Ma. Angelina Cuin Martínez
Expediente 639/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 22 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 639/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 09/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ma. Angelina Cuin Martínez
- Director del Hospital General Dr. Miguel Silva (Hospital Civil de Morelia)
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Efectos del fallo protector. De los autos se desprende que mediante sentencia dictada el treinta de junio de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ********************, para los efectos siguientes: "Proporcionar de manera pronta, gratuita y completa la atención médica y tratamiento correspondiente, así como los medicamentos necesarios derivados del padecimiento clínico con el cual sea diagnosticada la quejosa, los que en su demanda de amparo señaló como insuficiencia renal crónica." Misma que causó ejecutoria mediante auto de veintisiete de julio de dos mil veintitrés. 2. Actos llevados a cabo en cumplimiento del fallo protector. Mediante oficio presentado el cuatro de agosto de dos mil veintitrés, el apoderado jurídico remitió las constancias que acreditan la atención médica brindada a la parte quejosa en julio de dos mil veintitrés, así como el contrato abierto de compraventa y prestación de servicios por licitación pública por medios de identificación electrónica número CADPE-EM-LPE-028/2023-1, que acredita la contratación de terapias sustitutivas renales extracorpóreas (hemodiálisis), así como la orden de pedido por el importe mínimo de $23´472,484.00 (veintitrés millones, cuatrocientos setenta y dos mil, cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional) y como importe máximo $58´661,210.00 (cincuenta y ocho millones, seiscientos sesenta y un mil, doscientos diez pesos 00/100 moneda nacional). Por comunicados presentados el quince y treinta y uno de agosto, así como siete de septiembre de dos mil veintitrés, el apoderado jurídico de las autoridades responsables Secretaría de Salud de Michoacán y Servicios de Salud de Michoacán, por sí y en cuanto a superior jerárquico del Director del Hospital General "Dr. Miguel Silva", de esta entidad federativa, remitió hojas de control del Grupo Integral de Atención Neufrológica, con asiento en Pátzcuaro, Michaocán, de las que se advierte que el quejoso recibió sesiones de hemodiálisis en los meses de junio, julio y agosto. Por su parte, el Director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica del Despacho del gobernador -en representación de éste, en calidad requerida por ser superior jerárquico de las responsables-, mediante comunicado presentado el seis de septiembre del año en curso, informó que giró oficio ********************, dirigido al Secretario de Salud de esta entidad federativa, por medio del cual le solicitó cumpliera con la ejecutoria de amparo, documento en que consta un acuse de recibo de cinco del mismo mes y año en cita. 3. Conclusión. En tales circunstancias, por lo anteriormente señalado, queda evidenciado que las autoridades responsables, cada una en sus respectivas esferas de competencia, restituyeron al solicitante del amparo en el pleno goce de su derecho fundamental violado; toda vez que de las constancias anexas es posible advertir que han prestado de forma periódica servicios de hemodiálisis de forma subrogada y gratuita en favor de ********************, asimismo, le han hecho entrega del medicamento correspondiente, lo anterior, con la finalidad de atender sus padecimientos de insuficiencia renal. En consecuencia, se declara cumplida la sentencia de amparo sin exceso o defecto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al margen de lo anterior, se determina que el pronunciamiento que en este momento se realiza de ninguna manera significa que las autoridades responsables queden eximidas en lo subsecuente de continuar salvaguardando en favor del quejoso el derecho de recibir la atención médica gratuita adecuada para contrarrestar los padecimientos que le fueron diagnosticados, así como de continuar entregándole los medicamentos que le sean prescritos. Ello, toda vez que el deber impuesto a las autoridades responsables de restituir en el pleno goce de los derechos fundamentales al peticionario del amparo, no se extingue por el hecho de que se termine la supervisión de la ejecutoria por parte de este órgano jurisdiccional, pues la observancia de tal prerrogativa no depende del pronunciamiento mediante el cual se declare cumplida, ya que las autoridades quedan sujetas a la observancia de la sentencia amparadora a pesar de este pronunciamiento; por tanto, quedan obligadas a continuar proporcionando a la impetrante de garantías, dicho tratamiento de manera ininterrumpida, completa y gratuita. Además, la quejosa tiene derecho de solicitar en todo momento la prestación de salud oportuna, a fin de que sea valorada y se le proporcione el tratamiento médico correspondiente. 4. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye a la secretaría encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en medios electrónicos. 5. Valoración. En términos del artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -en adelante Acuerdo General-, el presente asunto es de CONSERVACIÓN ÍNTEGRA. 5.1. Transferencia. Por otra parte, con apoyo en los artículos 17 y 26 del mencionado acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años, con apoyo de la Administración Regional del edificio sede de este órgano jurisdiccional, transfiérase al depósito documental que el área coordinadora de archivos haya designado para tal efecto. 