M. Magdalena O Elena Campos Mendoza

Expediente 659/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
659/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
02/03/2017

Partes del expediente

  • M. Magdalena O Elena Campos Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, por medio del cual informa sobre el juicio de amparo directo 651/2016, en el que aceptó la competencia planteada por este juzgado; toda vez que el mismo fue recibido mediante auto de veinticuatro de los corrientes.

  2. Principal

    A sus autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercero Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, por el cual informa que tuvo por cumplida la sentencia dictada en el juicio de amparo directo 651/2016, promovido por ********, de su índice, por lo que se evidencia que aceptó la competencia planteada por este juzgado. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo del referido acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, por lo que una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto en mención, deberá ser desincorporado y destruido por este juzgado.A sus autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercero Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, por el cual informa que tuvo por cumplida la sentencia dictada en el juicio de amparo directo 651/2016, promovido por Magdalena Campos o Elena Campos Mendoza, de su índice, por lo que se evidencia que aceptó la competencia planteada por este juzgado. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo del referido acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, por lo que una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto en mención, deberá ser desincorporado y destruido por este juzgado.

  3. Principal

    Visto el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, por medio del cual hace del conocimiento el auto de dos de agosto de dos mil dieciséis, en el que previo a aceptar la competencia planteada por este juzgado requirió al juzgado de origen a fin de que cumpla con lo dispuesto por el artículo 178, fracciones I, II y II de la Ley de Amparo; de lo anterior, se toma conocimiento.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo signada por *************, contra actos del Juez Segundo Civil de Primera Instancia de Partido de esta ciudad; fórmese expediente físico y electrónico de amparo y anótese su ingreso en el libro de Registro de Juicios de Amparo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el registro número 659/2016. En el caso a estudio, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: La determinación de doce de julio de dos mil dieciséis, dictada en el expediente 31/2016, del índice del Juzgado Segundo Civil de Celaya, mediante el cual confirma la resolución de veintitrés de junio del año en curso, en el que se desechó acordar la petición de oposición en relación con el desistimiento del juicio de origen. Este juzgado de Distrito advierte que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida, como se verá a continuación. En efecto, el artículo 107, fracciones III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; Por su parte, los artículos 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, en su orden, disponen: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Los preceptos transcritos contienen los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo y la competencia del órgano jurisdiccional a quien corresponde conocer y resolver de asuntos como el presente, previstos en la Ley Suprema y su legislación reglamentaria. Por tanto, si el acto reclamado que mediante esta vía constitucional se combate constituye la determinación doce de julio de dos mil dieciséis, dictada en el expediente ***, del índice del Juzgado Segundo Civil de Celaya, mediante el cual confirma la resolución de veintitrés de junio del año en curso, desechando acordar la petición de oposición en relación con el desistimiento y con ello cierra el asunto como refiere la quejosa; resulta evidente que con la emisión del acto reclamado por la autoridad responsable, no se actualiza ninguno de los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, previstos en el artículo 107 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía y en lo conducente la jurisprudencia 2a./J. 87/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, Enero de 1999, página: 56, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA LABORAL. EL ACUERDO QUE LA DESECHA PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, ES RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, constitucional; 44, 46, tercer párrafo, y 158 de la Ley de Amparo, se desprenden los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo y la competencia de los órganos jurisdiccionales a los que corresponde resolverlo. Esta Suprema Corte de Justicia ha estimado, en reiteradas ocasiones, que el juicio se inicia, para los efectos del amparo, con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente, atendiendo a las reformas constitucionales y legales del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho. En tal virtud, el acuerdo que desecha una demanda laboral, constituye una resolución que pone fin al juicio, por lo que en su contra procede el amparo directo, porque las pruebas para analizar la constitucionalidad del acto deben obrar en el expediente de la responsable y, por ello, no se justifica el trámite de un juicio que admite dos instancias y una audiencia que prevé el periodo de pruebas, atentando contra los principios de economía procesal y celeridad en la administración de justicia." En efecto, del análisis que se efectúa a los antecedentes esgrimidos por la quejosa en su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, se desprende: 1.- Que el quince de junio de dos mil dieciséis, se presentó dentro de los autos del juicio de origen *** un escrito mediante el cual la parte actora -hoy quejosa-, se desistió de la acción y la instancia; mismo que alega fue sin su consentimiento. 2.- El veintitrés de junio pasado, el Juez responsable dictó un auto por el que declaró concluida la controversia de mérito. 3.- Contra dicha determinación la promovente del amparo interpuso recurso de revocación, mismo que fue resuelto el veintitrés de junio de la anualidad que transcurre, confirmando la misma (acto reclamado). De lo anterior se advierte que la parte quejosa se duele toralmente de la resolución que dio por concluido el expediente de origen, determinación que se estima puso fin a dicha controversia sin decidirla en lo principal. En esa virtud, con fundamento en los artículos 47 y 170 de la Ley de Amparo, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda de garantías de la parte quejosa, respecto del acto reclamado. En consecuencia, con apoyo en el diverso numeral 47 de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda y anexos que acompaña, así como las copias simples exhibidas, al Tribunal Colegiado en Materia de Civil del Decimosexto Circuito, en turno, para lo que tenga a bien determinar lo conducente. Con copias certificadas fórmese cuaderno de antecedentes. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En atención a lo anterior, como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se fijan en los estrados de este juzgado; asimismo, se le tiene autorizando en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***********, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el sistema correspondiente que se lleva dentro de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación y términos restringidos a *************, por no contar con dicho registro

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