Ma. Asunción Bueno López

Expediente 1322/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 15 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1322/2019
Año
2019
Actuaciones
15
Última actuación
10/11/2020

Partes del expediente

  • Ma. Asunción Bueno López
  • Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este juzgado federal el veinticuatro de febrero del año en curso, la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de veinticinco de febrero de la presente anualidad, se dio vista a la parte agraviada para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, por sentencia terminada de engrosar dentro del presente sumario constitucional, el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, se determinó por una parte, sobreseer y por otra, conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para los efectos siguientes: "[.] En esa tesitura, se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que: 1. Los artículos 22, fracción I, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el costo por inscripción de documentos, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sea desincorporado de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus competencias, devuelva a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de ******************** por concepto de inscripción de documento público, con sustento el artículo 22, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional. Remanente que debe calcularse en función de la erogación realizada por el quejoso, acreditada mediante la impresión del formato de pago expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, no realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida; en consecuencia, deberá hacer la devolución del pago que realizó la parte quejosa, por los impuestos referidos en relación al pago que efectuó la parte quejosa sólo respecto de lo que erogó por el concepto de inscripción de documento público o privado. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarlo de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $290.00 (Doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece la fracción I, del artículo 22 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. [.] 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto [.]". Inconforme con dicha resolución, el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, en representación del Recaudador de Rentas, interpuso recurso de revisión contra la misma. Sin embargo, por ejecutoria emitida el veintitrés de enero del año en curso, por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, dentro del amparo en revisión número 973/2019, desechó por improcedente el medio de impugnación interpuesto. En ese tenor, seguido el juicio por sus demás trámites, mediante oficio presentado veinticuatro de febrero de la presente anualidad, la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, adjuntó copia del cheque generado el catorce de febrero del año en cita, a nombre de la quejosa ******************** y del que se advierte que devolvió la cantidad de ********************, a la promovente del amparo con su actualización fiscal respectiva. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $********************menos el monto de ******************** relativo a la cuota fija mínima establecida para la inscripción de documento público o privado, da como resultado un total de ********************, cantidad sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada. Ahora, a fin de evidenciar que la citada suma se encuentra actualizada, se atiende a que, de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, establece que debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve y el catorce de febrero del año en curso, se generó el cheque número ********************por concepto de devolución de lo erogado. Por lo que el período de actualización comprende del mes de abril de dos mil diecinueve al mes de enero del año en curso. Luego, el factor de actualización, debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de abril del año próximo pasado entre el índice para el mes de enero del año actual (al ser los meses inmediatos anteriores de los del período involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de abril de la anterior anualidad fue de 103.531; y para el mes de enero del presente año de 106.447. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0281654. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad a devolver ********************, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, ********************; luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente a devolver ********************, se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de ******************** Así de las constancias que obran en autos, se aprecia que la responsable de que se trata devolvió a la promovente del amparo ********************; es decir, en exceso $********************, pero dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la mínima diferencia, a nada práctico conduciría reintegrarla. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el artículo 18, fracción I, inciso b, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de amparo por una parte se sobreseyó y por otra, se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el oficio signado por el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual comunica que el Magistrado Presidente de dicho Órgano, admitió el recurso de revisión interpuesto por el Director Jurídico Contencioso de la Dirección General Jurídica, en representación del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, contra la resolución pronunciada el dieciocho de octubre del año en curso, en el juicio de amparo 1322/2019 del índice de este Juzgado; revisión que se registró con el número 973/2019. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación que antecede, de la cual se advierte que el presente juicio de amparo, se encuentra debidamente integrado y como está ordenado en proveído de siete de noviembre del año en curso (foja 123), remítanse los autos originales del juicio de amparo 1322/2019, promovido por Ma. Asunción Bueno López, contra actos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley de Amparo, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto por el Director Jurídico Contencioso dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, en representación del Recaudador de Rentas, contra la sentencia dictada el dieciocho de octubre del año en curso (fojas 90 a 108).

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el libelo signado por el Director Jurídico Contencioso dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, a través del cual interpone recurso de revisión en representación del Recaudador de Rentas, contra la sentencia terminada de engrosar el dieciocho de octubre del año en curso (fojas 90 a 108); luego, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la actual Ley de Amparo, téngase por interpuesto tal medio de impugnación. Por otra parte, en cuanto a la obligación que impone a los Jueces de Distrito los ordinales 84 y 89, ambos de la Ley de Amparo en comento y de acuerdo a las características del caso concreto, conllevan a sostener que la tramitación y resolución del recurso que se promueve en el presente sumario, en contra de la resolución dictada en este juicio constitucional es competencia del Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad. En las relatadas condiciones, con sustento en el arábigo 89 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes, la instauración del presente recurso de revisión, distribúyanse entre las mismas copia del escrito de agravios y una vez que el expediente en que se actúa se encuentre debidamente integrado, remítase el mismo dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que haya quedado debidamente integrado, junto con el original del escrito de agravios, al Órgano de Control Constitucional competente y al efecto, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, en el que continuarán todas las actuaciones correspondientes. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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