Luz Patricia Flores Piña
Expediente 671/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 11 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 671/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 24/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Luz Patricia Flores Piña
- Ricardo Valencia González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
mesa 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el dos de septiembre de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Luz Patricia Flores Piña, Idmara de la Candelaria Crespo Arévalo y Ricardo Valencia González; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Finalmente, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Incidental
mesa VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se concedió y se negó la suspensión provisional y definitiva solicitadas, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el punto Vigésimo Segundo, del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurrido dicho plazo de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Finalmente, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y SENTENCIA En Villahermosa, Tabasco, a las diez horas con cuarenta minutos del dos de septiembre de dos mil veintiuno, en audiencia pública Rocío de los Ángeles Pérez Pérez, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, en funciones de Jueza de Distrito, autorización que le fue otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2840/2021, a partir del dieciséis de agosto del mencionado año y hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno del Consejo adscriba titular en el referido órgano jurisdiccional, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, quien actúa asistida por Armando Blanco Palmeros, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, respecto del juicio de amparo 671/2021-6, promovido por 1) Luz Patricia Flores Piña, 2) Idmara de la Candelaria Crespo Arévalo y 3) Ricardo Valencia González. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito, acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las copias certificadas deducidas del expediente SE/OIC/DQ/PI/110/2020, que remitió la Jefa del Departamento de Quejas del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, las cuales obran por cuerda separada a disposición de las partes en este juzgado; mismas a las que se adhirió la diversa responsable Titular del Órgano Interno de Control adscrita a la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, en proveído de veintidós de julio del año en curso. Al respecto la secretaria en funciones de Jueza de Distrito, acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admite la probanza de referencia y se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza. No habiendo más probanzas que desahogar, se cierra la presente etapa. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hicieron uso de ese derecho. Sobre el particular, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito, acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 671/2021-6, promovido por 1) Luz Patricia Flores Piña, 2) Idmara de la Candelaria Crespo Arévalo y 3) Ricardo Valencia González, contra actos del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito de demanda recibida el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada por la Oficina de Correspondencia Común el mismo día, y turnada a este órgano jurisdiccional el veinticuatro de junio siguiente, 1) Luz Patricia Flores Piña, 2) Idmara de la Candelaria Crespo Arévalo y 3) Ricardo Valencia González, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de los actos y las autoridades que a continuación se detallan: AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. 2 Departamento de Quejas del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS ".A) LA INDEBIDA INTEGRACIÓN DE UNA QUEJA ADMINISTRATIVA EN NUESTRA CONTRA, DE NÚMERO SE/OIC/DQ/PI/0110/2020, INICIADA POR PERSONA AJENA A LA EDUCACIÓN DE LA MENOR DE SIGLAS G.C.S.R. B) LA FALTA DE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA Y DE DEFENSA A FAVOR DE LOS SUSCRITOS, PARA SER REQUERIDOS EN EL EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN DE NÚMERO SE/OIC/DQ/PI/0110/2020, LO QUE PONE EN RIESGO NUESTRA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO. C) LA VIOLACIÓN A NUESTROS DATOS RESERVADOS DE IDENTIDAD PERSONAL, DERIVADO DE LA INFUNDADA QUEJA DE NÚMERO SE/OIC/DQ/PI/0110/2020, EN LA CUAL NO FUIMOS SEÑALADOS DIRECTAMENTE Y EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SE EXTRALIMITÓ EN SUS FUNCIONES AL PROPORCIONAR NUESTROS DATOS EN PERJUICIO, ANTE UNA QUEJA DEFICIENTE. D) LA FALTA ABSOLUTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN DE NÚMERO SE/OIC/DQ/PI/0110/2020. E) LA RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN DE NÚMERO SE/OIC/DQ/PI/0110/2020..." SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de que se trata, registrada con el expediente 671/2021-6; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son estos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La integración, su falta de llamamiento y resolución emitida dentro de los autos del expediente SE/OIC/DQ/PI/0110/2020, del índice del Departamento de Quejas del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La Jefa del Departamento de Quejas del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos que se le reclaman, anexando copias certificadas deducidas del expediente SE/OIC/DQ/PI/110/2020, de su índice, del que se advierte su inexistencia; documentales públicas que merecen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Por su parte, el Titular del Órgano Interno de Control adscrita a la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, manifestó que son parcialmente ciertos los actos que se reclaman, únicamente en lo que respecta a que ante el departamento de quejas del citado Órgano de Control, el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se inició el procedimiento