Ma. Auxilio Guerrero Orozco

Expediente 1366/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1366/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
18/12/2019

Partes del expediente

  • Ma. Auxilio Guerrero Orozco

Actuaciones

  1. Principal

    ? Cumplimiento de prevención Visto el escrito de cuenta signado por María de la Luz Piñón Salazar, apoderada jurídica de la quejosa directo Ma. Auxilio Guerrero Orozco, con el que acude a dar cumplimiento a la prevención contenida en acuerdo de nueve de diciembre del año en curso (fojas 21 a 25), mediante el cual se requirió para que bajo protesta de decir verdad, manifestara lo siguiente: 1. Cuál fue la acción ejercitada en su contra en el juicio 84/2019, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial y la clase de dicho juicio; 2. Qué se determinó en la sentencia emitida en el controvertido de origen 84/2019; 3. Si combatió o no dicho fallo mediante el recurso de apelación correspondiente; 4. Si además del proveído emitido el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, que contiene la orden de lanzamiento que reclama, combate también la sentencia definitiva pronunciada en el citado expediente el cuatro de octubre de la presente anualidad. En atención a lo anterior, se tiene a la promovente manifestando lo siguiente: 1. Que la acción ejercitada en contra de la quejosa directa Ma. Auxilio Guerrero Orozco, dentro del juicio 84/2019, fue la acción reivindicatoria respecto del inmueble ubicado en calle Felipe Ángeles, número 518, quinientos dieciocho, colonia Gustavo Díaz Ordaz, de esta ciudad, promovido por Francisco Gabriel Ledezma Vázquez. 2. En el resolutivo tercero de la sentencia emitida en el controvertido de origen 84/2019, se determinó lo siguiente: "TERCERO. Se declara que Francisco Gabriel Ledezma Vázquez, es legítimo propietario del inmueble ubicad en la calle Felipe Ángeles, número 518, quinientos dieciocho, colonia Gustavo Díaz Ordaz, de esta ciudad, por lo que tiene el dominio sobre el mismo, y por ende, se condena a la demandada a entregar a la actora real y materialmente, con sus frutos y accesiones el bien motivo de controversia, apercibido que de no hacerlo voluntariamente será lanzada a su costa" (sic). 3. Que no recurrió la sentencia definitiva de primera instancia mediante el recurso de apelación. 4. Únicamente señala como acto reclamado el auto de veinticinco de dos mil diecinueve, en que se ordenó el lanzamiento del bien inmueble, no así la sentencia dictada en el juicio subyacente. Por consiguiente, téngase a la quejosa directa dando cumplimiento al requerimiento formulado en autos por conducto de su apoderada legal; por tanto, se deja sin efectos el apercibimiento contenido en proveído de nueve de diciembre del año en curso (fojas 21 a 25). ? Consideraciones previas. Al respecto, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis de la misma. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito , cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos 'manifiesto' e 'indudable' a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e 'indudable' significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito , cuyo rubro y texto indican: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA'. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos 'manifiesto', significa claro, evidente y el 'indudable', a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Previo a determinar la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". ? Análisis integral e interpretación de la demanda de amparo. Al tenor del contexto que antecede, es conveniente precisar que de la lectura e interpretación integral de la demanda de amparo de la quejosa, así como del escrito de cumplimiento a la prevención formulada en autos, se tiene que el acto reclamado es el siguiente: A. La orden de lanzamiento ordenada en el acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, dictado por la Juez responsable en el juicio reivindicatorio 84/2019. ? Actualización de causa de improcedencia notoria, indudable y manifiesta, por lo que respecta al acto reclamado. En la especie, este juzgador estima que se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XXIII del artículo 61 la Ley de Amparo, que dispone la improcedencia del juicio constitucional en los demás casos en que ésta resulte de alguna disposición de la Ley. Concomitante con lo anterior, el numeral 107, fracción IV, párrafo segundo del ordenamiento legal antes invocado establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.). IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.)". De lo anterior, tenemos que tratándose de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo biinstancial contra la última resolución dictada en ese procedimiento, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, otorgando la oportunidad a la parte quejosa de reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante esa etapa que lo hubieren dejado sin defensa y trascendido al resultado de la resolución. En esa línea de pensamiento, es conviente tener en cuenta algunas premisas en torno a la procedencia de la acción constitucional indirecta, contra los actos dictados fuera de juicio o después de concluido; asimismo, distinguir los supuestos: 1. Un supuesto general, referido a los actos realizados fuera de juicio o