Luz Georgina Ortega Dzib
Expediente 288/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 288/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 14/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Luz Georgina Ortega Dzib
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mérida, Yucatán, catorce de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el oficio IMDUT/DJ/448/2020, mediante el cual la Directora Jurídica del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, con residencia en esta ciudad, señala nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. Consecuentemente, este órgano federal toma conocimiento de lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que causarle perjuicio, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución dictada el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos incidentales, agregando a los mismos, copia autorizada del presente proveído. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, del Acuerdo General sin número, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), del citado precepto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el mismo es destruible, pues se negó la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el inciso c), del artículo 21 del Acuerdo General relativo, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el penúltimo párrafo del citado precepto. En términos de lo dispuesto en el inciso a), de la fracción II, del artículo 20 del citado Acuerdo General conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el artículo 23 del referido acuerdo normativo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con la Licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Visto para resolver el juicio de amparo 288/2020-III-A, promovido por ********************, en contra de los actos que reclama del Congreso del Estado de Yucatán, residente en esta ciudad, y otras autoridades; y se:********************RESUELVE********************PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, en contra de los actos que reclamó del Titular del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, Secretaría de Administración y Finanzas, Agencia de Administración Fiscal, todos del Estado de Yucatán, por las razones expuestas en la tercera de las consideraciones de la misma.********************SEGUNDO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, en contra de los actos que reclamó del Congreso, Gobernador y Secretario de Seguridad Pública, por los motivos señalados en la quinta de las consideraciones de la misma.********************TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la sexta de las consideraciones de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. ********************CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración séptima de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. ********************QUINTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello.********************Notifíquese personalmente y regístrese. SE NOTIFICA A LA QUEJOSA DE CONFORMIAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.
- Principal
Visto para resolver el juicio de amparo 288/2020-III-A, promovido por ********************, en contra de los actos que reclama del Congreso del Estado de Yucatán, residente en esta ciudad, y otras autoridades; y ********************RESULTANDO********************PRIMERO. Recepción de la demanda. Por escrito presentado el trece de febrero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y turnado al día siguiente a este órgano jurisdiccional, compareció ********************, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclama del Congreso, Gobernador, Director del Diario Oficial, Secretario General de Gobierno, Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, Secretaría de Administración y Finanzas, Secretario de Seguridad Pública y Agencia de Administración Fiscal, todos del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. ********************SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de diecisiete de febrero de dos mil veinte, por una parte, respecto a las autoridades responsables Secretarío General de Gobierno y Director del Diario Oficial del Estado, por las razones ahí expuestas, se desechó la demanda, y por otra parte, respecto a las restantes autoridades señaladas como responsables, se admitió a trámite la demanda; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional relativa.********************TERCERO. Medida preventiva frente al Coronavirus Covid-19. En fecha diecisiete de marzo de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió el acuerdo 4/2020, en el que adoptó diversas medidas frente a la pandemia ocasionada por el Coronavirus Covid-19, entre ellas, la suspensión de funciones de los órganos jurisdiccionales, lo que también implicó que no corrieran plazos procesales; motivo por el cual no pudo verificarse la audiencia constitucional en la fecha que se estableció para ello. ********************Medida que fue prorrogada por diversos Acuerdos Generales, siendo el último en este sentido el 18/2020, que reformó el similar 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, en relación con el periodo de vigencia, extendiendo la suspensión hasta el treinta y uno de julio de dos mil veinte.