Ma. Celia Trujillo Hurtado
Expediente 520/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 11 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 520/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 08/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Ma. Celia Trujillo Hurtado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el contenido del proveído en el que se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En virtud de lo anterior, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Consecuentemente, toda vez que se tramitó incidente de suspensión, archívense los cuadernos incidentales por separado; con la indicación de que el duplicado respectivo, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del referido Acuerdo, es susceptible de destrucción al transcurrir el plazo de seis meses, contado a partir de esta fecha, al contar con su original y no existir documentos originales en tal cuaderno. Por otra parte, con apoyo en lo dispuesto en el diverso numeral 18 del Acuerdo en cita, toda vez que en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar solicitada, el cuaderno original es susceptible de depuración. Por tanto, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años, transcurrido el cual, dentro del término de noventa días deberá procederse a su depuración, para su posterior transferencia. Asimismo, se precisa que en el citado expediente original, no obra algún documento presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Hágase constar la valoración de los expedientes referidos, en las carátulas respectivas, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. En otro aspecto, por ser innecesaria su retención, devuélvase al Juez Tercero de lo Familiar de esta ciudad, las constancias que exhibió en este asunto. Glósese copia autorizada del presente proveído, en los cuadernos incidentales que derivan del presente asunto, para los efectos legales a que haya lugar. Por último, se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que la constancia de notificación relativa al oficio en el que se le informa de la presente determinación, hace las veces de acuse de recibo de la misma, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de junio de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el informe justificado de cuenta rendido por los Actuarios adscritos al Juzgado Tercero de lo Familiar de esta ciudad. Por otra parte, visto el estado de autos, en particular el escrito inicial de demanda, se desprende que la quejosa Ma. Celia Trujillo Hurtado, reclama del Juez y Actuario del Juzgado Tercero del Ramo Familiar de esta ciudad, los actos consistentes en la omisión de llevar a cabo el emplazamiento al juicio de origen 1445/2021, relativo a la controversia familiar por rectificación del acta de defunción de Enrique José Nieto Alarcón, promovido por María Ignacia Sánchez, por conducto de su apoderada legal Juana María Nieto Sánchez, en contra del Director del Registro Civil del Estado y otro. Por su parte, el Juez responsable, al rendir su informe justificado, manifestó que son ciertos los actos reclamados, toda vez que si bien, la aquí quejosa no es parte demandada en el expediente natural, también resulta cierto que el diez de marzo del presente año, ordenó regularizar el procedimiento a fin de requerir a la parte actora por el domicilio de Ma. Celia Trujillo Hurtado, quien participó como declarante en el acta de defunción que se pretende rectificar; por lo que el veintidós de abril del año en curso, se le notificó el inicio y trámite de dicho asunto para que dentro del término de tres días, manifestara lo que a su interés conviniere, sin que haya comparecido a realizar oposición alguna. Asimismo, los Actuarios Judiciales responsables, en su informe justificado de cuenta, señalaron que son ciertos los actos que se les atribuye, toda vez que el emplazamiento de la aquí quejosa no se ha llevado a cabo en el juicio de origen, toda vez que ella no es parte. Ahora, en el caso, la suscrita estima que en relación a los actos reclamados se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5°, fracción I, de dicha legislación, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)" Los preceptos citados prevén que la acción constitucional de amparo únicamente compete a aquélla persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre su esfera jurídica de gobernado; entendiéndose por perjuicio la afectación de un derecho legítimamente tutelado por el proceder de una autoridad o por la ley, que otorga al implicado la facultad para acudir ante el órgano competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y ello es precisamente lo que constituye el interés jurídico a que se ha hecho referencia y que la técnica del juicio de amparo toma en cuenta para la procedencia de la vía constitucional. El artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, revela que el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, el cual se traduce en que si las normas o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado real y actual, no existe legitimación para entablar el juicio de amparo, por lo que aquél debe acreditar en forma