Luz María Lara Rodríguez
Expediente 1237/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1237/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Luz María Lara Rodríguez
- Luz María Lara Rodríguez y Otros.
Actuaciones
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la certificación que antecede, se advierte que el termino de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído emitido el once de noviembre de dos mil veintiuno, en el cual se desechó de plano la demanda de amparo intentada por la quejosa Luz María Lara Rodríguez, transcurrió del diecinueve al veinticinco del mes y año actual, sin que haya interpuesto el recurso de queja que prevé el artículo 97, de la citada Ley; por tanto se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte quejosa que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberá comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que aportó al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Empero, para ello, deberán agendar su cita mediante la modalidad del programa "Agenda OJ", de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción I inciso e) del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; por lo que el promovente o la persona autorizada para ello, deberá comparecer ante este órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente, en la hora y día que para tales efectos se le señale, bajo el apercibimiento que de no acudir a la cita en el horario y fecha establecidos, no se devolverán los documentos a que se alude. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese personalmente.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la diligencia de ratificación del escrito aclaratorio de demanda de veintinueve de octubre del año en curso, efectuada el día de hoy, por la promovente Luz María Lara Rodríguez, en acatamiento a lo ordenado en proveído de tres de noviembre actual. En esa razón, y en atención al escrito presentado por la parte quejosa, recepcionado por este órgano jurisdiccional el veintinueve de octubre pasado, se acuerda: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA A fin de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es importante destacar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación de examinar la demanda de garantías para que, en caso de existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, motivo por el cual se efectuará el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Así como la del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: X, Septiembre de 1999, página 730, Novena Época de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". En esencia, las tesis anotadas señalan que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías es necesario que se encuentre un "motivo" de improcedencia del juicio constitucional; aunado, que este motivo sea "manifiesto", es decir, cuando se advierte en forma clara y absoluta de la lectura de la demanda de garantías; además, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata encuadra en el caso concreto. Ahora bien, cabe decir que el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establecen que el Juez de Distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Es así como de conformidad con el artículo 74, fracción I, en vinculación con el diverso numeral 1º, fracción I, de la ley de la materia, se procede al análisis de la demanda promovida contra el Juez Séptimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco y otras autoridades, precisando como acto reclamado el siguiente: El acuerdo seis de septiembre de dos mil veintiuno, dictado expediente civil 391/2020, relativo al juicio de divorcio incausado, en el que el Juez responsable determinó que la guarda y custodia del menor con iniciales L.D.G.P quedara de manera provisional con su madre Karina Pérez Cadena. Ahora, con relación al citado acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que la parte quejosa no agotó el recurso de apelación que prevé la legislación procesal civil del Estado de Tabasco, previo a la promoción del juicio de amparo. Para dar claridad a la causa de improcedencia que se analiza es menester traer a colación el contenido literal del artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo en vigor, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; En efecto, la causa de improcedencia en comento se actualiza cuando se promueve un juicio de amparo contra una resolución emitida por tribunal judicial, administrativo o del trabajo respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Sin embargo, dicha causa de improcedencia también prevé excepciones a dicho principio entre las cuales destaca: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Asimismo, destaca que cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; En esa medida, tenemos que los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo en vigor, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. De lo anterior se obtiene que la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, contenidos en el propio precepto y fracción en comento. Luego, si la parte quejosa acude a la vía constitucional impugnando un acto emitido por un tribunal judicial, administrativo o del trabajo, sin que previamente haya agotado el medio de defensa ordinario que la ley prevé dentro del procedimiento en que se emitió, que tiene por efecto modificar, revocar o nulificar el acto, el juicio de amparo se torna improcedente. En ese orden de ideas, de la lectura integral de la demanda y sus anexos, se obtiene que la quejosa reclama la guarda y custodia provisional decretada en auto de seis de septiembre del año en curso, en los autos del expediente civil 391/2020, relativo al juicio de divorcio incausado, del índice del Juzgado Séptimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco. En este punto, cabe destacar que en términos de los artículos 184, 185 y 352, fracciones II y III del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, son apelables todos los autos, cuando lo disponga expresamente el código adjetivo en cita, siendo que, el Juzgador puede decretar antes de iniciarse el proceso, o durante su desarrollo, todas las medidas cautelares que resulten necesarias para mantener la situación de hecho existente, aunque no sean de las previstas expresamente en el Código; en el entendido que la resolución que decrete o niegue la medida será apelable en el efecto devolutivo. Asimismo, con relación a