********************CUARTO. Reanudación del procedimiento. Por auto de cinco de agosto de dos mil veinte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, se determinó el levantamiento de la suspensión y la reanudación de los plazos y términos procesales, anteriormente decretada.********************Por tal motivo, se señaló nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia Constitucional, la cual previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede.********************CONSIDERACIONES********************PRIMERA. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 48 y 52, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación.********************SEGUNDA. Fijación de la litis constitucional. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa.********************Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: ********************"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo."****************************************En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: ********************"ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto."****************************************En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclamó:********************La discusión, aprobación, expedición, promulgación, publicación y ejecución del Decreto 155/2019, por el que se modifica la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán, en su artículo único, por el que se reforma el párrafo primero y la fracción I, y se adicionan las fracciones V y VI del artículo 56-E Bis, así como sus consecuencias.******************** TERCERA. Inexistencia de actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados a la Titular del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, Secretaría de Administración y Finanzas, Agencia de Administración Fiscal, todos del Estado de Yucatán, toda vez que así lo manifestaron al rendir su informe justificado.******************** Por tanto, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades responsables antes señaladas, sin que la parte quejosa ofrezca prueba en contrario, resulta procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, respecto de dichas autoridades y en cuanto a los actos que a cada una de ellas se les atribuye, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo y con apoyo en la jurisprudencia número 284, visible en la página 236, Tomo IV, del Apéndice al Semanario Judicial de la federación 1917-2000, que dice:******************** "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo."**************************************** CUARTA. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos al Congreso, Gobernador y Secretario de Seguridad Pública, todos del Estado de Yucatán, pues así se advierte al rendir sus correspondientes informes justificados.********************Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice:********************"INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto."**************************************** QUINTA. Causas de improcedencia. Previo a abordar cuestiones de fondo del asunto, procede examinar si en el caso se actualizan las causas de improcedencia del juicio constitucional hechas valer por las autoridades responsables o bien de oficio, pues de ser fundada alguna de ellas, resultaría ocioso estudiar las cuestiones de fondo planteadas en el juicio.******************** Además, que su estudio es de orden público y preferente, según lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia número 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394,770, que indica:******************** "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." **************************************** En el presente asunto, el Gobernador y el Congreso, ambos del Estado, sostienen que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, al señalar que la aquí quejosa no acreditó encontrarse entre los supuestos de las normas reclamadas, por lo que no se afecta su interés jurídico para reclamar su inconstitucionalidad.******************** Es fundada la aludida causal propuesta por las autoridades responsables, cuenta habida, que respecto a los actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, en virtud de las consideraciones que se expondrán.********************En efecto, el numeral en comento establece lo siguiente:********************"Artículo 61.- El juicio de Amparo es improcedente.********************[. ]********************XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;".**************************************** De lo antes transcrito, se deduce que la instancia constitucional resulta inviable respecto de actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa, en los términos establecidos en la fracción I del numeral 5 de la propia ley, así como de normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.