Ma. Celina Chávez Ledesma
Expediente 773/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 773/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ma. Celina Chávez Ledesma
Actuaciones
- Principal
Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Causa estado. En virtud de que no fue impugnado el auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área del edificio habilitada para esos efectos, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 2.2 De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, el siguiente acuerdo: En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Efectos del fallo protector. De autos se desprende que mediante sentencia de quince de octubre de dos mil diecinueve, se concedió a Yolanda Vargas Quezada, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que: La Auxiliar de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, de manera inmediata formule el proyecto de resolución en el juicio laboral 1035/2010; y La Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, dicte el laudo correspondiente en el citado proceso laboral, conforme a los plazos y términos previstos en la Ley Federal del Trabajo. 2. Firmeza. Una vez que dicha sentencia de amparo se declaró firme, se requirió su cumplimiento. 3. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. El veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, se tuvo por recibida la copia certificada de: El laudo pronunciado en el juicio laboral 1035/2010, por la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Morelia, Michoacán. Con lo anterior, se advierte que la autoridad responsable: Dictó el laudo correspondiente en el juicio laboral 1035/2010, promovido por la ahora quejosa frente al Instituto Mexicano del Seguro Social. 4. Conclusión. En tales circunstancias, este juzgado federal considera que la autoridad responsable restituyó a la solicitante del amparo en el pleno goce de los derechos fundamentales violados. En consecuencia, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 5. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 5.1. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 6. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, virtud a que no se tramitó incidente de suspensión.
- Principal
Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. Radicación. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal, 1, fracción I, 2, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 110, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, vista la demanda de amparo promovida por Ma. Celina Chávez Ledesma, contra actos del Fiscal General de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 773/2021-I. 1.2. SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO PORQUE MA. CELINA CHÁVEZ LEDESMA, NO FIRMÓ ELECTRÓNICAMENTE LA DEMANDA, PREVIO A SU ENVÍO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda, pues la falta de firma electrónica de quien aparece en ella, actualiza la causal de improcedencia que deriva de la aplicación relacionada de los artículos 3°, 6°, 61, fracción XXIII, y 108, de la propia Ley. Es así, pues si bien en términos de lo dispuesto por el invocado numeral 3°, la demanda de amparo puede presentarse electrónicamente, utilizando para ello la firma previamente obtenida, y que de conformidad con el diverso artículo 108, no es necesaria esa firma electrónica cuando el asunto se refiere a los casos previstos en el diverso 15 de la Ley de Amparo; sin embargo, la demanda no se encuentra firmada electrónicamente por la quejosa MA. CELINA CHÁVEZ LEDESMA, previo a su envío a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Además, para que la demanda pueda considerarse recibida en línea, no solo debe presentarse a través de dicho portal, sino que es indispensable que la misma cuente con su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL), esto con apoyo en el artículo 1, fracción I, y último párrafo, del referido Acuerdo General 21/2020, reformado por su similar 25/2020, del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 y en el caso, en dicha demanda no aparece la evidencia criptográfica de su firma electrónica. Esta situación produce que no exista jurídicamente instancia de parte agraviada, como lo requiere el artículo 6° de la Ley de Amparo, y en ese tenor se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61 de dicha ley. La presente determinación se apoya, además, en lo conducente, en los criterios emitidos por la Primera Sala y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros "FIRMA DEMANDA DE AMPARO CARENTE DE" y "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO , "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE". Por último, se precisa que el segundo de esos criterios exime a la promovente de firmar electrónicamente la demanda, cuando reclama actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, sin embargo, en el caso los actos reclamados se hacen consistir en la orden de localización y presentación o citación. Y del escrito inicial de demanda se advierte que hacen referencia a la carpeta de investigación 1003202126772, asimismo de los antecedentes expuestos, bajo protesta de decir verdad, se dijo que elementos militares y de la Policía del Estado de Guanajuato buscaron a la quejosa en su domicilio y al no encontrarla le informaron a la persona que los atendió que existe orden de localización, presentación y citación contra la quejosa, de igual forma le informaron del apercibimiento de multa en caso de la atender la citación mencionada. Lo que evidencia que los actos aquí reclamados derivan de un procedimiento y, por tanto, resultaba indispensable la firma en cuestión para demostrar su voluntad de presentar juicio de amparo. Entonces, sin prejuzgar sobre la procedencia de su demanda en cuanto al fondo, esto es, a sí le asiste razón o no sobre la violación a su derecho, se puede determinar que a la parte quejosa nada le impedía, una vez firmada su demanda, procurar que ésta se presentara directa y materialmente en la oficialía de partes común de los juzgados de Distrito, incluso por conducto de su autorizado, quien, como se ha visto, optó por enviarla a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, firmándola electrónicamente de su parte, no obstante que la jurisprudencia existente sobre el tema, ya citada, no permite que el autorizado sustituya de esa manera la voluntad del directamente agraviado. Admitir ese tipo de gestiones, dejaría en manos de los abogados litigantes la decisión de promover el amparo sustituyendo la voluntad de sus clientes con el simple uso de su firma electrónica, a pesar de que no exista ningún impedimento para hacer llegar físicamente al órgano jurisdiccional, a través de la oficialía de partes común, dicha demanda previamente firmada por el quejoso. No pasa inadvertido el criterio citado por la parte promovente en el sentido que la falta de firma no es una causa notoria y manifiesta para el desechamiento, sin embargo, la misma fue emitida en el Primer Circuito lugar diverso a la residencia de este órgano jurisdiccional por lo que no resulta obligatoria, ya que los condiciones que le dieron origen pudieran ser diversas a las que actualmente imperan en esta ciudad de Morelia, Michoacán. 