después de concluido; y 2. Los supuestos específicos, siguientes: a) Actos de ejecución de sentencia; y, b) Actos en la etapa de remate. Ahora, para dar contexto a lo anterior, se desprende que la parte quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, que Francisco Gabriel Ledezma Vázquez le demandó la reivindicación del inmueble ubicado en la calle Felipe Ángeles número 518 quinientos dieciocho, colonia Gustavo Díaz Ordaz, en esta ciudad de Morelia, Michoacán, en el que habita y del que aduce pretenden lanzarla. De lo precisado con antelación, se deduce que en el juicio de origen del que deriva el acto reclamado, la agraviada es parte formal, pues como se dijo tiene el carácter de demandada. Agrega que dada su precaria situación económica y la buena relación que tiene con sus vecinos; éstos (sin precisar quiénes) le recomendaron un profesionista para contestar la demanda, pues en su escrito de cuenta manifestó, en lo que importa, lo siguiente: "He de referir también a su Señoría que desde que esto comenzó y derivado de mi precaria situación económica siempre he tenido la necesidad de tener quien me represente de manera gratuita y afortunadamente encontrarla, ya que la buena relación de todo el tiempo que he vivido y colaborar en el templo de la colonia, me ha llevado a encontrar buenos vecinos que me han apoyado en buscar esa ayuda; por lo que en aquel momento me recomendaron al profesionista que me representaría en dicho juicio y que fue el quien contesto la demanda, motivo del emplazamiento y me explico que una de mis hermanas conjuntamente con su esposo habían vendido nuestra casa, refiriéndome como explicación dicho profesionista, que de acuerdo con lo que me estaban demandando dentro del juicio 84/2019, había un testamento posterior al que tenía yo (.) por lo que desde ese tiempo supe muy poco de mi asunto, ya que el profesionista solo me hablaba cuando necesitaba que le firmara algo o necesitaba que sacáramos algunas copias ." (fojas 5 y 6). Así, de la transcripción que antecede y de lo manifestado por su apoderada legal al dar cumplimiento al auto preventivo, se desprende que la quejosa fue parte material en el juicio subyacente, además, también fue asesorada y representada por un profesionista, quien acudió y gestionó en su representación. Asimismo, la accionante adjuntó a su escrito de demanda copia certificada del auto de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por la Juez Sexto de lo Civil de este Distrito Judicial, del cual se desprende lo siguiente:  Que la parte demandada no cumplió voluntariamente con la sentencia definitiva dictada en autos, en el plazo concedido para tal efecto, por lo que se procedió a la ejecución forzosa de dicho fallo; y,  La diligencia de lanzamiento se ordenó para poner en posesión al actor Francisco Javier Ledezma Vázquez del inmueble ubicado en la calle Felipe Ángeles, número 518, en la colonia Gustavo Díaz Ordaz de esta ciudad. Lo anterior, se corrobora con la manifestación que, bajo protesta de decir verdad, emitió la apoderada jurídica de la peticionaria en su escrito de cumplimiento de prevención, en la que precisó que en la sentencia definitiva dictada en autos se impuso como obligación de la quejosa directa la entrega del bien inmueble descrito anteriormente en favor del actor al transcribir el resolutivo tercero de la sentencia dictada en el juicio de origen. Bajo esa lógica, se advierte que el acto reclamado no se emitió dentro de la etapa de remate, ni goza de autonomía procesal, pues su dictado atiende directamente a la ejecución de lo ordenado en el fallo definitivo. Asentado lo anterior, cabe puntualizar que en el presente caso únicamente se abordará la hipótesis contenida en el inciso a), consistente en los actos dictados en ejecución de sentencia -virtud a que el acto reclamado se realizó en esa fase-, por ende, para su análisis es necesario que se satisfaga alguna de las tres situaciones que enseguida se precisan, a fin de hacer procedente el juicio de amparo indirecto, a saber: I. La resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; II. Aquella que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; y, III. La que ordena el archivo definitivo del expediente. Es decir, para los actos dictados después de concluído el juicio, pero en ejecución de la sentencia, la procedencia del amparo se posterga hasta que se dicta la resolución final del procedimiento relativo. Dicha regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto tiene como finalidad evitar su abuso, es decir, impedir que el juicio de amparo se utilice para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva que constituye la verdad legal. Lo anterior, derivado de que la sociedad está interesada en la ejecución de sentencias firmes, sin que múltiples amparos las obstaculicen; motivo por el cual el constituyente permanente limitó la procedencia del juicio constitucional en contra de actos dictados en ejecución de sentencia hasta que se emitiera la resolución que pusiera fin a esa fase, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el período de ejecución que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. En consecuencia, de lo argumentado con antelación se patentiza que contra las resoluciones intermedias en la fase ejecutiva no procede el juicio de amparo indirecto, en términos