida por Ma. Concepción Castillo, contra actos del Jefe de Departamento de Recursos Humanos de la Subdelegación de Administración de la Delegación Estatal de San Luis Potosí, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con dos anexos y tres copias que acompaña; con fundamento en los artículos 1º, 103, fracción I, 107, fracciones I, XII, y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117, de la Ley de Amparo, se admite en sus términos; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 36/2022-V. Sin tramitar incidente de suspensión por no haberse solicitado. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días, siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, enviándole para tal efecto copia simple de la demanda de amparo. Requiérase a la responsable para que en caso de que sea cierto el acto que se le atribuye, al rendir el respectivo informe justificado, se remitan las constancias a que alude el artículo 117, párrafo cuarto, de la ley de la materia, enviando el duplicado o bien copias certificadas,legibles, completas y ordenadas en forma consecutiva del expediente de que se trate, a fin de analizar su constitucionalidad; con el apercibimiento que de no hacerlo, se impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 260, fracción II, de la ley en consulta. Indíquese a la autoridad responsable que preferentemente deberá remitir el informe de ley y las constancias solicitadas en el párrafo anterior, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal) del servidor público que lo suscriba. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde en términos del artículo 5°, fracción IV, de la ley reglamentaria, a quien, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se le exhorta para que su actuación se dé desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS para la celebración de la audiencia constitucional.En la inteligencia de que, tomando en consideración la contingencia ocasionada por la pandemia de COVID-19 y el esquema de trabajo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, las partes únicamente podrán comparecer a formular alegatos por escrito, salvo en los supuestos expresamente previstos en el segundo párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo, pues en estos casos preferentemente se procurará que se formulen por escrito y en la hipótesis de que el deseo de las partes sea hacerlo de manera verbal, entonces, previo a la celebración de la aludida audiencia, así lo deberán informar por escrito a fin de que este juzgado se encuentre en aptitud de acordar lo respectivo para que aquélla se suscite mediante videoconferencia en términos del numeral 28 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Requiérase a las partes para que en caso de actualizarse alguna causa de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este Juzgado de Distrito en términos del artículo 64 de la ley de referencia, de lo contrario se les impondrá una multa al emitirse la sentencia correspondiente de conformidad con el numeral 251 de la citada legislación. Asimismo, se hace de su conocimiento que la devolución de los documentos originales que aquí se ofrezcan, será hasta que quede firme la determinación que falle el presente asunto, toda vez que estos pueden ser objetados por las partes y es necesario que obren en autos. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa las documentales que se adjuntaron al escrito de demanda, así como la instrumental de actuaciones y presuncional, en su doble aspecto, legal y humana, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza y podrán ser consideradas al momento de dictar la resolución correspondiente, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia constitucional. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a Saúl Vázquez Tovar, Mayra Anel Rincón Arvizu, Aldo Casillas Flores, José Antonio Altamirano Miranda, Jennifer Raya Rojas y Elda Sarahy Becerra Paredes, quienes cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos del aludido numeral a las Cinthya Adriana López Mayoral, toda vez que la cédula profesional proporcionada no se encuentra registrada en el aludido sistema computarizado y en los mismos términos a Andrea Flores Salmerón, María de Jesús Anguiano Esteban, Avelicia Bañares Rosete, Felipe Salvador Álvarez Jaimes, Moisés Lugo Martínez y Tania Yaret Ruiz López, toda vez que no se proporciona los datos correspondientes respecto de que se encuentran legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Con fundamento en el artículo 8° constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza la consulta electrónica de este asunto, así como la práctica de las notificaciones dirigidas a ella por dicho medio. Asimismo, se le tiene por proporcionando correo electrónico y número telefónico para entablar comunicación no procesal en el presente asunto. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal.Finalmente, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes, lo que incluye a la autoridad responsable, para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Notifíquese.
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