Ma. Carmen García Ramírez

Expediente 919/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
919/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
10/10/2022

Partes del expediente

  • Ma. Carmen García Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio suscrito por la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Laboral del Decimosexto Circuito, por el cual acusa recibo del diverso a través del cual se le remitió el expediente 919/2022-4 del índice de este juzgado el que registró con el número 663/2022; además, se advierte que requirió a la autoridad responsable para que dé cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 178 de la Ley de Amparo. En ese sentido, estese en espera de que la superioridad determine si aceptó o no la competencia de que se trata.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo presentada por ****************, en contra de actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad; fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 919/2022-4. Incompetencia. Ahora, del análisis integral de la demanda de cuenta, se advierte que el acto que reclama la quejosa es la determinación de fecha diecisiete de junio de dos mil veintidós, emitida en el expediente laboral *************** del índice de la junta responsable, por la cual dicha autoridad decretó la caducidad del procedimiento. Establecido lo anterior, es que este juzgado de Distrito advierte que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida, como se verá a continuación. En efecto, el artículo 107, fracciones III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; Por su parte, los artículos 34, 47 y 170 fracción I, de la Ley de Amparo, en su orden, disponen: "Artículo 34. Los Tribunales colegiados de circuito son competente para conocer del juicio de amparo directo." "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. (.).". Los preceptos transcritos contienen los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo y la competencia del órgano jurisdiccional a quien corresponde conocer y resolver de asuntos como el presente, previstos en la Ley Suprema y su legislación reglamentaria. Ahora, de conformidad con el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, en contra de sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, es procedente el amparo directo ante el tribunal colegiado de circuito que corresponda. De lo que se evidencia que cuando se reclama una resolución que pone fin al juicio, la vía correcta para impugnarla es el amparo directo. En tal virtud, el acto reclamado que mediante esta vía constitucional se combate constituye -como se especificó- el auto de fecha diecisiete de junio de dos mil veintidós, emitido en el expediente laboral *************** del índice de la junta responsable, por la cual dicha autoridad decretó la caducidad del procedimiento; por tanto, resulta evidente que el acto reclamado, no se ubica en los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, previstos en el artículo 107 de la Ley de Amparo, pero sí de aquellos señalados en el diverso previsto en el 170, fracción I, del mismo ordenamiento. Sirve de apoyo a lo anterior en lo conducente el criterio con número de registro 2016973, décima época, registro: 2016973, instancia: Segunda Sala, tipo de tesis: jurisprudencia fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 54, mayo de 2018, tomo II materia(s): común, tesis: 2a./J. 41/2018 (10a.), página: 1450, que establece lo siguiente: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA LA INCOMPETENCIA DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA CONOCER DE UN ASUNTO Y ORDENA SU ARCHIVO, DEJANDO A SALVO LOS DERECHOS DEL ACTOR PARA QUE LOS HAGA VALER EN LA VÍA Y FORMA QUE ESTIME PERTINENTES. En términos de los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, primer párrafo, 170, fracción I y 171 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, entendiéndose por sentencias definitivas o laudos las que decidan el juicio en lo principal, es decir, se establezca el derecho en cuanto a la acción y a la excepción que dieron lugar a la litis contestatio, y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Si por el contrario, con la emisión de alguna de esas resoluciones no se da por concluido el juicio, entonces no se trata de una sentencia definitiva y en su contra procede el juicio de amparo indirecto, pues al continuar por alguna circunstancia el juicio, se hará necesario allegarse de pruebas para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto, lo que justifica la promoción de un amparo que admite hasta dos instancias y supone la celebración de una audiencia con un periodo probatorio y no un juicio que normalmente se tramita en una sola instancia y no requiere de la celebración de una audiencia. Ahora bien, conforme a dichas concepciones, se llega a la convicción de que la resolución que determina la incompetencia de un órgano jurisdiccional para conocer de un asunto y ordena su archivo, dejando a salvo los derechos del actor para que los haga valer en la vía y forma que estime pertinentes, sin declinar la competencia respectiva en favor de otro órgano jurisdiccional, es impugnable a través del juicio de amparo directo en términos de las disposiciones señaladas, al tratarse de una resolución que pone fin al juicio, ya que sin decidir el conflicto en el fondo, lo da por concluido." En tal virtud, con fundamento en los artículos 47 y 170 de la Ley de Amparo, se concluye que este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo formulada por *************, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad. En consecuencia, con apoyo en el diverso numeral 47 de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda al Tribunal Colegiado en Materia Laboral del Decimosexto Circuito en turno, para lo que tenga a bien determinar; se solicita el acuse de recibo correspondiente. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Sitio para recibir notificaciones. Como lo solicita la parte promovente, se ordena notificar el presente auto, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, sin perjuicio de que pueda proporcionar domicilio para tal efecto; lo anterior con sustento en lo dispuesto por el numeral 27, fracción III, de la Ley de Amparo. Autorizados. Por otra parte, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *******************, toda vez que de la certificación de cuenta se desprende que sí cuentan con cédula profesional que los acredita para ejercer la profesión de licenciados en derecho, inscritas respectivamente en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Lo anterior con sustento en la tesis 2a. VIII/2020 (10a.), publicada el siete de agosto de dos mil veinte en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es del tenor siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO." Por otra parte, se tiene como autorizado en términos restringidos del citado numeral a ****************, toda vez que, de la propia certificación, se desprende que el número de cédula profesional que proporciona para tal efecto, no se encuentra registrado en los sistemas respectivos. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo de la Ley de Amparo desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal.

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