******************** En ese sentido, conviene tener en cuenta que los arábigos 17, fracción I, 61, fracción XII y 107, fracción I de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de garantías cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio, o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida. ******************** En el primer caso, es suficiente con que el gobernado se ubique dentro de los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica sin ningún acto ulterior de autoridad, es decir, sin condicionar su individualización, para que esté en aptitud de ejercitar la acción constitucional dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 17, fracción I, de la Ley de Amparo.******************** Así, cuando lleva en sí misma un principio de ejecución inmediata que no requiere un acto intermedio o posterior de autoridad para que se origine la afectación al gobernado, pues los preceptos adquieren, por su sola entrada en vigor, el carácter de inmediatamente obligatorios; en otras palabras, el principio de ejecución se realiza por la existencia misma de la ley sin necesidad de actos posteriores de aplicación concreta.******************** Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para determinar si una ley es o no "autoaplicativa", no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino que hay que observar los términos del mandato legal, pues para que tenga tal carácter, basta con que desde su entrada en vigor se ordene a los gobernados un dar, un hacer o un no hacer, de manera tal que contenga un principio de ejecución, ocasionándoles un perjuicio, una situación jurídica permanente en relación con la creación, modificación, o extinción de un derecho, o en su caso, una obligación, sin que tales supuestos se limiten a la conducta que deba llevar a cabo la autoridad. ******************** En el segundo supuesto, es decir, en el caso de las disposiciones generales de naturaleza "heteroaplicativa", se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético; esto es, se condiciona la individualización de la norma a un acto ajeno a su sola vigencia y, entonces, el plazo con que cuenta el agraviado para promover el juicio de garantías será de quince días a partir del acto de aplicación, atendiendo al plazo genérico dispuesto en el citado precepto 17 de la ley en consulta.******************** En conclusión, una norma es "heteroaplicativa" cuando no es de acción automática, esto es, cuando no causa perjuicio al particular desde el momento de su entrada en vigor, porque dicha vigencia no crea, transforma o extingue situaciones concretas de derecho, sino que para que se configure en el mundo fáctico en perjuicio del gobernado, requiere de la actualización de un acto que condicione su aplicación.******************** La condición puede consistir en actos administrativos o jurisdiccionales de aplicación del ordenamiento controvertido, debiendo tomarse en cuenta que el acto condición de aplicación de una ley también puede traducirse en un hecho jurídico como suceso independiente de la voluntad humana, o bien, en un acto jurídico realizado por el propio particular, pues tal acontecimiento o acto voluntario son los que determinan la colocación de una persona dentro de la hipótesis legal.******************** En este orden, es dable afirmar que para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor la afectación se genere de inmediato (individualización incondicionada), o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (individualización condicionada), el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos de los propios particulares, si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas.******************** Es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, con registro 198200, de rubro y texto siguiente:******************** "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento."**************************************** En ese tenor, para efectos del juicio de amparo una norma de carácter general puede ser impugnada:******************** a) Con motivo del inicio de su vigencia, cuando las obligaciones derivadas de la ley vinculan a sus destinatarios desde su nacimiento, sin que se requiera la actualización de condición alguna (norma "autoaplicativa" o de individualización incondicionada).******************** b) Con motivo del primer acto de aplicación, cuando las obligaciones impuestas por la norma no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere de un acto que condicione su actualización (disposición "heteroaplicativa" o de individualización condicionada).******************** Desde esa óptica, para determinar la naturaleza de las normas impugnadas en el juicio de amparo y, por tanto, si pueden ser controvertidas con motivo del inicio de su vigencia o de ulterior acto de aplicación, se debe atender al momento en que las obligaciones deducidas de ellas vinculan a sus destinatarios.******************** Si las cargas derivadas de la legislación los obligan con su sola expedición, se estará ante disposiciones conocidas como "autoaplicativas"; no obstante, si se requiere de una actuación diversa con la que se concreten en la esfera de derechos de los gobernados, ya sea de la autoridad, del propio interesado, terceros o, incluso, de actualización fortuita, se entenderá que se está ante una norma "heteroaplicativa".