Ma. Beliflora Castro Guido

Expediente 815/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
815/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
04/11/2019

Partes del expediente

  • Ma. Beliflora Castro Guido

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, y en virtud de la certificación que antecede asentada por el Secretario de este Juzgado Federal, se advierte que no fue recurrido el auto de catorce de octubre del presente año, en que se SOBRESEYÓ el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO. Se ordena ARCHIVAR el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal. Por otro lado en estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que el presente juicio se sobreseyó, será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del Acuerdo citado en el párrafo que antecede.

  2. Principal

    Por recibido el oficio de cuenta suscrito por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Unico de la Unidad de Investigación de Tramitación Común de Acámbaro, Guanajuato, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la ley de amparo, téngasele por rendido el informe justificado que a dicha parte corresponde, adjuntando la documental como soporte del informe que rinde. De conformidad con el artículo 119 de la ley de amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza la prueba documental que acompaña la responsable a su informe. Ahora bien, de autos se advierte, que mediante escrito de demanda presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Quinto, Sexto y Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta Ciudad de Celaya, el día seis de septiembre de dos mil diecinueve, y turnado a este Juzgado Federal el mismo día, ***, demandó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión; mediante proveído de nueve de septiembre de dos mil diecinueve se admitió a trámite la demanda de amparo, teniéndose como autoridad responsable al Agente del Ministerio Público de Acámbaro, Guanajuato; actos que hizo consistir en la falta de determinación dentro de la averiguación previa número ***. Lo cual consideró violatorio del artículo 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. Ahora bien, de las constancias que integran el Juicio de Amparo en que se actúa, y de las que acompañó la responsable a su informe justificado, se advierte que con fecha diez de octubre de dos mil diecinueve, el Jefe de Unidad de Tramitación Común zona "C" de la Fiscalía Regional "C" resolvió la averiguación previa número *** del índice de la Agencia del Ministerio Público de Acámbaro, Guanajuato en el que determinó el No Ejercicio de la Acción penal de dicha indagatoria. De lo anterior, se concluye que han cesado los efectos de la omisión atribuída a la responsable relativo a la falta de determinación de la averiguación previa *** del que se duele la quejosa, puesto que la responsable remitió las constancias donde se acredita que con fecha diez de octubre de dos mil diecinueve el Jefe de Unidad de Tramitación Común zona "C" de la Fiscalía Regional "C" resolvió la averiguación previa número *** del índice de la Agencia del Ministerio Público de Acámbaro, Guanajuato en el que determinó el No Ejercicio de la Acción penal de dicha indagatoria. Por lo anterior, el suscrito juzgador considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, que señala: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en diversos criterios jurisprudenciales, que para actualizarse la causal de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no basta que la autoridad responsable revoque el acto que se le reclama, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, lo que en el presente caso aconteció, pues ya se determinó la averiguación previa **; de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la Protección Federal, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del solicitante del amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirven de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. XLIX/98 y 2ª. XLVIII/98, sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomos VIII y VII, del meses de abril de 1988 y 1998, visibles, respectivamente, en las páginas 242 y 241, que son del siguiente tenor: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad. También resultan aplicables las tesis de Jurisprudencia 2a./J.9/98 y la aislada P. CL/97, de la Segunda Sala y del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en los Tomos VIII y VI, correspondientes, respectivamente, a los meses de Febrero de 1998 y Noviembre de 1997, consultables en las páginas 210 y 71, del siguiente contenido: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Por tanto, resulta incuestionable que al haber cesado en sus efectos el acto reclamado ( la falta de determinación de la averiguación previa 7040/2015), se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 Constitucionales. En dicha tesitura, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio de amparo, en apego a lo estatuido por el ordinal 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Además, no causa ningún agravio a la quejosa ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta, e indudable de improcedencia del Juicio de Amparo, como lo es la que se estudia en el presente auto, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda consecuencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Corolario de lo anterior, resulta aplicable en lo conducente, la tesis de jurisprudencia en Materia Común, número I.7o.P. J/3, publicada en la página 1600, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, que reza: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional. En la inteligencia de que las Tesis invocadas en el presente asuntos son aplicables de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, dado que su contenido no se opone en lo substancial a la nueva ley. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada por auto de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se encontraba programada para las nueve horas con cuatro minutos del diecisiete de octubre del presente año, , por los razonamientos anteriores. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 217 y demás relativos de la nueva Ley de Amparo se resuelve: RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente Juicio de Amparo número 815/2019-VII.1 promovido por ***, por el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, como quedó precisado en párrafos precedentes y por las consideraciones relatadas con anterioridad.

