Ma. Carmen Aboytes Rufino
Expediente 593/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 593/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ma. Carmen Aboytes Rufino
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por *****, mediante el cual, solicita la devolución de documentos originales que anexó a la demanda que dio origen al presente asunto; al respecto, dígase al ocursante que se esté a lo acordado en proveído de veintidós de julio de dos mil diecinueve en que se dejaron a su disposición los mismos. Asimismo, se autoriza a las personas que menciona para que le sean devueltos los documentos que alude.
- Principal
Al no atender el aviso el solicitante del amparo, por este conducto se procede a notificar el proveído de cuatro de julio actual, que en lo conducente dice: DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por ***, en su carácter de apoderado legal de la quejosa ***, personalidad que se le reconoce al ocursante, en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, toda vez que lo acredita con copia certificada de la escritura pública número 31,230, pasada ante la fe del licenciado ***, Titular de la Notaria pública número 21, con ejercicio en esta ciudad; misma que contiene poder general para pleitos y cobranzas, conferido al ocursante por parte de la solicitante del amparo. Por tanto, se tiene a ***, por conducto de su apoderado legal ***, solicitando el amparo y la protección de la Justicia de la Unión contra actos del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), antes Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), con residencia en Celaya, Guanajuato; actos que describió, en lo conducente, de la siguiente forma: IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: A) A la autoridad ordenadora y ejecutora a la vez, señalada como responsable, la falta de notificación y de la debida garantía de audiencia, en el cual INSUS escrituró un terreno propiedad de la parte que represento, sin dar oportunidad de defensa al acto privativo de la propiedad y de la posesión. Inmueble que se encuentra escriturado a favor de otras personas, y le reclamo este acto omisivo. Propiedad que más adelante detallaré y que viene poseyendo desde 1993, despojo que realizó INSUS sin mediar justificación y audiencia alguna a la legitima propietaria de dicho inmueble. B) A la autoridad responsable le reclamo también la ejecución material de las órdenes giradas y que ya quedaron precisadas anteriormente. Inclusive la de construir de manera pronta dicho predio por los terceros interesados a fin de tomar posesión rápidamente." (El resaltado es propio). SE ORDENA FORMAR EXPEDIENTE. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 593/2019-II.2. Anótese su ingreso en el libro de control de este juzgado federal y procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO A DISPOSICIÓN DE LAS PARTES. Póngase a disposición de las partes el expediente electrónico, habilitándose las actuaciones y formulándose las notificaciones atento al trámite del expediente. TESIS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DE AMPARO. Como cuestión previa cabe hacer mención que las tesis que se invoquen en el presente proveído son aplicables de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; en razón de que no se opone a los postulados establecidos en la mencionada ley, el cual establece: SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. ANÁLISIS DE DEMANDA. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, que establece lo siguiente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De lo anterior, se advierte la obligación de este juzgado de distrito de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia se deseche de plano. Por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Encuentra apoyo a lo anterior por analogía, la jurisprudencia número XVII.2o.J/11, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo IX, enero de 1999, página 648, de rubro y texto siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable. Lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. PRECISION DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De conformidad con el artículo 74 de la Ley de Amparo, se obtiene que el acto reclamado lo constituye, esencialmente, la escrituración y desposesión de los bienes inmuebles descritos en los antecedentes de la demanda de amparo, concretamente, en los puntos unos y dos, los cuales suman un total en medidas de 23.00 veintitrés metros de frente por 59.00 cincuenta y nueve metros de fondo, inmueble ubicado en la manzana 1, zona I, San Miguel Octopan II, con las siguientes colindancias actuales. NORTE: FRENTE, de 23.00 veintitrés metros, que colinda con carretera Estatal Celaya, San Miguel Octopan, conocida también como Avenida Constitución. SUR: 23.00 Veintitrés metros de fondo que colinda con la ***. ESTE: 59.00 cincuenta y nueve metros que colinda con propiedad de la ciudadana ***. **. OESTE: 59.00 cincuenta y nueve metros que colinda con la propiedad de ***. Cuyo trámite de regularización se encuentra concluido a nombre de ***, según fue informado por parte de la Encargada de la Delegación del Instituto Nacional del Suelo Sustentable INSUS en el Estado de Guanajuato, en fecha cuatro de abril de dos mil diecinueve, resaltando