fehaciente que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio algún derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, el juicio de amparo resulta improcedente. De esta manera para que pueda afirmarse que quien promueve un juicio de amparo tiene interés jurídico o legítimo, debe demostrarse la existencia de un derecho subjetivo en favor de la parte quejosa, anterior al acto reclamado, así como la afectación de ese derecho por parte de la autoridad a través del propio acto reclamado, en términos de la fracción I del artículo 107 constitucional, y del artículo 5° de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible en el Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1598, de la Décima Época, con registro digital 2019456, del rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Por tanto, el promovente del juicio de amparo debe demostrar que es titular del derecho conculcado por el acto de autoridad; lo cual no significa que en el juicio de amparo se decida y se haga un pronunciamiento sobre la titularidad de ese derecho, sino que dicho análisis en relación con el valor probatorio de los documentos, deberá realizarse exclusivamente para efectos de comprobar el interés jurídico y, por consecuencia, la legitimación del promovente y la procedencia del juicio de amparo. En el caso, la quejosa promovió la demanda de amparo indirecto por su propio derecho reclamando la omisión de llevar a cabo su emplazamiento al juicio de origen, sin embargo, su tramitación y resolución no le genera ninguna afectación a su esfera de derechos. Para evidenciar lo anterior, se trae a colación los antecedentes que para el caso interesan, los cuales se extraen de la copia certificada del juicio 1445/2021, relativo a la controversia familiar por rectificación del acta de defunción de Enrique José Nieto Alarcón; documentales públicas con pleno valor probatorio conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°; de la siguiente manera: 1) Mediante escrito presentado el siete de septiembre de dos mil veintiuno, en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles, Mercantil y Familiares del Poder Judicial del Estado, Juana María Nieto Sánchez, apoderada legal de María Ignacia Sánchez y/o María Sánchez, promovió en la vía de controversia familiar, la demanda relativa a la rectificación del acta de defunción de Enrique José Nieto Alarcón, en contra del Director del Registro Civil del Estado y de la Oficialía Quinta del Registro Civil de esta ciudad. 2) En proveído de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, el Juez Tercero de lo Familiar en esta ciudad, tuvo recibida la demanda, la cual ordenó registrar con el número 1445/2021, y previno a la parte actora para que diera cumplimiento a los extremos ahí precisados. 3) Previa aclaración cumplida, el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda y se ordenó emplazar al Director del Registro Civil del Estado y Oficialía Quinta del Registro Civil de esta ciudad, para que dentro del plazo legal, dieran contestación a la demanda entablada en su contra. 4) Seguido el juicio por sus etapas legales, el veintidós de febrero de dos mil veintidós, se citó para resolver dicha controversia. 5) El diez de marzo de la presente anualidad, se ordenó dejar sin efecto la citación para resolver y regularizar el procedimiento a fin de requerir a la parte actora para que señalara el domicilio de la aquí quejosa, quien participó como declarante en el acta de defunción que se pretende rectificar. 6) Por auto de diecinueve de abril de dos mil veintidós, se ordenó notificar a la mencionada quejosa el inicio y tramitación del juicio, para que en el término de tres días, manifestara lo que a sus intereses legales correspondiera; notificación que se llevó a cabo el veintidós del citado mes y año, por conducto de su hija Martha Nieto Trujillo. Como se puede observar, la quejosa Ma. Celia Trujillo Hurtado no forma parte de dicho juicio natural, por ende, carece de interés jurídico para instar el sumario en que se actúa, en tanto que no demostró de manera fehaciente la titularidad de un derecho, y además, que esta prerrogativa se afecte de manera personal y directa por el acto de autoridad. Ello es así, porque la solicitante de la protección constitucional se duele de que no se llevó a cabo su llamamiento a juicio; empero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que en el caso de la impugnación por parte de la autoridad jurisdiccional, no cabe duda que para resultar afectado el interés jurídico del quejoso, se requiere que éste sea parte en el juicio del cual deriva el acto reclamado y es uno de los presupuestos a verificar, en primer orden, para establecer la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior porque sólo derivado de su condición de parte es que podría tener la posibilidad de contar con el derecho público subjetivo a que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa. Así que, el interés jurídico para controvertir el proceder de la responsable, sólo correspondería a cualquiera de las partes cuya esfera se halla vinculada con el procedimiento de origen y es lo que les permitiría acudir ante esa