6. Incidente de suspensión, valoración. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, virtud a que no se tramitó incidente de suspensión. 7. Documentos originales. En términos del artículo 19 del citado acuerdo, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidas que de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. 8. Constancia. Como lo establece el ordinal 34, párrafo segundo, del Acuerdo General, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Citlali Linda Fraga Salcedo.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Manifestaciones de la autoridad vinculada. Agréguese el oficio de cuenta, signado por el Director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica del Despacho del Gobernador del Estado de Michoacán con sede en esta ciudad, en representación del Gobernador del Estado de Michoacán; a través del cual, informa que envió el oficio CJDG/DACL/3129/2023, por el que requirió a la Secretaría de Salud en el Estado de Michoacán, para que se avoque a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, anexando constancia para acreditar su dicho; mismo que se ordena agregar a los autos sin mayor acuerdo, en virtud de que por auto de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes con el cumplimiento a la ejecutoria. Sin que de momento haya lugar a calificar el cumplimiento de la ejecutoria dictada en este juicio, toda vez que, como se aprecia de la certificación que antecede, aún no transcurre la vista de tres días que se le concedió a las partes para tal efecto, en auto de ocho de septiembre del año en curso. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Víctor Hugo Alonso Cendejas.
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Superior Jerárquico Informa. Visto lo de cuenta, agréguese el oficio signado por el Director de Asuntos Constitucionales y Legales, de la Consejería Jurídica del Despacho del Gobernador del Estado de Michoacán, mediante el cual en acatamiento al requerimiento realizado por este juzgado, informa que giró oficio al Secretario de Salud en el Estado de Michoacán, requiriéndolo para que en el ámbito de su competencia, se avoque a cumplir con lo ordenado dentro del presente juicio de amparo, debiendo informar a este órgano jurisdiccional y a esa Consejería las gestiones realizadas. Ahora, no pasa inadvertido que en auto de quince, veinticuatro y treinta y uno de agosto del presente año, de igual forma se le tuvo informando que requirió a su subordinada el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, para lo cual anexó los acuses de once, veintiuno y veintinueve de agosto del año en curso; sin embargo, lo cierto es que a la fecha no ha informado la respuesta obtenida a dichos requerimientos, dado que se advierte que solo se ha limitado a exhortar a las responsables a cumplir con la ejecutoria, sin vigilar y cerciorarse de que efectivamente se estén realizando actos encaminados a cumplir con el núcleo del fallo protector; lo anterior, aunado a que como se puede advertir de la certificación de cuenta las autoridades responsables a la fecha no han dado total cumplimiento con la sentencia emitida en autos. Lo anterior, ya que no basta que sólo informe a de este juzgado que giró las indicaciones correspondientes para que las responsables cumplan con la ejecutoria de amparo, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de la sentencia protectora de derechos humanos; sino que es necesario que demuestre haber hecho uso de todos los medios a su alcance a fin de constreñir al debido cumplimiento de la ejecutoria de amparo, de no hacerlo así se hará acreedor a las mismas sanciones que corresponden a las obligadas a cumplir que se tilden como renuentes. Ello es así, pues no debe perder de vista que su actuar debe implicar el despliegue de todas las atribuciones que tenga a su alcance para gestionar y obtener el cumplimiento de la sentencia y no solamente como una autoridad recordatoria e insistente, ya que su intervención debe ir más allá, precisamente porque se encuentra sujeta a las mismas obligaciones y sanciones en caso de no demostrar que realizó todo lo posible para vencer la renuencia de su subalterna. Ello es así, pues no debe perder de vista que su actuar debe implicar el despliegue de todas las atribuciones que tenga a su alcance para gestionar y obtener el cumplimiento de la sentencia y no solamente como una autoridad recordatoria e insistente, ya que su intervención debe ir más allá, precisamente porque se encuentra sujeta a las mismas obligaciones y sanciones en caso de no demostrar que realizó todo lo posible para vencer la renuencia de su subalterna. 4. Se requiere. Por tanto, requiérase nuevamente al superior jerárquico de las autoridades responsables para que en el plazo de tres días computado legalmente informe a este Juzgado Federal el resultado del requerimiento que le hizo a su subordinada. 4.1. Apercibimiento a superior jerárquico. Apercibida dicha autoridad que, de no cumplir, le será impuesta una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a $********************.), en términos de los artículos 237, fracción I y 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al PROCEDIMIENTO DE INEJECUCIÓN establecido en el citado numeral 193 de la ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Víctor Hugo Alonso Cendejas.
