Ma. Angelica García Cepeda

Expediente 183/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
183/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
07/09/2021

Partes del expediente

  • Ma. Angelica García Cepeda

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, siete de septiembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por la promovente ..., mediante el cual solicita la devolución de los documentos anexados al escrito inicial de demanda; por tanto, se dejan a su disposición dichas actuaciones, previa copia certificada que obre en autos, autorizando para recibirlas a la persona que menciona para tal efecto. En la inteligencia que en caso de no hacerlo, las referidas documentales serán destruidas con el presente expediente, lo anterior en términos del párrafo segundo del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Ahora bien, para la entrega de los referidos documentos, deberá generar la cita correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes (SISE), donde se localiza el módulo "Agenda visita a OJ", en el que aparecen las fechas y horarios disponibles para acudir a este juzgado federal, y al efecto se le otorgará un código QR, que le permitirá ingresar a este órgano jurisdiccional -en un horario de las quince a las diecisiete horas, de lunes a viernes-, en el entendido de que el límite máximo de la duración de la cita es de veinticinco minutos; por lo que, se le exhorta a presentarse puntualmente en el horario elegido; asimismo, deberán cumplir con las medidas sanitarias establecidas ya que en caso de incumplimiento se podrá restringir el acceso o, en su caso, se procederá a su expulsión del recinto. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, siete de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de veintiuno de abril de dos mil veintiuno por el que se desechó la demanda de amparo, promovida por Ma. Angélica García Cepeda, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. En ese contexto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 inciso d), del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se determinó desechar la demanda de amparo; en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho término, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido, de acuerdo a lo que ordena el artículo 8.1.2 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Demanda de Amparo e identificación de la parte promovente. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ..., contra actos que reclama del Instituto Registral y Catastral del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Valles, San Luis Potosí, que considera violatorios en su perjuicio de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 183/2021. Digitalización. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Asimismo, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la constitución federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. En esta tesitura, del análisis de la demanda de amparo y anexos, se advierte que la parte quejosa señaló como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Instituto Registral y Catastral del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Valles, San Luis Potosí. IV.- ACTO RECLAMADO: La inscripción de la fianza en el inmueble de mi propiedad al no cumplir con los requisitos esenciales para llevar a cabo dicha inscripción así como la negativa de realizar la cancelación que la suscrita le he solicitado en razón de lo normado en el artículo 61 de la Ley del Registro Público de la Propiedad y de Catastro para el Estado y Municipio de San Luis Potosí, por último la negativa a mi petición de realizar la cancelación de dicha inscripción por prescripción esto debido a que por más de un año no se registrado actividad o realizado anotación alguna. Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 77, fracción I, éste último interpretado en sentido contrario, los que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación." Del contenido de los preceptos transcritos se advierte que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados. Que siempre que exista un agravio personal y directo respecto al promovente del juicio de amparo, el efecto de la sentencia amparadora será de restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación cuando subsistiendo el acto reclamado sea jurídica y materialmente posible, por lo que, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, la causal en estudio se actualiza cuando existe imposibilidad jurídica para que la sentencia de amparo produzca efectos restitutorios de la garantía que la quejosa estima violada en su perjuicio. Ahora bien, del contenido de la demanda se desprende que la quejosa se duele, esencialmente, de la inscripción de la fianza realizada como anotación marginal en la escritura del inmueble que aduce es de su propiedad, así como la negativa a su petición de realizar la cancelación de dicha inscripción, por parte de la Registradora del Instituto Registral y Catastral del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Valles, San Luis Potosí, a través del rechazo de boleta D6-Q103426 de doce de enero de dos mil veintiuno. En ese