las medidas cautelares impuestas dentro de un juicio, el afectado con tal medida puede reclamar la providencia en cualquier tiempo antes de que la sentencia definitiva dictada en el proceso principal sea susceptible de ejecución forzosa. La reclamación deberá fundarse en que la medida fue innecesaria o no se practicó de acuerdo con la ley, en el entendido que dicha reclamación debe substanciarse en forma incidental; siendo que dicha interlocutoria que resuelva la reclamación es apelable en términos del artículo 185, fracción III del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco. En esa medida, si partimos del hecho que el citado auto de seis de septiembre de dos mil veintiuno, se decretó la guarda y custodia provisional del menor con iniciales L.D.G.P.; y contra dicha resolución procedía el recurso de apelación de conformidad con los artículos 184 y 352, fracción II del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, previo a la promoción del juicio de amparo, la quejosa debía interponer dicho medio ordinario de defensa. Máxime, que tampoco se obtiene que previo a la promoción del juicio de amparo, la parte quejosa hubiere agotado la reclamación que prevé el artículo 185 del mismo ordenamiento jurídico, la cual, una vez substanciada en vía incidental, también es reclamable su resolución en vía de apelación, en el entendido que el quejoso, cuenta con dicha incidencia hasta antes de que se emita sentencia definitiva en el proceso principal y que sea susceptible de ejecución. Asimismo, resulta un hecho notorio que en este Juzgado se tramita el diverso juicio de amparo 1117/2021-5, promovido por Luis David Guzmán Lara, parte demandada dentro del expediente civil 391/2020, relativo al juicio de divorcio incausado, de donde deviene el acto que aquí se reclama, y de los tomos de pruebas remitidos por la autoridad responsable se desprende el acuerdo de seis de septiembre de este año, que es el mismo que reclama la parte quejosa, y del que se advierte que en proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se ordenó acular el expediente 446/2021, relativo al juicio ordinario civil de preferencia de guarda y custodia, promovido por Luz María Lara Rodríguez, en su carácter de abuela paterna, en contra de Luis David Guzmán Lara y Karina Pérez Cadena. En ese acuerdo se precisó que los hechos planteados por Luz María Lara Rodríguez, para promover el juicio antes citado, se debió a que el veinte de mayo de dos mil veintiuno, detuvieron a su hijo Luis David Guzmán Lara, por motivo de una orden de aprehensión por el delito de violación en tentativa, por lo que el menor de edad involucrado se quedó a su cuidado. Sin embargo, se indicó en ese acuerdo que los motivos expuestos por Luz María Lara Rodríguez, habían cesado, toda vez que su hijo padre del menor involucrado actualmente se encontraba en libertad, viviendo junto con ella en su domicilio. Por lo anterior, se determinó que al tratarse la causa principal de un juicio de divorcio incausado, la guarda y custodia se resolvería conforme a los lineamientos previstos por la ley, sin pasar por el acto el derecho de convivencia de Luz María Lara Rodríguez. De ahí, que se determinó lo que ahora constituye el acto reclamado que en el caso resulta el acuerdo seis de septiembre de dos mil veintiuno, dictado expediente civil 391/2020, relativo al juicio de divorcio incausado, en el que el Juez responsable determinó que la guarda y custodia del menor con iniciales L.D.G.P quedara de manera provisional con su madre Karina Pérez Cadena. Lo anterior, como se precisó constituye un hecho notorio que se invoca en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y que constituye prueba plena en términos de los artículos 129, 130, 197, 202 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2. En esos términos, tenemos que en el caso, se cumplen los requisitos que la legislación de amparo requiere para efectos de la actualización de la causa de improcedencia en comento, pues de lo expuesto se obtiene lo siguiente: a) El acto reclamado fue emitido por el Juez Séptimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, es decir, proviene de un tribunal judicial; b) Contra la resolución que niega o decreta una medida cautelar provisional, en términos del artículo 184 y 352, fracción II del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, procede el recurso de apelación, o bien, en términos del artículo 185 del mismo ordenamiento legal, procede la reclamación hasta antes de que se emita sentencia definitiva, resolución esta última que también es apelable en términos del 185, fracción III del mismo cuerpo de leyes. c) El recurso de apelación se da dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, así como la reclamación de la medida cautelar; y d) Por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o confirmada, en términos del artículo 351 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco. En consecuencia, si la parte quejosa no promovió el recurso de apelación contra el auto de seis de septiembre de dos mil veintiuno, donde se resolvió la guarda y custodia provisional, ni promovió la reclamación a que se refiere el artículo 185 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, es incuestionable que no agotó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo y en esa medida debe desecharse la demanda de amparo, por actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Lo anterior, pues aun tratándose de actos que tienen una ejecución de imposible reparación y en los casos en que se ven inmersos intereses de menores, no puede soslayarse el agotamiento de los medios ordinarios de defensa, previo a la promoción del juicio de amparo. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J.113/2013 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y texto siguiente: DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Asimismo, cobra aplicación la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, de título, texto y datos de identificación: PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE OBSERVARSE AUN TRATÁNDOSE DE ACTOS QUE TENGAN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, COMO EN EL CASO DE LA RESOLUCIÓN QUE DECIDE SOBRE LA CONVIVENCIA DEL MENOR CON UNO DE SUS PROGENITORES. El hecho de que la resolución que decreta un régimen provisional de convivencia del menor con uno de sus progenitores sea de ejecución irreparable, no exime al otro de interponer el recurso procedente en su contra, puesto que la característica de irreparabilidad del acto no está comprendida entre las excepciones al principio de definitividad que impera en el juicio de amparo, previstas por los artículos 107, fracciones III, IV y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracciones XII, XIII y XV, de la Ley de Amparo. Esta situación, en alguna medida, se refuerza, incluso, con el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 41/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, agosto de 2001, página 101, de rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO SÓLO PROCEDE RESPECTO DE VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO IMPUGNABLES EN LA VÍA DIRECTA, TRATÁNDOSE DE CONTROVERSIAS QUE AFECTEN AL ESTADO CIVIL, AL ORDEN Y ESTABILIDAD DE LA FAMILIA O A MENORES O INCAPACES.", puesto que apreciada dicha tesis en sentido contrario, implica la obligación de cumplir con el citado principio cuando el acto de índole familiar sea de ejecución irreparable." Sin que obste a lo considerado el hecho de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 139/2013, estableció criterio en el sentido que cuando se encuentre involucrado un menor de edad y el recurso ordinario no admita la suspensión del acto, se actualiza una excepción al principio de definitividad, pues para ello, señaló que debe existir o alegarse un riesgo para el menor al ejecutarse la resolución impugnada, pues en tales condiciones el recurso o medio ordinario de defensa se torna ineficaz para alejar de la situación de vulnerabilidad en que se encuentra. Lo anterior, ya que de la lectura de la demanda se obtiene que en el auto reclamado fue decretada la guarda y custodia provisional del menor de iniciales L.D.G.P a favor de Karina Pérez Cadena (en su carácter de madre), por lo tanto, no puede considerarse que Luz María Lara Rodríguez, por propio derecho y como representante de su menor nieto de iniciales L.D.G.P, acuda a la vía constitucional, reclamando un derecho o que alegue una situación de vulnerabilidad del menor, por lo que no puede estimarse que se surta en el caso la excepción al principio de definitividad en comento. Tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J.77/2013 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 990, libro XXV, Octubre de 2013, tomo 2 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. En términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, particularmente, otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan. Por lo anterior, y en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la propia Constitución y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se sigue que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Lo anterior es así, pues el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada." En esas condiciones, de conformidad con el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, resulta improcedente el juicio de amparo que promueve la parte quejosa; y por ende, obliga a la suscrita a desecharla de plano, atento a lo establecido en el artículo 113 de la propia ley. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido, la Jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". Por último, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la quejosa Luz María Lara Rodríguez, sin hacer mayor pronunciamiento, en virtud a lo acordado en párrafos precedentes. Notifíquese personalmente.
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VILLAHERMOSA, TABASCO, TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; agréguense a los autos los escritos de cuenta, firmados por la quejosa Luz María Lara Rodríguez, a través de los cuales pretende desahogar la prevención de siete de octubre del año en curso. Ahora bien, quien esto determina sin ser especialista, advierte que las firmas que obra al calce de los citados ocursos, correspondientes a la citada quejosa, son notoriamente distintas a la que se encuentra estampada en el escrito de demanda que dio origen al presente litigio. Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción I inciso e) del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, requiérase a la citada promovente, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, se constituya en las instalaciones que ocupa este órgano jurisdiccional en la hora y fecha señaladas en la cita agendada mediante el programa "Agenda OJ" la cual será agregada al expediente para constancia y una copia será proporcionada por el actuario de la adscripción al momento de la diligencia de la notificación, la cual contendrá un código QR, que deberán presentar al momento de ingresar al juzgado, así como una identificación oficial vigente. Se apercibe a la promovente que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el término concedido, se tendrá por no presentados los citados escritos. Cobra aplicación, por analogía, la jurisprudencia número 202, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento sesenta y cinco, del Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 1917-2000 al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y sinopsis siguientes: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 31 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas." Se le hace de su conocimiento que en caso de reconocer la firma mencionada y posteriormente se llegara a comprobar su falsedad, se dará vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción para los efectos legales correspondientes de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, precepto que a la letra indica: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." En apoyo a lo anterior, es aplicable en este caso, la jurisprudencia número 2014917, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cinco, del Tomo I, Materia Común, Libro 45, Agosto de 2017, Décima Época, de rubro siguientes: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato." Aunado a que, el suscrito juzgador, en caso de que advierta que la firma ratificada y la plasmada durante la diligencia de ratificación sean notoriamente diferentes, está facultado para ordenar de manera oficiosa la práctica y desahogo de la pericial en materia caligráfica y grafoscópica, a fin de verificar la autenticidad de la firma que calza la demanda de amparo. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2014436, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, Pág. 1234, de rubro y texto, siguientes: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES. Únicamente en el caso referido, esto es, cuando aprecie una diferencia notoria entre la firma ratificada y las plasmadas durante la diligencia de ratificación, el Juez de Distrito estará facultado para ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopia, a fin de corroborar su autenticidad pues, por un lado, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente e independiente de la actuación de las partes y, por otro, dicha pericial no sólo es un elemento probatorio admisible en el juicio, sino que resulta idóneo para comprobar la veracidad de la firma mencionada." De igual modo, la jurisprudencia VI.2o.C. J/10, Décima Época, Registro: 2002739, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2, visible en la página 1195, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. LA RATIFICACIÓN DE LA FIRMA QUE LA CALZA, NO IMPIDE LA TRAMITACIÓN DEL INCIDENTE EN QUE SE CUESTIONA SU AUTENTICIDAD. La facultad de la autoridad jurisdiccional de prevenir al quejoso para que se presente a ratificar la firma que calza el escrito de amparo tiene como finalidad que el juzgador tenga la certeza de que quien plasmó dicho grafismo efectivamente fue el quejoso, máxime si ésta discrepa con alguna de las firmas que obran en autos. Sin embargo, el hecho de que se hubiere reconocido ante la presencia judicial la mencionada firma, no proscribe la posibilidad de que se cuestione su autenticidad a través del incidente respectivo, ya que precisamente el motivo de la impugnación incidental recae en su autenticidad, de manera que de llegarse a la conclusión de que tal grafismo es apócrifo, no es factible otorgar efectos jurídicos a un reconocimiento respecto de una firma que no fue puesta por el puño y letra del recognocente, pues ello sería tanto como volver verdadero lo que es falso, además de que desvirtuaría la materia propia de la impugnación incidental, rompiendo así el equilibrio procesal entre las partes." Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto: el escrito de demanda de amparo, mediante el cual Luz María Lara Rodríguez, por propio derecho y en representación de su menor nieto de iniciales L.D.G.P., solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama de la Juez Séptimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco y otras autoridades, que estima violatorios de los artículos 1, 3, 4, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se ordena formar el expediente respectivo, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, bajo el juicio de amparo indirecto 1237/2021-3. PREVENCION. Ahora, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo, se mandará requerir a la promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: "I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda." Establecido lo anterior, cabe precisar que el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; [.]." En esas condiciones, antes de proveer sobre su admisión requiérase a Luz María Lara Rodríguez, para que de conformidad con lo previsto por los artículos 108 fracciones I y V, en relación con el 114 fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo, dentro del término de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga de este proveído, realice lo siguiente: ÚNICO: Acredite fehacientemente la representación de su menor nieto de iniciales L.D.G.P., lo anterior, no obstante que adjuntó a su escrito de demanda copia certificada del acta de nacimiento expedida a favor del citado menor, con folio A07 348764917-A, por el Oficial 01 del Registro Civil de las Personas del Municipio de Centro, Tabasco, ya que ésta no demuestra la representación legal del menor de mérito, máxime que los diversos documentos que exhibió en su libelo de amparo para tales efectos, se encuentran en copia simple y no son suficientes para ello, pues al margen de que se encuentran en copia simple, de estos no se desprende la representación con que se ostenta. Apoya lo requerido, la jurisprudencia 782, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 868, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de Amparo Indirecto, Novena Época, Materia Común, del Apéndice 1917 - Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO" Así como la Jurisprudencia 527, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 582, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Cuarta Sección - Partes en el juicio de amparo, Materia Común, Novena Época del Apéndice de 2011 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE." En la inteligencia de que el escrito aclaratorio deberá presentarlo con las copias suficientes para su distribución entre las partes. Es aplicable, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número P./J. 36/2001, visible a página 79, XIII, abril de 2001, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." Hágase del conocimiento a la promovente del amparo el contenido del artículo 261 de la ley de la materia, que prevé las sanciones para la parte quejosa, para su abogado autorizado o para ambos, cuando con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirmen hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el acto reclamado; numeral que al efecto se transcribe: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I.- Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y." APERCIBIMIENTO Bajo el apercibimiento que de no desahogar la prevención en sus términos y en el plazo concedido; acorde con el penúltimo párrafo, del precepto 114 de la Ley de Amparo, únicamente se admitirá su demanda de amparo por propio derecho. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda, y como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que menciona, por no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado Para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Ahora, en relación al número telefónico y correo electrónico que proporciona, este juzgado toma conocimiento, como forma para establecer comunicaciones no procesales, de conformidad con lo establecido en el artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con los dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. DIGITALIZACIÓN Finalmente, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3o. de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a éste, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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