******************** Establecido lo anterior, en el caso la parte quejosa reclama la reforma al artículo 56-E Bis, fracciones V y VI, de la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán, contenida en el Decreto número 155/2019 y su ejecución, pues considera que transgrede en su perjuicio diversos artículos constitucionales y tratados internacionales relacionados con derechos humanos de los que el Estado Mexicano es parte.******************** Ahora, el precepto reclamado es del tenor siguiente:******************** LEY GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN******************** Artículo 56-E Bis.- Por el otorgamiento del permiso para la realización de maniobras y el tránsito de vehículos con capacidad de carga en las vialidades del estado, se causarán derechos conforme a lo siguiente:******************** I.- Por cada maniobra de carga y descarga o transporte de carga en la vía pública, de vehículos con capacidad de carga:******************** a) De 3 a 5 toneladas 7.00 UMA******************** b) De 5.1 a 10 toneladas 9.00 UMA******************** c) De 10.1 a 15 toneladas 12.00 UMA******************** d) De 15.1 a 20 toneladas 15.00 UMA******************** e) De más de 20 toneladas 20.00 UMA******************** II.- a la IV.- .******************** V.- Por el permiso anual de carga y descarga o transporte de carga en la vía pública, para vehículos del servicio particular, con capacidad de carga:******************** a) De 3 a 5 toneladas 34.00 UMA******************** b) De 5.1 a 10 toneladas 57.00 UMA******************** c) De 10.1 a 15 toneladas 115.00 UMA******************** d) De 15.1 a 20 toneladas 138.00 UMA******************** e) De más de 20 toneladas 230.00 UMA******************** VI.- Por el permiso anual de carga y descarga o transporte de carga en la vía pública, para vehículos del servicio público, con capacidad de carga:******************** a) De 3 a 5 toneladas 57.00 UMA******************** b) De 5.1 a 10 toneladas 115.00 UMA******************** c) De 10.1 a 15 toneladas 172.00 UMA******************** d) De 15.1 a 20 toneladas 230.00 UMA******************** e) De más de 20 toneladas 345.00 UMA"**************************************** Como puede observarse, la norma reclamada establece los derechos que se deben cubrir para obtener el permiso para la realización de maniobras y el tránsito de vehículos con capacidad de carga en las vialidades del Estado, ya sea por maniobra o de manera anual.******************** Permisos o autorizaciones que según el diverso numeral 28 de la Ley de Transporte, solo pueden ser expedidos, por la Secretaría de Seguridad Pública o el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial del Estado.******************** Así, conforme a dichos preceptos, se deducen las siguientes determinaciones:******************** 1. Los vehículos destinados a la prestación del servicio de transporte de carga que excedan de tres toneladas de peso o más, para su tránsito por las vías del Estado y el desarrollo de las maniobras de carga y descarga correspondientes, requerirá de la autorización de la Secretaría de Seguridad Pública o del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, según corresponda, de acuerdo con el Reglamento de esa Ley.******************** 2. Los operadores de transporte de carga deberán obtener un permiso para ello, cumpliendo los requisitos establecidos; asimismo, el procedimiento, las formalidades y los plazos aplicables para el otorgamiento de los permisos, se establecerán en el Reglamento de Ley de Transporte.******************** 3. La autorización a que se refiere el párrafo anterior podrá ser otorgada por maniobra o de manera anual, según sea el caso, previo pago del derecho correspondiente, en términos de la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán en su artículo 56-E Bis.******************** En ese contexto, es evidente que el precepto legal reclamado es de naturaleza autoaplicativa, pues desde el inicio de su vigencia obliga a los particulares que se ubiquen en la hipótesis normativa que prevé. ******************** Entonces, para acreditar que una norma general autoaplicativa afecta el interés jurídico del quejoso es necesario analizar, en principio, en qué situación de hecho debe ubicarse para sufrir un perjuicio con la entrada en vigor de aquélla, para que en su caso pueda evidenciarse si coinciden con el supuesto de hecho que genera la consecuencia jurídica que prevé la norma controvertida, pues de lo contrario, podría demostrarse un hecho irrelevante que no lo legitimaría para impugnar el respectivo acto legislativo.******************** Bajo esta perspectiva, resulta evidente que para impugnar una norma general desde su sola vigencia o en virtud de un acto de aplicación, precisa que trascienda a la esfera jurídica del quejoso, generándole un menoscabo al respecto, puesto que de no demostrarse que se han concretado los efectos jurídicos de la norma, es incontrovertible la falta de legitimación de aquél para impugnar la disposición general en la que no se ubica.