M. Patricia García Manríquez
Expediente 24/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 24/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- M. Patricia García Manríquez
Actuaciones
- Principal
Por recibido el oficio que suscribe la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto circuito, adjunto al cual remite testimonio de la resolución pronunciada el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, en el conflicto de competencia 1/2021, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO.- Sí existe conflicto de competencia. SEGUNDO.- Se declara legalmente competente al Juez Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, a efecto de que conozca de la demanda de amparo número 28/2021 de su índice, promovido por *****, contra la negativa de las autoridades responsables de autorizarle resguardo domiciliario al pertenecer a un grupo vulnerable ante el riesgo de contagio del virus denominado COVID-19. Notifíquese.". Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y vía electrónica acúsese recibo a la superioridad. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso j) del citado Acuerdo General, el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción en el plazo de tres años, contado a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo, toda vez que este juzgado determinó carecer de competencia, es decir, no se entró al estudio del asunto.
- Principal
Por recibido el oficio electrónico de cuenta, con evidencia criptográfica del actuario judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con sede en la ciudad de Guanajuato, capital, por el cual informa que se admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Guanajuato, mismo que fue registrado bajo el expediente número 1/2021.
- Principal
Notificación por lista a la parte quejosa. Visto el oficio y anexos del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual declina la competencia para conocer del juicio de amparo promovido por **********, en contra de actos de la Secretaría de Salud del estado de Querétaro y otra autoridad, por considerar que este juzgado es el idóneo para conocer y resolver al respecto, y, al efecto remite expediente de amparo 28/2021 que contiene la demanda original formulada por la citada quejosa. Fórmese el cuaderno de amparo e intégrese el expediente electrónico con el registro número 24/2021-I. Análisis y determinación de la competencia planteada Ahora, del análisis integral de la demanda se advierte que el juzgado oficiante remitió el ocurso de amparo en estudio al juez de Distrito en turno en el estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, y que correspondió conocer a este órgano jurisdiccional, al estimar que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer del mismo, ya que argumenta que el acto reclamado por la quejosa consistente en la falta de respuesta a su escrito por el que solicitó a las autoridades responsables Secretaría de Salud del estado de Querétaro e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) delegación Celaya, estado de Guanajuato, ausentarse de sus actividades laborales con motivo de la pandemia sanitaria SARS-CoV2 (COVID-19) al encontrarse en un grupo vulnerable; por ende, sostiene, se surte la competencia a favor del juez de Distrito con residencia en esta ciudad. Sin embargo, respetuosamente, se disiente del criterio asumido por el órgano jurisdiccional declinante en cuanto que este órgano jurisdiccional debe conocer del asunto, por lo siguiente: Del análisis integral del expediente 28/2021, remitido por el órgano jurisdiccional declinante, se estima que este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, carece de competencia legal para conocer y resolver el asunto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37, último párrafo, de la Ley de Amparo, conforme a la cual será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda; es decir, el que previno en su conocimiento. Partiendo de esa premisa, es dable sostener que el acto tildado de inconstitucional resulta meramente omisivo, pues se trata de la abstención de las autoridades señaladas como responsables en dar respuesta a la petición que la agraviada les formuló para que se le considerara dentro el grupo vulnerable, en virtud a los padecimientos que la aquejan, y por lo tanto se le permitiera su resguardo domiciliario, sin que le hayan dado respuesta; lo que, en esencia no conlleva ejecución alguna; por ende, razonablemente puede sostenerse que la competencia legal para conocer de la demanda de trato no recae en este órgano jurisdiccional, pues si dicho libelo accionario no fue presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, a consideración de este operador jurisdiccional, no es posible estimar que en el caso este Juzgado fue el primero que conoció de la demanda de trato. Así pues, si en el particular fue precisamente el órgano jurisdiccional declinante el que previno en su conocimiento; respetuosamente se estima que acorde con lo previsto por el artículo 37, tercer párrafo, de la ley de la materia, ese órgano es el legalmente competente para seguir conociendo de la demanda de amparo promovida. Sin que pase inadvertido para este operador jurídico que el Juzgado declinante, sostenga que si bien el acto tildado de inconstitucional es omisivo -consideración esta que este juzgador comparte-, señala que tiene efectos positivos, que constreñirían a las autoridades responsables para que en el ámbito de sus atribuciones realicen todas las medidas para otorgarle a la quejosa la licencia que solicita para ausentarse del desempeño de su actividad que como enfermera desempeña en el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer, dependiente de la Secretaría de Salud del estado de Querétaro y en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) delegación Celaya, Guanajuato. Sin embargo, se reitera que esta potestad federal con todo respeto disiente de tal aseveración, puesto que como bien lo sostiene el Juzgado declinante, se está en presencia de un acto omisivo, que entraña la falta de respuesta por parte de las autoridades responsables a la petición formulada por la quejosa, no así en relación a las acciones que deban o no realizar las responsables para pronunciarse sobre la licencia de resguardo que les solicitó la agraviada. En efecto, cuando en una demanda de amparo se reclama de una autoridad administrativa la omisión de dar contestación a un escrito de petición, es evidente que su naturaleza es omisiva, al tener como intención obtener la respuesta al escrito aludido, sin que sea de trascendencia el contenido de la solicitud, ni si la omisión de su respuesta impacta en diversos derechos, pues lo que se busca es obtener contestación a la petición. Es ilustrativo de lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia, 2a./J. 61/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 991, libro 65, abril de 