de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, pues será hasta que se dicte la resolución terminal, con la que culmine el procedimiento de ejecución; esto es, la que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado, o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o, bien, la que ordene el archivo del expediente, el momento en el que la parte quejosa estará en condiciones de promover demanda de amparo indirecto, en la cual podrá reclamar todas las violaciones que estime la hayan dejado sin defensa. Sirve de sustento a lo anterior la tesis 2a. VIII/98, de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal del país, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo VII, febrero de 1998, página 230, de rubro y texto: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución.", la cual continúa en vigor en tanto que no se opone a lo establecido en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, de conformidad con lo previsto en el artículo sexto transitorio del invocado ordenamiento legal". Anotado lo anterior, en el caso que nos ocupa, la quejosa señaló como único acto reclamado: A. La orden de lanzamiento contenida en el acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, dictado por la Juez responsable en el juicio reivindicatorio 84/2019. Acto que tiene lugar en el procedimiento de ejecución de sentencia y, dada su naturaleza jurídica no goza de autonomía con relación a dicha etapa, puesto que tiene como finalidad directa e inmediata la ejecución del fallo dictado en el juicio natural. En efecto, la actuación reclamada en esta instancia constitucional no aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, tampoco ordena el archivo definitivo del expediente, ni declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; de ahí la improcedencia del juicio de amparo indirecto en su contra. Por consiguiente, es incuestionable que en el caso concreto cobra vigencia la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXIII del artículo 61, en concordancia con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la presente demanda de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia. Sin que sea inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que establece: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA". Así como la jurisprudencia J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que indica: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.) , de la Novena Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.) , sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, que indica: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA". Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico y anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: MA. AUXILIO GUERRERO OROZCO. Cumplimiento de prevención. Visto el escrito de cuenta signado por María de la Luz Piñón Salazar, apoderada jurídica de la quejosa directo Ma. Auxilio Guerrero Orozco, con el que acude a dar cumplimiento a la prevención contenida en acuerdo de nueve de diciembre del año en curso (fojas 21 a 25), mediante el cual se requirió para que bajo protesta de decir verdad, manifestara lo siguiente: 1. Cuál fue la acción ejercitada en su contra en el juicio 84/2019, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial y la clase de dicho juicio; 2. Qué se determinó en la sentencia emitida en el controvertido de origen 84/2019; 3. Si combatió o no dicho fallo mediante el recurso de apelación correspondiente; 4. Si además del proveído emitido el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, que contiene la orden de lanzamiento que reclama, combate también la sentencia definitiva pronunciada en el citado expediente el cuatro de octubre de la presente anualidad. En atención a lo anterior, se tiene a la promovente manifestando lo siguiente: 1. Que la acción ejercitada en contra de la quejosa directa Ma. Auxilio Guerrero Orozco, dentro del juicio 84/2019, fue la acción reivindicatoria respecto del inmueble ubicado en calle Felipe Ángeles, número 518, quinientos dieciocho, colonia Gustavo Díaz Ordaz, de esta ciudad, promovido por Francisco Gabriel Ledezma Vázquez. 2. En el resolutivo tercero de la sentencia emitida en el controvertido de origen 84/2019, se determinó lo siguiente: "TERCERO. Se declara que Francisco Gabriel Ledezma Vázquez, es legítimo propietario del inmueble ubicad en la calle Felipe Ángeles, número 518, quinientos dieciocho, colonia Gustavo Díaz Ordaz, de esta ciudad, por lo que tiene el dominio sobre el mismo, y por ende, se condena a la demandada a entregar a la actora real y materialmente, con sus frutos y accesiones el bien motivo de controversia, apercibido que de no hacerlo voluntariamente será lanzada a su costa" (sic). 3. Que no recurrió la sentencia definitiva de primera instancia mediante el recurso de apelación. 4. Únicamente señala como acto reclamado el auto de veinticinco de dos mil diecinueve, en que se ordenó el lanzamiento del bien inmueble, no así la sentencia dictada en el juicio subyacente. Por consiguiente, téngase a la quejosa directa dando cumplimiento al requerimiento formulado en autos por conducto de su apoderada legal; por tanto, se deja sin efectos el apercibimiento contenido en proveído de nueve de diciembre del año en curso (fojas 21 a 25). ? Consideraciones previas. Al respecto, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis de la misma. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito , cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos 'manifiesto' e 'indudable' a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e 'indudable' significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito , cuyo rubro y texto indican: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA'. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos 'manifiesto', significa claro, evidente y el 'indudable', a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Previo a determinar la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". ? Análisis integral e interpretación de la demanda de amparo. Al tenor del contexto que antecede, es conveniente precisar que de la lectura e interpretación integral de la demanda de amparo de la quejosa, así como del escrito de cumplimiento a la prevención formulada en autos, se tiene que el acto reclamado es el siguiente: A. La orden de lanzamiento ordenada en el acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, dictado por la Juez responsable en el juicio reivindicatorio 84/2019. ? Actualización de causa de improcedencia notoria, indudable y manifiesta, por lo que respecta al acto reclamado. En la especie, este juzgador estima que se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XXIII del artículo 61 la Ley de Amparo, que dispone la improcedencia del juicio constitucional en los demás casos en que ésta resulte de alguna disposición de la Ley. Concomitante con lo anterior, el numeral 107, fracción IV, párrafo segundo del ordenamiento legal antes invocado establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.). IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.)". De lo anterior, tenemos que tratándose de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo biinstancial contra la última resolución dictada en ese procedimiento, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, otorgando la oportunidad a la parte quejosa de reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante esa etapa que lo hubieren dejado sin defensa y trascendido al resultado de la resolución. En esa línea de pensamiento, es conviente tener en cuenta algunas premisas en torno a la procedencia de la acción constitucional indirecta, contra los actos dictados fuera de juicio o después de concluido; asimismo, distinguir los supuestos: 1. Un supuesto general, referido a los actos realizados fuera de juicio o después de concluido; y 2. Los supuestos específicos, siguientes: a) Actos de ejecución de sentencia; y, b) Actos en la etapa de remate. Ahora, para dar contexto a lo anterior, se desprende que la parte quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, que Francisco Gabriel Ledezma Vázquez le demandó la reivindicación del inmueble ubicado en la calle Felipe Ángeles número 518 quinientos dieciocho, colonia Gustavo Díaz Ordaz, en esta ciudad de Morelia, Michoacán, en el que habita y del que aduce pretenden lanzarla. De lo precisado con antelación, se deduce que en el juicio de origen del que deriva el acto reclamado, la agraviada es parte formal, pues como se dijo tiene el carácter de demandada. Agrega que dada su precaria situación económica y la buena relación que tiene con sus vecinos; éstos (sin precisar quiénes) le recomendaron un profesionista para contestar la demanda, pues en su escrito de cuenta manifestó, en lo que importa, lo siguiente: "He de referir también a su Señoría que desde que esto comenzó y derivado de mi precaria situación económica siempre he tenido la necesidad de tener quien me represente de manera gratuita y afortunadamente encontrarla, ya que la buena relación de todo el tiempo que he vivido y colaborar en el templo de la colonia, me ha llevado a encontrar buenos vecinos que me han apoyado en buscar esa ayuda; por lo que en aquel momento me recomendaron al profesionista que me representaría en dicho juicio y que fue el quien contesto la demanda, motivo del emplazamiento y me explico que una de mis hermanas conjuntamente con su esposo habían vendido nuestra casa, refiriéndome como explicación dicho profesionista, que de acuerdo con lo que me estaban demandando dentro del juicio 84/2019, había un testamento posterior al que tenía yo (.) por lo que desde ese tiempo supe muy poco de mi asunto, ya que el profesionista solo me hablaba cuando necesitaba que le firmara algo o necesitaba que sacáramos algunas copias ." (fojas 5 y 6). Así, de la transcripción que antecede y de lo manifestado por su apoderada legal al dar cumplimiento al auto preventivo, se desprende que la quejosa fue parte material en el juicio subyacente, además, también fue asesorada y representada por un profesionista, quien acudió y gestionó en su representación. Asimismo, la accionante adjuntó a su escrito de demanda copia certificada del auto de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por la Juez Sexto de lo Civil de este Distrito Judicial, del cual se desprende lo siguiente:  Que la parte demandada no cumplió voluntariamente con la sentencia definitiva dictada en autos, en el plazo concedido para tal efecto, por lo que se procedió a la ejecución forzosa de dicho fallo; y,  La diligencia de lanzamiento se ordenó para poner en posesión al actor Francisco Javier