******************** En el caso la parte quejosa estima que el artículo 56-E Bis de la Ley General de Hacienda del Estado, que establece los derechos que se deben cubrir para obtener el permiso para la realización de maniobras y el tránsito de vehículos con capacidad de carga en las vialidades del Estado, ya sea por maniobra o de manera anual, le afecta directamente desde el momento de su entrada en vigor.******************** Sin embargo, en una nueva reflexión, se estima que la parte quejosa debió exhibir alguna prueba tendente a demostrar fehacientemente el derecho que le asiste para solicitar el presente juicio de amparo en contra de esas disposiciones, esto es, debió acreditar tener la autorización por parte de las autoridades Estatales para desempeñar la actividad económica de transportista de carga general.******************** Se dice lo anterior, toda vez que la parte quejosa acude a esta instancia aduciendo que las normas impugnadas violan los derechos al libre tránsito, la seguridad jurídica, legalidad y trabajo reconocidos en los artículos 11, 14, 16 y 25 constitucionales, entre otros, en virtud de que se grava de forma exorbitante e injustificadamente el servicio de transporte de carga, teniendo en cuenta que aduce dedicarse al transporte de carga.******************** En ese sentido cabe indicar que tanto la Secretaría de Seguridad Pública como el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, refirieron que no han aplicado las normas combatidas en relación con la quejosa.******************** No obstante ello, en el caso, no acreditó su interés jurídico para impugnar la referida norma como un sistema normativo integral autoaplicativo, en virtud de que no aportó prueba idónea con la que acredite que cuenta con el permiso expedido por el Ejecutivo del Estado o con el certificado de pesos, dimensiones y medidas expedido por la Secretaría de Protección y Vialidad o en su caso, con el pago de alguna contribución establecida en las disposiciones legales en materia hacendaria del Estado de Yucatán de conformidad con los numerales 36 y 53 de la Ley de Transporte del Estado.******************** A efecto de demostrar lo anterior, conviene señalar que los artículos 36 y 53 de la Ley de Transporte del Estado (vigentes antes de la reforma contenida en el Decreto 158/2019 reclamado, pues el numeral 36 fue reformado y el 53 derogado) disponían lo siguiente:******************** "Artículo 36.- Para la prestación del servicio particular de transporte, las personas físicas o morales deberán contar con permiso, el cual será otorgado por el Ejecutivo del Estado previa satisfacción de los requisitos y cubiertas las formalidades que se establecen en esta Ley y su reglamento".******************** "Artículo 53. Para que transiten en las vías terrestres estatales los vehículos destinados al servicio público o particular, de transporte de carga cuya capacidad útil mínima sea de tres mil kilogramos o mayor, los concesionarios deberán obtener un certificado de pesos, dimensiones y medidas, expedido por la Secretaría de Protección y Vialidad".******************** De la lectura de los numerales en comento, se desprenden las siguientes conclusiones:******************** ? Que para la prestación del servicio particular de transporte, las personas físicas o morales deberán contar con permiso, el cual será otorgado por el Ejecutivo del Estado previa satisfacción de los requisitos y cubiertas las formalidades que se establecen en esta Ley y su reglamento.******************** ? Que para que transiten en las vías terrestres estatales los vehículos destinados al servicio público o particular, de transporte de carga cuya capacidad útil mínima sea de tres mil kilogramos o mayor, los concesionarios deberán obtener un certificado de pesos, dimensiones y medidas, expedido por la Secretaría de Protección y Vialidad; y******************** Por tanto, previa entrada en vigor de las normas reclamadas, los interesados en prestar el servicio de transporte tanto público como particular en el Estado de Yucatán, debían, según fuera el caso:******************** a) Contar con permiso otorgado por el Ejecutivo del Estado previa satisfacción de los requisitos y cubiertas las formalidades establecidas (servicio particular de transporte); y******************** b) Obtener el certificado de pesos, dimensiones y medidas expedido por la Secretaría de Protección y Vialidad (vehículos destinados al servicio público o particular, de transporte de carga cuya capacidad útil mínima sea de tres mil kilogramos o mayor).******************** Por tanto, para acreditar que la norma impugnada genera una afectación en la esfera jurídica de la parte quejosa, era menester que exhibiera los documentos que acrediten que cuenta con ese permiso y certificado; puesto que, al tratarse de una actividad regulada, es evidente la necesaria demostración de la facultad constituida en su favor, para llevarla a cabo.