2019, tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO CONTRA EL AUTO DE DESECHAMIENTO DE PLANO DE UNA DEMANDA DE AMPARO EN LA QUE SE RECLAMÓ DE UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA LA OMISIÓN DE CONTESTAR UN ESCRITO DE PETICIÓN. CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO ESPECIALIZADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA [ABANDONO DE LA TESIS 2a. LVI/2010 (*)]. Para fijar la competencia por materia en un juicio de amparo, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. En ese sentido, cuando en una demanda de amparo se reclama de una autoridad administrativa la omisión de dar contestación a un escrito de petición formulado con apoyo en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es evidente que su naturaleza es administrativa, al tener como intención obtener la respuesta al escrito aludido, sin que sea de trascendencia el contenido de la solicitud, ni si la omisión de su respuesta impacta en diversos derechos, pues lo que se busca es obtener contestación a la petición. En esas condiciones, cuando contra el desechamiento de plano de la demanda de amparo se interpone el recurso de queja, el órgano jurisdiccional competente para su conocimiento es el Tribunal Colegiado especializado en Materia Administrativa. Por lo expuesto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandona el criterio contenido en la tesis aislada 2a. LVI/2010, y se aparta del sostenido en los conflictos competenciales 264/2013, 253/2013, 220/2013, 219/2013, 215/2013 y 224/2013, porque en éstos se atendía al contenido del escrito de petición para resolver a qué órgano jurisdiccional correspondía el conocimiento de esos casos, cuando en realidad el solo hecho de que se reclame la omisión de contestar un escrito de petición ante autoridad administrativa, con apoyo en el artículo 8o. constitucional, hace que el acto y autoridad revistan naturaleza administrativa y, por tanto, su conocimiento se surta en favor de órganos jurisdiccionales competentes en esa materia." (Lo subrayado no es de origen). Sin que sea aplicable al caso la jurisprudencia que se invoca por el Juzgado declinante de rubro: "OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA."; pues esta se refiere a la reclamación de falta de atención médica por parte de las personas recluidas y no a la falta de respuesta a una petición. En esas condiciones, al ser un acto meramente omisivo lo reclamado por la quejosa, evidentemente se actualiza el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por lo que, si el acto reclamado por la quejosa no requiere ejecución material, por ende, es competente el órgano jurisdiccional en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo, en términos del párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Amparo. Al respecto, ilustra el contenido de la tesis VII.2o.T.5 K (10a.) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, localizable en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 20, julio de 2015, tomo II, página 1663, que dispone: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS QUE POR SU NATURALEZA NO REQUIEREN EJECUCIÓN MATERIAL PARA SURTIR SUS EFECTOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO EN EL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO. Los actos redamados consistentes en acuerdos en los que se tenga parcialmente por no interpuesta una demanda laboral, desechen pruebas, o nieguen la posibilidad de acordar favorable una petición del promovente, por su naturaleza, no requieren ejecución material por la autoridad para que surtan sus efectos; es decir, que tales actos no conllevan la realización de una obligación de hacer o dar, sino un pronunciamiento meramente declarativo que ocasiona que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran; así, dichos actos jurisdiccionales, per se, no requieren de una actuación posterior que los complemente y, por tanto, carecen de ejecución material, lo cual finca competencia al Juzgado de Distrito que previno en el conocimiento del asunto, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el órgano en cuya jurisdicción se presentó la demanda" . Además, atendiendo al sentido y alcance del derecho de acceso a la justicia, la circunstancia de que la parte quejosa haya señalado como su domicilio legal, incluso para recibir notificaciones de índole personal en el municipio de Guanajuato, Guanajuato, permite presumir fundadamente que ese Juzgado Federal resulta ser el de más fácil acceso material para la parte agraviada, respecto de cualquier otro juzgador de amparo, dado que la promovente optó por señalar un domicilio que pertenece a la jurisdicción del tribunal constitucional de esa localidad y no a uno distinto. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se estima que el juez de Distrito declinante es el competente para conocer de la demanda de amparo promovida por M. Patricia García Manríquez; por lo que no se acepta la competencia declinada y, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena comunicar esta determinación al juez Segundo de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre. Mediante oficio remítanse los autos del expediente de amparo 28/2021, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, solicitando el acuse de recibo en el que se informe sobre la determinación tomada al respecto. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y en el sistema correspondiente; fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo Domicilio y autorizados Por otra parte, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a **********, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que sí tiene inscrita su cédula profesional federal en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; mientras que a las diversas autorizadas en términos restringidos del citado numeral, por no acreditar que está en el supuesto anterior. Toda vez que la quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado fuera de la jurisdicción de este juzgado federal, hágase esta notificación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista de conformidad con lo previsto por el artículo 27, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, resultando innecesario requerir a la solicitante del amparo que proporcione un domicilio en esta localidad, atendiendo al sentido de la determinación asumida en este proveído. Transparencia En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,427 expedientes
- M. Gudalupe Mejía Castro76/2018
- M. Lourdes Garfias Pérez1127/2019
- M. Magdalena Ó Elena Campos Mendoza600/2016
- M. Magdalena O Elena Campos Mendoza659/2016
- M. Manuela Hernández Ramos989/2022
- M. Margarita Paredes Juárez467/2015
- M. Raquel Galván Herrera36/2011
- M. Rosa Isela Valencia Bata731/2017
- M. Rosa Isela Valencia Bata748/2021
- M. Socorro Licea Morales357/2015
- M. Teresa Rangel Guzmán741/2019
- M. Teresa Rangel Guzmán214/2023