Ma. Ascención Herrejón Rodríguez
Expediente 345/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 345/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ma. Ascención Herrejón Rodríguez
- Bulmaro Flores Calderón
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de abril de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. CUMPLE PREVENCIÓN. Téngase por recibido el escrito signado por Daniel Reyes Cázares, apoderado legal de Ma. Ascención Herrejón Rodríguez, Bulmaro Flores Calderón, José Luis Flores Calderón y Marivel Flores Calderón, por medio del cual cumple con la prevención formulada mediante proveído de veintitrés de abril pasado, y precisa su nombre, el cual fue señalado de forma incorrecta en el auto de prevención; en consecuencia, provéase lo conducente. SE DESECHA DEMANDA. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se desprende que Ma. Ascención Herrejón Rodríguez, Bulmaro Flores Calderón, José Luis Flores Calderón y Marivel Flores Calderón, a través de su apoderado jurídico Daniel Reyes Cázarez, reclaman del Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad: La sentencia interlocutoria de nueve de abril de dos mil veintiuno, que declaró improcedente el incidente de litisconsorcio pasivo necesario que promovieron dentro del juicio sumario civil 861/2020 que sobre interdicto de suspensión de obra nueva, promovió Gildardo Olalde y/o Gildardo Olalade Soria y/o Gildardo Olade Soria, frente a las ahora quejosas. Para una mayor comprensión del presente asunto, resulta necesario realizar una breve narrativa de antecedentes del acto, que bajo protesta de decir verdad formula el promovente: Ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, Gildardo Olalde y/o Gildardo Olalade Soria y/o Gildardo Olade Soria, presentó demanda en la vía sumaria civil sobre interdicto de suspensión de obra nueva en contra de las aquí quejosas, quedando registrada bajo el número 861/2020, misma que admitió el ocho de enero de dos mil veintiuno. El veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, fueron emplazados a juicio Ma. Ascención Herrejón Rodríguez, Bulmaro Flores Calderón, José Luis Flores Calderón y Marivel Flores Calderón. El uno de marzo del año en curso, dieron contestación de demanda ad cautelam, promoviendo incidente de litisconsorcio pasivo necesario, el cual se admitió el tres del mismo mes y año, apersonándose juicio Ma. Ascención Herrejón Rodríguez. El cinco del mes y año citados, se apersonó Daniel Reyes Cázarez el apoderado jurídico de los peticionarios de amparos, reconociéndole el carácter el ocho siguiente. Posteriormente, el doce de marzo de la anualidad en curso, Gildardo Olalde y/o Gildardo Olalade Soria y/o Gildardo Olade Soria, dio contestación y objetó la incidencia planteada, por lo que se ordenó dar vista a las partes para formular alegatos. Por lo que el nueve de abril de dos mil veintiuno, el Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil, declaró improcedente el incidente de litisconsorcio pasivo. Resolución que constituye el acto reclamado. Ahora bien, como lo dispone el artículo 113 de la Ley de la Materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Se estima que en el caso se verifica de manera manifiesta e indudable la hipótesis a que se refiere el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo. De la intelección de tales preceptos se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se promueve contra actos que, dictados en juicio, no producen efectos de imposible reparación. El concepto de irreparabilidad está definido por la propia norma e interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio solo tienen ejecución de imposible reparación, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no es susceptible de reparar con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreparablemente la violación del derecho fundamental de que se trate; b) En contraposición, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, aun cuando puedan calificarse como de grado predominante o superior, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En ese contexto, un acto intraprocesal tiene una ejecución de imposible reparación cuando causan un perjuicio material a los derechos fundamentales del quejoso de forma tal que el daño no puede enmendarse aunque se obtenga una decisión favorable; como ejemplo se citan el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos, arresto, entre otros, sujetos también a las reglas previstas para el principio de definitividad. En efecto, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la resolución de nueve de abril de dos mil veintiuno, pronunciada por el Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, que declaró improcedente el incidente de litisconsorcio pasivo necesario dentro del juicio sumario civil 861/2020. Por lo tanto esa actuación, al margen de que se hubiese dictado ilegalmente, virtud a que esas violaciones en las que se hubiera podido incurrir solo constituirían transgresiones procesales, éstas pueden verse subsanadas si la parte quejosa al resolverse el fondo de la controversia obtiene un fallo favorable a sus intereses. En el caso a estudio no exista alguna situación que sea de imposible reparación ya que con la emisión del acto reclamado no se vulneran derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal o en tratados internacionales de los que el Estado mexicano, como son la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos; su demanda de amparo resulta improcedente. Apoya lo anterior la tesis II.1o.C.4 K (10a.) de rubro y texto: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA EL PROVEÍDO QUE DETERMINA QUE NO SE ACTUALIZA DICHA INSTITUCIÓN, CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a. /J. 169/2012 (10a.)]. De conformidad con el artículo 107, fracción V, de la referida ley, el juicio de amparo indirecto procede "contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte", esto es, en dicho precepto se define el concepto de ese tipo de actos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar algunos de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados constitucional y convencionalmente, como son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, cuyos efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien sufre la afectación obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Ahora bien, el litisconsorcio pasivo necesario se actualiza cuando hay necesidad de que dos o más demandados tengan intervención en el proceso, en virtud de que la cuestión litigiosa la constituye cierta relación jurídica en la que aquéllos están interesados en forma indivisible y que, por ello, no admite resolverse por separado sin audiencia de todos ellos y en un mismo juicio, pues la sentencia que se dicte les puede deparar perjuicio, esto es, el objetivo de que exista dicha institución se concreta en que sólo pueda haber una sentencia válida cuando se llama a todos los litisconsortes, pues