  3. Principal

    ESTADO DE AUTOS. Vistos los presentes autos, se advierte que aún no obra el informe justificado solicitado a la autoridad responsable AGENTE ÚNICO DEL MINISTERIO PÚBLICO DE ACÁMBARO, GUANAJUATO, por tanto, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL programada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que la misma tenga verificativo.

  4. Principal

    Vista la demanda de cuenta suscrita por ***, por propio derecho, mediante la cual solicita el amparo y protección de la justicia federal, contra actos que reclama al Titular de la Agencia Única del Ministerio Público de Acámbaro, Guanajuato, por considerar violado el artículo 20 de la Carta Magna. La quejosa reclama la falta de determinación dentro de la averiguación previa número 7040/2015. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112, 115, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, SE ADMITE la demanda por el Agente del Ministerio Público de Acámbaro, Guanajuato. Sin perjuicio que del contenido del informe justificado que rinda la autoridad responsable antes señalada, se advierta la participación de alguna otra autoridad, en cuyo caso se acordará lo que en derecho proceda, otorgándole al quejoso la debida oportunidad para que en su caso amplíe la demanda de amparo acorde a la ley de la materia. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 815/2019-VII.1, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal. En la inteligencia de que el Sistema Electrónico y la utilización de firma electrónica para consulta y uso para las partes, se implementará una vez que la Suprema Corte, el Tribunal Electoral, por conducto de su Sala Superior o de su Comisión de Administración, según corresponda, y el Consejo expidan la normativa aplicable, en el ámbito de su competencia, relacionada con los certificados digitales que emitirán, así como con los expedientes electrónicos que integrarán, a partir de las bases establecidas en el Acuerdo General Conjunto número 1/2013 y 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Pídase a la autoridad responsable su informe justificado que deberá rendir dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio por el que se le solicita; sin embargo, deberá de tomar en consideración el artículo 25 1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que a la letra dice: Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Por lo que si el asunto que nos ocupa no tiene mayor complejidad, se sugiere rendir su respetivo informe justificado con inmediatez, para privilegiar el juicio de amparo como el recurso sencillo y rápido a que tiene derecho toda persona. Apercibida que de ser omisa en rendir éste, se les impondrá multa de conformidad con el artículo 237, fracción I, de la citada Ley de Amparo. Se señalan las NUEVE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para llevar a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; ello de conformidad con el numeral 115 de la legislación invocada, atendiendo a la carga de trabajo de este Juzgado Quinto de Distrito, así como privilegiando la impartición de justicia en forma pronta y dentro de los plazos establecidos para ello. De conformidad con el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término que se les concede para rendir su informe justificado, remitan copia certificada LEGIBLE de la totalidad de las constancias tomadas en consideración para la emisión del acto reclamado, o bien, manifieste el impedimento que tiene para ello, apercibida que de no hacer manifestación alguna se le impondrá multa en términos del numeral 237, fracción I, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. De igual manera, se ordena requerir a la autoridad responsable, para que en términos de lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, informe de inmediato a este órgano de control constitucional, si durante el trámite del presente juicio de amparo, se llegare a presentar alguna causa notoria que diera lugar a decretar el sobreseimiento en el mismo, en especial si por cualquier circunstancia se da un cambio de situación jurídica, acorde con lo establecido por la fracción XVII, del numeral 61, del mismo ordenamiento legal; bajo el apercibimiento que de no cumplir con la anterior obligación, se le impondrá multa de conformidad con el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo. Sin que resulte necesario tramitar incidente de suspensión, dado que no fue solicitado por la promovente. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde. No se tiene como tercero interesado a Rubén Alfaro Tapia, dado que del contenido de la demanda, no se advierte que tenga injerencia en el acto que se le reclama a la responsable. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma acoge el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias. Téngase como pruebas de parte del promovente, las documentales que adjunta a su escrito de demanda, las cuales se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas con posterioridad, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo vigente. Tomando en consideración que la promovente señala los estrados para recibir notificaciones personales, siendo que éstos no constituyen un domicilio propiamente dicho (hasta en tanto se haga señalamiento al respecto como lo indica el artículo 27 fracción I, de Ley de Amparo) la notificación de este auto y las subsecuentes que tengan ese carácter, practíquense por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, conforme a las reglas que al efecto establece el diverso numeral 29, de la Ley citada (publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece); y como autorizados de su parte en términos restringidos, con apoyo en artículo 12 de la Ley de Amparo vigente, a los licenciados ***, en razón de que no tienen registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante este Órgano Jurisdiccional.

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