instancia extraordinaria, requisito sin el cual el juicio de amparo resultaría improcedente. De lo que se sigue que, para demostrar el interés jurídico en el juicio de amparo, es indispensable que quien se ostenta como tercero extraño en sentido estricto, demuestre fehacientemente que alguna de las resoluciones dictadas en el juicio natural afecta alguno de sus derechos sustantivos de manera personal y directa; por tanto, la sola circunstancia de que, a su juicio, la autoridad responsable hubiese incurrido en violaciones procesales, no lo legitima a instar el juicio constitucional. Al respecto, es de citarse la tesis de jurisprudencia P./J. 23/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 5, abril de 2014, tomo I, página 206, de la Décima Época, del registro digital 2006144, del rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo." De esta manera al no acreditar la quejosa que la tramitación del juicio 1445/2021, relativo a la controversia familiar por rectificación del acta de defunción de Enrique José Nieto Alarcón, promovido por María Ignacia Sánchez, por conducto de su apoderada legal Juana María Nieto Sánchez, en contra del Director del Registro Civil del Estado y otro, afecte de manera personal y directa su esfera de derechos, ello conduce ineludiblemente a establecer que carece de interés jurídico para instar el sumario constitucional en que se actúa, y por ende, se actualiza la causal de improcedencia en estudio. En otras palabras, lo hasta aquí expuesto pone de relieve que la parte quejosa a la fecha no ha sufrido en su esfera jurídica un agravio actual y directo o inmediato, es decir, los actos reclamados no han afectado materialmente alguno de sus derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Federal o por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, como lo es la propiedad; por ende, se estima que lo actuado en el juicio de origen, ningún perjuicio han ocasionado a la impetrante. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional, la cual estaba señalada para las doce horas con veinte minutos del veintidós de junio de dos mil veintidós. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Notifíquese personalmente.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, seis de junio de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos el alegato ministerial que suscribe el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; sin perjuicio de dar nueva cuenta en la audiencia respectiva. Asimismo, con fundamento en el numeral 124 de la Ley de Amparo, se le tiene formulando alegatos, los que serán tomados en consideración al momento de resolver. Hágase de su conocimiento que en virtud del nuevo esquema de trabajo y las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado por la Covid-19, este juzgado no cuenta con un centro de fotocopiado con el fin de obtener la reproducción a que se refiere. Sin embargo, se precisa al citado representante social que la copia certificada de la resolución que refiere, puede obtenerla a través del expediente electrónico que se puede consultar en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación1, (una vez que solicite a este tribunal la autorización correspondiente, precisando el usuario para tal efecto), e incluso las que incluyan evidencia criptográfica, se considerarán copias certificadas, de conformidad con el artículo 36, segundo párrafo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Es así, ya que, no obstante la reanudación de labores de los órganos jurisdiccionales conforme al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, es claro que aún continúa vigente la necesidad de tomar las medidas conducentes para mitigar la probabilidad de contagio del virus en comento, por lo cual, las partes, en la medida de lo posible, deberán procurar tramitar y dar seguimiento a sus asuntos con la utilización de herramientas tecnológicas; de ahí que, al no exponer algún impedimento para hacer uso de ellas, no es factible acordar de conformidad su petición. Por otra parte, agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Juez Tercero de lo Familiar de esta ciudad; con su contenido y anexo, de conformidad con el artículo 117, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. De conformidad con el numeral 64, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, guárdese por separado el anexo que se acompaña y póngase a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría del Juzgado. Notifíquese.
- Incidental
V I S T O S, para resolver, los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 520/2022-VIII. Es cierto el acto reclamado, toda vez que las autoridades responsables así lo manifestaron al rendir su correspondiente informe previo. Con fundamento en el artículo 146, fracción III, de la Ley de Amparo, lo procedente es negar la suspensión definitiva, toda vez que se trata de actos de procedimiento los cuales son de orden público y por tanto insuspendibles. Por lo expuesto y fundado; y con apoyo en los artículos 144, 146 y demás relativos de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada. Notifíquese.
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