expresamente la quejosa que fue enterada de tal circunstancia por el Juez Primero Civil de Partido de esta ciudad el ocho de ese mes. Precisión que encuentra apoyo en las tesis siguientes: Jurisprudencia 55/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, agosto de 1998, Materia Común, página 227, del tenor literal siguiente: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. Jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, página 32, de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. En ese orden, este juzgador federal advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XIV, del numeral 61, en relación con los numerales 17 fracciones II y IV, 18, 21 y 22 de la Ley de Amparo, toda vez que dichos numerales señalan: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Artículo 21. La presentación de las demandas o promociones de término en forma impresa podrá hacerse el día en que éste concluya, fuera del horario de labores de los tribunales ante la oficialía de partes correspondiente que habrá de funcionar hasta las veinticuatro horas del día de su vencimiento. La presentación de las demandas o las promociones de término en forma electrónica a través de la Firma Electrónica, podrán enviarse hasta las veinticuatro horas del día de su vencimiento. Con independencia de lo anterior, los órganos jurisdiccionales de amparo podrán habilitar días y horas cuando lo estimen pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Y, Artículo 22. Los plazos se contarán por días hábiles, comenzarán a correr a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación y se incluirá en ellos el del vencimiento, inclusive para las realizadas en forma electrónica a través del uso de la Firma Electrónica, salvo en materia penal, en donde se computarán de momento a momento. Correrán para cada parte desde el día siguiente a aquél en que para ella hubiese surtido sus efectos la notificación respectiva. Ahora bien, según el sello del reloj checador puesto por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, la demanda de amparo de cuenta, se presentó el dos de julio de dos mil diecinueve, siendo turnada a este Juzgado federal, al día siguiente. Asimismo, se hace constar que la parte quejosa, refiere que tuvo conocimiento de las escrituras libradas a favor de diversas personas el once de junio de dos mil diecinueve, es decir, cuando le fueron entregadas copias de dichas escrituras. Bajo ese escenario, pareciera que la demanda de amparo se presentó dentro del plazo que al efecto señala el artículo 17 de la Ley de Amparo; pero no es así. Expliquemos. Empero, del contenido de su demanda concretamente en los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narró la quejosa, se aprecia que esta a fin de conocer el avance del proceso de escrituras respecto del bien inmueble descrito párrafos más arriba, promovió en contra del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), antes Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), con residencia en Celaya, Guanajuato medios preparatorios, a juicio dentro del expediente ordinario civil 148/2019 del índice del Juzgado Primero Civil de Partido de esta ciudad. Obteniendo respuesta el cuatro de abril de dos mil diecinueve, donde según manifiesta ***, la nombrada juez, le hizo saber el ocho de abril de dos mil diecinueve, que: A solicitud de esta parte se requirió a la autoridad hoy responsable lo siguiente: a). El avance o estatus de la regularización del predio propiedad de la Ciudadana ***, ubicado en la zona 1, Manzana 1, Colonia la Purísima Concepción, de la Comunidad de San Miguel Octopan, Municipio de Celaya, Guanajuato. Con las siguientes medidas: NORTE: FRENTE, de 23.00 veintitrés metros, que colinda con carretera Estatal Celaya, San Miguel Octopan, conocida también como Avenida Constitución. SUR: 23.00 Veintitrés metros de fondo que colinda con la Calle Guanajuato. ESTE: 59.00 cincuenta y nueve metros que colinda con propiedad de la ciudadana ***. Lote ***. OESTE: 59.00 cincuenta y nueve metros que colinda con la propiedad de Enrique Villegas García. B). Así mismo emita un certificado de NO ADEUDO a nombre de mi representada, o en el caso de existir adeudo indique el concepto y el monto d el mismo, en relación a la tramitación de la regularización y escrituración del predio en referencia. c). Emita una constancia, si mi representada tiene otro trámite ante esta dependencia relacionado a otro predio, con la ubicación del mismo". Asimismo, informa que la autoridad responsable en atención a dicho requerimiento contestó lo siguiente: La respuesta de INSUS, por conducto de la C. ***, Encargada actual de la Delegación del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), en el Estado de Guanajuato, con fecha 04 de abril de 2019, fue la siguiente: "Al respecto me permito informarle que el predio propiedad de la C. *** ubicado en la Zona 1 Manzana 1, colonia la *** II, Municipio de Celaya, Guanajuato, me permito informarle que el inmueble Zona ***, Municipio de Celaya, Guanajuato, no se encuentra a nombre de la **, no obstante y en aras de coadyuvar con Usía, es que me permito informarle que los trámites regularización del inmueble ya señalado se encuentra concluído a nombre de diversas personas, ***, en cuanto al certificado