sentido, conviene establecer lo dispuesto por los artículos 2680, 2681, 2682, 2683, 2684 y 2685 del Código Civil del Estado de San Luis Potosí, que dicen: "Artículo 2680. El fiador que haya de darse por disposición de la Ley o de providencia judicial, excepto cuando el fiador sea una institución de crédito, debe tener bienes raíces inscritos en el Registro Público de la Propiedad y de un valor que garantice suficientemente las obligaciones que contraiga. Cuando la fianza sea para garantizar el cumplimiento de una obligación cuya cuantía no exceda de quinientos pesos, no se exigirá que el fiador tenga bienes raíces. La fianza puede substituírse con prenda o hipoteca." "Artículo 2681. Para otorgar una fianza legal o judicial por más de quinientos pesos se presentará un certificado expedido por el encargado del Registro Público de la Propiedad, a fin de demostrar que el fiador tiene bienes raíces suficientes para responder del cumplimiento de las obligaciones que garantice." "Artículo 2682. La persona ante quien se otorgue la fianza, dentro del término de tres días dará aviso del otorgamiento al Registro Público de la Propiedad, para que al margen de la inscripción de propiedad correspondiente al bien raíz que se designó para comprobar la solvencia del fiador, se ponga nota relativa al otorgamiento de la fianza. Extinguida ésta, dentro del mismo término de tres días, se dará aviso al Registro Público de la Propiedad, para que haga la cancelación de la nota marginal. La falta de avisos hace responsable al que debe darlos, de los daños y perjuicios que su omisión origine." "Artículo 2683. En los certificados de gravamen que se expidan en el Registro Público de la Propiedad, se harán figurar las notas marginales de que hablan el artículo anterior." "Artículo 2684. Si el fiador enajena o grava los bienes raíces cuyas inscripciones de propiedad están anotadas conforme a lo dispuesto en el artículo 2682, y de la operación resulta la insolvencia del fiador, aquélla se presumirá fraudulenta." "Artículo 2685. El fiador legal o judicial no puede pedir la excusión de los bienes del deudor principal; ni los que fían a esos fiadores, puede pedir la excusión de éstos, así como tampoco la del deudor." Asimismo, resulta de suma importancia traer a colación lo dispuesto por los artículos 61 y 62 de la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, que señalan lo siguiente: "Artículo 61. Las inscripciones no se extinguen sino por su cancelación, o por el registro de la transmisión del dominio o derecho real inscrito a favor de otra persona. La cancelación de una inscripción puede hacerse por consentimiento de las personas a cuyo favor están hechas, el que se hará constar en instrumento público otorgado ante notario, o por resolución judicial. Sin embargo, podrán ser canceladas a petición de parte interesada, sin satisfacer dicho requisito, cuando el acto inscrito quede extinguido por disposición de ley o por causas que resulten del documento presentado para su inscripción. Las anotaciones preventivas podrán ser canceladas sólo por caducidad, por realizarse el registro definitivo, o por cancelación ordenada o autorizada por el funcionario o autoridad competente. "Artículo 62. Podrá pedirse la cancelación total de inscripciones o registros definitivos, cuando: Se extinga por completo el bien objeto de la inscripción o registro; II. Se extinga por completo el derecho inscrito; III. Se declare la nulidad del acto consignado en el documento, en donde se haya realizado la inscripción o registro; IV. Se declare la nulidad de la inscripción; V. Sea vendido judicialmente el inmueble que reporte el gravamen en el caso previsto en el artículo 2155 del Código Civil, y VI. Tratándose de un embargo, hayan transcurrido tres años desde la fecha de su inscripción y no se haya reinscrito; con excepción del embargo para garantizar el pago de alimentos, créditos laborales y aquéllos que por Ministerio de Ley deban ser ordenados por las autoridades competentes." De la interpretación armónica de los preceptos transcritos se desprende que las inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad, únicamente pueden cancelarse por consentimiento de las partes o por decisión judicial; de tal manera que fuera del caso que sea por consentimiento de las partes, para realizarla válidamente, es necesario ejercer la vía juicio civil en la que podrá escucharse a los interesados, es decir, para impedir que surtan sus efectos jurídicos actos que derivan de una inscripción registral, es menester que previamente se declare judicialmente la nulidad de la misma, lo que conlleva el estudio de las pruebas que acrediten la buena o mala fe del tercero, del derecho del otorgante o bien de las causas que no resulten claramente de la inscripción registral; ya que todas estas cuestiones sólo pueden dirimirse mediante el estudio de pruebas, lo que no es factible hacer en el juicio constitucional, en razón de que en este medio de defensa las únicas pruebas que pueden admitirse son las que tiendan a demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado y la afectación del interés jurídico del quejoso; por tanto, los actos que derivan de