Ma. Carmina Sánchez Uribe
Expediente 455/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 455/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Ma. Carmina Sánchez Uribe
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta se provee: Con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO el acuerdo de quince de noviembre de dos mil diecinueve, que desechó la demanda de amparo. Por otra parte, toda vez que existe un documento original exhibido por la quejosa en su escrito inicial de demanda, se ordena notificarle personalmente, para que acuda a este Juzgado de Distrito, dentro del plazo de noventa días naturales, a recoger la documentación que exhibió, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, dicho documento será destruido con el presente expediente, lo anterior en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, una vez que el presente cuaderno de amparo se encuentre debidamente integrado, se acordará lo conducente al archivo del mismo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, quince de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el escrito de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra actos que reclama del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Común del Estado de San Luis Potosí, con residencia en Tamasopo, que considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 455/2019-IV. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Asimismo, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la constitución federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que debe estar plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Sentado lo anterior, se tiene que el acto que aquí reclama la promovente del amparo, consiste en: -La negativa del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Común del Estado de San Luis Potosí, con residencia en Tamasopo, de dar continuidad al trámite de la carpeta de investigación CDI/FGE/V/D04/371/2019 de su índice. En la especie, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda de amparo, que motiva su desechamiento de plano, misma que se hace valer de oficio por ser una cuestión de orden público como se mencionó, es así, que se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, que en lo que interesa, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; ." "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." La fracción inserta regula el incumplimiento al principio de definitividad respecto de actos que se atribuyan a autoridades judiciales, administrativos o del trabajo. Ese principio se sustenta, en virtud de que el juicio de amparo, como uno de los medios de control constitucional y extraordinario de defensa, y que exige que se agoten los medios ordinarios eficaces que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir a él. Esto es, el principio de definitividad implica, como condición general, que el acto que se ataque en el juicio de amparo, por considerarlo violatorio de derechos humanos, sea definitivo, en el sentido de que no pueda ser impugnado por ningún medio o recurso que pueda dar lugar a su modificación, revocación o anulación, por lo que resulta lógico que la inobservancia de tal principio traiga como consecuencia, por regla general, la improcedencia de la acción constitucional, salvo los casos de excepción que establece la propia fracción en estudio. En el caso, resulta jurídicamente válido afirmar que la negativa reclamada, no constituye un acto con carácter definitivo; por ende, se afirma que el presente juicio de amparo es improcedente, en virtud de que la promovente, en su carácter de parte ofendida en la carpeta de investigación de origen, no agotó el medio ordinario previsto por la ley, en atención a lo establecido en el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal. En tal sentido, conforme a lo dispuesto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el citado acto reclamado es susceptible de impugnarse por la victima u ofendido ante el Juez de Control a través del recurso innominado que prevé el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es, el acto negativo combatido en el presente sumario constitucional, puede ser impugnado mediante el citado recurso innominado, dentro de los diez días siguientes a la notificación del acto reclamado, ya que se encuentra expresamente regulado en la citada codificación, en ese sentido, y considerando que la promovente es parte ofendida en la carpeta de investigación de origen, está en condiciones de acudir a defender sus derechos, en la forma referida con anterioridad. En este orden de ideas, al no haberse hecho valer contra la negativa que se reclama el recurso innominado que prevé el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es claro que no se satisfizo por la parte promovente el principio de definitividad que regula el juicio de amparo, que consiste en que antes de acudir a esta instancia constitucional se deben agotar los recursos o medios de defensa previstos en la ley que regula el acto negativo impugnado, mediante los cuales pudo ser modificado o revocado; atento a lo cual, es incuestionable que la solicitante de la protección de la justicia federal debió agotar tal procedimiento antes de acudir a esta instancia constitucional, pues, ante la existencia del mismo pudo haber logrado lo pretendido a través del juicio de Amparo. Ahora bien, debe decirse, que de la lectura integra del escrito de demanda no se está en ninguno de los casos de excepción al principio de definitividad, en razón de que el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; así como tampoco el acto reclamado consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. De ahí que, este Juzgador estime que la promovente está obligada a agotar el aludido recurso previo a interponer el presente juicio constitucional, en observancia al principio de definitividad, ya que a través de ese medio de defensa, la autoridad respectiva podría estar en aptitud de revocar, modificar o confirmar la negativa reclamada, y al no hacerlo, el presente juicio de amparo se torna improcedente en términos de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Expuesto lo anterior, es claro que la impetrante, no acató el principio de definitividad, que rige en el juicio de amparo, por tal motivo, se afirma que la demanda de amparo es improcedente, en virtud de que no se agotó el medio ordinario previsto por la ley, en atención a lo establecido en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo. En consecuencia, toda vez que se advierte de forma patente y absolutamente clara que opera la causal de improcedencia en estudio en relación con el acto reclamado, además de que se cuenta con todos los elementos para llegar a esa determinación; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de amparo. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 447, visible en la página 297, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dispone: "RECURSOS ORDINARIOS.- El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ente los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo". Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Fray Bernardino de Sahugon, número 220, de la Colonia Villas de Santiago, de esta ciudad. Asimismo, se tiene como autorizados de la quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***, en virtud de que cuentan con cédula profesional de licenciado en derecho registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito y únicamente para imponerse de autos a ***por así haberlo solicitado expresamente la quejosa y a ***por no contar con dicho requisito. Por otro lado, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de sus facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, le hace de su conocimiento que cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo; facultad que debe ser utilizada por los actuarios adscritos a este juzgado federal, sólo en caso de que no les sea posible practicar la notificación encomendada en horas y días hábiles, lo cual deberá estar debidamente razonado. Notifíquese personalmente.
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