Luz Maya Mantilla Góngora
Expediente 875/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 875/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 12/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Luz Maya Mantilla Góngora
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, el veintitrés de junio pasado. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con los diversos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), del citado precepto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Por último, hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese.
- Principal
Visto para resolver el juicio de amparo 875/2022-I-B, promovido por Luz Maya Mantilla Góngora; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinticinco de marzo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, turnado al día siguiente hábil a este Juzgado, compareció Luz Maya Mantilla Góngora, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de la 1. Administración Desconcentrada de Recaudación de Yucatán, dependiente del Servicio de Administración Tributaria; 2. Delegación en Yucatán, del Instituto Mexicano del Seguro Social; 3. Grupo Financiero Citibanamex, Sociedad Anónima de Capital Variable, todas con sede en esta ciudad, y 4. Comisión Nacional Bancaria y de Valores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en la Ciudad de México. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, se registró la demanda de amparo con el número 875/2022-I-B y se admitió a trámite el diecinueve de abril posterior, así mismo, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional relativa, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A C I O N E S PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 49 y 57 fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado; sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa, fundamentalmente en: El embargo precautorio decretado en la cuenta concentradora 7946233861, que tiene aperturada en el Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, integrante del Grupo Financiero Banamex. TERCERA. Inexistencia del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades Administración Desconcentrada de Recaudación de Yucatán "1", dependiente del Servicio de Administración Tributaria (número de promoción 9883); Delegado Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social en Yucatán (número de promoción 10927) y Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, integrante del Grupo Financiero Banamex (número de promoción 10996), todas con sede en esta ciudad, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (número de promoción 9515), con sede en la Ciudad de México, toda vez que así lo manifestaron expresamente al rendir sus respectivos informes con justificación; sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna en contrario. En efecto, del informe justificado que rindió el apoderado general para pleitos y cobranzas del Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex, se advierte que la cuenta número 7946233861 a nombre de Luz Maya Mantilla Góngora, que tiene en dicha institución de crédito, no tiene alguna restricción ni bloqueo, por lo que la misma se encuentra activa. Así mismo, el apoderado legal del Delegado Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social en Yucatán, a su informe justificado adjuntó los oficios 3301079200/OC/0938/2022 y con número de memorándun 339101900110/DCS/1953/2022, ambos de seis de mayo del presente año, signados por la Jefa de la Oficina para Cobros Subdelegación Mérida Norte y por el Jefe de Oficina para Cobros Mérida Sur, respectivamente, en los que se desprenden que la aquí quejosa, no cuenta con Registro Patronal ante ese órgano operativo, por lo que no existen créditos fiscales a su nombre ni actos tendientes a hacer efectivo el procedimiento administrativo de ejecución de los que pudiera derivar la inmovilización de la cuenta bancaria de la quejosa. En tales condiciones, ante la inexistencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa lo hubiere desvirtuado, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y por identidad de criterio la jurisprudencia 310, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 209, que textualmente dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan ésta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTA. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTA. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTA. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Luz Maya Mantilla Góngora, en contra de los actos que reclama de las autoridades responsables la Administración Desconcentrada de Recaudación de Yucatán "1", dependiente del Servicio de Administración Tributaria; Delegado Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social en Yucatán y Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, integrante del Grupo Financiero Banamex, todas con sede en esta ciudad, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en la Ciudad de México, por el motivo señalado en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando quinto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.
- Principal
En nueve de junio de dos mil veintidós, doy cuenta al Juez con el estado procesal que guardan los presentes autos. Conste.Mérida, Yucatán, nueve de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de fecha trece de mayo del presente año, se tuvo por rendido el informe justificado del apoderado general para pleitos y cobranzas del Banco Nacional de México, Sociedad Anónima Integrante del Grupo Financiero Banamex, personalidad que acreditó con el original del poder notarial de fecha tres de julio de dos mil tres, al que adjuntó copia del mismo. Ahora bien, no habiendo impedimento legal alguno, atendiendo a la solicitud formulada en el informe justificado en comento, devuélvanse el poder notarial de mérito; debiendo el interesado realizar el trámite relativo a la obtención del código "QR" señalado en el artículo 3º del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a efecto de poder acudir al recinto de este órgano jurisdiccional para la entrega del documento solicitado. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en fecha trece de mayo del año que transcurre, se tuvo por rendido el informe justificado por quien representa a Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, integrante del grupo financiero Banamex, por lo que se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que se impongan las partes de los citados informes. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan como nueva fecha y hora las DIEZ HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 54/2000, Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, en el IUS Intranet, que establece: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Notifíquese y cúmplase.
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