una inscripción registral, deben respetarse mientras no se resuelva sobre la nulidad de la misma en un juicio contradictorio, en el que se oiga a las partes y se decida lo que en derecho corresponda, conforme a lo alegado y probado, de lo contrario los órganos de control constitucional se estarían sustituyendo a la autoridad del orden común, lo que no sucedería si se tratara de actos judiciales, pero en el caso se trata de una autoridad administrativa que aplica una norma civil expresamente prevista y el registro fue a petición de un particular. En efecto, la validez de las anotaciones e inscripciones registrales, por ley, no pueden decidirse en el amparo, sin que antes haya sido resuelta por la autoridad del orden común en la litis contradictoria correspondiente, pues basta que la protocolización sea presentada ante las autoridades registrales de comercio para que sea asentada en su contenido, de tal suerte que una vez hecha la inscripción o anotación de que se trate, la misma no podrá cancelarse, sino por orden de autoridad judicial. En ese contexto, aun cuando se concluyera que el acto de autoridad, aquí reclamado es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía que se estime violada, en la medida que sus efectos de realizarse, importaría ordenar la cancelación de los alcances de la inscripción, lo cual está encomendado a los tribunales de instancia, es decir, la validez de las anotaciones e inscripciones registrales, por ley, no pueden decidirse en el amparo, sin que antes haya sido resuelta por la autoridad del orden común en la litis contradictoria correspondiente, de ahí que se actualice como se dijo, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 77, fracción I y 217 del ordenamiento legal invocado, aplicados éstos últimos a contrario sensu. Esto es así, toda vez que no se advierte de la demanda de amparo que se hubiera declarado la nulidad de la anotación registrada bajo la inscripción número seis del tomo de fianzas de fecha tres de abril de dos mil dos, ante el Instituto Registral y Catastral del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Valles, San Luis Potosí, que dio origen al gravamen dentro del folio R06-121737, derivado de la tramitación de un juicio civil en el que podría escucharse a los interesados, es decir, para impedir que surtan sus efectos jurídicos los actos que derivan de aquéllas, es menester que previamente se declare judicialmente su nulidad. Atento a lo anterior, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ..., contra actos que reclama del Instituto Registral y Catastral del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Valles, San Luis Potosí; ello con el objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio del trámite el resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por el derecho de prontitud en la impartición de justicia, previsto en el artículo 17 constitucional; lo que incluso le permite acudir oportunamente a los medios ordinarios de defensa a hacer valer sus derechos. Autorizados. Por otro lado, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a..., toda vez que cuentan con cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, para ejercer como licenciados en derecho, según se deduce de la consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, fuente que constituye un hecho notorio para este órgano de control constitucional, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Domicilio. Por otro lado, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Londres, número 102, entre las calles Galeana y andador Francisco Javier, de la colonia Hidalgo, en esta ciudad. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA ESTA DETERMINACIÓN A LA QUEJOSA QUE DICE: Número de expediente: 183/2021 Acuerdo: Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Demanda de Amparo e identificación de la parte promovente. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ..., contra actos que reclama del Instituto Registral y Catastral del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Valles, San Luis Potosí, que considera violatorios en su perjuicio de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 183/2021. Digitalización. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Asimismo, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la constitución federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. En esta tesitura, del análisis de la demanda de amparo y anexos, se advierte que la parte quejosa señaló como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Instituto Registral y Catastral del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Valles, San Luis Potosí. IV.- ACTO RECLAMADO: La inscripción de la fianza en el inmueble de mi propiedad al no cumplir con los requisitos esenciales para llevar a cabo dicha inscripción así como la negativa de realizar la cancelación que la suscrita le he solicitado en razón de lo normado en el artículo 61 de la Ley del Registro Público de la Propiedad y de Catastro para el Estado y Municipio de San Luis Potosí, por último la negativa a mi petición de realizar la cancelación de dicha inscripción por prescripción esto debido a que por más de un año no se registrado actividad o realizado anotación alguna. Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 77, fracción I, éste último interpretado en sentido contrario, los que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación." Del contenido de los preceptos transcritos se advierte que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados. Que siempre que exista un agravio personal y directo respecto al promovente del juicio de amparo, el efecto de la sentencia amparadora será de restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación cuando subsistiendo el acto reclamado sea jurídica y materialmente posible, por lo que, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, la causal en estudio se actualiza cuando existe imposibilidad jurídica para que la sentencia de amparo produzca efectos restitutorios de la garantía que la quejosa estima violada en su perjuicio. Ahora bien, del contenido de la demanda se desprende que la quejosa se duele, esencialmente, de la inscripción de la fianza realizada como anotación marginal en la escritura del inmueble que aduce es de su propiedad, así como la negativa a su petición de realizar la cancelación de dicha inscripción, por parte de la Registradora del Instituto Registral y Catastral del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Valles, San Luis Potosí, a través del rechazo de boleta D6-Q103426 de doce de enero de dos mil veintiuno. En ese sentido, conviene establecer lo dispuesto por los artículos 2680, 2681, 2682, 2683, 2684 y 2685 del Código Civil del Estado de San Luis Potosí, que dicen: "Artículo 2680. El fiador que haya de darse por disposición de la Ley o de providencia judicial, excepto cuando el fiador sea una institución de crédito, debe tener bienes raíces inscritos en el Registro Público de la Propiedad y de un valor que garantice suficientemente las obligaciones que contraiga. Cuando la fianza sea para garantizar el cumplimiento de una obligación cuya cuantía no exceda de quinientos pesos, no se exigirá que el fiador tenga bienes raíces. La fianza puede substituírse con prenda o hipoteca." "Artículo 2681. Para otorgar una fianza legal o judicial por más de quinientos pesos se presentará un certificado expedido por el encargado del Registro Público de la Propiedad, a fin de demostrar que el fiador tiene bienes raíces suficientes para responder del cumplimiento de las obligaciones que garantice." "Artículo 2682. La persona ante quien se otorgue la fianza, dentro del término de tres días dará aviso del otorgamiento al Registro Público de la Propiedad, para que al margen de la inscripción de propiedad correspondiente al bien raíz que se designó para comprobar la solvencia del fiador, se ponga nota relativa al otorgamiento de la fianza. Extinguida ésta, dentro del mismo término de tres días, se dará aviso al Registro Público de la Propiedad, para que haga la cancelación de la nota marginal. La falta de avisos hace responsable al que debe darlos, de los daños y perjuicios que su omisión origine." "Artículo 2683. En los certificados de gravamen que se expidan en el Registro Público de la Propiedad, se harán figurar las notas marginales de que hablan el artículo anterior." "Artículo 2684. Si el fiador enajena o grava los bienes raíces cuyas inscripciones de propiedad están anotadas conforme a lo dispuesto en el artículo 2682, y de la operación resulta la insolvencia del fiador, aquélla se presumirá fraudulenta." "Artículo 2685. El fiador legal o judicial no puede pedir la excusión de los bienes del deudor principal; ni los que fían a esos fiadores, puede pedir la excusión de éstos, así como tampoco la del deudor." Asimismo, resulta de suma importancia traer a colación lo dispuesto por los artículos 61 y 62 de la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, que señalan lo siguiente: "Artículo 61. Las inscripciones no se extinguen sino por su cancelación, o por el registro de la transmisión del dominio o derecho real inscrito a favor de otra persona. La cancelación de una inscripción puede hacerse por consentimiento de las personas a cuyo favor están hechas, el que se hará constar en instrumento público otorgado ante notario, o por resolución judicial. Sin embargo, podrán ser canceladas a petición de parte interesada, sin satisfacer dicho requisito, cuando el acto inscrito quede extinguido por disposición de ley o por causas que resulten del documento presentado para su inscripción. Las anotaciones preventivas podrán ser canceladas sólo por caducidad, por realizarse el registro definitivo, o por cancelación ordenada o autorizada por el funcionario o autoridad competente. "Artículo 62. Podrá pedirse la cancelación total de inscripciones o registros definitivos, cuando: Se extinga por completo el bien objeto de la inscripción o registro; II. Se extinga por completo el derecho inscrito; III. Se declare la nulidad del acto consignado en el documento, en donde se haya realizado la inscripción o registro; IV. Se declare la nulidad de la inscripción; V. Sea vendido judicialmente el inmueble que reporte el gravamen en el caso previsto en el artículo 2155 del Código Civil, y VI. Tratándose de un