******************** Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 1635, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 177594, de rubro y texto siguiente:******************** "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. PARA ACREDITARLO, EN TRATÁNDOSE DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN LAS MODALIDADES A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE TRANSPORTES PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, CON MOTIVO DE LA DETENCIÓN DE UN VEHÍCULO, DEBE EXHIBIRSE LA CONCESIÓN OTORGADA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE Y NO OTRO DOCUMENTO. De la recta interpretación del artículo 26 de la Ley de Transportes para el Estado de Chiapas y 18 de su reglamento, se advierte que para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros en las modalidades de urbano, suburbano, foráneo, de alquiler o taxi, se requiere del documento en el que conste la concesión otorgada por autoridad competente para ello; de donde se sigue que cuando el peticionario de amparo, con motivo de la detención de su vehículo con el que presta el servicio de transporte de pasajeros en alguna de las modalidades a que se refieren las fracciones I, II y III del citado precepto 26 de la Ley de Transportes, no exhibe la concesión que exige el citado precepto legal, es evidente que no acredita el interés jurídico con el que comparece a instar el juicio de garantías, ya que cualquier otro documento carece de idoneidad para demostrar la titularidad del derecho cuestionado."**************************************** En efecto, tenemos que para acreditar el interés en el juicio de amparo promovido contra la norma reclamada, cuya vigilancia del cumplimiento está a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en términos de la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, es imperativo que se demuestre la existencia de un derecho legítimamente tutelado, vigente y actual, que se vea afectado, esto es, exhibir el permiso expedido por el Ejecutivo del Estado, así como el certificado de pesos, dimensiones y medidas expedido por la Secretaría de Protección y Vialidad, o en su caso, el pago de alguna contribución establecida en las disposiciones legales en materia hacendaria del Estado de Yucatán, de donde pudiere advertirse la obtención de este permiso o certificado, ya que, en caso contrario, se incorporaría o constituiría un derecho cuyo ejercicio legalmente no se acreditó.******************** Por tanto, para que proceda el amparo sin existir acto concreto de aplicación debe acreditarse la afectación al interés jurídico o legítimo por su ubicación particular frente a las normas, demostrándose que se está bajo la hipótesis de ellas, lo que la parte quejosa no hizo, pues no exhibió documento alguno con el que pudieran acreditarse los extremos señalados y, por ende, que la reforma al artículo 56-E Bis de la Ley General de Hacienda del Estado, le afecta.******************** Cuenta habida que tanto la jurisprudencia de la Suprema Corte de la Nación, como de los Tribunales Colegiados de Circuito, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés, por ello debe estimarse que si no existe en autos elemento alguno que genere convicción de que el acto reclamado afecta real, directa o indirectamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso, se reitera, dicho acto no afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la constitución.******************** Resulta aplicable la jurisprudencia 321 de la anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a folios 216, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que informa:******************** "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones."**************************************** Así, como la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 50, del Tomo VII, Marzo de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, registro 207025, de rubro y texto siguiente:******************** "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. NO SE ACREDITA UNICAMENTE POR LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SE TRATE DE UNA LEY AUTOAPLICATIVA. No debe confundirse el carácter de autoaplicativa de la ley, con el interés jurídico para reclamarla en amparo, pues mientras que aquél se refiere a la obligatoriedad del mandato legal desde que entra en vigor, el segundo se relaciona con la afectación que el propio mandato origina a la parte quejosa; afectación que debe probarse, tomando en cuenta que el artículo 4o. de la Ley de Amparo previene que el juicio de garantías únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Así para legitimar el ejercicio de la acción constitucional no es suficiente con que las disposiciones de la ley resulten obligatorias desde el momento mismo en que entran en vigor, sino que es indispensable demostrar que el quejoso se encuentra en los supuestos de las normas que pretenda impugnar, ya que sólo así se puede concluir que la ley, desde el momento de su iniciación de vigencia, afecta los intereses jurídicos del solicitante del amparo."**************************************** Así como la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 267, Octava Época, Registro 206527, que indica:******************** "LEY AUTOAPLICATIVA, INTERES JURIDICO EN AMPARO CONTRA. Cuando se promueve amparo en contra de una ley alegando que su sola expedición causa perjuicio al quejoso, es necesario que éste pruebe, en la audiencia constitucional, que es sujeto de la norma y que sus disposiciones afectan su interés jurídico; pues no basta, para tenerlo por demostrado, el que en la demanda de amparo se hubiere declarado, bajo protesta de decir verdad, que se está dentro de los preceptos de la norma."