Ma. Asunción Lomelí Bañuelos

Expediente 443/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
443/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
24/03/2023

Partes del expediente

  • Ma. Asunción Lomelí Bañuelos

Actuaciones

  1. Principal

    . TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Se recibe oficio. Téngase por recibido el oficio telegráfico que remite la Encargada de la Dirección de la Estación Migratoria Siglo XXI, adscrita a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula, por el que en atención a los oficios 2690/2023 y 9878/2023, de veintitrés de enero y ocho de marzo del año en curso, comunica que esa autoridad migratoria en múltiples ocasiones ha prestado el patio de ese recinto migratorio, a efecto de que autoridades de esa naturaleza de todo el país, ejecuten las resoluciones de los procedimientos administrativos migratorios (retorno asistido, deportaciones u órdenes de salida), según sea el caso que éstas determinen; además, de auxiliarles, en el trasbordo o proporcionando alimentos, o bien, solamente brindando el espacio para realizarlos. No siendo alojadas ni puestas a disposición de esa estación migratoria, como tampoco se reciben documentos generados por la estancia migratoria de origen o ejecutante. Por otro lado, manifiesta que si bien el Director de la Estación Migratoria de la Ciudad de México, comunicó que los extranjeros quejosos fueron trasladados a esas instalaciones, únicamente se brindó apoyo en prestar las instalaciones, para que se realizaran las diligencias con los aludidos quejosos; sin que en ningún momento se haya intervenido en la ejecución de la resolución emitida en un procedimiento administrativo migratorio (PAM), aperturado por la estación migratoria de Tepic, Nayarit. De ahí que refiera que, será ante las autoridades migratorias de origen (Tepic, Nayarit) o ejecutante (Ciudad de México), donde obren los acuses de notificación realizadas a los extranjeros quejosos respecto de la resolución administrativa, la fecha en que les fue practicada, así como si se les dio salida de sus instalaciones con la finalidad de que abandonaran por sus propios medios el país, otorgándoseles un plazo para que cumplieran con esa determinación. Consecuentemente, agréguese a sus autos el mensaje telegráfico de cuenta y téngasele a la autoridad oficiante desahogando el requerimiento de que fue objeto en las misivas previamente mencionadas. Se deja sin efectos multa. De ahí que entonces, se ordene dejar sin efectos la ejecución de la multa que se ordenó hacer efectiva a la autoridad oficiante por auto de ocho de marzo de la presente anualidad. Domicilio y delegados. Sin que haya lugar a tener por señalados como domicilio y delegados a la autoridad promovente, toda vez que forma parte procesal dentro del juicio en que se actúa. Requerimiento. Luego, toda vez que resulta necesario para la prosecución del juicio de amparo en que se actúa, consistente en la ratificación de la presentación de la demanda de amparo, saber la ubicación actual de los extranjeros indocumentados Carlos Alberto Avalos Hernández, Vladimir Alexander Ranzoli Cabrera y Liusder García Navarro, o bien, si como se dijo éstos dieron cumplimiento a la resolución administrativa de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós y salieron del país. Entonces, de conformidad con lo establecido en los dispositivos 75 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su ordinal 2°, requiérase al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Nayarit y Director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la Oficina de Representación en la Ciudad de México, a efecto de que dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir del siguiente al en que surta efecto la notificación del presente proveído, remitan la información precisada en el párrafo precedente. De igual manera, se les requiere para que dentro del lapso antes mencionado, remitan copia certificada, legible, rubricada y enumerada de las constancias de la resolución de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, emitida dentro del procedimiento administrativo migratorio con respecto a los extranjeros quejosos Yailee Batista Parra, de su hijo menor de edad de iniciales "A.J.L.B.", así como de Alexey Leyva López, Daviel Maqueira Rey, Yailee Rey Reinoso, Carlos Alberto Avalos Hernández, Vladimir Alexander Ranzoli Cabrera y Liusder García Navarro, así como las notificaciones relativas a esa determinación; toda vez que las mismas resultan necesarias para la prosecución del presente juicio de amparo. Apercibimiento. Se apercibe a las citadas autoridades que de no dar cumplimiento a lo anteriormente requerido sin causa justificada, se les impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización de conformidad con el dispositivo 259, en relación con el 237, fracción I de la Ley de Amparo. Cobra aplicación al respecto, la Jurisprudencia 363, sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trecientos nueve, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a dos mil, cuyo contenido versa al tenor siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto". Asimismo, en la Tesis I.13o. A. 1.K emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página mil ciento trece, Tomo XIII, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, abril de dos mil uno, que a la letra señala: "PRUEBAS. LA OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE AMPARO DE RECABARLAS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO SE LIMITA A LAS QUE SE HUBIEREN RENDIDO ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, SINO QUE EXISTE OBLIGACIÓN DE RECABAR AQUELLAS QUE SE HAYAN TOMADO EN CUENTA PARA LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la interpretación lógica y sistemática del artículo 78 de la Ley de Amparo, en relación con el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprende que en tratándose de actos que no constituyan resoluciones recaídas a procedimientos en los que los particulares hayan tenido la obligación o la posibilidad de rendir pruebas, la primera disposición citada debe ser entendida como el deber por parte del Juez de Distrito, de recabar todas las pruebas que obren en poder de la responsable y que hayan sido tomadas en cuenta para la emisión del acto reclamado, o bien, aquellas en las que consten los efectos del mismo, sin que lo anterior deba entenderse como una suplencia de la queja, ya que, por un lado, subsiste para el quejoso la carga de la prueba acerca de la existencia del acto reclamado, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, y por otra, una vez que el juzgador cuente con todos los elementos que guarden relación con el acto reclamado, éste deberá analizarse estrictamente a la luz de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, salvo que se esté en alguno de los supuestos del artículo 76 bis de la ley de la materia. De no ser así, dicha disposición carecería de eficacia legal en todos aquellos casos en los que el acto reclamado no se hubiera emitido con base en pruebas aportadas por el quejoso a la autoridad, dificultando con ello la debida apreciación del acto reclamado, lo cual constituye el propio fin del juicio de garantías". NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el secretario Ecsar Edgardo Alarcón Dimas que autoriza y da fe. William

  2. Principal

    Tepic, Nayarit, diez de marzo de dos mil veintitrés. Admisión recurso de revisión. Téngase por recibido el comunicado de cuenta firmado electrónicamente por la Actuaria Judicial del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad y anexos, mediante el cual comunica el auto de ocho del mes actual, del que se advierte que se admitió el recurso de revisión interpuesto por el Director General Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en representación del recaudador de rentas dependiente de dicha secretaría, contra la resolución pronunciada el diecinueve de enero del año en curso, en el juicio de amparo 2156/2022, del índice de este Juzgado de Distrito; revisión que se registró con el número 341/2023. Agréguese para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

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