de no adeudo a nombre de la C. *** me es preciso informar a Usía que no tiene ningún adeudo antes esta institución y por último le envío. Esto es, la promovente del amparo quedó enterada de que los inmuebles cuya desposesión reclama estaban escriturados a favor de terceros mediante resolución de cuatro de abril de dos mil diecinueve (hecho que tuvo conocimiento según ella misma lo expuso el día ocho siguiente). De ahí que en la especie se actualice el supuesto establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo, y el plazo para interponer su demanda, deba de computarse conforme a lo establecido en el numeral 17 del mismo cuerpo de leyes, dado que la quejosa tuvo conocimiento de que las escrituras libradas respecto del bien inmueble cuya desposesión reclama, estaban a nombre de diversas personas desde el ocho de abril de dos mil diecinueve. Ello, con independencia de que haya obtenido las escrituras relativas, con posterioridad, pues son actos consecuencia de la escrituración mencionada. Motivo por el cual debió ejercer dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha indicada. Dicho de otra forma, el término de quince días concedido por el artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover la demanda de amparo contra los actos reclamados respecto de los cuales manifestó en el punto cuatro del capítulo de antecedentes de su demanda, haber tenido conocimiento el ocho de abril de dos mil diecinueve, surtió efectos el nueve siguiente y empezó a transcurrir el diez de abril y feneció el seis de mayo de dos mil diecinueve, con exclusión de los días trece, catorce, (diecisiete, dieciocho, diecinueve), veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de abril; y, uno, cuatro y cinco de mayo del año en curso, por ser inhábiles, ello de conformidad con el artículo 19, párrafo primero, de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por lo que si la promovente presentó su demanda de amparo el dos de julio de dos mil diecinueve, según se advierte del matasellos del reloj checador de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, es claro que fue presentada cuando ya había transcurrido el término de QUINCE DÍAS a que alude el artículo 17 de la ley de la materia, para la oportuna presentación de la demanda de garantías en contra de los actos reclamados, razón por la cual resulta extemporánea. Resulta aplicable la jurisprudencia número IV.2o.C. J/7, de la Novena Época, sustentada por el segundo tribunal colegiado en materia civil del cuarto circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, Julio de 2005, Página 1035, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 6° Transitorio de la Ley de Amparo Vigente, ya que su contenido no se opone en lo sustancial con el citado cuerpo de leyes, cuyo contenido es el siguiente: DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL QUEJOSO MANIFIESTA EXPRESAMENTE LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO.- El artículo 21 de la Ley de Amparo contempla tres supuestos para fijar el término de quince días con que cuenta el quejoso para presentar la demanda de garantías; a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo que reclame, conforme a la ley del acto; b) A partir del día siguiente a la fecha en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; y c) A partir del día siguiente a la fecha en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Para el caso concreto del último supuesto, éste se actualiza, entre otras formas, cuando el agraviado presenta ante la autoridad responsable un escrito, sin fecha precisa, mediante el cual solicita se le tenga por notificado del acto que posteriormente reclama en amparo; sin que sea acertada la pretensión de que la manifestación de la voluntad así exteriorizada, sólo cobre eficacia hasta una vez que se dicta el proveído correspondiente a dicha petición. En ese tenor, no puede computarse a partir del proveído de referencia, el término correspondiente para la presentación de la demanda, aunado a que el supuesto que se estima actualizado, dispone que éste empieza a computarse a partir del día siguiente al en que la parte quejosa se haya ostentado sabedora del acto o, en su caso, el día en que aparece fechado tal ocurso, al ser ello lo que refleja la manifestación inequívoca de su parte, acerca del conocimiento pleno del acto, sin soslayarse que con tal manifestación, el propio interesado hizo a un lado los requisitos que debía reunir la notificación del acto conforme a la ley de la materia. Y por lo que informa, en su parte conducente, la jurisprudencia número 27/96, obtenida de la Contradicción de Tesis número 30/94, entre las sustentadas por el Primero y Segundo Tribunales Colegiados del Décimo Primer Circuito, visible en la página 57, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Junio de 1996, Novena Época, Materia Común, instancia del Pleno; cuyo rubro y texto a la letra dicen: DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." (El subrayado es de este Juzgado de la Federación). De igual manera es aplicable por analogía la tesis del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo XIII-Enero, Octava Época, consultable a página 201, cuyo tenor literal es el siguiente: DEMANDA DE AMPARO, PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA. CASOS