SE/OIC/DQ/PI/110/2020, con motivo de la denuncia presentada por Celia del Carmen Rodríguez Paredes, en representación de su menor hija de iniciales G.D.C.S.R. Sin embargo, ambas autoridades responsables son coincidentes en manifestar que no son ciertos los actos reclamados derivados del citado expediente SE/OIC/DQ/PI/110/2020, en virtud que por lo que respecta a su integración, dicho procedimiento se encuentra aún en etapa de investigación, con motivo de la denuncia presentada por la citada Celia del Carmen Rodríguez Paredes, en representación de su menor hija de iniciales G.D.C.S.R, lo cual podría constituir posibles faltas administrativas cometidas por servidores públicos de la Secretaría de Educación. Por otro lado, en cuanto a la falta de llamamiento al citado expediente SE/OIC/DQ/PI/110/2020, no es el momento oportuno para concederles la garantía de audiencia, pues como se indicó en el párrafo que antecede aún se encuentra en etapa de investigación, recabándose las informaciones y diligencias de investigación solicitadas, por lo que será en caso de que se satisfaga el procedimiento de responsabilidad respectivo, que se les dará dicha garantía de audiencia, de conformidad con el artículo 208 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mandándolos a emplazar a fin de que comparezcan a la audiencia inicial. Finalmente, por lo que hace a la resolución que aducen se emitió en el citado expediente SE/OIC/DQ/PI/110/2020, al encontrase dicho procedimiento en la etapa de investigación, ésta aún no se ha dictado, ya que solo se han realizado acuerdos para su integración e investigación. En ese contexto, con dichas negativas realizadas por las responsables, se dio vista oportuna a la parte quejosa en autos de diecinueve y veintidós de julio de dos mil veintiuno, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, sin que éstas se desvirtuaran, lo cual era indispensable a efecto de que esta juzgadora estuviera en aptitud legal de analizar la constitucionalidad de los actos reclamados. Sobre el particular, es de tomar en cuenta lo expuesto en la tesis VI.2o.A.4 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, febrero de 2002, página 903, del rubro y texto siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo". En efecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de sus derechos fundamentales que alega, ya que el que insta el juicio de amparo tiene la ineludible obligación de establecer, directamente o mediante el informe rendido por la autoridad responsable, la existencia del acto que impugna y a justificar, con los medios de pruebas que tiene a su alcance, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, la autoridad responsable no rinda el mencionado informe. Resulta aplicable, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 180 del Tomo III, Apéndice de 1917 a 2000, cuyo contenido es: "INFORME JUSTIFICADO. LA SIMPLE NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS ES SUFICIENTE PARA QUE SE TOME EN CUENTA, SIN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE TENGA QUE AGREGAR OTRAS MANIFESTACIONES O ANEXAR PRUEBAS.- No afecta jurídicamente al informe en que las autoridades responsables se limitan a exponer que no son ciertos los actos que de cada una de ellas se reclaman, que en él no se haga mención del nombre y domicilio del tercero perjudicado ni se manifieste si se han realizado actos similares o distintos de los reclamados que afecten o puedan afectar los derechos agrarios de los quejosos, ni, en su caso, los fundamentos legales de aquéllos; sin que, asimismo, se informe sobre los actos en virtud de los cuales los quejosos adquirieron los derechos agrarios que aducen, ni se remitan las constancias necesarias para precisar tales derechos. Dichas omisiones no bastan para invalidar la negativa de los actos reclamados por parte de las autoridades responsables, al no encontrarse desvirtuada por prueba alguna en contrario, ni existir disposición legal que determine que las repetidas omisiones acarreen como consecuencia la presunción de ser ciertos los actos reclamados, procediendo el sobreseimiento del juicio de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Por ende, se consideran inexistentes los referidos actos reclamados a las citadas autoridades señaladas como responsables en el presente asunto. Es aplicable lo expuesto en la tesis IX.1o.83 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Septiembre de 2004, página 1714, cuyo rubro y texto es: "ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables". Ante tales circunstancias, con fundamento en lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en el presente juicio ante la inexistencia de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 284, visible a página 236, Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que literalmente reza: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". CUARTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6º, fracción ll de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción ll, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por 1) Luz Patricia Flores Piña, 2) Idmara de la Candelaria Crespo Arévalo y 3) Ricardo Valencia González, contra los actos reclamados y las autoridades precisadas en el resultando PRIMERO, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando TERCERO de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo señalado en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en proveído de veintidós de julio del año en curso, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la Titular del Órgano Interno de Control adscrita a la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, autoridad señalada como responsable, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, por lo que el plazo de los ocho días para que las partes se impongan de su contenido se encuentra transcurriendo. Por lo anterior, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.
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