- Principal
Morelia, Michoacán, uno de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Autoridad informa. Agréguese a los autos el oficio signado por la apoderada jurídica de las autoridades responsables Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud de Michoacán, por sí y en cuanto superior jerárquico del Hospital General de "Doctor Miguel Silva", mediante el cual informa lo siguiente: -Que sus representadas celebraron el contrato de licitación pública número ********************de treinta y uno de mayo del año en curso, con la moral "********************"; -Asimismo, hace del conocimiento que la impetrante recibe su tratamiento dos veces por semana en una clínica cercana a su domicilio, esto es, en la clínica privada "********************", en la localidad de ********************, adjuntando la bitácora de asistencia signada por la parte quejosa de la cual se desprende las sesiones que le fueron otorgadas durante los meses de junio, julio y hasta el catorce de agosto del año en curso. 2. Requerimiento. En tales condiciones, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del término de tres días, contando a partir de que reciban la notificación que del presente acuerdo se realice, realicen lo siguiente: -Remitan las constancias con las que se acrediten que brindaron las sesiones de hemodiálisis a la quejosa en el periodo comprendido del quince al treinta y uno de agosto del año en curso, pues de las constancias que adjuntan a su oficio de cuenta se aprecia que la última sesión que brindaron a la promovente fue el catorce de agosto del presente año. Haciéndose la aclaración en el sentido que, no por el hecho de solicitarse dichas constancias por el periodo aludido, ello las exime a que en un futuro continúen cumpliendo los efectos del fallo protector, en virtud que el padecimiento de la quejosa es crónico degenerativo. Esta precisión se realiza con el propósito de delimitar los alcances del fallo protector y facilitar su cumplimento lo que debe ser tomado en consideración por las autoridades obligadas de manera puntual. Apoya lo anterior la Jurisprudencia 2a. XCIV/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARA LOGRAR SU EFICAZ CUMPLIMIENTO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA PRECISAR SU ALCANCE, SEÑALAR LAS AUTORIDADES VINCULADAS A CUMPLIRLAS Y LA MEDIDA EN QUE CADA UNA DE ELLAS DEBE PARTICIPAR. El artículo 17, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, dispone que "Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones."; por su parte, los artículos 104 al 113 de la Ley de Amparo, establecen diversos procedimientos tendientes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo e, inclusive, el último de estos preceptos dispone que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. La interpretación congruente de tales disposiciones constituye el sustento en que se apoya toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales, máxime si lo que se pretende es ejecutar un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto, precisamente, tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infrinjan sus garantías individuales. De esto se sigue que si la causa del retardo para la ejecución de la sentencia de amparo consiste en la confusión respecto de la manera correcta en la que procede cumplimentarla, para estar en posibilidad de dar solución a la situación descrita, la Suprema Corte tiene facultades para establecer los alcances del fallo protector, determinar qué autoridades se encuentran vinculadas a cumplirlo y en qué medida, con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo." 3. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior en los términos ordenados, o en caso de realizar acciones evasivas, tales como actuaciones inconducentes o gestiones irrelevantes para el cumplimiento de la sentencia, le será impuesta una multa de cien unidades de medida y actualización equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I y 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al procedimiento de inejecución establecido en el citado numeral 193 de la ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación. Sin que de momento sea necesario realizar algún pronunciamiento respecto del requerimiento hecho el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, pues como de la certificación de cuenta se aprecia, todavía no se notifica dicha exigencia al superior jerárquico de las autoridades responsables. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Josué Romero Mena.
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