Ledezma Vázquez del inmueble ubicado en la calle Felipe Ángeles, número 518, en la colonia Gustavo Díaz Ordaz de esta ciudad. Lo anterior, se corrobora con la manifestación que, bajo protesta de decir verdad, emitió la apoderada jurídica de la peticionaria en su escrito de cumplimiento de prevención, en la que precisó que en la sentencia definitiva dictada en autos se impuso como obligación de la quejosa directa la entrega del bien inmueble descrito anteriormente en favor del actor al transcribir el resolutivo tercero de la sentencia dictada en el juicio de origen. Bajo esa lógica, se advierte que el acto reclamado no se emitió dentro de la etapa de remate, ni goza de autonomía procesal, pues su dictado atiende directamente a la ejecución de lo ordenado en el fallo definitivo. Asentado lo anterior, cabe puntualizar que en el presente caso únicamente se abordará la hipótesis contenida en el inciso a), consistente en los actos dictados en ejecución de sentencia -virtud a que el acto reclamado se realizó en esa fase-, por ende, para su análisis es necesario que se satisfaga alguna de las tres situaciones que enseguida se precisan, a fin de hacer procedente el juicio de amparo indirecto, a saber: I. La resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; II. Aquella que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; y, III. La que ordena el archivo definitivo del expediente. Es decir, para los actos dictados después de concluído el juicio, pero en ejecución de la sentencia, la procedencia del amparo se posterga hasta que se dicta la resolución final del procedimiento relativo. Dicha regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto tiene como finalidad evitar su abuso, es decir, impedir que el juicio de amparo se utilice para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva que constituye la verdad legal. Lo anterior, derivado de que la sociedad está interesada en la ejecución de sentencias firmes, sin que múltiples amparos las obstaculicen; motivo por el cual el constituyente permanente limitó la procedencia del juicio constitucional en contra de actos dictados en ejecución de sentencia hasta que se emitiera la resolución que pusiera fin a esa fase, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el período de ejecución que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. En consecuencia, de lo argumentado con antelación se patentiza que contra las resoluciones intermedias en la fase ejecutiva no procede el juicio de amparo indirecto, en términos de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, pues será hasta que se dicte la resolución terminal, con la que culmine el procedimiento de ejecución; esto es, la que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado, o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o, bien, la que ordene el archivo del expediente, el momento en el que la parte quejosa estará en condiciones de promover demanda de amparo indirecto, en la cual podrá reclamar todas las violaciones que estime la hayan dejado sin defensa. Sirve de sustento a lo anterior la tesis 2a. VIII/98, de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal del país, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo VII, febrero de 1998, página 230, de rubro y texto: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución.", la cual continúa en vigor en tanto que no se opone a lo establecido en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, de conformidad con lo previsto en el artículo sexto transitorio del invocado ordenamiento legal". Anotado lo anterior, en el caso que nos ocupa, la quejosa señaló como único acto reclamado: A. La orden de lanzamiento contenida en el acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, dictado por la Juez responsable en el juicio reivindicatorio 84/2019. Acto que tiene lugar en el procedimiento de ejecución de sentencia y, dada su naturaleza jurídica no goza de autonomía con relación a dicha etapa, puesto que tiene como finalidad directa e inmediata la ejecución del fallo dictado en el juicio natural. En efecto, la actuación reclamada en esta instancia constitucional no aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, tampoco ordena el archivo definitivo del expediente, ni declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; de ahí la improcedencia del juicio de amparo indirecto en su contra. Por consiguiente, es incuestionable que en el caso concreto cobra vigencia la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXIII del artículo 61, en concordancia con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la presente demanda de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia. Sin que sea inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que establece: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA". Así como la jurisprudencia J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que indica: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.) , de la Novena Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.) , sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, que indica: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA". Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico y anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).

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