no sería posible condenar a una parte, sin que la condena alcanzara a la otra y, precisamente, por esa teleología, el litisconsorcio pasivo necesario constituye un presupuesto procesal que incluso debe analizarse de oficio por el juzgador. Así pues, se considera que la resolución que confirma la diversa por la cual se determina que no se actualiza el litisconsorcio pasivo necesario solicitado por el demandado, es una violación procesal que debe ser reclamable hasta que se dicte el fallo definitivo, a través del juicio de amparo directo, porque no constituye un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues los actos de ejecución de esta resolución son reparables, y sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, cuyas consecuencias se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. No es óbice a lo considerado la jurisprudencia 2a./J. 169/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Tomo 2, enero de 2013, página 1230, de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN EL JUICIO LABORAL. LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA QUE DETERMINA QUE NO SE ACTUALIZA DICHA INSTITUCIÓN ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO.", pues dicho criterio se considera inaplicable en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, debido a que se integró conforme a la ley de la materia vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, en donde se interpretaba el artículo 114, fracción IV, el cual no establecía lo que debía entenderse como un acto de ejecución de imposible reparación, mientras que en la ley vigente, el legislador decidió delimitar los alcances de ese término sólo para comprender los derechos sustantivos; además, si bien es cierto que en la jurisprudencia invocada se acepta que la figura del litisconsorcio pasivo necesario no sólo trasciende a aspectos procesales, sino que se extiende a la relación sustancial, también lo es que no se establece concretamente que se vulnere materialmente algún derecho sustantivo, por lo cual ya no resulta aplicable, al oponerse a la nueva legislación." A diferencia de la Ley de Amparo de mil novecientos treinta y seis, en su artículo 114, fracción IV, la vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, sí establece qué actos son de imposible reparación; a saber, aquéllos que afectan derechos sustantivos. Bajo ese panorama, las violaciones procesales ya no son factibles de combatirse a través del juicio de amparo indirecto, ya que éstas no son de ejecución irreparable, entendiéndose como tal la vulneración de derechos sustantivos, con una clara exclusión de los de naturaleza procesal. Luego, si tratándose de actos emitidos dentro de juicio, la Ley de Amparo prevé en diversos artículos las reglas que deben observarse en el caso de amparo indirecto como en el directo, entonces debe estarse a las establecidas en cada uno de ellos. Lo anterior en virtud que no es válido ni jurídico realizar una interpretación para ampliar o variar en cualquier forma tal disposición legal, ni debe hacerse algún ejercicio de interpretación en búsqueda de un significado que sin duda, ya fue asignado por el legislador, sin permitir más connotación que la literal. Por las razones que contiene, es aplicable la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Página: 39, Décima Época, que a continuación se cita: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P. /J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P. /J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En ese tenor, las violaciones procesales que sólo produzcan una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, ya que tal instancia se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, de entre los que no se encuentra el acto que por esta vía se combate. No pasa inadvertido que la jurisprudencia 1a./J. 106/2004 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Enero de 2005, Página: 199, Novena Época, de rubro "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DEJA INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLO, ES UN ACTO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", no es aplicable al caso, dado que se opone al contenido de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, de conformidad con el artículo sexto transitorio de dicho ordenamiento, dado que en la ley vigente el legislador decidió delimitar los alcances del término "acto de ejecución de imposible reparación" sólo para comprender los derechos sustantivos. Esto es, se excluye el concepto de grado predominante (afectación) tratándose de violaciones procesales, sin que se afecten derechos sustantivos. De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que SE DESECHA la presente demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, con el objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.KOA/JPG/gchh
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Causa ejecutoria sentencia. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no impugnaron dentro del plazo legal la sentencia dictada en el presente juicio el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, en la que se le negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a las quejosas; por lo que, con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el asunto como definitivamente concluido. Valoración del amparo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 14 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que se negó la protección constitucional, se determina que el presente sumario es susceptible de DEPURACIÓN. Destino del expediente (depuración, principal). Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que, dentro de los siguientes noventa días, lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General antes citado. Valoración del incidente de suspensión. Con fundamento en los artículos 14 y 18, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que se concedió la medida cautelar solicitada, se determina que los autos originales del incidente de suspensión son susceptibles de DEPURACIÓN. Destino del original del incidente y transferencia. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión, su incumplimiento y el proveído que acuerde sobre su archivo como asunto concluido. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante, en conjunto con el expediente principal, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. Destino del duplicado del incidente. Ahora, por lo que ve al duplicado del cuadernillo incidental, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo su destrucción, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado; ello, siempre y cuando exista el expediente original. Documentos irrecuperables. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos; apercibidos de que, en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Miguel Ángel Ramírez Argüello, secretario que autoriza y da fe.
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