EN QUE SE PUEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO AUN CUANDO NO ESTA COMPROBADA LA NOTIFICACIÓN FORMAL DEL ACTO RECLAMADO AL QUEJOSO. Para sobreseer en el juicio de amparo con base en la causal prevista en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, no es necesario exigir que esté probada la notificación formal del acto reclamado al quejoso, sino que basta la prueba plena de que éste tuvo conocimiento de su existencia para que, a partir del día siguiente a la fecha de tal conocimiento, se inicie el cómputo de los quince días a que se refiere el artículo 21 del ordenamiento legal en cita, conforme a esa propia disposición. Asimismo, es aplicable la tesis visible en la página 235, Tomo XI, Junio, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del contenido; ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la Ley en cita. En consecuencia, al quedar evidenciado que sobre el particular se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista por el numeral 113 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61, fracción, fracción XIV, en relación con los numerales 17 fracciones II y IV, 18, 21 y 22 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías promovida por **, por conducto de su apoderado legal ***. En el mismo sentido se pronunció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, al resolver el recurso de queja 67/2019, en la que declaró infundado el medio de impugnación interpuesto en contra del auto de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, emitido en el juicio de amparo 186/2019-IV-A, de la estadística del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, en el que desechó la demanda promovida por ***, por su propio derecho, contra actos de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra CORETT y/o Instituto Nacional de Suelo Sustentable INSUS, así como Encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ambos con residencia en Celaya. De conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso j) de la Ley de Amparo, notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa. AUTORIZACIÓN DE LAS PARTES PARA LA REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO, QUIENES PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes, que en términos de la Circular 12/2009, signada por el Secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante, en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Previa autorización. Es aplicable a lo anterior la tesis: I.1o.A.23 K (10a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 1830 del libro 17, Abril de 2015, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con el número de registro: 2008986, Materia común, bajo el rubro: REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando Décimo Quinto del Reglamento de la Suprema corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. DOMICILIO PROCESAL. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en *** de esta ciudad. AUTORIZACIÓN DE CONSULTA DEL EXPEDIENTE VIA ELECTRÓNICA. Como lo solicita la parte quejosa, se autoriza la consulta del presente expediente vía electrónica mediante el portal http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/, a través del usuario ***, toda vez que dicho usuario obra registrado en el en el Portal de Servicios en Línea el Poder Judicial de la Federación, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Sin que ello implique que se le notifique vía electrónica, toda vez que se tiene como domicilio para recibir notificaciones de carácter personal el indicado párrafos más arriba, ya que de lo contrario, las mismas se duplicarían, y no se cumpliría con los principios establecidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como lo indica, se le tiene proporcionado como datos de contacto el correo electrónico que indica como lmorelos.ab@hotmail.com, y el número de su teléfono móvil. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como autorizados por parte de la quejosa a los licenciados Josue Yair Camacho Loeza y José David Jaralillo Cortez, en términos del artículo 24 de la Ley de la Materia, toda vez que no tienen registrada su cédula profesional en la base de datos, instaurada en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciocho de julio de dos mil cinco, así como en cumplimiento a lo establecido en el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, entre ellas la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis, por lo cual no puede gozar de las facultades establecidas en el ordinal 12 de la Ley de la Materia, aunado a que la quejosa los autoriza únicamente para imponerse de autos y recibir documentos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Finalmente, en observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma protege el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias. Por lo expuesto y fundado en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 61, fracción XIV, en relación con el 113, 17 fracciones II y IV, 18, 21 y 22 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. Se desecha de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo promovida por ***, por las consideraciones vertidas en el presente proveído.
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