**************************************** Sin que pase inadvertido para el suscrito, los medios de prueba acompañados por la parte quejosa a la demanda de amparo, consistentes en:******************** 1. Copia simple de la credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral a nombre de la quejosa.******************** 2. Cédula de identificación fiscal expedida por el Servicio de Administración Tributaria, de fecha siete de febrero de dos mil veinte, a nombre de ********************.******************** 3. Copia simple de dos facturas expedidas a favor de la aquí quejosa, respecto de una unidad y partes automotrices.******************** 4. Copia certificada de la tarjeta de circulación con número de folio ********************, relativa al camión Kodiak, marca General Motors, modelo 2005, de 11 toneladas, a nombre de ********************.******************** Pues de tales probanzas no se advierte la existencia del permiso a la peticionaria de amparo expedido por el Ejecutivo del Estado, ni del certificado de pesos, dimensiones y medidas expedido por la Secretaría de Protección y Vialidad, o en su caso, del pago de alguna contribución establecida en las disposiciones legales en materia hacendaria del Estado de Yucatán a efecto de obtener dichas autorizaciones, para considerarse afectada por el artículo 56-E Bis, de la Ley General de Hacienda del Estado, por tener reconocido ante las autoridades estatales correspondientes el derecho a desarrollar la actividad que, con esas disposiciones legales, afirma, se afecta.******************** Así las cosas, es evidente que el interés jurídico de quien promueva la acción constitucional sólo puede existir en la medida que demuestre que la norma combatida le causa una afectación en su esfera jurídica, entendiéndose por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones que legalmente le correspondan.******************** Asimismo, dicho agravio debe ser actual para justificar la acción de amparo.******************** De manera que si la norma impugnada establece los derechos que se deben cubrir para obtener el permiso para la realización de maniobras y el tránsito de vehículos con capacidad de carga en las vialidades del Estado, ya sea por maniobra o de manera anual, resulta incuestionable que para impugnarla necesariamente se debe acreditar que causan un perjuicio en la promovente; de ahí que si la parte quejosa no demostró ese extremo, deviene la actualización de la causa de improcedencia referida.******************** En tales circunstancias, al surtirse la causa de improcedencia examinada, lo que legalmente procede es decretar el sobreseimiento en este juicio con fundamento en lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo.******************** Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del sobreseimiento derivado de la improcedencia que se actualizó.******************** Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394,465, que establece:******************** "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio."****************************************SEXTA. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares.********************Y además, acorde a lo que establece el artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los artículos 18 de la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: ********************"DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN".****************************************Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo.********************SÉPTIMA. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. ********************OCTAVA. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. ********************Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se:********************RESUELVE********************PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, en contra de los actos que reclamó del Titular del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, Secretaría de Administración y Finanzas, Agencia de Administración Fiscal, todos del Estado de Yucatán, por las razones expuestas en la tercera de las consideraciones de la misma.********************SEGUNDO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, en contra de los actos que reclamó del Congreso, Gobernador y Secretario de Seguridad Pública, por los motivos señalados en la quinta de las consideraciones de la misma.********************TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la sexta de las consideraciones de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. ********************CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración séptima de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. ********************QUINTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello.********************Notifíquese personalmente y regístrese.
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