Ma. Carmen Figueroa Zavala
Expediente 1049/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1049/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ma. Carmen Figueroa Zavala
Actuaciones
- Principal
Por recibido el oficio con anexos suscrito por el Juez Único Civil de Partido en Moroleón, Guanajuato, por el cual devuelve debidamente diligenciado el despacho local 372/2017-IV (160/2017), que se envió para notificar el proveído de ocho de noviembre próximo pasado, a la quejosa *************. Dese de baja dicha comunicación y háganse las anotaciones respectivas en el libro y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora, visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el ocho de noviembre de dos mil diecisiete, en el que este Juzgado desechó la demanda promovida por la parte quejosa no fue recurrido dentro del término legal de cinco días que dispone el artículo 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones I y III, del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido.
- Principal
Vista la demanda de amparo signada por **************, contra actos del Juez de Partido Civil de Uriangato, Guanajuato; fórmese cuaderno de amparo, bajo el registro número 1049/2017. Ahora bien, el numeral 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Cierto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia número 747, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 503, Tomo VI, Apéndice 1995-2000, cuyo rubro dice: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Para lo anterior, se hace importante destacar que la promovente del amparo, bajo protesta de decir verdad señaló como antecedentes del acto reclamado los siguientes: 1. Esta autoridad Federal dentro del juicio de amparo 780/2016 dictó sentencia en la que ordenó llamar al incidente derivado del expediente número 555/2012 de la estadística del Juzgado de Partido Civil en Moroleón, Guanajuato, a todos los demandados. 2. Luego, en cumplimiento a lo anterior el Juez de Partido Civil en Moroleón, Guanajuato, llamó a Juicio de Gastos y Costas. 3. Dicho Juez se excusó de conocer el asunto, razón por la que ahora conoce el Juez de Partido Civil de Uriangato, Guanajuato, el cual tuvo por no presentada la planilla de liquidación de gastos y costas judiciales promovida por Fulgencio Rangel Juárez. 4. El dos de octubre de la presente anualidad, el Juez de Partido Civil de Uriangato, Guanajuato, admitió a trámite un nuevo incidente de gastos y costas contra ***********, promovido por *********. Inconforme con lo anterior la aquí quejosa interpuso recurso de revocación, mismo que le fue desechado el veinte de octubre de la presente anualidad. (Acto reclamado). Precisado esto, se hace importante puntualizar que todas estas actuaciones relatadas, incluido el acto que se reclama, acontecieron en la etapa de ejecución del controvertido de origen. Además, debe señalarse que *************, promovió un nuevo incidente de gastos y costas, el cual fue admitido por el Juez responsable el dos de los corrientes, y contra dicha determinación la ahora quejosa se inconformó mediante recurso de revocación, el cual fue desechado. Sin embargo, la resolución ahora reclamada se desarrolla dentro de un procedimiento en sí mismo, el cual su finalidad es para ejecutar la condena de gastos y costas emitida en el controvertido de origen. En tal virtud, este juzgado estima que no es suficiente para acudir a la presente instancia, que el acto reclamado se trate una actuación dictada por un tribunal judicial fuera de juicio, como lo establece el artículo 107, fracción IV, primer párrafo, en relación con la diversa fracción V, de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." En ese tenor, debe tratarse de la última resolución dictada dentro de dichos incidentes o contra actos intermedios que sean de imposible reparación, y se estima que en la especie no se actualiza ninguno de los dos supuestos. Así se analizará, en el caso concreto las dos hipótesis de referencia: 1.- Que se trate de la última resolución. 2.- Actos intermedios que sean de imposible reparación. Por cuanto hace al primero -la última resolución dictada dentro del incidente de referencia-, se hace evidente que el acto aquí reclamado no pone fin a dicha etapa procesal, tomando en cuenta su naturaleza, además de que no existe un pronunciamiento respecto a si la incidencia planteada, resulta procedentes o no. Ahora, respecto a que lo reclamado sea un acto intermedio de imposible reparación, se precisa lo siguiente: De los numerales 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107 fracción V de la Ley de Amparo, se desprende que los actos dictados durante el juicio sólo pueden impugnarse en amparo indirecto cuando tengan una ejecución de imposible reparación. Es decir, los actos intraprocesales son de imposible reparación cuando afectan de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con la obtención de un fallo definitivo favorable en el juicio natural. Abonando a lo anterior, los actos de imposible reparación han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal -y en el marco constitucional actual también los reconocidos en los tratados internacionales en que México sea parte, como lo prevé la fracción V, del artículo 107 de la vigente la Ley de Amparo-. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10ª.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el seis de junio de dos mil catorce en el Semanario Judicial de la Federación, Registro 2006589; cuyo rubro y texto dicen: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).- Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En esa tesitura, la actuación reclamada no constituye acto que tenga sobre las personas o las cosas, una ejecución de imposible reparación, ni puede combatirse, de conformidad con los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y 107, fracción V, de la Ley Reglamentaria, a través del juicio de amparo en la vía indirecta. Lo anterior toda vez que las violaciones de carácter procesal, aun las que se consideraban exorbitantes o superiores, ya no son materia del juicio de amparo indirecto, por disposición expresa de la Ley de Amparo. Con dicha disposición, se advierte que se cumple con la administración de justicia pronta y expedita contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pues tal precepto legal busca que no se entorpezcan los procedimientos judiciales a través de técnicas dilatorias y además, el estudio sistemático de la nueva ley permite inferir que no se ha dejado a las partes en estado de indefensión para hacer valer las violaciones contra aquellos actos que, en su criterio, infrinjan sus derechos en el juicio, porque las violaciones procesales pueden terminar por carecer de relevancia si al dictarse la resolución en el juicio, se resolviera a favor del particular que se sintió agraviado en sus derechos procesales, ya que dicha afectación desaparecería. Y en caso contrario, de obtener resolución desfavorable, podrá impugnarla, ahora sí, en el juicio de amparo. En los conducente, sustenta lo anterior, el criterio sostenido por la Primera y Segunda Segundo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 163152, Novena Época, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Enero de 2011, Tomo XXXIII, Página: 6 que es de rubro literal siguiente: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. En efecto, el acto reclamado en esta instancia no produce una afectación de imposible reparación por transgredir derechos sustantivos del promovente; pues se reitera, la resolución del Juez responsable tiene una naturaleza formal, que puede ser reparada en el fallo definitivo de dicho incidente. De ahí que, en el particular al reclamarse actos dictados dentro de un procedimiento que no son de imposible reparación, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, primer párrafo, en relación con la diversa fracción V, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 del mismo ordenamiento, se DESECHA DE PLANO la demanda. Sirve de apoyo el criterio sostenido por los Tribunales Colegiados Segundo del Décimo Noveno Circuito y Primero del Décimo Sexto Circuito, con número de registro 178441, Novena Época, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 2005, Tomo XXI, Página: 231 que es de rubro literal siguiente: AMPARO IMPROCEDENTE. LO ES CUANDO EL INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES SE DECLARA INFUNDADO Y SE TRAMITÓ DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, SIN QUE LA INTERLOCUTORIA QUE LE PONE FIN SEA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN. El juicio de amparo es improcedente contra la interlocutoria que declara infundado el incidente de nulidad de notificaciones que se ventiló en el periodo de ejecución de sentencia; ello, en virtud de que el resultado del incidente trae como consecuencia que siga el trámite de la ejecución, y la voluntad del legislador al crear la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, fue evitar el abuso del juicio de garantías y que no se impida la materialización de los trámites de ejecución en un juicio en el que el quejoso fue oído y vencido con las formalidades que prevé el artículo 14 constitucional. En consecuencia, el amparo procede hasta que se dicte la última resolución en el periodo ejecutivo, y en los conceptos de violación se podrán alegar las violaciones que considere se cometieron en el trámite del citado incidente de nulidad de notificaciones, o bien, en la resolución que recayó al mismo. Robustece a lo anteriormente expuesto el criterio sostenido por los Tribunales Colegiados de Circuito, con número de registro 1842223, Novena Época, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Junio de 2003, Tomo XVI, Página: 917 que es de rubro literal siguiente: INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD TRAMITADO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA RESOLUCIÓN DICTADA EN ÉL DEBE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN EMITIDA EN ESA ETAPA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto promovido contra el último acto emitido en esa etapa, el cual es el que declara cumplida la sentencia o la imposibilidad para cumplirla. Asimismo, ha establecido que existen casos de excepción a la regla mencionada, en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, cuando éstos gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Ahora bien, la sentencia que resuelve un incidente de falta de personalidad promovido en la etapa de ejecución de sentencia no se encuentra dentro de los casos de excepción precisados, pues si se ha determinado que no procede el amparo contra los actos que tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, sino hasta que se dicta la última resolución del procedimiento de ejecución, entonces, interpretando a contrario sensu ese criterio, la referida resolución es de la misma naturaleza jurídica de aquéllos, ya que la finalidad del incidente aludido es impedir la ejecución de la sentencia cuestionando la personería del ejecutante. Por ello, la resolución dictada en un incidente de falta de personalidad promovido en la etapa de ejecución de sentencia, debe reclamarse a través del amparo que se promueva contra la última resolución emitida en esa etapa. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En atención a lo anterior, como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a **************, toda vez que no proporcionaron mayores datos que justifiquen que cuenten con facultad legal para ejercer la profesión de abogado, como su número de cédula profesional o de registro ante el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, sin perjuicio que en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude dicho numeral. Ahora bien, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como domicilio procesal el ubicado en calle **** en Moroleón, Guanajuato; en tales condiciones, puesto que el citado domicilio se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional, gírese atento despacho a la autoridad Juez de Partido Civil de Uriangato, Guanajuato, para que en auxilio de las labores de este órgano judicial federal, proceda a ordenar a quien corresponda, notifique el presente proveído a la parte quejosa, en el domicilio antes mencionado. Para lo anterior, el funcionario que designe deberá seguir las reglas establecidas en los numerales 24, 26 y 27 de la Ley de Amparo, por lo que deberá requerir al buscado para que dentro del término de tres días señalen domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, apercibiéndole que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, las subsecuentes, aún de carácter personal, se le harán por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado. Finalmente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal.
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