1.4. Domicilio procesal y autorizados. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda y por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Luis Arturo Pahua Rojas, Juan Pablo Álvarez García y Esteban Ulices Avalos García, toda vez que cuentan con cédula profesional registrada ante los Juzgados de Distrito que los autoriza a ejercer la profesión de licenciado en derecho; y únicamente para oír y recibir notificaciones a Christian Arturo Pahua Guzmán, por no contar con el registro mencionado 1.5. Usuario. Ahora bien, como lo solicita, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30 y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se instruye al actuario respectivo para que registre al usuario "ChristianPahua", a efecto de que tengan acceso al expediente electrónico. 2. DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL JUDICIAL Y LAS PARTES. Con apoyo en el Acuerdo General 09/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, póngase en conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, la actuación en el presente asunto estará sujeta a las reglas siguientes: 2.1. Trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado prestará servicio público de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. 2.2. Procedimiento jurisdiccional electrónico. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente. 2.3. Datos de contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: MEDIO DE CONTACTO HORARIO CÓMO OBTENER INFORMACIÓN Teléfono celular 443 134 2106 Correo electrónico 4jdo11cto@correo.cjf.gob.mx 12:30 a 18:30 horas, de lunes a viernes 1. El interesado debe enviar mensaje de texto mediante la aplicación denominada WhatsApp, o bien correo electrónico, proporcionando: a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso, tercero interesado, etcétera). b) Una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte), por ambos lados. c) Número de expediente e información requerida. 2. El servidor público que reciba la solicitud, la atenderá directamente si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario, la canalizará con el área competente. En todo caso, responderá a la solicitud de inmediato, mediante llamada telefónica, mensaje de texto o correo electrónico, indicando el tratamiento dado a la gestión. 2.4. Presentación de promociones y oficios. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. c) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los juzgados de Distrito en Morelia, la promoción u oficio. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. 2.5. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada del edificio sede para su consulta por los interesados. 2.6. Atención excepcional de manera presencial y con previa cita. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales que interesen a las partes deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todas ellas. 2.7. Apercibimientos. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. 2.8. Lineamientos en materia de notificaciones. Con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles: 2.8.1. Se instruye a los actuarios para que, por regla general, todas las notificaciones se lleven a cabo por medio de lista (que deberá publicarse en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación y remitirse también por correo electrónico a la delegación administrativa del edificio para su publicación en la entrada del edificio sede; lo anterior, salvo en los casos en que expresamente se determine que la notificación sea personal o deba enviarse oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceras interesadas. 2.8.2. Se instruye a los actuarios para que la preparación y desahogo de una notificación personal, se ajusten a lo siguiente: 2.8.3. Establezcan contacto telefónico, por mensajería instantánea o por correo electrónico con los interesados. Para ello, deberán examinar acuciosamente los autos buscando los datos respectivos e, incluso, podrán acudir, como hecho notorio, a los que se encuentren en diversos expedientes y sean atribuibles a las partes, lo que deberá ser debidamente corroborado al establecer el contacto. 2.8.4. Cerciorados de la identidad de la persona buscada, siguiendo en lo conducente las formalidades de ley aplicables, procederán a llevar a cabo por videoconferencia la notificación, levantando el acta correspondiente y dando cuenta con ella para acordar lo correspondiente. 2.8.5. De no poderse verificar la videollamada, previo acuerdo con el interesado el personal de actuaría deberá enviarle por mensajería instantánea o correo electrónico un ejemplar digitalizado de la resolución de que se trate y sus anexos. Por su lado, el interesado deberá contestar lo anterior dándose por notificado y recibido de las constancias conducentes, mediante escrito con firma autógrafa que deberá enviar digitalizado a cualquiera de los siguientes medios de contacto: Mensajería instantánea (WhatsApp) 443 134 2106 Correo electrónico del juzgado 4jdo11cto@correo.cjf.gob.mx El actuario deberá levantar acta en la que describa pormenorizadamente lo anterior, pues únicamente así la notificación surtirá plenos efectos. 2.8.6. Si a pesar de lo instrumentado no se logra la notificación personal, el personal de actuaría deberá dar cuenta por escrito para emitir el acuerdo que corresponda, sin que pueda proceder motu proprio a la práctica in situ de la notificación personal, sino únicamente cuando se le conceda autorización expresa. 2.8.7. Se requiere al Ministerio Público adscrito, a las autoridades responsables y a las que tengan la calidad de terceras interesadas, para que tan pronto reciban por correo electrónico una notificación mediante oficio, acusen recibo al siguiente contacto: Correo electrónico del Juzgado 4jdo11cto@correo.cjf.gob.mx El personal de actuaría deberá precisar en el texto del correo electrónico que envíe que, de no llevarse a cabo dicho acuse, o si se rehúsa la recepción del oficio, tendrá como consecuencia que se tenga por hecha la notificación, asentando la razón correspondiente. 2.8.8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio tecnológico). 2.9. Integración del expediente físico y publicidad. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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