embargo, hayan transcurrido tres años desde la fecha de su inscripción y no se haya reinscrito; con excepción del embargo para garantizar el pago de alimentos, créditos laborales y aquéllos que por Ministerio de Ley deban ser ordenados por las autoridades competentes." De la interpretación armónica de los preceptos transcritos se desprende que las inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad, únicamente pueden cancelarse por consentimiento de las partes o por decisión judicial; de tal manera que fuera del caso que sea por consentimiento de las partes, para realizarla válidamente, es necesario ejercer la vía juicio civil en la que podrá escucharse a los interesados, es decir, para impedir que surtan sus efectos jurídicos actos que derivan de una inscripción registral, es menester que previamente se declare judicialmente la nulidad de la misma, lo que conlleva el estudio de las pruebas que acrediten la buena o mala fe del tercero, del derecho del otorgante o bien de las causas que no resulten claramente de la inscripción registral; ya que todas estas cuestiones sólo pueden dirimirse mediante el estudio de pruebas, lo que no es factible hacer en el juicio constitucional, en razón de que en este medio de defensa las únicas pruebas que pueden admitirse son las que tiendan a demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado y la afectación del interés jurídico del quejoso; por tanto, los actos que derivan de una inscripción registral, deben respetarse mientras no se resuelva sobre la nulidad de la misma en un juicio contradictorio, en el que se oiga a las partes y se decida lo que en derecho corresponda, conforme a lo alegado y probado, de lo contrario los órganos de control constitucional se estarían sustituyendo a la autoridad del orden común, lo que no sucedería si se tratara de actos judiciales, pero en el caso se trata de una autoridad administrativa que aplica una norma civil expresamente prevista y el registro fue a petición de un particular. En efecto, la validez de las anotaciones e inscripciones registrales, por ley, no pueden decidirse en el amparo, sin que antes haya sido resuelta por la autoridad del orden común en la litis contradictoria correspondiente, pues basta que la protocolización sea presentada ante las autoridades registrales de comercio para que sea asentada en su contenido, de tal suerte que una vez hecha la inscripción o anotación de que se trate, la misma no podrá cancelarse, sino por orden de autoridad judicial. En ese contexto, aun cuando se concluyera que el acto de autoridad, aquí reclamado es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía que se estime violada, en la medida que sus efectos de realizarse, importaría ordenar la cancelación de los alcances de la inscripción, lo cual está encomendado a los tribunales de instancia, es decir, la validez de las anotaciones e inscripciones registrales, por ley, no pueden decidirse en el amparo, sin que antes haya sido resuelta por la autoridad del orden común en la litis contradictoria correspondiente, de ahí que se actualice como se dijo, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 77, fracción I y 217 del ordenamiento legal invocado, aplicados éstos últimos a contrario sensu. Esto es así, toda vez que no se advierte de la demanda de amparo que se hubiera declarado la nulidad de la anotación registrada bajo la inscripción número seis del tomo de fianzas de fecha tres de abril de dos mil dos, ante el Instituto Registral y Catastral del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Valles, San Luis Potosí, que dio origen al gravamen dentro del folio R06-121737, derivado de la tramitación de un juicio civil en el que podría escucharse a los interesados, es decir, para impedir que surtan sus efectos jurídicos los actos que derivan de aquéllas, es menester que previamente se declare judicialmente su nulidad. Atento a lo anterior, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ..., contra actos que reclama del Instituto Registral y Catastral del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Valles, San Luis Potosí; ello con el objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio del trámite el resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por el derecho de prontitud en la impartición de justicia, previsto en el artículo 17 constitucional; lo que incluso le permite acudir oportunamente a los medios ordinarios de defensa a hacer valer sus derechos. Autorizados. Por otro lado, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a..., toda vez que cuentan con cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, para ejercer como licenciados en derecho, según se deduce de la consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, fuente que constituye un hecho notorio para este órgano de control constitucional, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Domicilio. Por otro lado, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Londres, número 102, entre las calles Galeana y andador Francisco Javier, de la colonia Hidalgo, en esta ciudad. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

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